Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El caso Petro no sólo deja disímiles
interpretaciones jurídicas y políticas, expresadas por abogados, politólogos y
expertos constitucionalistas, sino la discusión pendiente alrededor del modelo de Estado que está detrás
del fallo del Procurador y del modelo que intentó promover el destituido
alcalde Mayor de Bogotá, a través de lo que él llamó la Bogotá Humana.
Lo grave de lo acontecido en la
capital del país está en la polarización política e ideológica, aupada por una
prensa privada que defiende el modelo de Estado que Ordóñez protege, a juzgar
por el sentido de su fallo, en lo que concierne a la defensa de un modelo
privatizado de recolección de basuras, del que el Estado local, el distrito en
este caso, no podría, no debería participar.
Se suma a la polarización
política e ideológica, el débil papel que la Academia ha mostrado en esta
crisis. Aparte del pronunciamiento de varios reconocidos constitucionalistas,
la academia, como lugar de discusión de lo público, brilla por su ausencia. Las
Facultades de Derecho y las universidades en su conjunto, han sido incapaces de
arrebatarle a la prensa la discusión de un asunto jurídico-político de grandes
dimensiones.
Al silencio poco responsable de
la Universidad colombiana, se suma el de los magistrados de las altas Cortes, quienes
no sólo están allí para fallar en derecho, sino para guiar la discusión y darle
el nivel intelectual y filosófico que se merece un caso como el que se vive en
la capital del país.
Ante una sociedad polarizada y
poco ilustrada como la bogotana, cercano reflejo de lo que pasa en otras
regiones del país, y dada la crisis política y jurídica que se vive en Bogotá
por el fallo contra el alcalde Gustavo Petro, proferido por una autoridad
administrativa, mucho aportaría que aparecieran en escena intelectuales,
juristas y constitucionalistas no sólo para darle altura al debate, sino para
superar la crisis institucional que devino con el fallo del Procurador Ordóñez.
Esa misma intelectualidad es la
que debe aparecer para arrebatarle la discusión de estos asuntos, a los medios
privados, que al jugar como interesados actores políticos, están cada vez más
empeñados en servir a sus dueños, con la clara intención de apoyar la idea del Estado
mínimo que defienden tanto el
Procurador Ordóñez, como los empresarios del aseo, entre otros. Esa misma
intelectualidad debe aparecer para construir análisis más neutrales de los problemas
que vive la capital, dejando de lado los ‘análisis’ que promueven los medios
masivos privados.
Hay que sacar la discusión de las
salas de redacción y de emisión de los medios masivos privados. Y más aún cuando
en el cuerpo de reporteros no sobresalen intelectuales, sino periodistas
convertidos en figuritas, en vedette
y en estafetas de un poder político y económico que no desea ceder un ápice en
su objetivo de hacerse cada vez más con el Estado y con lo público. Con lo
acontecido en las últimas semanas en Bogotá, queda claro que las tribunas
mediáticas no son el escenario propicio para discutir asuntos públicos. El
escenario mediático está contaminado.
La vida jurídica, política y
periodística de un país como Colombia, requiere con urgencia de la presencia y
de la intervención de intelectuales que sepan reconocer las múltiples
relaciones que subsisten detrás de lo que viene aconteciendo en la capital y en
el país. Es una lástima ver cómo una crisis como la que vive Bogotá, esté en
manos de un periodismo irresponsable, de unas altas Cortes incapaces de
convocar a la academia y de sugerir salidas institucionales; y de una Academia,
amedrentada e insegura, que sigue de espaldas a las realidades de un país cuya
institucionalidad da tumbos, porque no existen consensos alrededor del sentido
de lo público. Por el contrario, lo que se impone, por el uso del poder
económico y político, y si es necesario, por el uso de la fuerza, es el sentido
de lo privado.
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