Por Germán Ayala
Osorio, Columna EL PUEBLO. http://elpueblo.com.co/el-avatar-que-se-instalo-en-colombia-paz-de-ariporo/
El desastre
ambiental registrado en Paz de Ariporo no sólo es la expresión de un modelo de
desarrollo profundamente insostenible, sino que exhibe, una vez más, la
arrogancia de un ser humano que, ubicado en lo más alto de la cadena trófica,
continúa diciendo qué especie vegetal o animal puede continuar viviendo.
Arrogancia
humana que para el caso colombiano se torna incomparable e incontrolable,
porque deviene en el incumplimiento de las más mínimas consideraciones éticas y
de responsabilidad política y ambiental de un Estado y de una sociedad,
instalados en un territorio en donde florece una invaluable biodiversidad
natural y por supuesto, recursos del subsuelo.
La muerte lenta
de chigüiros, cocodrilos y tortugas, entre otros animales y la de especies
vegetales, no es efecto solamente del cambio climático, como se ha querido
presentar, eludiendo la responsabilidad que le compete, en primera instancia al
Estado, que en materia ambiental ha resultado ser débil e incapaz de ordenar
los usos del suelo, dado que a través de
una función pública hincada al poder de petroleras, ganaderos, empresas agroindustriales y otros grupos de
interés, permite que presenciemos el penoso espectáculo de la muerte y la
afectación quizás irreversible, de valiosos ecosistemas naturales. En especial,
la tala del piedemonte llanero.
Resulta lamentable
que la propia Ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible no haya sido
capaz de señalar como posibles responsables a las petroleras y a otros actores
por los procesos productivos allí adelantados, cuando ya organizaciones
ambientales nacionales e internacionales que controlan tales procesos
productivos, han expresado que las petroleras en los Llanos orientales
colombianos desvían los cursos de los
ríos para sus beneficios corporativos, alterando los ecosistemas naturales. Es
tal el nivel de captura del Estado, por parte de empresarios del campo, que la
funcionaria apenas si logró recordarles a las empresas privadas los compromisos
adquiridos de llevar agua a los moribundos animales.
De igual manera,
lo sucedido en esa zona del Casanare es responsabilidad de actores
empresariales guiados por el afán de lucro y la irresponsabilidad social y
ambiental frente a una sociedad que
desconoce el valor ambiental, ecológico y turístico de vastas zonas del
país, hoy en manos y a merced de una descontrolada locomotora minero-energética puesta en marcha
por el actual Gobierno, en cabeza del hoy Presidente-candidato, Juan Manuel
Santos Calderón.
No alcanzan las
prácticas de greenwash de las petroleras y de empresas agroindustriales asentadas
en la zona de la tragedia ambiental, para encubrir lo que sin duda es una clara
muestra de un modelo de desarrollo extractivo que se aplica y se ejecuta con la
anuencia del Gobierno Nacional, del
Ministerio del Medio Ambiente, de la Alcaldía de Paz de Ariporo y de la
Gobernación del Casanare, ente otras instituciones que por acción u omisión
deberían asumir la responsabilidad política, administrativa y penal de lo que claramente es una muestra de
desgobierno, falta de control y total incapacidad para diseñar planes de
mitigación y reparación de ecosistemas que vienen, de tiempo atrás, soportando dañinas
actividades antrópicas.
La Fiscalía
General de la Nación, a través de la Unidad contra Delitos Ambientales, decidió
indagar de manera preliminar qué responsabilidad les cabe tanto a los
funcionarios del Estado, como a las empresas que operan en inmediaciones del
desastre, en la muerte de más de 20 mil animales. Especies estas que de manera
desesperada buscaban y buscan aún cuerpos de agua para guarecerse de un verano
que se torna inclemente por las condiciones que impone el Cambio Climático,
fenómeno en el ya se amparan los funcionarios públicos y los grupos de interés
privado, para zafarse de la responsabilidad que muy seguramente tienen en la
muerte de los animales y de la transformación del ecosistema que los acogía.
Llama la
atención el silencio de la Contraloría y de la Procuraduría, en especial del
Jefe del Ministerio Público, preocupado más por perseguir a mujeres que defienden
su derecho a interrumpir un embarazo, en las condiciones que la Corte
Constitucional autorizó, y a los miembros de la comunidad LGTBI, y a
funcionarios públicos antagónicos a su ideario político. En dónde quedaron las Procuradurías
Delegadas para Asuntos Ambientales y Agrarios. En fin, lo que queda claro es que no hay un Estado
capaz de hacer cumplir la legislación ambiental, en especial los
principios consagrados en la Ley 99 de 1993.
Ahora bien, no
podemos quedarnos en los estados de exaltación y de gran sensibilidad que
generaron las imágenes de chigüiros agonizantes que circularon por los medios
masivos y las redes sociales. La sociedad colombiana debe saber que a lo largo
y ancho del país se vienen generando impactos ambientales negativos por cuenta
de la megaminería, la explotación de carbón y madera y en general, por la
ejecución de un modelo extractivo que va llevando a que la Nación vea por
televisión y las redes sociales, manifestaciones claras del avatar al que las administraciones de Uribe y Santos
están condenando a vivir a especies vegetales y animales, y por supuesto, a los
seres humanos que sobreviven en el Chocó Biogeográfico y los Llanos orientales,
entre otras zonas.
Como en la película Avatar, la vida agoniza en selvas,
manglares y llanuras, por cuenta de una sociedad urbanizada que mira con desdén
la biodiversidad que esconden estos y otros ecosistemas.
Tomada de noticiasrcn.com
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