YO DIGO SÍ A LA PAZ

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miércoles, 18 de julio de 2012

LOS MEDIOS EN LA LUCHA SIMBÓLICA Y CULTURAL DE LOS INDÍGENAS DEL CAUCA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Lo sucedido en el cerro Las Torres, en las montañas de Toribío, Cauca, representa el choque de dos mundos simbólicos: el de la guerra, que encarnan los militares que creen a pie juntillas en los símbolos patrios y en un manido y discutido concepto de soberanía[1]. Y el otro mundo, el de la vida, que encarnan los indígenas Nasa, que siguen los derroteros de su plan de vida, en el que el territorio, símbolo tangible de su cosmovisión, es un factor de movilización que los lleva a exigir el retiro de los grupos armados que convierten sus territorios en escenarios de guerra y muerte.

Pasados los hechos, la indignación nacional por la actitud y las acciones asumidas por los indígenas en contra de los militares atrincherados en el estratégico cerro, corre por cuenta de unos medios masivos que azuzan a una opinión pública que rechaza, sin mayor discusión, que un grupo de civiles, indígenas, empujaran y echaran a soldados, hasta hacerlos desistir de la idea de continuar acantonados en una zona de conflicto en donde dos ejércitos y una comunidad indígena luchan, de disímiles formas, por ejercer soberanía sobre un amplio territorio.

En la efectiva manipulación mediática a los hechos acaecidos en el cerro Las Torres, zona montañosa de Toribío, la imagen del sargento García llorando, sirve a los propósitos mediáticos y políticos de deslegitimar la acción colectiva de los indígenas. El llanto del militar puede sustentarse en una idea de patria y del sentido del deber que no tienen porqué ser compartidos ni por los indígenas que lo echaron de la base, previa petición pública de que debía abandonar el territorio, ni por el resto de los colombianos.

Aupados por los medios masivos, la opinión pública entra en una ira racial por la forma en la que fueron sacados los militares de ese punto geográfico y cultural. Molesta a la manipulable opinión pública los empujones de unos civiles, reacción que no se equipara cuando en cruentos enfrentamientos con las Farc, los militares mueren calcinados, o son ‘rematados’ con tiros de gracia o pasan entre 5 y 14 años encadenados y confinados en las húmedas selvas de Colombia.

Las acciones civiles de protesta y las acciones colectivas de clara reivindicación social suelen ser descalificadas por el gobierno con la colaboración de los medios masivos. Siempre ha sido así. Pero en el caso de los hechos sucedidos en el cerro Las Torres, la descalificación oficial-mediática, corre por cuenta no por los hechos mismos, cargados de violencia simbólica, verbal y física (empujones), sino por cuenta del origen étnico de sus líderes y ejecutores.

Por tratarse de indígenas, sus acciones indignan más que el propio sufrimiento al que muchos militares han sido sometidos por las Farc. Ahora resulta que el desalojo de la base es una humillación casi igual a la que se sometió a militares y policías secuestrados por las Farc por largos años.

Aquí la indignación y el fervor patriótico corre por cuenta de un inocultable racismo y animadversión étnica en contra los indígenas. Activos miembros de la cultura dominante hacen ver a los indígenas como apátridas, ignorantes, brutos, tercos, amigos de las Farc y del terrorismo, así como irrespetuosos de las instituciones por sus indeseables acciones iconoclastas.

En una larga cadena de epítetos, se visibiliza un odio de la gente blanca y mestiza, que acomodada en centros urbanos relativamente seguros por ser enclaves económicos, ven con prevención las acciones políticas y culturales de los pueblos indígenas.

No quiero ver un solo indígena en las bases militares’, sentenció en la red social Twitter el Presidente de la República, digno representante de una cultura y de un sector social que históricamente ha expuesto su animadversión hacia esta minoría cultural. Resulta provocador el anuncio presidencial, en especial por la firme decisión de los indígenas de hacer efectiva la autonomía territorial que la Carta Política les confiere.

En este enfrentamiento de cosmovisiones y de símbolos, la razón mediática suele ponerse del lado de la institución militar y de un Estado que con creces han demostrado incapacidad para salvaguardar la vida y la honra de los indígenas, que hoy se levantan en contra de su presencia. No son los indígenas el actor desestabilizador que los medios masivos, militares y el gobierno señalan. Por el contrario, hay allí en esa protesta un embrión de paz que se sustenta en una postura digna en la que sobresalen el respeto por la vida y el reconocimiento de la diferencia.

A los medios y a las fuerzas económicas y políticas que los respaldan les queda más fácil y cómodo indisponer a la opinión pública y al propio gobierno en contra de los indígenas, que recoger las peticiones de diálogo hechas por los indígenas al propio Presidente Santos y revisar a fondo la estrategia militar del Estado, así como su presencia social, económica, política y cultural.

Decir que la lucha por la autonomía de los pueblos indígenas en esta parte del territorio, representa una afrenta contra los símbolos patrios y la soberanía del Estado no sólo desconoce la autonomía de los indígenas, consagrada constitucionalmente, sino que descalifica y estigmatiza toda acción colectiva que con claro sentido de paz, busca salidas negociadas a un largo conflicto que claramente muestra que ningunos de los ejércitos enfrentados es y será capaz de alzarse con la victoria.

En la misiva enviada por la organización indígena  a todos los actores armados, es claro su sentir frente a los peligros que implica aceptar la transformación de los territorios ancestrales en escenarios de guerra soportados en un complejo conflicto armado al que el Estado y sucesivos gobiernos suelen enfrentar con planes de Consolidación[2] y recientemente, con el llamado Plan Cauca propuesto por el gobierno de Santos Calderón.  

En algunos apartes de la carta enviada los Nasa señalan que “no nos vamos a quedar de brazos cruzados mirando cómo nos matan y destruyen nuestros territorios, comunidades, planes de vida y nuestro proceso organizativo, por esto, enraizados en la palabra, la razón, el respeto y la dignidad, iniciamos caminar en grupos hasta donde están atrincherados los grupos y ejércitos armados, para decirles frente a frente, que en el marco de la autonomía que nos asiste, les exigimos que se VAYAN, QUE NO LOS QUEREMOS, QUE NOS CANSAMOS DE LA MUERTE, QUE ESTAN EQUIVOCADOS, QUE NOS DEJEN VIVIR EN PAZ[3].

Con todo lo anterior, resulta conveniente llamar a la calma y al establecimiento de una mesa de diálogo entre las partes en conflicto, sobre la base de la comprensión de las demandas y del sentir de las comunidades indígenas.



[1] En reiteradas ocasiones, gobiernos han violado la soberanía y la opinión pública no se ha dado por enterada. Por ejemplo, el gobierno de Pastrana y el Congreso de la época aprobaron y aplicaron  el Plan Colombia, previamente aprobado en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica.

[2] Escenarios diseñados y ejecutados por el gobierno de AUV, en el marco de la política de defensa y seguridad democrática.


Nota: importante y clave resulta el Auto 004 de 2009, de la Corte Constitucional de Colombia, en la que señala que Algunos pueblos indígenas de Colombia están en peligro de ser
1. exterminados – cultural o físicamente- por el conflicto armado interno, y han
sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales
individuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario.

El conflicto armado colombiano amenaza con el exterminio cultural o físico a
numerosos pueblos indígenas del país. En el curso de la última década, el
conflicto armado, reorientado por actividades relacionadas con el narcotráfico,
que se desarrolla en Colombia se ha convertido en el principal factor de riesgo
para la existencia misma de docenas de comunidades y pueblos indígenas a lo
largo del territorio nacional, a través de complejos elementos que la Corte
reseñará en el presente Auto. Esta amenaza ha sido la causa principal del

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Hola Uribito:



Lo que ha pasado de agache en estos momentos, es que el movimiento indígena está dando muestras reales de resistencia civil pacífica, como debe ser en su inicio. Esta resistencia no es contra la institucionalidad representada por la fuerza pública, sino contra la "guerra" en sí, con lo cual ponen en calzas prietas al llamado "derecho internacional humanitario" porque el rechazo radical del conflicto y sus actores demeritan la legalización del mismo.



Luis

The Demolisher dijo...

La puerta de la paz en Colombia está abierta. Y no solo es un compromiso del gobierno, los indigenas y las Farc, es compromiso de todos aquellos que reclamamos el nombre de Colombia, como patría, nación o identidad. Como dijo el filosofo Gilles Deleuze: no podemos ser inferiores al acontecimiento. Escoja su camino...

Anónimo dijo...

Germán, excelente reflexión que coloca los elementos del debate. Pero, quiero hacer algunas anotaciones. No es solo el patriotismo el motivador del comportamiento militar. Detrás de este se encuentra la consolidación de un poder y de un negocio, y creo no equivocarme al pensar en estos términos. El crecimiento del pie de fuerza y del presupuesto van ligados al crecimiento de su poder. Se puede pensar, por varias manifestaciones que el poder civil está sometido a este poder, y el presidente aparece , casi, como un muñeco sirviendo de locutor de las razones militares. Al gran capital no le incomoda porque este poder, por su formación y el manejo ideológico, está para protegerlo. La sociedad civil ha cerrado filas alrededor del estamento militar al considerar, que sin razones, los pueblos indígenas lo humillaron. El llanto del capitán conmovió a la nación, pero no fue igual ni lo será, cuando las fuerzas del orden golpearon a unas colegiales cuando protestaron exigiendo respuestas a sus problemas educativos, ni cuando golpearon a los obreros de las multinacionales petroleras cuando reclamaron mejores condiciones laborales, y, así, tenemos muchos ejemplos. Dónde estaba la sociedad civil y los medios masivos de comunicación para protestar por estos atropellos? En estos días el programa " Séptimo Día" presentó un especial sobre el robo de celulares y el carácter multinacional del negocio. En algún momento del programa el periodista le preguntó al dueño de un negocio de compra de celulares robados qué hacía la policía a y este respondió que le daban dinero para " que se hicieran los de la vista gorda". Este es un problema de poca monta?.Dónde estaban estos actores que critican ahora el comportamiento de los indígenas en el Cauca?La policía informa a cada momento que tiene identificados a los delincuentes que actúan en algunas zonas de las ciudades y alertan a la población para que tomen las medidas de seguridad o no transiten por dichas zonas . Esa debe ser la respuesta?. Existen muchas denuncias de la relaciones de la policía y otros organismos judiciales con la delincuencia organizada. Dónde está el debate sobre este problema? Esto no es un problema de poca monta ni circunstancial, está en el corazón de nuestra realidad, y, uno y otro están interelacionados. El poder de las fuerzas militares le está autorizando para transitar por la ilegalidad sin temores y la sociedad civil no es consciente de este fenómeno que crece día a día, y peor aún, con el apoyo de los MMC que ejercen de voceros del Capital. En cierto sentido, el movimiento indígena es una denuncia y una acción contra todo ello, y es el esfuerzo por instaurar la democracia negada por las fuerzas militares y el establecimiento, que , además, dicen respetar.
Saludos,
Gilberto