ORDÓÑEZ MALDONADO, EL REGENERADOR

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Alejandro Ordóñez Maldonado es hoy, sin duda, el mayor y fuerte obstáculo ideológico, político y cultural que enfrenta la sociedad colombiana, en las posibilidades sociales y culturales que hoy se dan para avanzar hacia el logro de un orden social más justo, liberal y respetuoso de las diferencias, del pensamiento divergente.

El hoy reelegido Procurador General de la Nación convirtió el Ministerio Público en una trinchera moral desde donde dispara envenenados dardos contra la comunidad LGTBI y en general, contra las libertades ciudadanas. No sólo se opone a la eutanasia, al aborto, a la píldora del día después, al matrimonio gay, sino  a la posibilidad de que familias compuestas por ciudadanos del mismo sexo puedan adoptar; de igual manera, se opone a las jurisprudencias que en estas y otras materias la Corte Constitucional ha desarrollado y propuesto, con la visión de poner el país a la vanguardia de naciones que respetan las opciones, las determinaciones y las libertades ciudadanas, soportadas en la legítima búsqueda de la felicidad individual.

Las opiniones, la ideología y los miedos que bien quiera expresar, tener y mantener el señor Alejandro Ordóñez Maldonado son respetables en su condición de ciudadano, más no en su condición de funcionario público y menos aceptable aún, como Jefe del Ministerio Público,  ente que se espera sea garante del respeto y la promoción de los derechos humanos.

Ordóñez Maldonado, desde el poder clientelar y político que ha logrado consolidar dentro de la Procuraduría General de la Nación, va en contravía de los alcances de los fallos, así como de los  avances jurídicos, políticos y culturales propuestos y logrados por la Corte Constitucional. Fallos en derecho que tienen un arraigo social y cultural que no se puede desconocer, dado que en la vida cotidiana, en las múltiples realidades y contextos de este país, existen no sólo los homosexuales que exigen respeto e igualdad, sino quienes creen profundamente en que la vida debe darse en condiciones de dignidad y que ante una enfermedad terminal, la eutanasia aparece como una posibilidad legítima de acabar con el sufrimiento de un ser humano.

Estamos, entonces, ante un ejercicio ideológico, político y jurídico que de manera frontal se opone a principios constitucionales consagrados en la Carta Política y especialmente, desconoce y ataca circunstancias y realidades humanas, sociales y culturales de un país con graves fallas en sus procesos civilizatorios.

Igualmente, estamos ante una grave contradicción dentro del Estado, producto de una débil institucionalidad, de la inexistencia de una ideología de Estado con la cual guiar los destinos de un Estado Social de Derecho, tal y como está proclamado en la Constitución. Y la responsabilidad de esa contradicción recae en los partidos políticos, en la sociedad civil, en los políticos y en sucesivos gobiernos.  Y es así porque los partidos cada vez más actúan como maquinarias electorales y no como mediadores y soportes ideológicos capaces de tender puentes de diálogo y comunicación entre el Estado y la sociedad civil.

Huelga decir que tanto los partidos políticos como la sociedad civil son responsables directos de la posibilidad de que al Estado lleguen personajes como Ordóñez, con una ideología retardataria y  abiertamente contradictoria a la que sugieren varios principios y derechos estipulados en la Carta Política. Por la fragmentación y sus problemas para erigirse como un factor de control político, social y cultural de Gobiernos que de forma discrecional manejan los asuntos de Estado, la sociedad civil también aporta a que hoy esté al frente de la Procuraduría el ladino Ordóñez Maldonado.

Hasta tanto no haya un proyecto político común entre sectores de poder político, social y económico, encaminado a llevar al país hacia estadios de respeto, solidaridad, igualdad y de no discriminación por razones étnicas, religiosas, políticas, sexuales y de opinión, entre otros, funcionarios públicos como Ordóñez seguirán erigiéndose como inquisidores, con el riesgo de seguir las ideas de regenadores como Miguel Antonio Caro.

La sociedad colombiana, con toda su diversidad cultural y sus problemas para entronizar prácticas civilizatorias, viene actuando con los referentes éticos y morales de instituciones como la Iglesia Católica y desde aquellos que se reproducen en espacios privados (familia) en donde el discurso machista es un referente incontrastable de orden y de democracia. Machismo que deviene en un discurso patriarcal que históricamente ha logrado no sólo someter a la mujer, sino descalificar a todas aquellas orientaciones, decisiones y posibilidades de vida que no acepten la homogeneidad propuesta.

Una sociedad y un Estado profundamente premodernos, comunidades enteras y millones de colombianos con una baja cultura política, han posibilitado la construcción de un orden social violento, discriminatorio, estigmatizador y clasista, así como la consolidación de prácticas culturales que resultan atávicas cuando, por ejemplo, aparecen nuevas identidades que reclaman un lugar en la sociedad.

De esta manera, las recientes actuaciones de Ordóñez y la empresa que lanzó para llevar al Congreso una iniciativa que detenga los avances logrados en materia de igualdad de derechos en lo que toca a las parejas homosexuales, deberían de llamar la atención de sectores liberales y progresistas de la sociedad, del mismo Congreso y del Gobierno de Santos, para oponerse a las propuestas del Procurador y de aquellos que lo acompañan en su cruzada ideológica.

Hay efectivamente un riesgo cultural, ideológico y jurídico-político que encarna Ordóñez. Riesgo que se puede materializar en el momento en que su ideología encuentre eco en un candidato a la presidencia que recoja el pensamiento del Procurador. Presidente o Mesías que podría llevar a este país por caminos que conducen hacia un Estado autoritario, conservador y clerical, justo como lo sueña el jefe del Ministerio Público.