Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Introducción
La construcción y presentación del Informe Nacional de Desarrollo Humano, 2011, Colombia rural Razones para la esperanza, constituye un ejercicio político y académico de reducido impacto, a juzgar por las reacciones que ese documento tuvo y tiene aún en el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón.
Centrado en la idea de desmontar el Estado Social de Derecho, para afianzar un Estado liberal al servicio del mercado financiero interno y externo, y con claro beneficio de ciertos sectores tradicionales, el gobierno de Juan Manuel Santos conoce el documento en mención y queda la esperanza de que sirva para reorientar o limitar sus políticas en torno al sector rural.
Esperanza que se diluye por la presencia arrolladora de la locomotora minera y en general por el sentido y el carácter de su modelo de gobierno, que avanzan sin control social, político, económico y ambiental, en un proceso que amplía los problemas y las circunstancias negativas del sector rural en el país.
Es probable, entonces, que ante la inercia de las políticas liberales promovidas por el gobierno de Santos, Colombia rural, Razones para la esperanza, sea un documento académico y un diagnóstico más, sin aplicación alguna.
El sentido del presente artículo es el de insistir en la descripción de varias de las circunstancias que han alimentado y ampliado la dimensión de los problemas que hoy se describen para el sector rural y que en general, se reproducen en estadios citadinos en donde priman los intereses económicos, financieros y políticos de reducidos sectores de poder.
Estado débil y precario
La histórica debilidad del Estado colombiano facilita, como ninguna otra circunstancia, la aparición de problemas y circunstancias que con el tiempo se hacen no sólo más complejas, sino que casi imposibles de resolver y de comprender.
El Estado nacional no ha podido, entre otros asuntos, agenciar un proceso civilizatorio soportado no sólo en una moralidad pública capaz de orientar la institucionalidad estatal y con ella, al grueso de la sociedad, sino en sólidas instituciones sociales que de manera ‘natural’ una sociedad genera con miras a garantizar la convivencia, la resolución pacífica de los conflictos y un universo de principios y valores de clara conveniencia colectiva. El resultado no podría ser más negativo: una sociedad escindida, desarticulada, polarizada y profundamente anómica, con graves problemas para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo legal y lo ilegal, y más grave aún, incapaz de fijarle límites a lo privado frente a la permanencia de lo público como factor esencial para el afianzamiento del Estado y de la propia sociedad.
Con etapas y momentos de violencia política (guerras civiles y un degradado conflicto armado de casi 50 años de existencia) no asociados a procesos libertarios consolidados, la República se constituyó sobre la incapacidad de superar viejos problemas de convivencia, asociados a la función de la propiedad privada, la concentración de la misma y al mantenimiento y aseguramiento de privilegios a reducidas élites de poder social, económico y político.
Así, Colombia resulta ser un complejo entramado de problemas, asuntos pendientes por resolver, así como de truncadas aspiraciones de amplios grupos sociales y de acciones concretas y permanentes de grupos tradicionales que buscan a toda costa mantener privilegios de clase.
Somos una Nación con profundas grietas que hacen difícil pensar en hitos culturales que de manera transversal le den unidad a la idea de ser colombiano, bien por la biodiversidad cultural y natural que fija oportunidades y límites a la capacidad transformadora del ser humano, o por la incapacidad social y política de crear instituciones y una institucionalidad con un claro sentido de lo colectivo, que den cobijo y brinden respeto a quienes desde la diferencia desean vivir dentro del territorio nacional.
Con todo lo anterior, el orden político y social se mantiene a flote, fruto no sólo de esfuerzos sociales, económicos, políticos y culturales que bien pueden asociarse a dinámicas internas con profundos arraigos identitarios, sino por fuerzas externas, producto de etapas de un proceso de globalización en el que la viabilidad del país se presenta y se garantiza desde instancias de interés privado del orden transnacional.
La no resolución de viejos problemas y conflictos, así como la generación de otros, convierten a Colombia en un escenario tan complejo, que la resolución de aquellos requiere de ejercicios comprensivos que pueden resultar aún más liosos que las propias circunstancias que constituyen esos problemas y conflictos.
Los estudios y las propuestas académicas suelen ser mecanismos y vías propicias no sólo para comprender esas complejas circunstancias en las que sobrevive la Nación, la sociedad y el país, sino para proponer cambios, soluciones y salidas efectivas a las permanentes crisis allegadas por esa vieja e histórica debilidad del Estado, mirado este como expresión, resultado y artífice de un proceso civilizatorio guiado por ideas en las que la vida y la dignidad del ser humano deben ser nucleares.
Entre las muchas circunstancias que la Academia y sectores de la sociedad han identificado como problemáticas y definitivas para el afianzamiento social, cultural, político y económico del país, la concentración de la propiedad de la tierra, en el sector rural y en general el modelo económico que genera las actuales dinámicas rurales y fija límites a la vida de millones de colombianos, se erigen obstáculos definitivos y estructurales para avanzar hacia la construcción de un mejor país.
Es decir, hay consenso alrededor de que existe un problema agrario, en el mismo sentido, de que lo agrario es un problema aún sin resolver, lo que aplaza o afecta cualquier ejercicio político que busque la solución de otras dificultades o la modificación de circunstancias que de todas maneras van a estar ligadas a la dinámica rural-agraria.
El Informe Nacional de Desarrollo Humano (2011), Razones para la esperanza, Colombia rural, constituye no sólo un ejercicio de identificación y afianzamiento de la idea generalizada alrededor de la existencia de un viejo problema agrario, sino que resulta ser propositivo en lo que corresponde a la aspiración de superar esas circunstancias que desde lo rural y desde lo agrario definen y explican muchos de los problemas con los cuales el país exhibe un rezago frente a países con similares características.
En la Introducción, a cargo del director del Informe de Desarrollo Humano, Absalón Machado, se lee que “Colombia entró a la modernización sin haber resuelto el problema agrario, porque siempre pensó que el país era más urbano que rural. Construyó un modelo de desarrollo que conlleva al fracaso del mundo rural, rindiéndole más culto al mercado que al Estado, lo cual amplió las brechas entre lo urbano y lo rural”[1].
Específicas circunstancias y dinámicas políticas, económicas, sociales y culturales sugeridas por el proyecto de la modernidad, encontraron en Colombia particulares realidades que hicieron, en muchos aspectos, inaplicables, inviables o desechables esos preceptos modernos universalmente aceptados.
Tanto el sector rural como el urbano son testigos, víctimas o beneficiarios de ese proyecto moderno universal en el que el Estado, como orden social y político, tendría un fuerte protagonismo como quiera que se propuso como agente dinamizador de la vida social y cultural de pueblos, entre ellos el de Colombia.
Incapaz de recoger muchos de los principios, valores y circunstancias de una idea de orden social y político o de un proyecto moderno de Estado estandarizado, Colombia, con sus múltiples y complejas realidades, fue avanzando más con la necesidad y la presión de ponerse a tono con los nuevos tiempos globalizantes, que con la clara necesidad de comprender hacia adentro lo que arrastraba históricamente y casi lo que de forma natural y cultural venía dado de acuerdo con sus propios procesos políticos, económicos y sociales. Hubo y hay aún resistencias a ese proyecto moderno y el sector rural es una muestra de ello, con todo y lo que ello significa.
La adaptación a modelos sociales, políticos y económicos concentrados en esa única idea de modernidad como estadio superior a cualquiera otra circunstancia encontrada, fue llevando al país, casi de manera esquizoide, a iniciar procesos de ajuste, de franca acomodación, a los nuevos retos, en los que se dejaron por fuera asuntos y circunstancias que escapaban al carácter dicotómico y fragmentador de realidades que sobrevino con ese proyecto moderno.
Alineado con las dinámicas económicas (modelo económico extractivo) y políticas (un orden mundial asimétrico) sugeridas y emprendidas alrededor del proyecto moderno, Colombia fue dejando atrás, por la debilidad de su Estado, por las presiones externas aceptadas por élites de poder identitariamente alejadas de las circunstancias creadoras de la Nación colombiana y en general, por la incapacidad de proyectar una idea de país consecuente con sus realidades, oportunidades, recursos y debilidades, asuntos que con el tiempo, las nuevas circunstancias del mundo moderno y modernizado y la propia naturaleza del conflicto armado interno, entre otros factores, fueron concentrándose en una sola categoría y un sistémico problema: la cuestión agraria.
El mismo Informe de Desarrollo Humano define así los rasgos del modelo de desarrollo rural: “No promueve el desarrollo humano y hace más vulnerada a la población rural. Es inequitativo y no favorece la convergencia. Invisibiliza las diferencias de género y discrimina a las mujeres. Es excluyente. No promueve la sostenibilidad. Concentra la propiedad rural y crea condiciones para el surgimiento de conflictos. Es poco democrático y no afianza la institucionalidad rural”[2].
Insiste el Informe en que “el actual modelo no está orientado a ampliar el desarrollo humano de los pobladores rurales. Por el contrario, obstáculos estructurales como la inequidad en los beneficios de la modernización; la concentración de la propiedad y la generación de conflictos por la tierra y el control del territorio; la exclusión de sus habitantes del crecimiento y desarrollo sectorial; y la ausencia de condiciones políticas apropiadas que les permitan acceder de manera democrática a los procesos de toma de decisiones públicas, impiden fortalecer sus capacidades, ampliar las opciones para definir y enriquecer sus proyectos de vida, estimular procesos de empoderamiento y afianzar sus libertades políticas y económicas. Todos estos obstáculos al desarrollo crean condiciones para la violación de los derechos humanos de los habitantes del campo”.
La descripción no sólo resulta clara y precisa y acorde con las realidades que afrontan los sectores rurales de Colombia, sino que puede tornarse fatalista, en especial ante la inercia de un conflicto armado que amplía y escala los problemas y los viejos conflictos agrarios y por supuesto, porque la debilidad y la precariedad del Estado se mantiene, así como la debilidad de las instituciones sociales.
Para enfrentar el fatalismo que genera la lectura de lo descrito en el Informe de Desarrollo Humano, el propio Director Académico del Informe, Absalón Machado propone una reforma rural transformadora… que concibe el desarrollo rural en función del territorio, centra la atención en los pobladores más excluidos y vulnerados y exige cambios en el modelo económico. Es categórica en rescatar el liderazgo sustantivo del Estado y en advertir que no es posible si no se erradican de raíz factores estructurales como la concentración de la propiedad rural, la pobreza y la miseria, y un orden social y político injusto y excluyente… En últimas, hay esperanza si el país es capaz de: aceptar como condición necesaria que haya más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado. Tomar nota del cambio climático, la inseguridad alimentaria, la escasez de energía, la degradación y desaparición de fuentes hídricas, los fenómenos naturales y las intervenciones humanas inadecuadas. Exigir que el Estado sea garante e imparcial en el proceso de transformación del sector rural, esto es que anteponga el interés general sobre el particular… [3][4].
Se espera que la Academia recoja este trabajo y reproduzca sus hallazgos para generar estadios de opinión pública divergentes al unanimismo que el propio gobierno de Santos viene aupando y generando con su proyecto político de la Unidad Nacional y con los objetivos incontrastables de sus locomotoras del desarrollo que avanzan sin control y que con seguridad mantendrán en crisis el sector rural.
[1] Machado, Absalón. Colombia rural: modernización con orden social injusto y fracaso del modelo de desarrollo. Introducción. En: PNUD. 2011. Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Bogotá: INDH PNUD, septiembre.
[2] Ibid. PNUD. 2011. Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Bogotá: INDH PNUD. p. 33.
[3] Tesis contraria a la propuesta por el Presidente Juan Manuel Santos, que en su propuesta de Plan Nacional de Desarrollo señala: “…el objetivo es establecer un gobierno de Tercera Vía que se resume en un principio fundamental: el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. p. 2.
[4] Ibid. PNUD. 2011. Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Bogotá: INDH PNUD. p. 18.
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