EL PAÍS QUE HAY DETRÁS DEL PROCURADOR ORDÓÑEZ

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado es un ladino personaje que llegó al Estado no sólo para lucrarse y beneficiarse de la función pública, sino para, desde un cargo de poder, como el que ostenta, dar rienda suelta a sus convicciones morales y religiosas.

Lo que ha hecho el actual Procurador General de la Nación es convertir la función pública en una especie de cruzada ideológica con la que pretende excluir, perseguir y macartizar a quienes de manera abierta contradicen su fundamentalismo religioso.

Las creencias de Alejandro Ordóñez no son el problema de fondo, en la medida en que él como ciudadano común y corriente tiene el derecho y la libertad de pensar y opinar como bien lo decida. El punto es que él, como máxima autoridad del Ministerio Público, ejerce un rol en el que sus convicciones morales y religiosas van en contravía no sólo del espíritu de la Carta Política en materia de derechos y libertades, de los propios desarrollos constitucionales logrados y expresados a través de los fallos de la Corte Constitucional, sino en contra de realidades contextuales que no se pueden ocultar.

Desconoce el Procurador que el concepto de familia, en la práctica, hace rato que no concuerda con la idea de familia que la Carta Política expresa. De igual manera, desecha los artículos 13, 16, 18 y 19, entre otros, de la misma Carta Magna.

Al ubicarse en un lejano pasado, en un país que ya no existe, Ordóñez convirtió el edificio y la institucionalidad del Ministerio Público, en un púlpito desde donde da rienda suelta a sus miedos,  a sus atormentadas formas de asumir la vida en sociedad y de asumirse como hombre, sostenida esa condición en una masculinidad enferma en la que quizás oculta una profunda misoginia.

De esta forma, resulta contradictorio, perjudicial y contraproducente que a dicho cargo logre llegar una persona que desestima los autos de la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con la despenalización del aborto en las tres circunstancias ya conocidas. Su carácter confesional y sus posturas proclives a mantener históricas condiciones de inequidad de género y de franco sometimiento de las mujeres a la cultura dominante (machista) son, quizás, el mayor impedimento ético-político para que la entidad que preside pueda cumplir con las funciones que la Constitución le dicta en el artículo 277, que dice así: “Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo. Defender los derechos de la sociedad. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente…”.

Conminado a rectificar por la Corte Constitucional, el proto cura que hoy busca reelegirse, en contubernio con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de desprestigiados congresistas, busca que su próximo cuatrienio al frente del Ministerio Público, sirva de base ideológica a los partidos políticos tradicionales y a los sectores godos de la sociedad colombiana, en su afán de regresar al país a los escenarios constitucionales de 1886.

Reelegido o no, o que cumpla a medias o no el fallo de la Corte Constitucional, lo que realmente debe alarmar es la combinación de formas de lucha a las que apela la derecha, la godarria, la iglesia Católica y los alfiles de la cultura machista dominante, para lograr mantener un Establecimiento y un régimen de poder en el que no caben las mujeres, los homosexuales y el libre pensamiento.

Eso es lo realmente grave, pues como Ordóñez hay cientos de miles que hacen cola para llegar al servicio público para modificar, desde instancias de poder, la orientación y las obligaciones que tiene un Estado Social de derecho en ciernes. Así, lo que debemos hacer es revisar, reconocer y descifrar muy bien el tipo de país que está detrás del ladino personaje.