Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La penetración del fenómeno paramilitar en el Estado colombiano debe verse como una verdad histórica. Ojalá los historiadores que no concuerdan o participan de los procesos de construcción de la historia oficial, empiecen desde ya a recoger las denuncias y las interpretaciones de la Academia, los ejemplarizantes fallos de los jueces y la aún insuficiente información periodística, para que las actuales y próximas generaciones comprendan la dimensión de un hecho y de una realidad monstruosa: el Estado colombiano se puso al servicio del fenómeno paramilitar y de los paramilitares, para atacar, perseguir, asesinar, masacrar y desaparecer a sus propios asociados.
Es una monstruosidad, pero lo más curioso es que así no lo registra la prensa, los Académicos lo gritan, pero no hay la suficiente conciencia moral en la sociedad colombiana y muchos menos en la sociedad civil, para aceptar esa valoración y poder, a partir de allí, escandalizarnos y exigir que no sólo se castigue a quienes facilitaron la penetración de los paramilitares y la consecuente cooptación del Estado, sino a todos aquellos que por acción u omisión lo permitieron.
Con la condena proferida contra Jorge Noguera, es difícil aceptar la tesis que señala que el entonces Presidente Uribe Vélez no sabía de las actuaciones de quienes estuvieron al frente del DAS, a sabiendas de que dicha agencia de inteligencia depende directamente del Presidente.
Cómo es posible que Uribe Vélez, reconocido por ejercer la micro gerencia, no se haya percatado de lo que estaban haciendo Noguera, Hurtado, García y Lagos, entre otros, en materia de persecución a líderes políticos, magistrados, periodistas y opositores, en lo que se conoce como las chuzadas del DAS y, peor aún, en la evidente cooptación de dicha entidad por parte de los paramilitares.
Ante la magnitud de lo sucedido, la sociedad colombiana debe levantarse y exigir respuestas claras y presionar el develamiento total de la verdad, hasta llegar a comprometer la dignidad del Presidente no sólo a la luz de una evidente e incomprensible omisión de su parte, sino a la luz del artículo 198 de la Carta Política que señala que “el Presidente de la República, o quien haga sus veces, será responsable de sus actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes” (sic).
Pero así como la Constitución Política abre la posibilidad al prescribir responsabilidades a la máxima cabeza del Estado, en el artículo siguiente expone el complejo camino que debe recorrer cualquier insinuación, señalamiento o investigación que se abra en contra de un Presidente en Colombia. Dice el Artículo 199 que “el Presidente de la República, durante el periodo para el que sea elegido, o quien se halle encargado de la Presidencia, no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa”.
Digamos, entonces, que los colombianos debemos conformarnos con ver condenados a los subalternos de Uribe Vélez, y con la tardía responsabilidad política que ya el ex presidente intuyó en asumir ante la ejemplarizante condena a 25 años de cárcel de su recomendado para llevar los destinos del DAS.
Me pregunto qué sentirán los uribistas que defendieron las dos administraciones de Uribe; me pregunto lo mismo para directores de noticieros de televisión, radio y prensa, así como para periodistas que no sólo legitimaron las acciones de dicho gobierno, sino que ocultaron información, fueron estafetas y amanuenses de sus intrigas, de sus errores y de la violación de los derechos humanos.
Qué clase de país es este que es incapaz de escandalizarse con la penetración de los paramilitares. Qué tipo de ciudadanía ejercemos en Colombia al aceptar, con enfermiza pasividad, que un proyecto sistémico como el de los paramilitares, se haya inoculado en las conciencias de millones de colombianos; qué clase de periodismo es el que realmente se hace en Colombia, cuando esa misma prensa que lo elevó al carácter de Mesías y de Presidente Irremplazable, hoy apenas si registra con timidez las valerosas actuaciones de los jueces, en especial, las que han venido adoptando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Y en ese esperado mea culpa también hay que incluir al Presidente Santos Calderón, para preguntarnos si es posible que en su calidad de Ministro de la Defensa no se haya dado cuenta de lo que se hacía en el DAS.
A todas luces, somos una sociedad enferma. Una sociedad y unos ciudadanos incapaces de fijar fronteras claras entre lo legal y lo ilegal, entre lo correcto y lo incorrecto.
La penetración del fenómeno paramilitar en el Estado colombiano debe verse como una verdad histórica. Ojalá los historiadores que no concuerdan o participan de los procesos de construcción de la historia oficial, empiecen desde ya a recoger las denuncias y las interpretaciones de la Academia, los ejemplarizantes fallos de los jueces y la aún insuficiente información periodística, para que las actuales y próximas generaciones comprendan la dimensión de un hecho y de una realidad monstruosa: el Estado colombiano se puso al servicio del fenómeno paramilitar y de los paramilitares, para atacar, perseguir, asesinar, masacrar y desaparecer a sus propios asociados.
Es una monstruosidad, pero lo más curioso es que así no lo registra la prensa, los Académicos lo gritan, pero no hay la suficiente conciencia moral en la sociedad colombiana y muchos menos en la sociedad civil, para aceptar esa valoración y poder, a partir de allí, escandalizarnos y exigir que no sólo se castigue a quienes facilitaron la penetración de los paramilitares y la consecuente cooptación del Estado, sino a todos aquellos que por acción u omisión lo permitieron.
Con la condena proferida contra Jorge Noguera, es difícil aceptar la tesis que señala que el entonces Presidente Uribe Vélez no sabía de las actuaciones de quienes estuvieron al frente del DAS, a sabiendas de que dicha agencia de inteligencia depende directamente del Presidente.
Cómo es posible que Uribe Vélez, reconocido por ejercer la micro gerencia, no se haya percatado de lo que estaban haciendo Noguera, Hurtado, García y Lagos, entre otros, en materia de persecución a líderes políticos, magistrados, periodistas y opositores, en lo que se conoce como las chuzadas del DAS y, peor aún, en la evidente cooptación de dicha entidad por parte de los paramilitares.
Ante la magnitud de lo sucedido, la sociedad colombiana debe levantarse y exigir respuestas claras y presionar el develamiento total de la verdad, hasta llegar a comprometer la dignidad del Presidente no sólo a la luz de una evidente e incomprensible omisión de su parte, sino a la luz del artículo 198 de la Carta Política que señala que “el Presidente de la República, o quien haga sus veces, será responsable de sus actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes” (sic).
Pero así como la Constitución Política abre la posibilidad al prescribir responsabilidades a la máxima cabeza del Estado, en el artículo siguiente expone el complejo camino que debe recorrer cualquier insinuación, señalamiento o investigación que se abra en contra de un Presidente en Colombia. Dice el Artículo 199 que “el Presidente de la República, durante el periodo para el que sea elegido, o quien se halle encargado de la Presidencia, no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa”.
Digamos, entonces, que los colombianos debemos conformarnos con ver condenados a los subalternos de Uribe Vélez, y con la tardía responsabilidad política que ya el ex presidente intuyó en asumir ante la ejemplarizante condena a 25 años de cárcel de su recomendado para llevar los destinos del DAS.
Me pregunto qué sentirán los uribistas que defendieron las dos administraciones de Uribe; me pregunto lo mismo para directores de noticieros de televisión, radio y prensa, así como para periodistas que no sólo legitimaron las acciones de dicho gobierno, sino que ocultaron información, fueron estafetas y amanuenses de sus intrigas, de sus errores y de la violación de los derechos humanos.
Qué clase de país es este que es incapaz de escandalizarse con la penetración de los paramilitares. Qué tipo de ciudadanía ejercemos en Colombia al aceptar, con enfermiza pasividad, que un proyecto sistémico como el de los paramilitares, se haya inoculado en las conciencias de millones de colombianos; qué clase de periodismo es el que realmente se hace en Colombia, cuando esa misma prensa que lo elevó al carácter de Mesías y de Presidente Irremplazable, hoy apenas si registra con timidez las valerosas actuaciones de los jueces, en especial, las que han venido adoptando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Y en ese esperado mea culpa también hay que incluir al Presidente Santos Calderón, para preguntarnos si es posible que en su calidad de Ministro de la Defensa no se haya dado cuenta de lo que se hacía en el DAS.
A todas luces, somos una sociedad enferma. Una sociedad y unos ciudadanos incapaces de fijar fronteras claras entre lo legal y lo ilegal, entre lo correcto y lo incorrecto.
4 comentarios:
Enferma, sí, porque es una sociedad hundida en una guerra fratricida. Donde se extermina entre sí, donde los verdugos no llegaron de otro planeta ni de otro país. Donde la victima de hoy fácilmente puede volverse el verdugo de mañana y viceversa. Porque los síntomas recusables no son solo los de índole político, los de repercusiones mediáticas. Véase los indices de violencia interpersonales e intrafamiliares del ultimo informe de medicina legal, Forensis. Estos indices muestran que los mismos comportamientos se encuentran a todas las otras escalas de la sociedad. Es la misma semilla de violencia. Se puede seguir haciendo enumeraciones, constataciones infinitas pero ya seria tiempo de empezar a analizar los origines, los mecanismos, los "como" y los "porque" de semejantes comportamientos predadores y exterminadores dentro de una misma comunidad. Los "como", los "porque" y "cuando" se empezó a perder las normas societales de convivencia. Urgen las análisis psicosociológicas y psicológicas. O sea de introspección. Pocos se atreven a hacer este ejercicio. Les sito uno, solo enfocado hacia la -corrupción- : Poder y corrupción* (Una visión psicoanalítica de la sociopatología). Faltan muchos mas estudios. Si la sociedad colombiana esta enferma, la sola enumeración de sus síntomas (el silencio siendo un de ellos) no nos da el diagnostico y menos aun los remedios.
*http://www3.eltiempo.com/culturayocio/lecturas/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-8647380.html
Estimado German
Excelente reflexión . tienes mucha razón hasta cuando seguiremos en “ silencio” , callando y haciendo parte de una sociedad enferma , como afirmas acertadamente Cordialmente
Julio Cesar
Hola Germán. Gracias por esa reflexión. Te cuento que como cristiano católico me hago esas preguntas en especial los domingos cuando veo a mis hermanos de credo comulgando y cuando intuyo que dado su carácter de clase media son mayoritariamente uribistas. ¿Cómo pueden por un lado defender y apoyar un proyecto político de la peor calaña como lo es el uribismo, y por otro pretender seguir las enseñanzas y ejemplo de un hombre como Jesús de Nazaret? Igualmente, cuando he constatado que gran parte de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica colombiana es y ha sido aliada del poder. Ayer uribistas, hoy santistas, mañana...
Y me he contestado exactamente lo mismo: estamos enfermos y vivimos en una sociedad enferma. Nos han convertido en entes venales.
Un abrazo.
Reinaldo
Muy cierto!!!!!
Joaquín.
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