Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El 09 de abril de 1948 y el 09 de abril de 2012 comparten un elemento social, político y cultural: la violencia. No sólo recordamos la muerte de Jorge Eliécer Gaitán Ayala, sino que en adelante, los colombianos tenemos una fecha más para conmemorar, recordar y ojalá jamás olvidar, a las víctimas que deja este largo conflicto armado interno. Y todo, gracias a que la Ley de Víctimas estableció este día para la memoria de aquellos que han sufrido los estragos de la guerra interna.
Es decir, estamos ante dos fechas que nos recuerdan hechos propios de una violencia política que se origina y se sostiene, en buena parte, en la precariedad del Estado y en la intolerancia de sectores societales, y que deja, a lo largo y ancho del territorio nacional, muertes, masacres, desaparición forzada, dolor, violaciones de derechos humanos, delitos y realidades que bien se concentran en ese elemento histórico llamado violencia.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras resulta ser un proyecto ambicioso del gobierno de Santos, con el que pretende darle algo de legitimidad a un Estado que sigue siendo débil, precario e incapaz de garantizar la vida de millones de colombianos víctimas de la violencia política y en situación de desplazamiento. Podemos estar ante una oportunidad histórica para construir la paz y un país mejor, pero también, ante un posible próximo fracaso de un Estado que ha sido incapaz de erigirse como un orden social, político, económico y cultural, realmente incluyente y democrático.
Si aquella ley fracasa en sus propósitos, se confirmaría el imaginario que señala que somos un país de leyes, de marcos legales que sólo sirven para develar la incapacidad de la justicia para investigar y castigar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, así como para reparar a las víctimas que deja una larga historia de violencia política.
Está claro que Santos quiere pasar a la historia como el Presidente que avanzó en una política y en marcos legales con claras intenciones de alcanzar la paz, reparar a las víctimas y restituir las tierras expoliadas. Pero mientras estos esfuerzos caminan lentamente y con todo tipo de tropiezos, como el surgimiento de un grupo armado contra la restitución de tierras, por otro lado, el propio Gobierno de Santos da continuidad a las actividades mineras y madereras de multinacionales que exploran y explotan en Colombia sin ningún control estatal.
Es decir, de un lado tendemos puentes de reconciliación con las víctimas, pero por el otro, mantenemos actividades antrópicas que hacen inviable la vida de numerosas especies de fauna y flora y que incluso, en el largo plazo pueden poner en riesgo la vida de millones de colombianos, incluyendo, por supuesto, a aquellos desplazados que logren regresar a las parcelas y fincas que les arrebataron guerrilleros, agentes estatales y privados y paramilitares.
Da bandazos el gobierno de Santos cuando no formula una política ambiental integral que no sólo se articule a las acciones de restitución de tierras, sino a las actividades de un verdadero desarrollo sostenible.
No es posible avanzar en construir escenarios de paz y de reconciliación con las víctimas del conflicto cuando el gobierno de Santos da la espalda al poder judicial, dejando que el Congreso legisle en contravía de una necesidad histórica insoslayable: que haya capacidad en los entes de justicia para develar la verdad de crímenes y de todo tipo de violaciones de los derechos humanos.
No es posible reparar a las víctimas estableciendo un día, el 09 de abril, para conmemorar la memoria de los sacrificados. No. Hay que superar el activismo simbólico, y pasar a acciones concretas con las que el Estado haga presencia efectiva para que los líderes y campesinos que regresen a sus parcelas, no sean asesinados y amenazados por grupos al margen de la ley.
¿Cuál es la política agraria, ambiental y qué idea de Estado, de mercado y de organización social tiene y ofrece en sus acciones el gobierno de Santos, para garantizar no sólo el regreso de campesinos, negros e indígenas, sino su permanencia en el tiempo, así como su desarrollo identitario que ha resultado vital, por ejemplo, para garantizar la seguridad alimentaria en amplios territorios urbanos del país?
Por lo anterior, no podemos quedarnos con las efectistas imágenes de una conmemoración como la del 09 de abril de 2012, en la que por momentos nos olvidamos de Jorge Eliécer Gaitán Ayala, y pasamos esa página, para abrir otra en la que aún hay muchas preguntas por resolver y sobre todo, está todo por escribirse en materia de verdad, justicia, reparación y restitución.
¿Quién mató a Jorge Eliécer Gaitán Ayala? ¿Roa Sierra? ¿La élite política bogotana tuvo algo que ver en el asunto, la CIA? O, ¿quién mató a Bernardo Jaramillo, José Antequera, a Jaime Pardo Leal, a Manuel Cepeda Vargas, a Carlos Pizarro Leongómez, a Jaime Garzón, a Álvaro Gómez Hurtado...?
¿Cómo van las investigaciones de los más de 70 líderes campesinos asesinados entre 2006 y 2011, según un informe de la Defensoría del Pueblo, presentado, justamente, el día en el que se oficializó el 09 de abril como el día de las víctimas del conflicto armado interno?
Plausible establecer un día, el 09 de abril, para recordar a las víctimas de la guerra interna de Colombia, pero hay que avanzar hacia la correcta y efectiva aplicación de los marcos legales que buscan reparar a cientos de miles de víctimas y asegurar el regreso a los territorios de donde los expulsó la guerra y los actores armados. Será difícil, mientras Juan Manuel Santos y su gobierno, da bandazos que pueden dar al traste con las buenas intenciones con las que el Presidente está actuando.
El 09 de abril de 1948 y el 09 de abril de 2012 comparten un elemento social, político y cultural: la violencia. No sólo recordamos la muerte de Jorge Eliécer Gaitán Ayala, sino que en adelante, los colombianos tenemos una fecha más para conmemorar, recordar y ojalá jamás olvidar, a las víctimas que deja este largo conflicto armado interno. Y todo, gracias a que la Ley de Víctimas estableció este día para la memoria de aquellos que han sufrido los estragos de la guerra interna.
Es decir, estamos ante dos fechas que nos recuerdan hechos propios de una violencia política que se origina y se sostiene, en buena parte, en la precariedad del Estado y en la intolerancia de sectores societales, y que deja, a lo largo y ancho del territorio nacional, muertes, masacres, desaparición forzada, dolor, violaciones de derechos humanos, delitos y realidades que bien se concentran en ese elemento histórico llamado violencia.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras resulta ser un proyecto ambicioso del gobierno de Santos, con el que pretende darle algo de legitimidad a un Estado que sigue siendo débil, precario e incapaz de garantizar la vida de millones de colombianos víctimas de la violencia política y en situación de desplazamiento. Podemos estar ante una oportunidad histórica para construir la paz y un país mejor, pero también, ante un posible próximo fracaso de un Estado que ha sido incapaz de erigirse como un orden social, político, económico y cultural, realmente incluyente y democrático.
Si aquella ley fracasa en sus propósitos, se confirmaría el imaginario que señala que somos un país de leyes, de marcos legales que sólo sirven para develar la incapacidad de la justicia para investigar y castigar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, así como para reparar a las víctimas que deja una larga historia de violencia política.
Está claro que Santos quiere pasar a la historia como el Presidente que avanzó en una política y en marcos legales con claras intenciones de alcanzar la paz, reparar a las víctimas y restituir las tierras expoliadas. Pero mientras estos esfuerzos caminan lentamente y con todo tipo de tropiezos, como el surgimiento de un grupo armado contra la restitución de tierras, por otro lado, el propio Gobierno de Santos da continuidad a las actividades mineras y madereras de multinacionales que exploran y explotan en Colombia sin ningún control estatal.
Es decir, de un lado tendemos puentes de reconciliación con las víctimas, pero por el otro, mantenemos actividades antrópicas que hacen inviable la vida de numerosas especies de fauna y flora y que incluso, en el largo plazo pueden poner en riesgo la vida de millones de colombianos, incluyendo, por supuesto, a aquellos desplazados que logren regresar a las parcelas y fincas que les arrebataron guerrilleros, agentes estatales y privados y paramilitares.
Da bandazos el gobierno de Santos cuando no formula una política ambiental integral que no sólo se articule a las acciones de restitución de tierras, sino a las actividades de un verdadero desarrollo sostenible.
No es posible avanzar en construir escenarios de paz y de reconciliación con las víctimas del conflicto cuando el gobierno de Santos da la espalda al poder judicial, dejando que el Congreso legisle en contravía de una necesidad histórica insoslayable: que haya capacidad en los entes de justicia para develar la verdad de crímenes y de todo tipo de violaciones de los derechos humanos.
No es posible reparar a las víctimas estableciendo un día, el 09 de abril, para conmemorar la memoria de los sacrificados. No. Hay que superar el activismo simbólico, y pasar a acciones concretas con las que el Estado haga presencia efectiva para que los líderes y campesinos que regresen a sus parcelas, no sean asesinados y amenazados por grupos al margen de la ley.
¿Cuál es la política agraria, ambiental y qué idea de Estado, de mercado y de organización social tiene y ofrece en sus acciones el gobierno de Santos, para garantizar no sólo el regreso de campesinos, negros e indígenas, sino su permanencia en el tiempo, así como su desarrollo identitario que ha resultado vital, por ejemplo, para garantizar la seguridad alimentaria en amplios territorios urbanos del país?
Por lo anterior, no podemos quedarnos con las efectistas imágenes de una conmemoración como la del 09 de abril de 2012, en la que por momentos nos olvidamos de Jorge Eliécer Gaitán Ayala, y pasamos esa página, para abrir otra en la que aún hay muchas preguntas por resolver y sobre todo, está todo por escribirse en materia de verdad, justicia, reparación y restitución.
¿Quién mató a Jorge Eliécer Gaitán Ayala? ¿Roa Sierra? ¿La élite política bogotana tuvo algo que ver en el asunto, la CIA? O, ¿quién mató a Bernardo Jaramillo, José Antequera, a Jaime Pardo Leal, a Manuel Cepeda Vargas, a Carlos Pizarro Leongómez, a Jaime Garzón, a Álvaro Gómez Hurtado...?
¿Cómo van las investigaciones de los más de 70 líderes campesinos asesinados entre 2006 y 2011, según un informe de la Defensoría del Pueblo, presentado, justamente, el día en el que se oficializó el 09 de abril como el día de las víctimas del conflicto armado interno?
Plausible establecer un día, el 09 de abril, para recordar a las víctimas de la guerra interna de Colombia, pero hay que avanzar hacia la correcta y efectiva aplicación de los marcos legales que buscan reparar a cientos de miles de víctimas y asegurar el regreso a los territorios de donde los expulsó la guerra y los actores armados. Será difícil, mientras Juan Manuel Santos y su gobierno, da bandazos que pueden dar al traste con las buenas intenciones con las que el Presidente está actuando.
Nota: publicado en el portal www.hechoencali.com, http://www.hechoencali.com/los-bandazos-de-santos-y-el-activismo-simbolico/.
1 comentario:
Hola Uribito:
¡Buen día!
Buen punto. Es en Colombia somos así y, cada día sobreponemos otro sobre el anterior.
Luis F.
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