Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Resulta por demás inconveniente que políticos procesados por diversos delitos sean recluidos en unidades militares o de policía. Si no fuera por la obediencia debida y la sumisión que ello implica, bien se vería que las fuerzas armadas manifestaran su molestia por estar cumpliendo con funciones del Inpec. Militares y policías no pueden convertirse en carceleros.
Ni la Policía ni el Ejército están para cuidar a políticos condenados y a aquellos que de manera preventiva hayan sido privados de su libertad, como recientemente ocurrió con dos altos ex funcionarios del gobierno de Uribe Vélez, Andrés Felipe Arias Leyva (Uribito) y Bernardo Moreno.
La decisión de los sonados traslados le pone un tinte político que no conviene a las fuerzas armadas en su conjunto, por cuanto quedan sometidas a un desgaste innecesario al verse obligadas a cuidar a “delincuentes de cuello blanco” y a controvertidos políticos, en especial cuando éstos estuvieron en la pasada administración, que de antemano se sabe construyó una relación muy cercana con las fuerzas armadas, en especial con el ejército, lo que hace aparecer de manera rápida las suspicacias en torno a los efectivos controles que deberán hacer sobre los ex funcionarios procesados.
Queda la sensación en la opinión pública de que las unidades militares y de policía están hoy y estarán más adelante al servicio de Uribe, de sus defendidos ex funcionarios y del golpeado y menguado uribismo, por cuenta de proteger a aquellos cobijados con medidas de aseguramiento y más adelante condenados por hechos punibles que tienen que ver con las interceptaciones ilegales (chuzadas) y la puesta en marcha de la política pública Agro Ingreso Seguro (AIS), entre otros asuntos.
Los entes administrativos, las instituciones estatales y las funciones naturales de cada una de ellas no pueden quedar al vaivén de intereses políticos, haciendo, por ejemplo, que la incompetencia del Inpec enlode la imagen de las fuerzas armadas, cuestionadas ya por los hechos conocidos como ‘falsos positivos’. Si bien es importante salvaguardar la seguridad de los políticos procesados por la justicia, no se soluciona el problema de incapacidad del Inpec, enviándolos a las guarniciones policiales y militares. Lo que debe hacer el Gobierno de Santos es garantizar que el Inpec pueda ser prenda de seguridad para los actuales y los próximos ex funcionarios de Uribe procesados por la justicia, en la perspectiva de que paguen sus condenas en centros penitenciarios habilitados para tal fin.
La presencia de altos ex funcionarios del gobierno de Uribe en unidades militares puede prestarse para que éstos terminen usando su poder político y su gran cercanía con el ex presidente, en su propio beneficio, por ejemplo, incumpliendo el régimen penitenciario y las normas de reclusión que se tienen previstas para quienes son investigados por la justicia. Al actuar así, se pone en riesgo el buen nombre de los oficiales asignados para garantizar la seguridad, por ejemplo, de Moreno y de Arias, cuando, ante una eventual mala conducta de los imputados, ésta trascienda a los medios masivos.
En cualquier sentido, la decisión de enviar políticos a instalaciones de policía y del ejército es equívoca, en especial porque la detención en dichas unidades se entiende no como una concesión del operador judicial, sino como una burla a la justicia, en tanto la estancia en dichos lugares garantiza unas condiciones distintas, mejores si se quiere, frente a las que deben afrontar otros ciudadanos procesados por delitos menores o similares.
La cárcel, como institución, representa socialmente el castigo a quien ha violado la ley. Y para el condenado o privado de la libertad de manera preventiva, la cárcel debe resultar ejemplarizante e incluso, dolorosa psicológicamente, pues una sociedad como la colombiana, con débiles referentes éticos y morales, necesita tener la certeza de que aquellos que violen la ley, en especial aquellos ciudadanos aforados, pasen momentos difíciles en una verdadera cárcel, y no en cómodos lugares, donde incluso, gozan del respeto y la consideración de oficiales y suboficiales que aún los reconocen como miembros de un gobierno, a pesar de su condición de procesados y de ex funcionarios.
Justamente, este tipo de excepciones y consideraciones alimentan negativos imaginarios colectivos e individuales que en torno a la justicia ya existen y que se van configurando como verdades irrefutables, en el sentido en que a pesar de que la Fiscalía señale a un alto ex funcionario como un peligro para la sociedad o lo califique como un delincuente de cuello blanco, las conductas y acciones cometidas por el político terminan siendo premiadas con la reclusión en lugares que socialmente no generan tanto miedo y rechazo, como las cárceles La Picota o La Modelo, entre otras.
Si los jueces y la Fiscalía se encuentran en interpretaciones, providencias, pruebas y fallos condenatorios, se espera una mínima coherencia cuando se determina el lugar de reclusión de los ciudadanos imputados o condenados. Si el operador judicial determina en su fallo determinado lugar de reclusión, pues debe él mismo insistir en que de acuerdo con las condiciones de peligrosidad de los procesados y al peligro que encarna el poder político que aún ostentan los implicados para el proceso judicial que se lleva, el sitio de reclusión debe ser una cárcel y no un lugar a todas luces inadecuado para que cumpla con lo dispuesto por el juez.
De otra parte, no creo, como señalan algunos columnistas de opinión, que las medidas de aseguramiento, para los casos de Arias y Moreno, sean exageradas. Por el contrario, insisto, entre más estructurado el ciudadano que viola la ley y en especial cuando éste acumuló poder político y aún hay evidencias de que lo mantiene por interpuesta persona, en este caso por el respaldo dado por un ex presidente, mayor y ejemplarizante debe ser el castigo, en tanto la sociedad suele elevar a aquel ciudadano aforado en un referente moral y ético, en tanto su dignidad como funcionario público lo expone a ser considerado de esa forma. La libertad es un bien preciado y el derecho garantiza y promueve que así sea considerada por los jueces, pero éstos tienen la obligación de mandar mensajes claros a la sociedad que espera ejemplares castigos para quienes han burlado la fe pública y han usado los bienes del Estado para su propio beneficio.
Resulta por demás inconveniente que políticos procesados por diversos delitos sean recluidos en unidades militares o de policía. Si no fuera por la obediencia debida y la sumisión que ello implica, bien se vería que las fuerzas armadas manifestaran su molestia por estar cumpliendo con funciones del Inpec. Militares y policías no pueden convertirse en carceleros.
Ni la Policía ni el Ejército están para cuidar a políticos condenados y a aquellos que de manera preventiva hayan sido privados de su libertad, como recientemente ocurrió con dos altos ex funcionarios del gobierno de Uribe Vélez, Andrés Felipe Arias Leyva (Uribito) y Bernardo Moreno.
La decisión de los sonados traslados le pone un tinte político que no conviene a las fuerzas armadas en su conjunto, por cuanto quedan sometidas a un desgaste innecesario al verse obligadas a cuidar a “delincuentes de cuello blanco” y a controvertidos políticos, en especial cuando éstos estuvieron en la pasada administración, que de antemano se sabe construyó una relación muy cercana con las fuerzas armadas, en especial con el ejército, lo que hace aparecer de manera rápida las suspicacias en torno a los efectivos controles que deberán hacer sobre los ex funcionarios procesados.
Queda la sensación en la opinión pública de que las unidades militares y de policía están hoy y estarán más adelante al servicio de Uribe, de sus defendidos ex funcionarios y del golpeado y menguado uribismo, por cuenta de proteger a aquellos cobijados con medidas de aseguramiento y más adelante condenados por hechos punibles que tienen que ver con las interceptaciones ilegales (chuzadas) y la puesta en marcha de la política pública Agro Ingreso Seguro (AIS), entre otros asuntos.
Los entes administrativos, las instituciones estatales y las funciones naturales de cada una de ellas no pueden quedar al vaivén de intereses políticos, haciendo, por ejemplo, que la incompetencia del Inpec enlode la imagen de las fuerzas armadas, cuestionadas ya por los hechos conocidos como ‘falsos positivos’. Si bien es importante salvaguardar la seguridad de los políticos procesados por la justicia, no se soluciona el problema de incapacidad del Inpec, enviándolos a las guarniciones policiales y militares. Lo que debe hacer el Gobierno de Santos es garantizar que el Inpec pueda ser prenda de seguridad para los actuales y los próximos ex funcionarios de Uribe procesados por la justicia, en la perspectiva de que paguen sus condenas en centros penitenciarios habilitados para tal fin.
La presencia de altos ex funcionarios del gobierno de Uribe en unidades militares puede prestarse para que éstos terminen usando su poder político y su gran cercanía con el ex presidente, en su propio beneficio, por ejemplo, incumpliendo el régimen penitenciario y las normas de reclusión que se tienen previstas para quienes son investigados por la justicia. Al actuar así, se pone en riesgo el buen nombre de los oficiales asignados para garantizar la seguridad, por ejemplo, de Moreno y de Arias, cuando, ante una eventual mala conducta de los imputados, ésta trascienda a los medios masivos.
En cualquier sentido, la decisión de enviar políticos a instalaciones de policía y del ejército es equívoca, en especial porque la detención en dichas unidades se entiende no como una concesión del operador judicial, sino como una burla a la justicia, en tanto la estancia en dichos lugares garantiza unas condiciones distintas, mejores si se quiere, frente a las que deben afrontar otros ciudadanos procesados por delitos menores o similares.
La cárcel, como institución, representa socialmente el castigo a quien ha violado la ley. Y para el condenado o privado de la libertad de manera preventiva, la cárcel debe resultar ejemplarizante e incluso, dolorosa psicológicamente, pues una sociedad como la colombiana, con débiles referentes éticos y morales, necesita tener la certeza de que aquellos que violen la ley, en especial aquellos ciudadanos aforados, pasen momentos difíciles en una verdadera cárcel, y no en cómodos lugares, donde incluso, gozan del respeto y la consideración de oficiales y suboficiales que aún los reconocen como miembros de un gobierno, a pesar de su condición de procesados y de ex funcionarios.
Justamente, este tipo de excepciones y consideraciones alimentan negativos imaginarios colectivos e individuales que en torno a la justicia ya existen y que se van configurando como verdades irrefutables, en el sentido en que a pesar de que la Fiscalía señale a un alto ex funcionario como un peligro para la sociedad o lo califique como un delincuente de cuello blanco, las conductas y acciones cometidas por el político terminan siendo premiadas con la reclusión en lugares que socialmente no generan tanto miedo y rechazo, como las cárceles La Picota o La Modelo, entre otras.
Si los jueces y la Fiscalía se encuentran en interpretaciones, providencias, pruebas y fallos condenatorios, se espera una mínima coherencia cuando se determina el lugar de reclusión de los ciudadanos imputados o condenados. Si el operador judicial determina en su fallo determinado lugar de reclusión, pues debe él mismo insistir en que de acuerdo con las condiciones de peligrosidad de los procesados y al peligro que encarna el poder político que aún ostentan los implicados para el proceso judicial que se lleva, el sitio de reclusión debe ser una cárcel y no un lugar a todas luces inadecuado para que cumpla con lo dispuesto por el juez.
De otra parte, no creo, como señalan algunos columnistas de opinión, que las medidas de aseguramiento, para los casos de Arias y Moreno, sean exageradas. Por el contrario, insisto, entre más estructurado el ciudadano que viola la ley y en especial cuando éste acumuló poder político y aún hay evidencias de que lo mantiene por interpuesta persona, en este caso por el respaldo dado por un ex presidente, mayor y ejemplarizante debe ser el castigo, en tanto la sociedad suele elevar a aquel ciudadano aforado en un referente moral y ético, en tanto su dignidad como funcionario público lo expone a ser considerado de esa forma. La libertad es un bien preciado y el derecho garantiza y promueve que así sea considerada por los jueces, pero éstos tienen la obligación de mandar mensajes claros a la sociedad que espera ejemplares castigos para quienes han burlado la fe pública y han usado los bienes del Estado para su propio beneficio.
Nota: este artículo fue publicado en el portal http://www.aulayasfalto.e-pol.com.ar/, edición 232 del 26/07 de 2011, espacio de la Facultad de Periodismo de la Universidad Central de Bogotá.
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