Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y
politólogo
Publicado en el Semanario Realidades y Presencias Nro 8 del Observatorio de Realidades Sociales de la
Arquidiócesis de Cali.
En el contexto de
una campaña electoral que transcurre en medio de escándalos y pugnaces
enfrentamientos entre los candidatos más opcionados de la derecha y la ultraderecha
colombiana y en medio de las incertidumbres políticas que generan los acuerdos
parciales en tres puntos de la Agenda de Paz que se discute en La Habana, bien
vale la pena pensar, desde Cali y la región del suroccidente elementos y
circunstancias que permitan diseñar escenarios de posconflicto, así la guerra
interna mantenga vivas sus dinámicas.
La reconstrucción
física, simbólica y cultural es un elemento sustancial para pensar escenarios
de posconflicto, especialmente si tenemos en cuenta que la guerra degradada en
Colombia tiene efectos negativos en la construcción de representaciones
sociales (RS) e imaginarios colectivos con los que los ciudadanos se explican
no sólo el conflicto mismo, sino la vida, lo público, el papel del Estado y de
la sociedad. RS e imaginarios que devienen en actitudes y acciones de rechazo
de la ciudadanía frente a las autoridades, y en general en prácticas sociales
propias de semi fallidos procesos civilizatorios dados en Cali y Buenaventura,
entre otras ciudades desiguales, violentas y segregadoras.
Parte de lo que hay
que reconstruir en nuestro país es la confianza entre el Estado y la sociedad,
así como entre las autoridades de justicia, aquellas con capacidad de coerción
y los ciudadanos. Para lograrlo, se debe contar con el concurso decidido de las
fuerzas vivas de la sociedad civil caleña y vallecaucana en aras de
construir y consolidar experiencias de reconstrucción del tejido social
afectado directa o indirectamente por las acciones de actores armados con
carácter político, o de aquellos grupos
calificados como delincuencia común; e incluso, por las afectaciones provocadas
por las decisiones de grupos de poder privado, así como por las acciones de
autoridades estatales que por acción u omisión afectaron y afectan la vida y la
tranquilidad de comunidades urbanas y rurales.
De allí que en el
marco de la reconstrucción o de la generación de confianza entre el Estado y la
sociedad es urgente replantear la visión y la misión de la Policía, en especial
eliminar la idea de que los problemas de violencia urbana y de convivencia en
ciudades como Cali, se solucionan exclusivamente con el aumento del pie de
fuerza. Anexo a este cambio, es igualmente urgente que la autoridad militar y
policial se someta al poder civil para que el alcalde de Cali lidere las
políticas de seguridad y convivencia a implementar.
Resulta inaceptable
que decretar el plan de desarme dependa de la voluntad del comandante de la
Brigada. Ese elemento claramente se apoya en un Estado y una sociedad
militaristas, lo que va en contravía de los propósitos planteados para asegurar
la reconstrucción de las relaciones entre el Estado y la sociedad.
Todo lo anterior
apunta a asegurar experiencias de posconflicto en las que el riesgo de vivir
juntos sea minimizado con procesos de socialización sólidos, sostenidos en
principios democráticos de respeto a la diferencia, anclados a un proyecto
educativo que no sólo enseñe a hacer, sino a pensar a niños, adolescentes y
adultos en que es posible vivir juntos. Para lograrlo, se requiere que todos
compartan referentes éticos y morales construidos y propuestos por el Estado y
la sociedad, en una conjunción basada en la confianza y el respeto. Por ello,
es necesario liberar al Estado local, regional y nacional de las mafias
clientelares que lo tienen ‘capturado’; amparadas muchas de ellas por miembros
de una élite política, social y económica que debe erigirse como un actor
importante para pensar, por fin, un proyecto regional de Nación que sirva de
ejemplo para el Gobierno central y el resto de la sociedad colombiana.
Así entonces,
mientras el proceso de paz de La Habana avanza y el país define la continuidad o no del Gobierno de
Santos, es urgente que las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, con
el concurso de la Academia y de otros sectores y grupos de interés se sienten a
revisar las formas como el orden social y político funciona de tiempo atrás y
las responsabilidades que cada actor debe asumir frente a los problemas de
convivencia que afrontan ciudades como Cali y Buenaventura, para citar dos ejemplos.
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