TORIBÍO, MUNICIPIO SITIADO POR LOS GUERREROS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Los constantes ataques de las Farc contra la población en el Cauca hacen parte de una estrategia político-militar de esa agrupación armada ilegal, con claros efectos negativos no sólo para el gobierno de Santos que insiste en decir que todo está bajo control, sino para la vida de indígenas, campesinos y comerciantes que viven en el casco urbano del municipio de Toribío, varias veces atacado por los farianos.

Lo que viene sucediendo expresa con claridad que la estrategia militar y policial puesta en marcha por el Estado y el gobierno de Santos no sólo es débil, sino equivocada.

Por razones geográficas, políticas, humanitarias y culturales la fuerza policial, acantonada en Toribío, debe salir de dicho territorio. El empleo de francotiradores y ‘tatucos’, por parte de las Farc, pone en riesgo la vida de civiles que viven y transitan cerca de la estación de Policía. Es deber del Estado brindar seguridad y asegurar la vida de los civiles.

Es curioso que los policías en las estaciones de Policía de grandes, medianas y pequeñas ciudades, así como pueblos como el de Toribío, cierren vías, pongan obstáculos de todo tipo y construyan barricadas, entre otros, para protegerse, mientras que los ciudadanos deben arreglársela solos para sobrevivir en medio de la inseguridad. Si es así, y la Policía se convierte en un riesgo para la vida de los ciudadanos, porque es fácil blanco de una fuerza enemiga y esa fuerza no ha podido ser erradicada o vencida en los campos de batalla, entonces, la fuerza estatal debe retirarse.

De tiempo atrás los indígenas Nasa vienen exigiendo el retiro de la Policía y en general del ejército de sus territorios. Pedido que no ha sido escuchado por el Estado y por sucesivos gobiernos, amparados en un discutible principio de soberanía que se traduce en expresiones como aquella que señala que no hay, ni debe haber territorios vedados para la fuerza pública. 

Insistir en que el Estado colombiano gana en soberanía y legitimidad al mantener sus fuerzas armadas en cascos urbanos que geográficamente ofrecen desventajas operativas en el momento de enfrentar a un enemigo al que poco le importa producir daños colaterales en su afán por golpear a las fuerzas estatales, es asegurar la muerte de civiles, así como procesos de desplazamiento forzoso por los cruentos que suelen ser dichos ataques.

Además, la presencia de la fuerza pública suele servir, con el propósito de brindar seguridad y ganar en soberanía, para desconocer la legitimidad de organizaciones sociales, comunidades de paz y para el caso del Cauca, el proyecto de vida de las comunidades indígenas que tienen una visión del mundo en la que el uso de las armas no hace parte sustantiva de sus imaginarios de vida colectiva.

Ante los tozudos hechos de los últimos días sucedidos en Toribío en donde claramente se expresa la debilidad del Estado y de su fuerza pública para asegurar la vida de la población civil, el gobierno de Santos debería de escuchar las demandas de las organizaciones sociales, comunitarias e indígenas que vienen solicitando el retiro de la Policía del casco urbano de Toribío, que a todas luces es el primer generador de miedo entre los habitantes de dicho municipio, ante la insistencia de las Farc por golpearlos militarmente. Lo que debería de ser un símbolo de seguridad, se convierte en principal causa del terror, miedo e incertidumbre.

La imagen registrada por varios medios masivos en la que se aprecia a un importante número de habitantes desmontando las trincheras de la estación de Policía asentada dentro del caso urbano de Toribío, debe entenderse no como una reacción desesperada de indígenas y campesinos ante el riesgo que significa quedar en medio del fuego cruzado de dos fuerzas enemigas enfrentadas, sino como un acto simbólico de abierto rechazo a la presencia de los actores armados que de tiempo atrás vienen sembrando muerte, zozobra y miedo entre la población civil.

Creo que es hora de que los indígenas, en convivencia con otros sectores sociales, se autogobiernen y propongan mecanismos propios que brinden no sólo seguridad a sus miembros, sino el desarrollo armónico de actividades económicas dentro del marco legal y constitucional. Y para ello, deberán no sólo dialogar con las Farc para lograr que respeten los territorios indígenas, sino con narcotraficantes y empresas mineras que vienen apropiándose de vastas zonas cobijadas bajo la jurisdicción de cabildos o en sus inmediaciones, con claros impactos socio ambientales y culturales.

Y en ese proceso de afianzamiento de una opción de vida distinta, sería importante contar con el concurso de la Academia, grupos de intelectuales y de otras organizaciones de la sociedad civil en aras de apoyar al movimiento indígena en la construcción de lazos de solidaridad y de nuevas formas de construir sociedad, alejados del uso de la fuerza y de las acciones violentas.

La guardia indígena puede ejercer control estratégico sobre los territorios, tal y como ya lo han propuesto los líderes indígenas. Basta, entonces, que el gobierno de Santos reconozca que hay zonas, como en el norte del Cauca, en donde hay organizaciones sociales con toda la legitimidad necesaria para enfrentar, con la palabra y acciones colectivas pacíficas, a los grupos al margen de la ley que buscan construir santuarios para sus actividades ilegales. No se trata de desconocer la constitución y las leyes, y menos la autoridad del Estado.

De lo que se trata es de modificar sustancialmente las maneras en las que el Estado se comunica con sus asociados. La presencia armada del Estado no garantiza confianza, seguridad y la paz en pueblos y veredas. Hay que explorar otras formas y caminos que aseguren relaciones respetuosas entre el Estado y grupos de ciudadanos que históricamente han demostrado capacidad y suficiente coraje para enfrentar a enemigos, legales e ilegales, que buscan erosionar sus formas de vida y su cosmovisión.

La histórica problemática de orden público en el Cauca obedece al desinterés de esas perversas y premodernas élites (hacendados y políticos) que buscan que los territorios de indígenas y campesinos sean permanentemente ocupados y golpeados simbólicamente por Farc, empresas mineras y narcos, para lograr el desplazamiento de éstos, su desarticulación social y en general, para su eliminación cultural, simbólica y física. Hay mucho en juego en el Cauca y los indígenas y los demás lo saben. Por eso, el histórico descuido no es gratuito, obedece a la confluencia de disímiles intereses con el claro objetivo de sacar y matar a los indígenas de estratégicos territorios en donde hay agua, minerales y biodiversidad.

Nota: cuando aludo a los guerreros hago referencia a farianos, paras y militares, sin el sentido heroico que tradicionalmente se le ha reconocido a quienes se dicen llamar Guerreros.