Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
En la reciente alocución[1], el presidente Santos
echó pullas al ex presidente Uribe y al abogado De la Espriella y aprovechó,
para naturalizar la injerencia del
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Aludió al FMI, leyendo apartes del informe que dicho organismo le
presentó, en el que se elogian sus políticas de crecimiento económico y
aquellas que tienen como objetivo disminuir los índices de pobreza en el país.
Santos sacó pecho de su gestión,
basado en la evaluación de un organismo supranacional. Lo que no dijo el
Presidente, es que dicho organismo le “recomienda” subir el IVA, aumentar la
edad de pensión a las mujeres y hacer reformas tributarias que obliguen a más
colombianos a pagar impuestos. Ello, claramente, en beneficio de los grandes
ricos que no tributan lo que realmente deberían de tributar, en un país
profundamente inequitativo.
En otro momento, reconoció a la Corte Constitucional[2], como una institución
garante de la tutela y de los derechos de los más desprotegidos y vulnerables[3]. Huelga recordar que
esa Corporación declaró, hace ya unos años, el Estado de Cosas Institucional
(ECI), para el fenómeno del desplazamiento forzado interno.
Sin decirlo, la alocución presidencial se explica por el escándalo
mediático, judicial y político que rodea a Jorge Pretel, cabeza visible de la
Corte Constitucional, sobre quien recaen señalamientos por actos de corrupción en
el manejo de una tutela, que benefició o beneficiaría a la empresa Fidupetrol.
Según lo conocido, el togado exigió y al parecer recibió, una coima de 500
millones de pesos.
Recordemos que el comunicado que emitieron los magistrados de la Corte
Constitucional, se produjo en respuesta al desafío de su Presidente, Jorge
Pretel, quien afirmó que si el se iba de
la Corte, se tendrían que ir todos, en directa alusión a que todos estarían
comprometidos en actos de corrupción y cobro de coimas. En dicho comunicado,
los ocho restantes Magistrados, pidieron la intervención del Jefe del Estado,
para buscar salidas a la encrucijada en la que metió a la justicia, el ladino
Jorge Pretel.
Santos defendió las instituciones y la institucionalidad, insistiendo
en el valor que estas tienen, no solo por la tradición y la historia, sino por
el carácter democrático de estas, en el contexto republicano de un Estado de
derecho. Y lo hizo, descartando la convocatoria a una Asamblea Constituyente,
para superar lo que algunos han llamado la crisis
de la justicia. Sería como dar un
salto al vacío, señaló el Presidente. Y como Jefe de Estado, instó a la
Fiscalía y a la inoperante Comisión de Acusaciones de la Cámara de
Representantes, para que actuaran con sentido de responsabilidad y aceleraran
las investigaciones que comprometen política, ética y judicialmente al
magistrado Pretel.
Y como Santos cree en las instituciones, en los procedimientos
reglados, en la institucionalidad, desde allí echó pullas a Uribe Vélez, al
recordar que el país no puede caer en cantos de sirenas que indican que el
estadio superior del Estado Social de Derecho, es el Estado de Opinión[4]. Luego, y dirigiéndose
al mismo destinatario, Santos señaló que los
tiempos de las persecuciones políticas quedaron atrás y que su Gobierno no
tiene como política perseguir a sus detractores y críticos. Ello, en clara
alusión a las “chuzadas” ordenadas desde el DAS, organismo que el Gobierno de
Uribe convirtió en la policía política, con
la que persiguió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia[5] de la época,
periodistas, intelectuales y políticos.
En su intervención, el Presidente acudió a una vieja “verdad”: Colombia es la democracia más antigua de
América Latina. Más que una verdad, la frase es una suerte de estribillo al
que apelan quienes aún defienden la democracia procedimental y electoral.
Santos cree, erróneamente, que por el hecho de no haber vivido y soportado las dictaduras
que sufrieron los países del Cono sur, ello es suficiente para valorar
positivamente la democracia colombiana. Confunde tradición con legitimidad y poca atención le pone a la falta de
pluralidad de la democracia colombiana. Parece ser, que Santos poco o nada ha
oído hablar de democracia socia, política y social.
Y casi al final de su alocución, de un poco más de veinte minutos,
habló de la ética e hizo un llamado a los abogados para que no presionen de
manera indebida a los magistrados de las altas cortes. Y en clara alusión al
abogado Abelardo de la Espriella[6], insistió en que la ética sí tiene que ver con el ejercicio del
derecho. Y por ello quizás, informó al país y a los abogados en particular,
que presentará un proyecto de ley para que los profesionales del derecho deban
someterse una prueba de Estado, para medir la calidad de su formación.
Al final, con la alocución, Santos le bajó la intensidad política al
escándalo, al tiempo que naturalizaba
la injerencia del FMI en el manejo de los asuntos del Estado, lo que afecta, de
manera directa, la soberanía estatal. Y claramente, profundizó las diferencias
con Uribe Vélez, en el sentido en que él si respeta la división de poderes y la
institucionalidad. Sin duda, Santos ha intentado actuar dentro de la
institucionalidad, en un país que se acostumbró a que durante ocho años, un
Presidente actuara por fuera de ella, reduciendo, por ese camino, los asuntos
del Estado, a los caprichos e intereses particulares de quien no gobernó,
sino que mandó por un largo y oscuro periodo.
[1] El Presidente se dirigió al país, a través de
los canales privados y estatales, el martes 24 de marzo de 2015.
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