Por
Germán Ayala Osorio, comunicador social
y politólogo
La
refrendación de lo acordado en La Habana entre los negociadores del Gobierno y
de las Farc es y será un asunto trascendental para la finalización del
conflicto, la definitiva dejación de armas por parte de las Farc, así como para
garantizar que haya una eficaz y efectiva justicia transicional y en esa
medida, avanzar hacia una complicada
etapa de posconflicto.
Hay
dos caminos para la refrendación: uno, la aprobación en el Congreso elegido el
9 de marzo de 2014[1],
de marcos legales que con el carácter de leyes estatutarias, aseguren en el
tiempo el respeto por lo acordado en materia de penas alternativas para la
cúpula fariana y su participación en la vida política y democrática del país,
así como para la ejecución de las políticas públicas sobre las cuales se
soportará la Reforma Agraria Integral y los otros puntos de lo acordado entre
las partes, sobre la base de los seis puntos de la Agenda de Paz. Y el segundo camino, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
El primer camino no convence del todo a las Farc porque personajes como el Procurador
Ordóñez y otros más, se encargarán no sólo de demandar dicho marcos jurídicos ante
las Altas Cortes y ante organismos internacionales, si es el caso, sino de
promover, con el apoyo de poderosos sectores económicos, políticos, sociales y
militares, el desconocimiento de lo acordado, desde la perspectiva política que
acompaña la firma de tratados de paz y armisticios.
Por
el contrario, las Farc proponen y exigen que el camino más seguro es la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con el fin de que lo acordado en La
Habana alcance un nivel y un carácter constitucional, lo que supone un
inexpugnable blindaje que guarda coincidencia con la rigidez que debe
asegurarse a la Carta Política resultante de esa convocatoria a una Asamblea
Nacional Constituyente.
Pero
ese camino, en las actuales circunstancias que vive el país y las que arrastra
la joven y vigente Constitución Política es peligroso e inconveniente pensar en
una ANC. Varias circunstancias y hechos permiten pensar así. En primer lugar,
un llamado a una ANC terminaría por reconocer que el pacto de paz y el nuevo
contrato social firmados en 1991 fracasaron por la poca voluntad de las fuerzas
y actores que participaron del diseño constitucional.
En
segundo lugar, derogar una constitución liberal y garantista como la de 1991
abre la posibilidad, por las características del Congreso elegido el 9 de marzo
de 2014, la fuerte polarización política que hoy existe y el creciente malestar
político y social que se viene consolidando de tiempo atrás, para que sectores
neoconservadores y los eternos enemigos del espíritu de la vigente Carta
Política, logren regresarnos al entorno político, social y cultural que generó
y en el que se aplicó la Constitución de 1886, hecha a la medida de sectores de
poder que creen a pie juntillas en el Estado de Derecho, en el que importa,
sobre todos los ámbitos y circunstancias, el imperio de la ley.
Se
trata de esos mismos sectores que aún sueñan con el Estado de Sitio, como
condición natural para controlar, pacificar y violentar a una sociedad que
deambula sin referentes legítimos de orden y que exhibe graves dificultades en
sus procesos civilizatorios[2].
En
tercer lugar, un llamado a una ANC terminaría por quitarle el sentido histórico
y estructural con el que debe entenderse y comprenderse una convocatoria de esa
magnitud. El cambio no podría ser más desalentador e inconveniente: esa nueva Asamblea
Nacional Constituyente tendría un sentido meramente coyuntural[3], que
animaría en lo consecutivo a aquellos sectores molestos con el nuevo marco
constitucional, para pensar nuevas coyunturas y por ese camino, generar
animadversión hacia el nuevo orden y pacto de paz, hasta el punto de motivar su
desmonte por la vía de un nuevo llamado a una Asamblea Constituyente.
En
cuarto lugar, derogar la Carta Política de 1991, sin haber alcanzado la
consolidación del Estado Social de Derecho y la generación de una cultura
política y democrática en todos los niveles de la sociedad colombiana y sobre
todo sin haber solucionado problemas como el empobrecido capital social de
millones de colombianos, es un riesgo que el país no puede correr.
Dado
lo anterior, la salida estaría en el llamamiento a una Asamblea Nacional
limitada o circunscrita a temas específicos, como lo planteó hace un tiempo
Rodrigo Uprimmy. El profesor Uprimny señaló: “…Otra posibilidad es una asamblea
constituyente, pero no soberana, sino para temas específicos. Y eso es posible
pues la Constitución establece que la ciudadanía aprueba la convocación de una
constituyente, pero con base en una ley que define su “competencia, período y
composición”. Una asamblea con competencia limitada no pondría en riesgo los
avances de la Constitución de 1991; y al definirse su composición, podría
permitirse una mejor participación de grupos minoritarios, como las víctimas y
los grupos étnicos. Es pues una opción a explorar, pero que también tiene
peligros, pues una vez convocada podría querer transformarse en una asamblea
soberana…Debemos pues empezar a debatir cómo refrendar un eventual acuerdo de
paz”[4].
Al tiempo que se piensa en una ANC limitada, es urgente y necesario que las élites y de la dirigencia
política y económica del país, reconozcan los errores que han cometido al
capturar el Estado para sus particulares y mezquinos intereses. Ese sería un
buen comienzo para hacer viable a este país.
Imagen tomada de elespectador.com
[1] Congreso en el que tienen asientos
sectores conservadores, a los que les molesta el espíritu garantista y liberal
de la Carta Política vigente en Colombia.
[3]
Motivado por la firma de la paz con un grupo armado al que diversos sectores
consideran como terroristas, lo que a futuro podría generar una fuerte
animadversión contra lo acordado y refrendado.
[4] Véase ¿Cómo refrendar la paz? http://www.elespectador.com/opinion/columna-426654-refrendar-paz
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