Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Por la acción de los jueces, en especial por las investigaciones y fallos proferidos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, va quedando claro que en el gobierno de Uribe se violaron los derechos humanos, se dio la penetración paramilitar en instituciones del Estado, en las estructuras locales de poder y en buena parte de la geografía colombiana; además, se produjeron prácticas clientelistas y altos niveles de corrupción en todos los escenarios políticos institucionales, local, departamental y nacional.
Y se suma a lo anterior, el inmenso daño que Uribe Vélez como Presidente le hizo a la democracia y en general a la institucionalidad, en especial al accionar de los organismos de seguridad del Estado, pero sobre todo a las fuerzas armadas, a las que manejó con el talante de un finquero o capataz que tiene a su disposición a un grupo armado que simplemente obedece y cumple con sus órdenes y caprichos. Sin mencionar los daños a la democracia por la puesta en marcha de los Consejos Comunales, con los que socavó los espacios construidos para la participación comunitaria. Toda una fuerza inmensa del poder central para centralizar y dominar a las regiones.
Pero estas valoraciones aún están pendientes de hacerse públicas y de obtener la suficiente legitimidad y aceptación política, popular y académica para alcanzar el consenso suficiente que logre en el corto tiempo convertirse en una verdad histórica incontrastable.
Digamos, entonces, que bajo este marco general hay que mirar y entender lo que ha venido sucediendo con ministros, amigos y colaboradores del gobierno de Uribe Vélez, comprometidos con la comisión de delitos graves.
Recientemente el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, más conocido como Uribito, fue recluido en una guarnición militar por orden de un juez que lo encontró responsable de varias irregularidades cometidas en la ejecución de dineros de la política pública Agro Ingreso Seguro. Igual suerte corrieron Bernardo Moreno, ex secretario privado, por las interceptaciones y seguimientos ilegales, actuaciones conocidas como las ‘chuzadas’ del DAS y la ex directora de ese organismo de inteligencia, María del Pilar Hurtado. Estos dos ex funcionarios de Uribe enfrentan desde ya juicios en la Corte Suprema de Justicia por sus actuaciones dolosas en el caso de las ‘chuzadas’.
Fueron estos golpes los que motivaron fuertes reacciones del ex presidente Uribe en contra de los jueces, de la Fiscalía y en general del aparato de justicia, por considerar el ex mandatario que ella, la justicia, actuaba ideológicamente y con intereses políticos. En sus ya conocidos trinos Uribe señaló con respecto a la decisión judicial contra Arias, que "reitero mi convicción de su transparencia. No robó” (sic).
Creo que los colombianos ya están acostumbrados a las altisonantes reacciones de Uribe, por ejemplo, en sus enfrentamientos con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, contra el Representante a la Cámara, Iván Cepeda, a quien llamó “sicario moral” o contra el propio columnista de la revista Semana y director de la Corporación Nuevo Arco Iris, León Valencia, a quien Uribe Vélez calificó de terrorista; o la burda descalificación que lanzó contra la vice presidenta del Parlamento Europeo, Isabelle Durant, durante su visita a Colombia, de quien dijo que “viene a apoyar calumnias como buena justificadora del terrorismo. Además de cobarde, no debate de frente” (sic).
Estos y otros actos de habla más, hacen parte de una larga lista de enfrentamientos verbales que Uribe ha sostenido con quienes él cree que son enemigos de su gobierno o que buscan enlodar su nombre o el de sus más cercanos colaboradores.
Por ello, por ese talante camorrero puesto en evidencia durante sus ocho años de gobierno, llama la atención la reacción que le mereció la ejemplarizante condena que acaba de proferir la Corte Suprema de Justicia contra el ex director del DAS, Jorge Noguera Cotes, condenado a 25 años de cárcel.
El ex presidente Uribe señaló: “nombré a Jorge Noguera por su hoja de vida y su familia, he confiado en él, si hubiera delinquido me duele y ofrezco disculpas a la ciudadanía” (sic).
¿Acaso estamos ante un cambio radical en el carácter de un vociferante ex mandatario, o se trata simplemente de una estrategia asumida por Uribe, que siente que poco a poco no sólo develan lo que realmente fue su gobierno, sino que los jueces van entregando elementos contextuales para que algún día sectores de la sociedad establezcan responsabilidades políticas e incluso penales, por lo sucedido entre el 2002 y el 2010 en materia de violación de los derechos humanos (chuzadas, falsos positivos y penetración paramilitar)?
¿Acaso tiene que ver la actitud asumida por Uribe por el caso de su amigo Noguera con lo expresado recientemente por León Valencia en la revista Semana, cuando habló de preocupaciones serias del ex mandatario ante la acción de la justicia internacional en su contra? Al respecto, el columnista señaló: “Veo que la atención sobre Colombia está creciendo. Veo que se están acentuando las preocupaciones de influyentes medios o de importantes organismos sobre lo que ha ocurrido en el país en materia de derechos humanos. Quizás está bien fundado el miedo de Uribe a la intervención de tribunales internacionales. Si empiezan a proliferar en el exterior denuncias que involucran a funcionarios del Estado o a personas vinculadas a fuerzas ilegales con delitos que pueden ser investigados y juzgados en la jurisdicción internacional y que en el interior del país no son debidamente atendidos por la justicia, llegará el día en que alguna Corte extranjera decida meterse en Colombia. La internacionalización de la justicia es una corriente imparable en este principio del siglo XXI” (sic).
Probable o no que la Corte Penal Internacional asuma investigaciones sobre ‘chuzadas’, falsos positivos y la penetración paramilitar en el Estado colombiano, lo cierto es que no deja de llamar la atención la tímida reacción de Uribe ante la condena contra Noguera. ¿Acaso le han recomendado que guarde la compostura, que no polarice más y no genere más animadversión, para que al final termine no sólo ofreciendo disculpas o pidiendo perdón al país, como ya lo está haciendo, sino señalando que todo fue a sus espaldas?
Miedo o no ante una eventual intervención en su contra de la justicia internacional, lo cierto es que la justicia colombiana está actuando en la dirección de develar el Estado mafioso y criminal que se montó en la administración Uribe Vélez. Lo que falta es que estos mismos jueces hilen más delgado y se atrevan a señalar responsabilidades, por lo menos indirectas, del mandatario que tuvo bajo su mando al DAS, entidad penetrada por el paramilitarismo y que fungió como policía política del régimen uribista. Pero más allá de ello, lo que se espera es que la sociedad civil, los partidos políticos, las élites regionales, los medios de comunicación y la academia asuman la tarea de rechazar no sólo las actuaciones de los ex funcionarios de Uribe que delinquieron, sino que rechacen el perdón ofrecido y exigir más que simples responsabilidades políticas.
Por la acción de los jueces, en especial por las investigaciones y fallos proferidos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, va quedando claro que en el gobierno de Uribe se violaron los derechos humanos, se dio la penetración paramilitar en instituciones del Estado, en las estructuras locales de poder y en buena parte de la geografía colombiana; además, se produjeron prácticas clientelistas y altos niveles de corrupción en todos los escenarios políticos institucionales, local, departamental y nacional.
Y se suma a lo anterior, el inmenso daño que Uribe Vélez como Presidente le hizo a la democracia y en general a la institucionalidad, en especial al accionar de los organismos de seguridad del Estado, pero sobre todo a las fuerzas armadas, a las que manejó con el talante de un finquero o capataz que tiene a su disposición a un grupo armado que simplemente obedece y cumple con sus órdenes y caprichos. Sin mencionar los daños a la democracia por la puesta en marcha de los Consejos Comunales, con los que socavó los espacios construidos para la participación comunitaria. Toda una fuerza inmensa del poder central para centralizar y dominar a las regiones.
Pero estas valoraciones aún están pendientes de hacerse públicas y de obtener la suficiente legitimidad y aceptación política, popular y académica para alcanzar el consenso suficiente que logre en el corto tiempo convertirse en una verdad histórica incontrastable.
Digamos, entonces, que bajo este marco general hay que mirar y entender lo que ha venido sucediendo con ministros, amigos y colaboradores del gobierno de Uribe Vélez, comprometidos con la comisión de delitos graves.
Recientemente el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, más conocido como Uribito, fue recluido en una guarnición militar por orden de un juez que lo encontró responsable de varias irregularidades cometidas en la ejecución de dineros de la política pública Agro Ingreso Seguro. Igual suerte corrieron Bernardo Moreno, ex secretario privado, por las interceptaciones y seguimientos ilegales, actuaciones conocidas como las ‘chuzadas’ del DAS y la ex directora de ese organismo de inteligencia, María del Pilar Hurtado. Estos dos ex funcionarios de Uribe enfrentan desde ya juicios en la Corte Suprema de Justicia por sus actuaciones dolosas en el caso de las ‘chuzadas’.
Fueron estos golpes los que motivaron fuertes reacciones del ex presidente Uribe en contra de los jueces, de la Fiscalía y en general del aparato de justicia, por considerar el ex mandatario que ella, la justicia, actuaba ideológicamente y con intereses políticos. En sus ya conocidos trinos Uribe señaló con respecto a la decisión judicial contra Arias, que "reitero mi convicción de su transparencia. No robó” (sic).
Creo que los colombianos ya están acostumbrados a las altisonantes reacciones de Uribe, por ejemplo, en sus enfrentamientos con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, contra el Representante a la Cámara, Iván Cepeda, a quien llamó “sicario moral” o contra el propio columnista de la revista Semana y director de la Corporación Nuevo Arco Iris, León Valencia, a quien Uribe Vélez calificó de terrorista; o la burda descalificación que lanzó contra la vice presidenta del Parlamento Europeo, Isabelle Durant, durante su visita a Colombia, de quien dijo que “viene a apoyar calumnias como buena justificadora del terrorismo. Además de cobarde, no debate de frente” (sic).
Estos y otros actos de habla más, hacen parte de una larga lista de enfrentamientos verbales que Uribe ha sostenido con quienes él cree que son enemigos de su gobierno o que buscan enlodar su nombre o el de sus más cercanos colaboradores.
Por ello, por ese talante camorrero puesto en evidencia durante sus ocho años de gobierno, llama la atención la reacción que le mereció la ejemplarizante condena que acaba de proferir la Corte Suprema de Justicia contra el ex director del DAS, Jorge Noguera Cotes, condenado a 25 años de cárcel.
El ex presidente Uribe señaló: “nombré a Jorge Noguera por su hoja de vida y su familia, he confiado en él, si hubiera delinquido me duele y ofrezco disculpas a la ciudadanía” (sic).
¿Acaso estamos ante un cambio radical en el carácter de un vociferante ex mandatario, o se trata simplemente de una estrategia asumida por Uribe, que siente que poco a poco no sólo develan lo que realmente fue su gobierno, sino que los jueces van entregando elementos contextuales para que algún día sectores de la sociedad establezcan responsabilidades políticas e incluso penales, por lo sucedido entre el 2002 y el 2010 en materia de violación de los derechos humanos (chuzadas, falsos positivos y penetración paramilitar)?
¿Acaso tiene que ver la actitud asumida por Uribe por el caso de su amigo Noguera con lo expresado recientemente por León Valencia en la revista Semana, cuando habló de preocupaciones serias del ex mandatario ante la acción de la justicia internacional en su contra? Al respecto, el columnista señaló: “Veo que la atención sobre Colombia está creciendo. Veo que se están acentuando las preocupaciones de influyentes medios o de importantes organismos sobre lo que ha ocurrido en el país en materia de derechos humanos. Quizás está bien fundado el miedo de Uribe a la intervención de tribunales internacionales. Si empiezan a proliferar en el exterior denuncias que involucran a funcionarios del Estado o a personas vinculadas a fuerzas ilegales con delitos que pueden ser investigados y juzgados en la jurisdicción internacional y que en el interior del país no son debidamente atendidos por la justicia, llegará el día en que alguna Corte extranjera decida meterse en Colombia. La internacionalización de la justicia es una corriente imparable en este principio del siglo XXI” (sic).
Probable o no que la Corte Penal Internacional asuma investigaciones sobre ‘chuzadas’, falsos positivos y la penetración paramilitar en el Estado colombiano, lo cierto es que no deja de llamar la atención la tímida reacción de Uribe ante la condena contra Noguera. ¿Acaso le han recomendado que guarde la compostura, que no polarice más y no genere más animadversión, para que al final termine no sólo ofreciendo disculpas o pidiendo perdón al país, como ya lo está haciendo, sino señalando que todo fue a sus espaldas?
Miedo o no ante una eventual intervención en su contra de la justicia internacional, lo cierto es que la justicia colombiana está actuando en la dirección de develar el Estado mafioso y criminal que se montó en la administración Uribe Vélez. Lo que falta es que estos mismos jueces hilen más delgado y se atrevan a señalar responsabilidades, por lo menos indirectas, del mandatario que tuvo bajo su mando al DAS, entidad penetrada por el paramilitarismo y que fungió como policía política del régimen uribista. Pero más allá de ello, lo que se espera es que la sociedad civil, los partidos políticos, las élites regionales, los medios de comunicación y la academia asuman la tarea de rechazar no sólo las actuaciones de los ex funcionarios de Uribe que delinquieron, sino que rechacen el perdón ofrecido y exigir más que simples responsabilidades políticas.
Nota: publicado en el portal Hecho en Cali, www.hechoencali.com, a partir del 15 de septiembre de 2011.
2 comentarios:
Hola German...!
Gracias por tan excelente reflexión y coincido en que seguramente -como otros mandatarios- Uribe saldrá decir que todo fue a sus espaldas... será que éste también gozará de las mismas libertades que hoy tiene un ex-mandatario al que le metieron un elefante en la Casa de Nariño y no se dio por enterado?
Un abrazo,
Kenny C.
Hola German.
Agradezco tener la opción de recibir tus SALUDOS Y REFLEXION.
Desde tu calidad como escritor , tenemos la oportunidad de correlacionar la lectura con ese
sentimiento interno de inconformidad que nos hace gárgaras a los ciudadanos que creemos
en la transparencia y la verdad; asuntos tan esquivos en los últimos periodos presidenciales
pero tan revitalizados en una sociedad corrupta y mafiosa que hace rato hace parte del paisaje
colombiano; facilitando esto el decorado que requieren los gobernantes de turno para fortalecer
su dominancia.
De nuevo, gracias por permitir mi respiración en esta ventana que tu abres a la comunidad académica.
Hernán
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