Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Al confirmarse, en segunda instancia, la condena de 30 años de prisión, proferida contra el coronel (r) Plazas Vegas, el país nuevamente se divide entre quienes consideran que el fallo es ejemplarizante y constituye una prueba de que la justicia se demora, pero llega, y quienes califican la decisión judicial como una persecución contra un héroe que lo único que hizo fue defender la democracia y la institucionalidad, en la llamada retoma del Palacio de Justicia en 1985.
Los militares colombianos, convertidos en un verdadero sector de poder, político y burocrático, reciben la confirmación de la condena como una afrenta contra el honor militar, en un proceso en el que desde las filas se presionó a jueces, testigos y se retó a la opinión pública para evitar el desenlace que hoy conocemos.
Por ello, ante el fallo condenatorio, lo mejor que le puede pasar a Colombia y a su débil democracia, es que los militares no sólo acaten el fallo, sino que lo respeten de manera integral. Además, deben asumir una especie de mea culpa y revisar muy bien los protocolos y las motivaciones con las cuales actuaron en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia. Queda, eso sí, la instancia de casación ante la Corte Suprema de Justicia, corporación que recibirá una fuerte presión política y jurídica bien para mantener lo decidido en el auto del Tribunal Superior de Bogotá o por el contrario, para echarlo para atrás.
Sin duda, hubo excesos en el uso de la fuerza por parte de los actores armados que se enfrentaron dentro del Palacio, situación que terminó en la comisión de delitos de lesa humanidad, sobre los cuales los magistrados del Tribunal Superior consideraron que el ex oficial tuvo injerencia y directa responsabilidad, en especial en la desaparición de por lo menos dos ciudadanos, de los 11 que históricamente se ha conocido de ese doloroso episodio.
Del proceso que hoy termina, los militares deben aprender que la defensa de la democracia no se reduce a la recuperación de un edificio o a hacer respetar una imagen de una determinada institución, mancillada, claro está, por la acción armada del grupo armado ilegal, M-19, que asaltó el recinto del Palacio de Justicia.
Se defiende la democracia, señores militares, reconociendo y respetando la vida del oponente, del enemigo. Maltratar y desaparecer civiles constituye un acto de barbarie que elimina el honor militar y pone en las mismas condiciones a militares y a guerrilleros.
Al actuar por encima de la ley, los altos oficiales condenados, Arias Cabrales y Plazas Vega y los que en la cadena de mando participaron de la violación de los derechos humanos a magistrados y a empleados de la cafetería, traicionaron el honor militar, la confianza de los ciudadanos cuyas vidas juraron defender y por sobre todo, mancharon la imagen de un Estado, que como el colombiano, históricamente tiene una deuda de legitimidad con sus asociados. De allí que el entonces presidente Belisario Betancur Cuartas es el máximo responsable de lo ocurrido, pues como jefe supremo de las fuerzas armadas y garante del manejo del orden público, debió considerar las dimensiones de autorizar un operativo de recuperación del edificio. En especial, debió escuchar las súplicas de cese al fuego, del magistrado Reyes Echandía.
Quizás, por ello, en el fallo de segunda instancia se solicite la intervención de la CPI, asunto este que jurídicamente resulta controvertible, pero que políticamente es viable en la medida en que el Presidente Betancur hizo parte de la cadena de mando, sobre la cual recaen responsabilidades por la forma como se dio el operativo de retoma del Palacio de Justicia.
Lo cierto es que estamos ante un fallo que tiene efectos políticos que pueden resultar determinantes tanto para eventuales procesos de paz como para el resurgir de grupos paramilitares.
En lo consecutivo, será bien difícil que la cúpula militar apoye eventuales iniciativas de paz con las guerrillas. Se opondrán, en retaliación a este fallo judicial, a que un gobierno intente conversar y dialogar con un enemigo al que desde la institucionalidad y la tradición militar, ya no pueden combatir, pues la justicia estará presta a condenar a oficiales y a suboficiales de las fuerzas militares, cuando haya lugar a investigar resultados operacionales.
Complacientes con los militares, como han sido sucesivos gobiernos, el presidente Santos buscará la forma de resarcir al ejército por el golpe que hoy reciben de manos de la justicia ordinaria. Y lo mejor para ello, será reinventar la justicia penal militar y lograr con ella devolverle el honor perdido, lo que significa que habrá impunidad en los casos en los que nuevamente se investigue la conducta de oficiales y suboficiales.
Vendrán presiones muy fuertes contra varios estamentos del Estado y de la propia sociedad civil. Es probable que se reinicie a partir de este momento, la consolidación y profundización de un ambiente hostil contra los defensores de derechos humanos, militantes de izquierda, jueces y magistrados. En esas circunstancias, lo que puede darse es el resurgimiento de fuerzas paramilitares, capaces de ponerse al servicio de los militares, para hacer el trabajo sucio y evitar así, investigaciones de la Procuraduría y de los jueces que conozcan denuncias de delitos cometidos por los uniformados.
Fallos como el que afecta la vida de Plazas Vega requieren de una madurez institucional de los militares, que hoy está lejos de darse, a juzgar por lo vivido en el proceso jurídico-político que hoy se cierra contra el ex oficial que juró que defendía la democracia, violando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario।
Al confirmarse, en segunda instancia, la condena de 30 años de prisión, proferida contra el coronel (r) Plazas Vegas, el país nuevamente se divide entre quienes consideran que el fallo es ejemplarizante y constituye una prueba de que la justicia se demora, pero llega, y quienes califican la decisión judicial como una persecución contra un héroe que lo único que hizo fue defender la democracia y la institucionalidad, en la llamada retoma del Palacio de Justicia en 1985.
Los militares colombianos, convertidos en un verdadero sector de poder, político y burocrático, reciben la confirmación de la condena como una afrenta contra el honor militar, en un proceso en el que desde las filas se presionó a jueces, testigos y se retó a la opinión pública para evitar el desenlace que hoy conocemos.
Por ello, ante el fallo condenatorio, lo mejor que le puede pasar a Colombia y a su débil democracia, es que los militares no sólo acaten el fallo, sino que lo respeten de manera integral. Además, deben asumir una especie de mea culpa y revisar muy bien los protocolos y las motivaciones con las cuales actuaron en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia. Queda, eso sí, la instancia de casación ante la Corte Suprema de Justicia, corporación que recibirá una fuerte presión política y jurídica bien para mantener lo decidido en el auto del Tribunal Superior de Bogotá o por el contrario, para echarlo para atrás.
Sin duda, hubo excesos en el uso de la fuerza por parte de los actores armados que se enfrentaron dentro del Palacio, situación que terminó en la comisión de delitos de lesa humanidad, sobre los cuales los magistrados del Tribunal Superior consideraron que el ex oficial tuvo injerencia y directa responsabilidad, en especial en la desaparición de por lo menos dos ciudadanos, de los 11 que históricamente se ha conocido de ese doloroso episodio.
Del proceso que hoy termina, los militares deben aprender que la defensa de la democracia no se reduce a la recuperación de un edificio o a hacer respetar una imagen de una determinada institución, mancillada, claro está, por la acción armada del grupo armado ilegal, M-19, que asaltó el recinto del Palacio de Justicia.
Se defiende la democracia, señores militares, reconociendo y respetando la vida del oponente, del enemigo. Maltratar y desaparecer civiles constituye un acto de barbarie que elimina el honor militar y pone en las mismas condiciones a militares y a guerrilleros.
Al actuar por encima de la ley, los altos oficiales condenados, Arias Cabrales y Plazas Vega y los que en la cadena de mando participaron de la violación de los derechos humanos a magistrados y a empleados de la cafetería, traicionaron el honor militar, la confianza de los ciudadanos cuyas vidas juraron defender y por sobre todo, mancharon la imagen de un Estado, que como el colombiano, históricamente tiene una deuda de legitimidad con sus asociados. De allí que el entonces presidente Belisario Betancur Cuartas es el máximo responsable de lo ocurrido, pues como jefe supremo de las fuerzas armadas y garante del manejo del orden público, debió considerar las dimensiones de autorizar un operativo de recuperación del edificio. En especial, debió escuchar las súplicas de cese al fuego, del magistrado Reyes Echandía.
Quizás, por ello, en el fallo de segunda instancia se solicite la intervención de la CPI, asunto este que jurídicamente resulta controvertible, pero que políticamente es viable en la medida en que el Presidente Betancur hizo parte de la cadena de mando, sobre la cual recaen responsabilidades por la forma como se dio el operativo de retoma del Palacio de Justicia.
Lo cierto es que estamos ante un fallo que tiene efectos políticos que pueden resultar determinantes tanto para eventuales procesos de paz como para el resurgir de grupos paramilitares.
En lo consecutivo, será bien difícil que la cúpula militar apoye eventuales iniciativas de paz con las guerrillas. Se opondrán, en retaliación a este fallo judicial, a que un gobierno intente conversar y dialogar con un enemigo al que desde la institucionalidad y la tradición militar, ya no pueden combatir, pues la justicia estará presta a condenar a oficiales y a suboficiales de las fuerzas militares, cuando haya lugar a investigar resultados operacionales.
Complacientes con los militares, como han sido sucesivos gobiernos, el presidente Santos buscará la forma de resarcir al ejército por el golpe que hoy reciben de manos de la justicia ordinaria. Y lo mejor para ello, será reinventar la justicia penal militar y lograr con ella devolverle el honor perdido, lo que significa que habrá impunidad en los casos en los que nuevamente se investigue la conducta de oficiales y suboficiales.
Vendrán presiones muy fuertes contra varios estamentos del Estado y de la propia sociedad civil. Es probable que se reinicie a partir de este momento, la consolidación y profundización de un ambiente hostil contra los defensores de derechos humanos, militantes de izquierda, jueces y magistrados. En esas circunstancias, lo que puede darse es el resurgimiento de fuerzas paramilitares, capaces de ponerse al servicio de los militares, para hacer el trabajo sucio y evitar así, investigaciones de la Procuraduría y de los jueces que conozcan denuncias de delitos cometidos por los uniformados.
Fallos como el que afecta la vida de Plazas Vega requieren de una madurez institucional de los militares, que hoy está lejos de darse, a juzgar por lo vivido en el proceso jurídico-político que hoy se cierra contra el ex oficial que juró que defendía la democracia, violando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario।
Antes que un golpe contra el honor y la moral militar, el fallo de segunda instancia será utilizado por la derecha, en especial la que hoy legisla en el Congreso, para otorgarle amplias garantías a las fuerzas militares, lo que sin duda, terminará en un gobierno de mano dura, en una democracia manejada con intereses castrenses.
Nota: publicada en el portal www.nasaacin.org, http://www.nasaacin.org/attachments/article/3380/Plazas%20Vega.pdf
3 comentarios:
Gracias, sesuda reflexión. Ya van por Belisario, en dos décadas por Uribe.
HJ
Sin embargo no deja se der irónico que autores,complices (o lo que sea), estén en este momento gobernando una ciudad como Bogotá,Colombia olvida o perdona?, por qué tanta demora en las pesquisas? Son casi treinta añor Por Dios!
Respetado German Ayala : El caso Plazas Vega es el mas aberrante de la justicia Colombiana.Le dejo algunas inquietudes.Cuando se hizo la primera y mas seria investigacion por parte de tribunal especial ,Plazas Vega jamas fue vinculado a algun posible delito en la operacion del palacio de justicia .Despues de mas de veinte anos se decide reabrir la investigacion sobre los hechos de esta operacion y alli si se le vincula pero como retaliacion a su trabajo realizado en la direccion nacional de estupefacientes donde le incauta a las mafias mas de dos billones y medio de pesos en bienes ,lo cual no ha hecho ningun otro director.Esta probado que la unica persona desaparecida es Irma Franco quien fue sacada de la casa del florero por agentes de inteligencia del batallon Charry Solano unidad que nada tenia que ver con Plazas.Pero lo mas extrano de todo esto es que al General Ivan Ramirez lo absuelven en segunda instancia por estos hechos que eran de su directa responsabilidad y los integrantes del B-2 de la brigada que estan libres por vencimiento de terminos llevan mas de cinco anos en el desarrollo del juicio.Que interesante verdad ?.El Magistrado Hermes Dario Lara ,quien es de pensamiento de izquierda ,comprueba absolutamente que Alfonso Plazas Vega es totalmente inocente ,ya que todos los testigos son falsos o fabricados por la fiscal Angela Maria Buitrago quien deberia estar en la carcel.Esto no es justicia es una vil retaliacion y una muestra de la total de parcialidad e ineficiencia de la justicia Colombiana .A la corte no le queda otro camino que aceptar la tremenda injusticia cometida contra un militar pulquerrimo que lleva seis anos preso sin tener porque.Cordial Saludo.Coronel en uso de buen retiro Michel Plazas Vega.
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