Por Germán Ayala Osorio, comunicador
social y politólogo
Los
cambios efectuados por Santos en las carteras de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible y Agricultura, son hechos claros y suficientes para reconocer que el
Presidente quiere profundizar la crisis en el campo y por ese camino, acabar
con el campesinado y su cultura, al insistir en un modelo de desarrollo
extractivo (minería) que cada día genera conflictos socioambientales y pone la
seguridad alimentaria de los colombianos en manos de monopolios empresariales
del orden nacional o internacional.
De
cara al proceso de paz en La Habana, es posible que el sentido político y
práctico del reciente ajuste ministerial vaya en contravía de lo que hasta el
momento se acordó entre los negociadores del Gobierno y de las Farc, en lo que
hace referencia al tema agrario. Así lo aseguran varios analistas.
Pero
también es posible pensar que dichos cambios o ajustes ministeriales no desvelen
a las Farc, por cuando lo acordado hasta ahora entre las partes, en cuanto al
tema agrario, asegura una clara división territorial del país en dos grandes zonas desarrollo: de
un lado, las Zonas de Reserva Campesina y del otro lado, las Zonas de
Desarrollo Empresarial. Si lo que acordado hasta el momento, en materia agraria,
tiene esas características y alcances, entonces los recientes movimientos en el
gabinete de Santos no tendrían cómo afectar el proceso de paz de La Habana.
Por
ese camino, las Zonas de Reserva Campesina darán la oportunidad para que las
Farc desarrollen allí, dentro de los límites legales y políticos que fija el
modelo de Estado, un proyecto político y económico en el que puedan constituir
o reconstruir la base y la fuerza social que, por ejemplo, les garantice a
ellos la permanencia en el Congreso y la conquista de alcaldías y
gobernaciones. Y podrán constituir esa base social y política al recoger y
abrigar a los campesinos que resulten afectados, desplazados o expulsados por
la extensión de las zonas de explotación minera o por las que se van a dedicar
a monocultivos de palma africana y azúcar, entre otros.
Mientras
tanto, las Zonas de Desarrollo Empresarial serán el fortín económico y político
de una élite que aunque reconoce los riesgos políticos que llevaría la división
del país en esas dos grandes zonas, decidirá correrlos porque sabe que
mantendría el poder intacto sobre la forma como tiene que operar el
Establecimiento, en aras de garantizar y extender sus beneficios, y por esa vía,
mantener los niveles de cooptación del Estado, que sirven a sus intereses y
propósitos.
El futuro de las Farc
En
toda negociación siempre habrá ganadores y perdedores. Si el proceso de paz
continúa y llega a un final feliz, en lo acordado, firmado y refrendado, por
supuesto que habrá quienes ganen y quienes pierdan.
Ganarán
los líderes de las Farc que alcancen una curul en el Congreso, asegurando de esa manera una vida dentro de
la institucionalidad. Y para ello, contarán con el compromiso de los organismos
de seguridad del Estado y de la élite
política, para que sus vidas sean
respetadas. Serán cooptados por el Establecimiento. Allí quedará su lucha de 50 años.
Perderán
los mandos medios y bajos de unas Farc que de inmediato sufrirán un proceso de
atomización, que terminará con el nacimiento de grupos delincuenciales,
conformados por células disidentes y desmovilizados abandonados por el Estado y
por sus comandantes. Allí, aparecerá un inconveniente escenario de posconflicto
que afectará negativamente la seguridad y la convivencia de las Zonas de
Reserva Campesina y las Zonas de Desarrollo Empresarial. Para ello, muy
seguramente se responderá con grupos de vigilancia privada o con el uso del
poder de coerción de la fuerza pública.
Sin
duda alguna, ganará el país al poner fin a un largo conflicto armado interno.
Ello, atraerá aún más la inversión extranjera, que sin controles sociales y
políticos, ampliará las fronteras productivas de palma africana (biocombustibles)
y la minería extensiva, entre otros negocios alejados de la producción de comida. Eso sí, en materia ambiental, el país sufrirá grandes
transformaciones en sus selvas y ecosistemas frágiles, lo que muy seguramente
significará la pérdida de especies y la afectación de fuentes de agua. Muy
seguramente ese escenario ya está presente hoy en el país, por la forma irresponsable
como el Estado colombiano, gracias al debilitamiento de la institucionalidad
ambiental que se aseguró en el Gobierno de Uribe Vélez y que el gobierno de
Juan Manuel Santos se ha encargado de profundizar.
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