EL CASO PETRO, MODELO DE ESTADO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo 

El fallo sancionatorio del Procurador Ordóñez, en contra del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, traerá, sin duda, efectos políticos, jurídicos, mediáticos y electorales.

Por ahora, con dicha providencia, así como con las masivas movilizaciones sociales que lideró el sancionado alcalde y el fallo de tutela que transitoriamente frenó la orden de destitución y de inhabilidad por 15 años contra el alcalde Petro, lo que queda en evidencia es una profunda polarización política e ideológica en la que está el país, de cara al escenario electoral de 2014. Polarización política e ideológica que tiene sus orígenes en la primera administración de Uribe Vélez, que se fortaleció en la segunda y que ahora se profundiza con lo que viene sucediendo con el caso Petro.

En el fondo de dicha polarización política e ideológica subsisten ideas alrededor de las responsabilidades que tiene el Estado frente a asuntos públicos. De un lado, están quienes defienden la idea de un Estado mínimo que entrega a los privados privilegios, que poco a poco debilitan al Estado en sus funciones de control sobre monopolios privados que crecen de manera desmedida y que aceleradamente privatizan lo público.

Del otro lado, están aquellos, que como el alcalde Petro, buscan que el Estado recupere su papel interventor en el mercado y su capacidad de competir con las empresas privadas que prestan servicios públicos esenciales. Es decir, un Estado fuerte, responsable y capaz de cumplir con las obligaciones que le impone la nomenclatura constitucional Estado Social de Derecho.

Podemos decir que la polarización política e ideológica se finca sobre dos tipos de Estado: en un extremo, un Estado confesional, premoderno y mínimo, en el que creen profundamente agentes como Uribe, Santos y el Procurador, entre otros muchos más. Y que es defendido por la gran prensa bogotana; y en el otro extremo, un Estado moderno, fuerte y capaz de intervenir el mercado y competir en él, defendido por la administración Petro, por una izquierda minoritaria, así como por reducidos sectores liberales y progresistas con mínimo poder político y económico. En últimas, la discusión está en elegir entre un Estado privatizado y débil, que ofrece ayudas, o un Estado fuerte, que asume responsabilidades sociales, culturales, ambientales y políticas.

También hay consideraciones alrededor del modelo de desarrollo conveniente para un país biodiverso y unas ciudades que al crecer de manera desordenada, ponen en riesgo valiosos recursos naturales (por ejemplo, humedales) y en el mediano plazo, la prestación eficiente de servicios públicos domiciliarios. La defensa del agua y de valiosos ecosistemas es un factor que polariza a quienes como Uribe y Santos defienden una incontrastable e insostenible idea de desarrollo (locomotora minera) y a quienes como Gustavo Petro, intenta, con el nuevo POT, frenar la intervención desaforada e insostenible de los cerros orientales de la capital del país.

Hacen parte de la polarización política e ideológica temas como la defensa de los animales (prohibición de las corridas de toros), los derechos de la comunidad LGTBI y la libertad para la toma de decisiones en asuntos como el aborto y la eutanasia. No pueden quedar por fuera elementos étnicos y socioeconómicos que permiten señalar que la polarización también es entre ricos y pobres y entre una élite ‘blanca’, que actúa para mantener en la marginalidad a  mestizos, afros e indígenas. Es decir, entre una reducida élite enquistada en el Estado y unas mayorías que buscan que sus derechos consagrados en la Carta Política sean una realidad.

Digamos, entonces, que ese es el trasfondo en el que hay que entender el caso Petro, más allá de las disímiles interpretaciones jurídicas y las motivaciones políticas que aparecen en escena, alrededor del poder omnímodo que tiene el Procurador General de la Nación, para desvirtuar el poder del constituyente primario de elegir en las urnas a sus gobernantes.

Los medios como actores políticos

La polarización política e ideológica ha sido posible, entre otras circunstancias, por la actuación de los medios y los tratamientos periodístico-noticiosos que las empresas mediáticas vienen haciendo a los hechos políticos que rodean tanto las decisiones tomadas por el Procurador Ordóñez Maldonado, como las reacciones de Gustavo Petro.

Dichas empresas mediáticas actúan de tiempo atrás como actores políticos en la medida en que al estar articulados a poderes económicos, tienen una particular forma de entender el Estado y lo público y por supuesto, de ejercer el periodismo. Al seguir orientaciones económicas y al ser consecuentes con los intereses que defienden los conglomerados económicos que los sostienen como empresas, los medios masivos, y en este caso la gran prensa bogotana, aparecen como un actor político más, en la defensa de ese Estado mínimo y de la privatización de lo público.

Así entonces, la alcaldía de Petro no sólo enfrenta las posibles maquinaciones[1] de grupos de poder económico y político (empresarios de las basuras, por ejemplo), sino el poder de los medios privados. Es claro que los noticieros Noticias RCN, Caracol Noticias, CM&[2] la Noticia y los noticieros radiales Caracol[3], La FM y la W[4], seguidos por el diario EL TIEMPO, cerraron filas en torno a un modelo de Estado privatizado, cooptado y capturado por unos cuantos contratistas, circunstancia esta que beneficia a unos pocos. Y lo han hecho, apelando a un ejercicio periodístico amañado, emotivo, cargado de juicios de valor, con el claro objetivo de deslegitimar no sólo las movilizaciones sociales de apoyo al alcalde Petro, sino los recursos jurídicos utilizados para defenderse del fallo del Procurador. ¿Y qué tiene el alcalde para defenderse? Tan solo al Canal Capital, que ha hecho un ejercicio periodístico igualmente comprometido y militante, en defensa de un modelo de Estado más cercano al que consagra la Constitución Política de Colombia, y por supuesto, alejado de la idea de Estado que defiende la derecha económica y mediática de la capital del país. Y no podemos comparar el poder de penetración de los noticieros privados Noticias RCN y Caracol Noticias, con el que tiene el canal público.

Es claro, entonces, que subsiste un enfrentamiento entre el poder mediático bogotano y el poder político que encarna el alcalde Mayor de Bogotá. Y en esa medida, el  burgomaestre está en desventaja si tenemos en cuenta el poder de penetración que esos medios tienen y la capacidad de generar estados de opinión pública adversos a la imagen de Petro. Asistimos, entonces, a una especie de ‘gavilla’ mediática que a todas luces busca desconocer el poder popular que respalda al alcalde, así como afectar aún más la democracia, dado que no se está garantizado pluralidad informativa y tratamientos noticiosos equilibrados. De igual manera, esa ‘gavilla’ mediática oculta que hay unos actores privados que venían sometiendo el Distrito Capital a las necesidades e intereses de un grupo de empresarios que se han enriquecido con la recolección monopolizada de las basuras en la Capital.

Con todo lo anterior, en toda la controversia que suscita el caso Petro, salen mal libradas la institucionalidad, la  justicia misma y la democracia, así como fuertemente golpeada la soberanía popular, el Estado en su conjunto. Y en cuanto al ejercicio periodístico de los medios privados, hay que decir que sale mal librado, lo que compromete la ética y la responsabilidad social.

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[1] Se habla de una posible alianza entre Uribe Vélez, el Procurador Ordóñez y el ex vicepresidente Francisco Santos, para ‘sacar’ a Petro de la Alcaldía y de la carrera presidencial. De igual manera, del contubernio de empresarios privados que se pusieron de acuerdo para que el sistema de aseo dispuesto por el gobierno de la Bogotá Humana, colapsara, tal y como sucedió en diciembre de 2012.

[2] En la sección 1, 2 y 3, de la emisión del 14  de enero, se dio un tratamiento periodístico amañado e irrespetuoso con el Magistrado José María Armenta. En un ejercicio teatral plegado a un discurso burlesco y caricaturesco, las tres presentadoras de esa sección actúan más como bufonas que a todas luces no solo buscan hacer reír, sino atrapar y convencer incautos.

[3] La actitud asumida por el periodista Darío Arizmendi traspasó los límites editoriales y periodísticos. Su animadversión hacia la persona de Gustavo Petro deslegitima su labor periodística y lo coloca como un ácido enemigo, incapaz de reconocer aciertos en el burgomaestre. Sin duda, Petro cometió errores, pero de fondo hay un modelo de Estado que Arizmendi y al parecer Caracol Radio no comparten, en la medida en que están defendiendo intereses privados.

[4] Al consultar las mismas fuentes, los medios generan forzosos consensos, especialmente si se tienen en cuenta la filiación política, la formación académica y sobre todo, la postura individual frente al alcalde Petro. Para el caso de los medios aquí reseñados, vienen consultando a dos expertos constitucionalistas que exponen sus juicios emotivos. Se trata de Jaime Bernal Cuéllar y Jaime Castro. ¿Será que no hay más fuentes para consultar?