Por
Germán Ayala Osorio, comunicador social
y politólogo
Que
la Sala de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Medellín, decida compulsar
copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para que
investigue los posible nexos del ex presidente, Álvaro Uribe Vélez, con
paramilitares, vuelve a poner en el ojo del huracán a quien llegó a la Casa de
Nariño, con el apoyo de millones de colombianos que lo llevaron a la Presidencia
no para que gobernara en pro de la consolidación de un proyecto de nación
incluyente, sino para que mandara sobre una gran extensión de territorio, en
pro de su propio beneficio y el de una reducida élite.
Ante
la decisión jurídico-política, respaldada por los magistrados Rubén Darío
Pinilla Cogollo y María Consuelo Rincón Jaramillo, el ex Presidente salió a
defender su vida pública. Y para ello, contó con el respaldo de varios medios
que abrieron sus micrófonos para que nuevamente el ex mandatario desconociera y
por conducto de su prestigioso abogado, amenazara con demandar por prevaricato
al magistrado Pinilla, no sólo por la ponencia misma, sino por un comentario
que al parecer hizo en la lectura de la misma.
Pero
más allá del nuevo rifirrafe de Uribe con la justicia y del importante hecho
jurídico, hay que decir que son varios los ex paramilitares que señalan que el
ex presidente Uribe respaldó su causa y apoyó las acciones de las llamadas
Autodefensas Unidas de Colombia. Baste con recordar al ex paramilitar, Pablo
Hernán Sierra, cuando señaló “que Uribe es
igual de bandido a mí”[1],
para imaginar la dimensión de las acusaciones y el complejo escenario político
y jurídico sobre el cual se espera que proceda la Comisión de Acusaciones de la
Cámara de Representantes para investigar a AUV. Ante la complejidad del hecho
jurídico y político, los integrantes de la Comisión de Acusaciones siguen
guardando silencio.
Así
entonces, es posible que la justicia colombiana jamás logre demostrar que
efectivamente el ex gobernador de Antioquia y ex presidente de la República,
Álvaro Uribe Vélez, aupó y estableció relaciones con jefes paramilitares y
coadyuvó, políticamente, a la consolidación de la empresa criminal más exitosa
de los últimos años en Colombia: el paramilitarismo.
Es
más, es posible también que nos quedemos esperando que la CPI lo procese ante
el evidente silencio de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de
Representantes para investigarlo y procesarlo, si es el caso, por
paramilitarismo y por la responsabilidad directa o indirecta que pueda tener en
la sistemática práctica de los ‘falsos positivos’.
De
igual manera, nos quedaremos esperando que la Fiscalía General de la Nación establezca
conexiones entre lo expresado por confesos jefes paramilitares y la demostrada
cooptación paramilitar del Estado, la penetración de instituciones como el
antiguo DAS, notarías y el propio Congreso de la República, entre otras
instituciones, y el paso de AUV por la gobernación de Antioquia y por la propia
Presidencia de la República.
Nadie
puede ser condenado por guardar simpatías con el proyecto ideológico, político,
social y económico que encarnó el paramilitarismo. Pero como mínimo, se espera
que sectores sociales y en general quienes validan y aceptan el discurso
humanista, rechacen estas conductas de apoyo a un proyecto que sirvió a los
intereses de quienes desde sectores de poder económico, impusieron un modelo de
desarrollo rural que, basado en la explotación minera y el impulso de proyectos
agroindustriales, tiene como objetivo principal someter, cooptar o dado el
caso, eliminar física y culturalmente a indígenas, afrodescendientes y
campesinos.
Voceros
de varios sectores de poder político y económico dirán que ante la labilidad
del Estado, el actuar paramilitar es la expresión del cansancio ante los
desmanes de una guerrilla lumpenizada y degradada. Pero eso no es todo cierto.
Lo claro es que el paramilitarismo fue el brazo armado de sectores de derecha
que necesitaban imponer un modelo de desarrollo rural acorde con sus intereses,
fincados estos en la producción de agro combustibles y explotación de materias
primas, como oro, coltán y madera, entre otros recursos.
A
la luz de la presunción de inocencia, consagrada en la Carta Política, todo lo
dicho contra AUV se queda en meros señalamientos, hasta que no sea vencido en
un juicio justo y respetado el debido proceso. Pero más allá, lo que sí es claro es que su ética y su civilidad, socialmente
están comprometidas. Y eso, al final, debería de servir a la sociedad
colombiana para que jamás vuelva a elegir como Presidente a un político con el
talante ético, pero sobre todo, con esa masculinidad premoderna con la que
mandó en Colombia durante ocho años.
Y
en esa dirección, existen varios hechos que dejan en entredicho su ética y su
condición como demócrata. El primero de ellos, la motivación central para
hacerse con el poder político, centrada en la búsqueda de vengar la muerte de
su padre, asesinado, al parecer, a manos de la guerrilla de las Farc; y el segundo
hecho está asociado a dos expresiones con las que claramente dejó ver su
talante belicoso y profundamente contrario al funcionamiento del Estado social
de derecho: “…donde lo vea le doy en la
cara marica…” y “General, acábelos y
por cuenta mía”[2].
Que
la justicia logre demostrar o no los nexos de AUV con el paramilitarismo y su
responsabilidad en la violación de los derechos humanos durante su periodo
presidencial, es asunto que debe preocupar a quienes de manera directa interesa
develar las identidades de los actores intelectuales que están detrás de los
hechos delictivos cometidos por paramilitares y los que se perpetraron contra
la Corte Suprema de Justicia, periodistas y académicos (las llamadas ‘chuzadas’
del DAS). Pero lo que sí debería de ser una preocupación para millones de
colombianos, es que los crímenes de lesa humanidad cometidos por los
paramilitares aún no reciben la condena social (la sanción moral) que se espera
que gran parte de la sociedad colombiana exprese.
Es
claro que AUV y millones de colombianos, entre ellos empresarios y el actual
Presidente Santos, guardan simpatías y apoyan, desde la legalidad, proyectos
económicos y el modelo de desarrollo rural que el paramilitarismo ayudó a
profundizar a través de la violencia. Y eso no los convierte en paramilitares.
Eso está claro. Pero sí los convierte en claros aupadores de un proyecto de
Nación que violenta la diferencia, excluye a quienes tienen proyectos de vida
distintos a los que se promueven desde instancias de poder local, articuladas a
las lógicas de la globalización económica. Por ello, la ética, la moral y la
responsabilidad social empresarial, de quienes apoyan y buscan profundizar
dicho modelo económico, estarán siempre comprometidas.
[1] Véase el testimonio en la siguiente
URL: http://www.youtube.com/watch?v=oxSrbpuRkzY&feature=youtu.be
[2] En referencia a un general de la
Policía, a quien AUV le dio la orden de acabar con los sicarios de la Oficina de
Envigado.
3 comentarios:
Se siente un fresco ante estas acciones. Sin embrago, investigar lo obvio debe comenzar por el origen de las convivir. Ese mounstro que de manera exponencial creció y atenazó a todo aquel que se convertía dentro de un Estado monotético en términos políticos, en el enemigo a quien había que esterminar a sangre y fuego, n virtud de una ideología guerrerista hija mal nacida de la historía de vida de quien a mala hora para nuestro país, estará siempre dentro de los registros históricos de está nación que con gran facilidad olvida las afrentas que se le hacen a los derechos humanos.
Perdón y olvido. IMPUNIDAD JAMÁS.
Liliana
GRACIAS German por compartir tu reflexion
Sere muy feliz el dia que vea a Uribe ante la CPI...Yo soy optimista
Claudia
Hola
¡Buen día!
Estoy plenamente identificado con el contenido. ¡Buena esa!
Luis
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