Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La entrega de información privilegiada sobre movimientos militares y las coordenadas para facilitar el traslado de jefes farianos hacia Cuba, al ex presidente Uribe Vélez, expresa que dentro del ejército y posiblemente, dentro de las fuerzas armadas, hay sectores que no comulgan con la política de seguridad de Santos, pero en especial, que no lo acompañan en el proceso de paz que adelanta con la cúpula de las Farc. De igual manera, se puede colegir que hay sectores castrenses que de forma deliberada siguen instrucciones y órdenes de Uribe Vélez, o mantienen simpatías ideológicas con el ex mandatario, con las que justificarían filtrar este tipo de información clasificada y privilegiada.
Más allá de la investigación que ya se anuncia, el Presidente Santos debería de tomar precauciones y decisiones sobre este hecho, para saber si cuenta con el total respaldo de las Fuerzas Armadas, de cara a los comicios de 2014. Si es necesario, llamar a calificar servicios a quienes abiertamente dan muestras de no aceptar el mando del Presidente.
El asunto no sólo es grave, sino que es muy diciente sobre el papel que los militares quieren realmente jugar no sólo frente a los actuales diálogos de paz, sino de cara al futuro, en especial ante la posibilidad de generar y sostener posibles escenarios de posconflicto, si del proceso de paz que avanza en La Habana salen acuerdos entre las partes negociadoras.
Como actor político, las fuerzas armadas colombianas tienen un gran peso sobre las decisiones que el Ejecutivo toma frente a cómo asumir el enfrentamiento de las guerrillas. Es tal el poder alcanzado, que podemos decir que hoy subsiste en el país una fuerte y decidida burocracia militar que tiene incidencia en escenarios electorales y en general, en las decisiones políticas que se toman desde la Casa de Nariño.
Baste acordarse de la campaña presidencial de 2010 en la que Antanas Mockus fungió como candidato, para recordar la invitación a no votar por este candidato que se hizo en redes sociales y otros medios, sobre la base de un rumor que señalaba que Mockus, una vez en la presidencia, desmontaría privilegios e incluso, que disminuiría el número de efectivos en todas las fuerzas.
Dentro de sectores sociales, las Fuerzas Armadas cuentan con un relativo respaldo. Total respaldo les brindan sectores de derecha y de ultraderecha, que se benefician directamente de la presencia de efectivos de la policía, ejército y de otras fuerzas, bien porque cuidan infraestructura y bienes de empresarios y de industriales ricos. De otro lado, hay otros sectores sociales que si bien reconocen los sacrificios que los miembros de las Fuerzas Armadas hacen en su lucha contra la subversión, no respaldan violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como los mal llamados ‘falsos positivos’.
La sumisión al poder civil por parte de los uniformados parece no ser total, a juzgar no sólo por la filtración de las señaladas coordenadas, sino por los valores y principios que pudo entronizar durante ocho años el entonces Presidente Uribe. No olvidemos que AUV mantuvo una relación íntima y privada con sectores del ejército, especialmente, construida sobre la base del desmonte de la institucionalidad, lo que permitió el surgimiento de una dependencia patrón-cuerpo armado, que le hizo daño tanto a la institucionalidad castrense, como a las instituciones allí comprometidas.
Puede Colombia estar asistiendo a una situación impensable para muchos, pero posible de cara a la posibilidad de avanzar hacia la finalización de la guerra con la guerrilla de las Farc: que no haya unidad de mando en las Fuerzas Armadas. Sería gravísimo que ello pasara, en especial por las obligadas reformas que deberán producirse dentro de las instituciones armadas, una vez se logre la desmovilización de las Farc y más adelante, si es posible, de la del ELN.
Es claro que si no hay guerra interna, el papel de las Fuerzas Armadas cambiará radicalmente, así como el número de efectivos, por cuanto ya no habría enemigos a derrotar. Justo allí puede haber resistencias de grupos de poder dentro del cuerpo castrense, a raíz del desmonte de privilegios laborales y pensionales que se exigirán una vez se logre la paz con estos grupos armados ilegales.
Es posible también que la desbandada de oficiales, suboficiales y soldados profesionales para enlistarse en el ejército de los Emiratos Árabes sea una circunstancia que vaya en detrimento de la obediencia debida que los militares deben guardar hacia el Presidente, como máximo comandante y responsable del orden público en el territorio nacional.
En este aspecto, Santos promueve la firma de una especie de acuerdo con el gobierno de los Emiratos Árabes que evite el desmantelamiento de unidades operativas en las fuerzas armadas, lo que puede estar generando algún tipo de malestar dentro de miembros activos del ejército, especialmente, quienes ven una gran oportunidad económica en el servir en dicho ejército.
A lo anterior se suman las siempre odiadas investigaciones y condenas a oficiales, suboficiales y soldados por los llamados ‘falsos positivos’ (crímenes de Estado), y en general, por errores cometidos en operaciones delicadas en las que se pierden vidas, pero también armamento.
Así las cosas, hay que mirar muy bien el papel que las Fuerzas Armadas están hoy jugando de cara al desarrollo del proceso de paz, pero también, de cara a los comicios de 2014. Santos tendrá que mostrar firmeza, pero especial tacto, sin caer en el tipo de relación que construyó su antecesor. Por sus orígenes de clase y sus ideas políticas, Santos cree en los mecanismos legales y en la institucionalidad, contrario a lo que piensa Uribe.
El largo conflicto colombiano ha dejado no sólo muertos y millonarios recursos perdidos en una guerra fratricida, sino que ha permitido elevar al estatus de actor político a unas fuerzas armadas que en cualquier momento pueden caer en la tentación de deliberar y actuar directamente tanto en escenarios electorales, como en la conducción de asuntos del Estado. Y ya en ese escenario, Colombia asistiría a una democracia uniformada, con todos los riesgos que ello conlleva.
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