El sentido político de la medida de aseguramiento de la CSJ

Por Germán Ayala Osorio
La orden de captura librada (medida de aseguramiento) por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de dos senadores y un representante a la Cámara no sólo confirma el nivel de penetración alcanzado por el paramilitarismo y el narcotráfico, sino el distanciamiento político que hoy subsiste entre un sector de la CSJ y el Gobierno de Uribe Vélez. Es decir, por un lado va el sentido jurídico de la medida de aseguramiento y por el otro, el sentido político que tiene y que se explica en la posición asumida por el alto gobierno en torno al proyecto de Reforma a la Justicia, a la tutela y a la intención de quitarle el fuero o el estatus que hoy tiene la Corte Constitucional (CC).

La historia es así. El presidente Uribe Vélez mantuvo, hasta antes del fallo de exequibilidad de la Corte Constitucional en torno de la reelección presidencial inmediata, una prudente distancia frente a los criterios filosóficos, políticos y jurídicos con los cuales dicha Corte se pronunciaba alrededor de hechos públicos como las demandas de los ahorradores del sistema UPAC, así como las interpretaciones en torno a fallos de otras instancias como la Corte Suprema de Justicia y el propio Consejo de Estado frente a tutelas de diversa índole.
El conocido ‘choque de trenes’ permitió, de alguna manera, que el Presidente se acercara a las Cortes (Suprema y Constitucional y Consejo de Estado) con recelos y simpatías dependiendo de ciertos intereses y coyunturas políticas. Inicialmente, y antes del fallo que declaró la exequibilidad de la reelección presidencial inmediata, Uribe Vélez mostró simpatías hacia magistrados de la Corte Suprema de Justicia y con aquellos, que en otras instancias, veían con buenos ojos reformar la tutela, quitándole de esta forma la posibilidad a los colombianos(as) de interponer este recurso ante fallos judiciales; pero también con aquellos que, manera equívoca, consideran que los fallos de la Corte Constitucional tienen un carácter populista que terminan co gobernando y tomando decisiones en el ámbito económico. De ahí la intención, de unos y otros, de quitarle poder a la CC con el proyecto de Reforma a la Justicia que acaba de hundirse en el Congreso.
Cuando el gobierno anunció que no apoyaría, a través de su bancada uribista, cambios drásticos en torno a la tutela y menos aún, en contra de los alcances de la Corte Constitucional, casi de inmediato se entendió en las otras dos Altas Cortes, que el Presidente había tomado partido a favor de la instancia que le había permitido presentarse como candidato a la reelección presidencial inmediata.
Quizás ese sea el motivo político que explique y sostenga la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia contra los ya conocidos amigos, colaboradores o miembros del paramilitarismo en Colombia.
Lo claro es que Colombia se ‘derechizó’ y se ‘paramilitarizó’ y que el escándalo seguirá. Se espera que la rama judicial haga su trabajo y que las pocas voces de ‘oposición’ que se escuchan contra esta especie de unanimismo político y mediático, denuncien a diario lo que viene sucediendo en Colombia.
Es posible que quienes creyeron en el hombre fuerte, recio y trabajador estén pensando en quitarle el apoyo, dado los niveles de ingobernabilidad que puedan generarse ante el desenmascaramiento de un Gobierno y de un Congreso que simpatizan con el paramilitarismo en cualquiera de sus manifestaciones. Dicho escenario, aunque indeseable, es mejor que mantener en silencio las simpatías, las relaciones y el connubio entre paramilitares, la institución legislativa y el Gobierno que prometió luchar contra la corrupción. Claro, falta quitarle la máscara a empresarios que apoyaron a los grupos paramilitares y que hoy ven con buenos ojos que éste fenómeno político, militar y económico se esté institucionalizando.
Que se confirme lo dicho por el ‘Salvatore Mancuso’ en el sentido en que el 35% del Congreso colombiano guarda relaciones con las llamadas AUC, y en general con el paramilitarismo no debe alarmar, lo que sí alarma es el silencio de un Presidente que rápidamente cuestiona públicamente hechos, situaciones y circunstancias relacionadas con el actuar delictivo de las Farc, pero que curiosamente, y frente a unos hechos inocultables de penetración paramilitar en su bancada uribista en el Congreso, guarda un profundo silencio.
Y para terminar, el ‘choque de trenes’ continuará con el hundimiento del proyecto de Reforma a la Justicia, que pretendía poner fin a las diferencias entre las Cortes. ¿Qué dirá el Gobierno cuando nuevamente las Altas Cortes se enfrenten a raíz de sus profundas diferencias para interpretar la Carta Magna?

Hoy viernes 17 de noviembre de 2006, el noticiero RCN, en su emisión del medio día, emitió apartes de la respuesta que el Presidente dio en torno a los hechos señalados. A los congresistas (sin nombrar a la bancada uribista) los invitó a acercarse a la CSJ para que digan la verdad sobre los presuntos vínculos con el paramilitarismo. Una exhortación amable, sin improperios, que seguramente no salpicará su figura presidencial. Además, invitó a los 30 mil desmovilizados de las AUC para que declaren si el gobierno que preside ha sido permisivo o complaciente con el paramilitarismo. No es necesario que lo hagan, el proceso en Santa fe de Ralito, la penetración política y económica y su institucionalización es suficiente demostración.
El mismo viernes 17 se dirigió al país el señor Presidente, acompañado, al parecer, por magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En la alocución hizo un recuento de los proyectos de reforma a la justicia y a la tutela que se han presentado desde su posesión en el 2002. Recordó al ministro Fernando Londoño, enemigo acérrimo de la Corte Constitucional y de la misma Constitución Política de 1991, quien lideró uno de los proyectos de reforma, que también se hundió en su momento.
Luego, recordó que visitó a los magistrados de las tres Altas Cortes, en compañía del entonces ministro Sabas Pretel de la Vega buscando consensos para dirimir las diferencias que generaban el llamado 'choque de trenes'. En su intervención televisada Uribe Vélez insistió en que la Corte Constitucional debería mantenerse como una instancia de cierre. Este pronunciamiento no le gustó al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien a través de los medios manifestó su desacuerdo con lo expresado por el Presidente de la República.
En el diario EL TIEMPO, el 24 de septiembre de 2006, se registró una noticia en torno al choque de trenes y la toma de partido del Gobierno de Uribe. En algunos apartes de la noticia, intitulada 'Uribe faltó a la palabra': C. Suprema (sic), se señala:
" Según Yesid Ramírez, presidente de ese tribunal, el Gobierno dijo que no intervendría en el choque de trenes entre cortes pero prepara medida a favor de la C. Constitucional. Ministro del Interior responde que la medida será equilibrada.

La pelea entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional -que lleva más de cuatro años- parece haber llegado a su más alto punto de tensión. Y ahora tiene un nuevo actor: el Gobierno.
Yesid Ramírez, cabeza de la Corte Suprema, aseguró ayer que el presidente Uribe decidió ponerse la camiseta de la Corte Constitucional, contrario a lo que había prometido.
"El 5 de julio pasado, dijo que no tomaría partido frente al choque de jurisdicciones -dice el magistrado-. Pero acaba de ordenar la presentación de un acto legislativo que favorece a la Corte Constitucional (...) Faltó a su palabra"(sic).

Las actuaciones de la CSJ ¿UN AJUSTE DE CUENTAS CONTRA URIBE?

Por Germán Ayala O. Docente- investigador Universidad Autónoma de Occidente.

Las órdenes de captura libradas (medidas de aseguramiento y posterior llamados a juicio) emitidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de varios senadores, ex senadores, políticos y representantes a la Cámara no sólo confirman el nivel de penetración alcanzado por el paramilitarismo y el narcotráfico, sino el distanciamiento político que de tiempo atrás subsiste entre un sector de la CSJ y el Gobierno de Uribe Vélez. De especial significado político resulta el pronunciamiento de la CSJ en el sentido de no reconocer como sediciosos a los paracos.

Es decir, por un lado va el sentido jurídico de las medidas y posturas jurídicas adoptadas por dicha Corte, y por el otro, el sentido político que tienen éstas y que se explica en la posición asumida por el alto gobierno en torno a una vieja intención del Ejecutivo de reformar la justicia, a la tutela y de quitarle el fuero o el estatus que hoy tiene la Corte Constitucional (CC).

La historia es así. El presidente Uribe Vélez mantuvo, hasta antes del fallo de exequibilidad de la Corte Constitucional en torno de la reelección presidencial inmediata, una prudente distancia frente a los criterios filosóficos, políticos y jurídicos con los cuales dicha Corte se pronunciaba alrededor de hechos públicos como las demandas de los ahorradores del sistema UPAC, así como las interpretaciones alrededor de fallos de otras instancias como la Corte Suprema de Justicia y el propio Consejo de Estado frente a tutelas de diversa índole.

El conocido y viejo ‘choque de trenes’ permitió, de alguna manera, que el Presidente se acercara a las Cortes (Suprema de Justicia, Constitucional y Consejo de Estado) con recelos y simpatías dependiendo de ciertos intereses y coyunturas políticas. Inicialmente, y antes del fallo que declaró la exequibilidad de la reelección presidencial inmediata, Uribe Vélez mostró simpatías hacia magistrados de la Corte Suprema de Justicia y con aquellos que en otras instancias, veían con buenos ojos reformar la tutela, y por ese camino, restarle poder a la Corte Constitucional, quitándole de esta forma la posibilidad a los colombianos(as) de interponer este recurso ante fallos judiciales.

Existió y existe aún el criterio que señala que los fallos de la Corte Constitucional tienen un carácter populista que terminan co gobernando y tomando decisiones en el ámbito económico. De ahí la intención, de unos y otros, de quitarle poder a la CC con el proyecto de Reforma a la Justicia que se hundió hace un tiempo en el Congreso.

Cuando el gobierno anunció que no apoyaría, a través de su bancada uribista, cambios drásticos en torno a la tutela y menos aún, en contra de los alcances de la Corte Constitucional, casi de inmediato se entendió en las otras dos Altas Cortes, que el Presidente había tomado partido a favor de la instancia que le había permitido presentarse como candidato a la reelección presidencial inmediata.

Quizás ese sea el motivo político que explique y sostenga las órdenes de captura emitidas –y las que vendrán- por parte de la Corte Suprema de Justicia contra los ya conocidos amigos, colaboradores o miembros del paramilitarismo en Colombia. Pero quizás este antecedente sea la razón político-jurídico que hoy tiene enfrentado al Presidente con la Corte Suprema de Justicia en el caso del proceso y el estatus político que el primero reclama con especial interés para los señores de las autodefensas unidas de Colombia (AUC). Quizás por ello el Presidente señale que en el reciente fallo de la Corte Suprema negando el delito de sedición para juzgar a los paras subsisten elementos ideológicos.

Lo claro es que Colombia se ‘derechizó’ y se ‘paramilitarizó’ y que el escándalo seguirá. Se espera que la rama judicial haga su trabajo y que las pocas voces de ‘oposición’ que se escuchan contra el unanimismo político y mediático que aún se respira y se vive en Colombia, denuncien lo que sucedió con la penetración del paramilitarismo.

Es posible que quienes creyeron en el hombre fuerte, recio y trabajador estén pensando en quitarle el apoyo, dado los niveles de ingobernabilidad que puedan generarse ante el desenmascaramiento de un Gobierno y de un Congreso que simpatizan con el paramilitarismo en cualquiera de sus manifestaciones. Dicho escenario, aunque indeseable, es mejor que mantener en silencio las simpatías, las relaciones y el connubio entre paramilitares, la institución legislativa y el Gobierno que prometió luchar contra la corrupción.

Reconocerlos como sediciosos es poner en riesgo a los colombianos ante un poder asesino que se incrustó en diversas actividades de la sociedad colombiana y que hoy alardea y amenaza con regresar al monte. El afán del Presidente de generar forzosos consensos y lograr legitimar a los paracos confirma no sólo su cercanía ideológica con el paramilitarismo, sino su desprecio por la justicia y por el Estado de derecho.

Falta quitarle la máscara a empresarios que apoyaron a los grupos paramilitares y que hoy ven con buenos ojos que éste fenómeno político, militar y económico se esté institucionalizando, y que además apoyan la idea del Presidente de que efectivamente cometieron el delito de sedición.

LA JUSTICIA COJEA, PERO LLEGA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La condena a 24 años de prisión, proferida por la Corte Suprema de Justicia contra Alberto Santofimio Botero, adquiere un significado especial no sólo por la pena impuesta, sino por el largo proceso judicial, en especial por la instancia de casación con la cual se logra el histórico fallo.

El fallo es ejemplarizante y manda un claro mensaje a aquellos políticos colombianos que han hecho y hacen política de la mano de criminales, de narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros: la justicia sigue cojeando, pero llega.

Se demoró la justicia colombiana en esclarecer los hechos que llevaron a la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento a finales 1989, pero finalmente encontró culpable al caudillo tolimense, quien, según la propia Fiscalía y los elementos probatorios recogidos por la Corte Suprema de Justicia, azuzó a Pablo Escobar para que ordenara el crimen del líder liberal.

Las autoridades judiciales, y en especial los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben saber dimensionar lo que ha sucedido en Colombia durante años: la connivencia, el contubernio de la clase política con el crimen organizado.

Por ello, en estas horas en las que asistimos a un claro enfrentamiento de visiones alrededor de lo que debe ser la justicia, su forma de operar, a juzgar por los proyectos de reforma que hoy cursan en el Congreso de la República, este tipo de decisiones pueden resultar determinantes bien para ahondar y profundizar las diferencias entre el Gobierno de Santos y la bancada de la Unidad Nacional y las Altas Cortes, o para acercar a los tres poderes públicos en aras de llegar a consensos en torno a la necesidad de que el gobierno de los jueces continúe como hasta ahora, con miras a limpiar el Congreso y las prácticas políticas. Creo, eso sí, que más fácil este hecho jurídico-político termina ahondando las diferencias entre las partes, que servir para acercarlas.

Sin duda, hay una clara intención de sectores del Ejecutivo y del Legislativo para golpear el poder de las Cortes, en especial a la Corte Suprema de Justicia, y en general a la Justicia, para restarle autonomía e independencia y someterla a las mafias que aún rondan al Congreso. En la mira están las funciones y el poder de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la propia Procuraduría General de la Nación en torno a las actuaciones de funcionarios aforados como los congresistas.

Creo eso sí, que hay más gente comprometida detrás de Alberto Santofimio Botero. Pero, insisto, se trata de un gran avance en la idea de que la justicia llegue, así sea arrastrándose.

Si la propia clase dirigente de este país no se autodepura, y si la sociedad civil sigue ajustándose a sus mezquinos intereses, sólo nos queda confiar en los jueces, en aquellos operadores judiciales convencidos de que el Estado, la política y lo político hay que arrebatárselos de las garras al crimen organizado que de tiempo atrás campea por el territorio nacional y por las membranas más sensibles de la sociedad colombiana.

Y que ahora que no salgan con que el INPEC no puede garantizar la seguridad del señor Santofimio y se ordene su traslado a una guarnición militar o policial, o en el peor de los casos a su lugar de residencia. No. El lugar de reclusión debe ser una cárcel.

Nota: este artículo fue publicado en el portal www.hechoencali.com, a partir del 31 de agosto de 2011. También fue publicado en http://www.nasaacin.org/attachments/article/2595/La%20justicia%20cojea,%20pero%20llega.pdf

CORZO, EL CONGRESO Y EL GOBIERNO DE SANTOS, CONTRA EL GOBIERNO DE LOS JUECES

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

De un Estado moderno los ciudadanos esperan que los poderes públicos funcionen de manera coordinada, independiente, manteniendo el equilibrio entre ellos, en aras de avanzar en sacar adelante el orden social y el poder político que se concentra en la nomenclatura Estado, y generar así convivencia social.

La tarea no es fácil, por cuanto allí se exhiben las características y el talante de la condición humana, per se compleja y difícil. Más complejo se hace el manejo de esa condición humana cuando el Poder aparece para determinar las formas y el espíritu de las relaciones que de forma natural se generan en ese diálogo, pretendidamente simétrico y respetuoso, entre los tres poderes públicos.

Se suma a lo anterior las características del sistema político en el que la figura presidencial es determinante en el manejo de los asuntos del Estado, como quiera que tiene la capacidad de cooptar o someter políticamente y por la fuerza, si es necesario, la voluntad de los otros dos poderes.

Lo que ha venido sucediendo en Colombia es que el poder presidencial, a través de diversas fórmulas, legítimas, no legítimas, legales e ilegales, ha cooptado y sometido al poder Legislativo (Congreso), con las consecuencias de un país con altos índices de desigualdad, pobreza y exclusión social, circunstancias estas de la que son responsables las acciones de gobierno, validadas por un Congreso que no hace efectivo control político sobre aquel y por la acción legislativa que sólo beneficia a reducidos sectores poderosos del país.

El otro poder, el Judicial, siempre relegado y golpeado por gobiernos sucesivos y por fuerzas armadas ilegales, en los últimos años ha venido ganando terreno gracias no sólo a la estructura constitucional propuesta en la Carta Política de 1991, sino a la línea de filosofía constitucional que legitima la acción jurídica y política de las instancias y jueces constitucionales, para oponerse al peligroso poder que se concentra al momento en que tanto el Ejecutivo como el Legislativo deciden, por múltiples razones, circunstancias contextuales e intereses, enfrentar el poder Judicial en cabeza de las altas cortes y en general de los jueces.

Ese es el contexto en el cabe la discusión alrededor de lo que está sucediendo en Colombia, con propuestas de ajuste y reforma a la justicia y a las maneras en las que los tres poderes deben mantener el consagrado principio democrático de actuar de manera equilibrada, respetuosa y autónoma.

Empecemos por la propuesta presentada por el Presidente del Senado, Juan Manuel Corzo de revivir la inmunidad parlamentaria y de asegurar a futuro una segunda instancia para los congresistas. Dicha iniciativa no deja de ser inconveniente no sólo por los efectos jurídico-políticos y el diseño constitucional que hay detrás, sino porque puede esconder la idea de frenar las acciones valerosas de la Corte Suprema de Justicia en lo que toca al fenómeno de la parapolítica, en donde por lo menos el 35% del Congreso(el mismo que acompañó a Uribe y que en parte acompaña hoy a Santos) patrocinó, apoyó y facilitó la acción criminal de las Autodefensas Unidas de Colombia en la comisión de delitos de lesa humanidad (masacres cometidas por los paramilitares) y en la penetración y cooptación del Estado.

Es claro que hay la intención de ponerle punto final a la acción de los jueces, en especial a las acciones jurídicas de la Corte Suprema de Justicia que han tocado a congresistas y que aún tiene en la mira a quienes hoy participan de la Unidad Nacional del Gobierno de Santos. Entre ellos el senador Corzo, quien tiene asuntos pendientes por supuestos vínculos con los paramilitares, asunto que en su momento deberá responder.

La propuesta, entonces, resulta grotesca porque el actual Congreso está sub judice, lo que resta legitimidad y autoridad moral para proponer reformas a todas luces convenientes para quienes han hecho del ejercicio legislativo y político una empresa criminal.

De igual manera, lo propuesto por Corzo cae mal en la opinión pública nacional porque hay evidencias históricas que señalan que el Congreso sirvió y sirve aún de madriguera para que fenómenos como el narcotráfico y el paramilitarismo pongan allí a sus defensores, impulsores y finalmente, las fichas que les sirven ideológica y políticamente.

Baste con recordar que Pablo Escobar Gaviria se refugió en el Congreso para mimetizar su actividad criminal, con todo lo que ello significó para el país y para la propia Corporación.

En Colombia la política y el crimen han ido de la mano y han servido no sólo a narcotraficantes y paramilitares, sino a agentes poderosos de la sociedad civil que han buscado, a través de la fuerza, la violencia y los beneficios legislativos, perpetuar su poder económico, político y social en varias regiones del país.

En lo que toca al asunto de la doble instancia, la investidura de los congresistas no puede estar provista de ningún blindaje especial del que ya ostentan por ser ciudadanos aforados, porque ello significaría exponer y someter a la sociedad, al país, a la democracia y al propio Estado a los intereses de políticos inescrupulosos, capaces de ponerse al servicio de proyectos políticos como el trazado por las AUC y por quienes desde la sociedad política y civil, coadyuvaron para que penetraran las instituciones estatales y pusieran al Estado al servicio de su criminal empresa.

Ahora revisemos lo sucedido con la propuesta radicada por el Gobierno de Santos en torno a reformar la justicia y la reacción de altas cortes en relación con el espíritu de dicha iniciativa, que al parecer no recoge los elementos expuestos por los magistrados en las discusiones que se dieron entre el Gobierno y las Cortes.

Dentro del proyecto de reforma a la justicia se propone que a los congresistas los investigue la Fiscalía y que el juzgamiento lo haga la CSJ. Lo propuesto busca también ponerle fin al proceso de la parapolítica, así como a los asuntos de las ‘chuzadas’, buscando dilatar dichas investigaciones y golpear la inercia que ya lleva la Corte Suprema de Justicia en estas materias.

Es decir, tanto la propuesta de Corzo, como la radicada por el Gobierno de Santos, apuntan a golpear los sensibles y delicados procesos judiciales que lleva la Corte Suprema de Justicia y fijar límites inconvenientes a lo que muchos han llamado el gobierno de los jueces। Ejercicio éste que ha desentrañado los oscuros poderes mafiosos y criminales que se han filtrado en el Estado, pero en especial en el poder legislativo. No es, pues, simple coincidencia que las dos iniciativas se presenten al tiempo. Detrás hay una idea de punto final al ejercicio de control que sobre el Legislativo y el Ejecutivo (los procesos que lleva contra altos ex funcionarios del gobierno de Uribe) viene haciendo no sólo la Corte Suprema de Justicia, sino a las funciones constitucionales del Consejo de Estado.

Si realmente en las dos iniciativas hubiese la idea de mejorar la justicia para los ciudadanos de a pie, no habría lugar a suspicacias. Y huelga decir que más han hecho los jueces constitucionales por la gente, por ejemplo a través de fallos de tutela (que también quieren reformar para reducir sus alcances), que quienes supuestamente representan los intereses de los ciudadanos, esto es, los congresistas. Quizás por ello, en el comunicado del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia se lee, en los puntos 1, 2 y 7 que lo propuesto,

1. Se presenta como resultado de un desgaste y un diálogo inane, al cual fueron sometidas las altas Cortes de manera innecesaria durante un año.
2. No incluye medida efectiva alguna para solucionar la ausencia de recursos a la cual se ha confinado desde hace décadas a la Rama Judicial.
7. Los Tribunales Supremos de la Jurisdicción Ordinaria y de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, corporaciones centenarias que han sido pilares fundamentales para soportar la Democracia Colombiana, confían en que el Congreso de la República, en su sabiduría, examinará con serenidad los alcances del proyecto y adoptará las decisiones que correspondan consultando los más altos intereses de la Patria, del régimen Democrático y de la Administración de Justicia que tiene por objeto garantizarle a los colombianos la efectividad de un orden justo, la convivencia pacífica mediante la solución de sus conflictos y el imperio de la Constitución Política y de las leyes de la República”. (sic).

Aunque las dos altas cortes confían en la sabiduría del Congreso actual para examinar con buen criterio dicha propuesta gubernamental, la verdad es que no se puede esperar mucho del actual Congreso, pues así como hubo aplanadora uribista entre el 2002-2010, es posible que Santos quiera poner a andar la propia, para someter a los jueces a los intereses de la Unidad Nacional que hoy concentra el 95% del Congreso de la República.

Nota: publicado en el portal www.hechoencali.comhttp://www.hechoencali.com/columnas/corzo-el-congreso-y-el-gobierno-de-santos-contra-el-gobierno-de-los-jueces/,

LA FUNCIÓN DEBE CONTINUAR

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


De ratificarse en segunda vuelta el resultado logrado en la primera, Santos se verá obligado a mantener el régimen de terror y de impunidad que Uribe diseñó y aplicó exitosamente en estos ocho años de gobierno. No es gratuito el gesto de agradecimiento de Santos, minutos después de conocidos los resultados y luego en su visita al Presidente tras el holgado triunfo en primera vuelta. Estos son hechos que no pueden pasar por desapercibido pues una lectura rápida podrá concluir de que se trata de: a) una demostración de obediencia/sometimiento b) que pone en riesgo la independencia/autonomía del nuevo gobierno y c) un indicador de que la gobernabilidad de la administración de Santos dependerá del grado de satisfacción de Uribe al examinar las ejecuciones de su “sucesor”.

Es probable que el proceso de desinstitucionalización que puso en marcha Uribe Vélez no se detenga en el periodo Santos. Por el contrario, con la más reciente arremetida del Presidente contra la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, por el caso Aranguren, la situación tiende a complicarse aún más y Uribe se encargará de que Santos mantenga esa misma actitud. En El Espectador se lee lo siguiente: “el jefe de Estado denunció que órganos superiores de justicia están presionando jueces y fiscales, para que <>[1].” El enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno de Uribe ha puesto en evidencia que a éste le molestan los controles, la división de poderes y el juzgamiento de sus cercanos colaboradores, bien en el marco de la parapolítica o en el contexto de la persecución política orquestada desde el DAS.

Insisto en que el proceso de desinstitucionalización puede profundizarse, en primer lugar, por la dilatada y accidentada elección del Fiscal. Están en una verdadera encrucijada los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pues ya han dilatado lo suficiente la elección del nuevo Fiscal, pero el proceso debe terminar y no será fácil, pues el Gobierno ha insistido en poner en la Fiscalía General a un amigo, a un monigote que pueda manejar a su antojo. A pesar de que el nuevo ternado Jorge Aníbal Gómez es penalista, el haber defendido a varios políticos investigados por sus vínculos y relaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia puede resultar ideológicamente inconveniente para que asuma el cargo de Fiscal[2].

Y en segundo lugar, por la diligencia con la cual actúen la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y en general el aparato judicial, en casos complejos como el juzgamiento por cohecho de Sabas Pretel de la Vega, el caso del primo del Presidente, Mario Uribe, por paramilitarismo, y el más reciente, el proceso contra Mario Aranguren Molina, que esperamos sea el inicio del esclarecimiento de lo sucedido en el DAS en el caso de las ‘chuzadas’ contra Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, opositores políticos, líderes sociales y periodistas.

Así mismo, hay que estar atentos al papel que en adelante jugarán las fuerzas militares y de policía. Santos sabe que deberá hacer todo lo posible para mantener la alta moral de la tropa y ello pasa por asegurar el silenciamiento de los procesos de investigación y juzgamiento de los responsables de los crímenes cometidos, conocidos como ‘falsos positivos’. Uribe no sólo ha mostrado admiración por los soldados de la Patria, sino disposición para defender el fuero militar a costa del respeto de los derechos humanos y de las libertades ciudadanas. Aspecto este que se materializa de manera clara en el presupuesto para este sector. Santos no podrá alejarse de esa doctrina. Por eso, la función debe continuar.

Adenda: Con esta eventual tercera reelección de Uribe, pero esta vez en el cuerpo de Juan Manuel Santos, la suerte de los partidos Liberal y Conservador está echada: la dupla Santos- Uribe podría buscar en el mediano plazo la construcción de un partido Único que no sólo recoja la doctrina y el pensamiento uribista que José Obdulio Gaviria ha venido escribiendo, sino que sirva como avanzada política bien para cooptar a la izquierda colombiana representada por el Polo Democrático Alternativo y otros movimientos políticos, o para ordenar su persecución e, incluso, su desaparición física si fuera necesario. Con la muerte de los Partidos Liberal y Conservador y el surgimiento del Partido Único (Léase Partido de la U), no habrá control político efectivo en el Congreso alrededor de la gestión de Santos. Nuevamente la oposición será minoría. Y si toma fuerza y se logra asegurar a Uribe como senador vitalicio, habrá en el Congreso una especie de mega patronazgo difícil de desmontar por las vías democráticas.

[1] EL ESPECTADOR.COM. Ingreso: 3:50 pm, del miércoles 02 de junio de 2010.

[2] Aunque hoy parecen existir otros ‘impedimentos’, este elemento es posible que preocupe a los magistrados de la CSJ e incluso, a la opinión pública que sigue de cerca la accidentada elección del nuevo Fiscal General.

LA CORTE SUPREMA JUSTICIA: UN VALIENTE ACTOR POLÍTICO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Al declarar no viable la terna presidencial para elegir el nuevo Fiscal, la Corte Suprema de Justicia asume, además de su rol constitucional, una actitud política y exhibe una postura de control político, propia de Partidos políticos serios y fuertes y de Congresos legítimos y comprometidos con la democracia. Más allá de la interpretación constitucional, lo que se advierte es que la Corte Suprema de Justicia está remplazando las funciones de control político propias y esperadas de esos dos actores claves para el funcionamiento armónico de la democracia.

La Corte Suprema de Justicia puede estar ejerciendo control político (¿oposición política?) sobre las acciones del Gobierno de Uribe, remplazando en esas funciones a los partidos políticos (en crisis y cooptados por el Gobierno) y al propio Congreso, deslegitimado y subsumido en y por la relación clientelar construida desde 2002 con el Ejecutivo.

Es decir, ante la inexistencia de partidos políticos decentes y ante la evidente cooptación del Congreso por parte del Gobierno, la CSJ hoy funge como opositor político -y jurídico, claro- de gran altura, para intentar frenar los ímpetus de un Presidente que hace rato perdió los límites y ha enfilado energías para hacerse con el poder absoluto del Estado, para de esta manera, concebir una dictadura, reclamada por sectores premodernos asociados a la industria, a los sectores educativo y productivo en general, y claro, a la defensa del libre mercado como máxima de un proceso de globalización económica que pone por encima de los derechos humanos y la democracia, los intereses del capital transnacional.

Es peligroso que la justicia se politice, pero lo es más, que ante la aplanadora uribista ninguna institución se oponga. En estas horas aciagas, es mejor que la Corte Suprema de Justicia además de ser el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, cumpla con el rol de actor político en aras de oponerse al oscuro proyecto político de un Gobierno al que evidentemente le estorba la división de poderes.

El acalorado enfrentamiento entre la Alta Corte y el Ejecutivo por la elección del Fiscal General tiene un carácter jurídico-político en el contexto del llamado equilibrio de poderes, afectado no sólo por la temprana reelección presidencial inmediata, sino por las inequívocas intenciones de Uribe de perpetuarse en el poder no sólo para contener a las FARC en el ámbito doméstico y eliminar el pensamiento libre, sino para contrarrestar la influencia de Chávez, sirviendo de alfil a los intereses de los Estados Unidos en esta parte de América.

Hay salidas claras para zanjar el evidente conflicto presentado por las legítimas dudas que la CSJ ha expresado en torno a los ternados presentados por el Presidente: de un lado, que en un acto de responsabilidad política de los candidatos, decidan renunciar a la designación que les hiciera el Mandatario; de otro lado, que el propio Uribe, haciendo a un lado su soberbia y su clara intención de poner una ficha más, un amanuense más en las entrañas del Estado, un estafeta de sus intereses en casos complejos que el próximo Fiscal deberá enfrentar y resolver, decida retirar la terna para presentar una nueva, en donde por lo menos se garantice que los nuevos designados posean una formación en derecho penal que genere confianza no sólo en los Magistrados, sino en los colombianos que esperamos que asuntos como los crímenes de Estado, la parapolítica, la ‘cuellopolítica’ y la ‘yidispolítica’, entre otros, se asuman con independencia de los intereses del Gobierno y con total transparencia, para que haya justicia real y efectiva. Por ello, es que la cabe razón a la CSJ al declarar como no viable la terna presentada por Uribe, puesto que la idoneidad de los ternados para enfrentar estos asuntos tan delicados, no está asegurada.

El choque entre el Ejecutivo y la CSJ representa, sin duda alguna, una grave crisis institucional. Es la consecuencia del desequilibrio político creado por la reelección inmediata, pero especialmente, por la intención de Uribe de perpetuarse en el poder.

Que no vaya a pasar que Uribe termine clausurando la CSJ al declararla como un obstáculo para el funcionamiento del sistema judicial, o como enemiga de los máximos intereses del Estado. Esa sería la confirmación de que efectivamente estamos caminando hacia una dictadura que muchos colombianos creen que necesitamos para ‘salir adelante’, para crecer económicamente, al estilo Chile.

Oigo con asombro y preocupación a colegas docentes que justamente defienden ese perverso imaginario. No es racional legitimar el abuso de poder y la violación de los derechos humanos, pensando que de esa manera se ‘progresa’ económicamente. A los colegas que piensan así, les pregunto: ¿Se justifica el milagro económico chileno a cambio de más tres mil muertos?

La valentía con la que hoy los Magistrados de la CSJ se enfrentan a Uribe debería servir de ejemplo a sus colegas de la Corte Constitucional, de quienes esperamos que declaren inexequible el proyecto de referendo reeleccionista que no sólo echaría por la borda la Carta Política, la democracia y el Estado Social de Derecho, sino que significará el inicio de una sangrienta dictadura de derecha, al mejor estilo de Pinochet, Videla o Galtieri, en Argentina, o de Strossner en el Paraguay, o Leonidas Trujillo en República Dominicana, entre otros muchos ejemplos. Todo está dado para que así sea, por lo menos ya hay un evidente choque de poderes.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: PRIMER AVISO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La Corte Suprema está amenazada y en este país no pasa nada. El Presidente, en su más reciente alocución, conminó a los magistrados para que elijan el fiscal que él necesita de acuerdo con los intereses que el gobierno tiene en investigaciones que tienen que ver con la parapolítica (especialmente el caso de su primo Mario Uribe y la alusión de alias HH (Éver Veloza) en la que habló de apoyos económicos recibidos de empresarios colombianos), la yidispolítica y los crímenes de estado (mal llamados ‘falsos positivos’, en los cuales el Presidente tendría responsabilidad indirecta en su calidad de jefe supremo de las fuerzas armadas).

En su discurso televisado se vio a un Uribe ‘sereno’ (reprimido en su deseo de lanzar improperios contra los magistrados), pero profundamente molesto, tanto así que horas después, en un consejo comunal de gobierno, se fue lanza en ristre contra la Corte.

Dijo, entre otras cosas, que “Colombia no puede permitir que haya una justicia que esté manipulada por intereses ajenos al interés superior de la Nación”; “No podemos dejar que se irrespete la Constitución...” Curioso que quien justamente viola la constitución y cambia las reglas de juego para su propio beneficio, sea quien demande que la carta política debe ser respetada.

¿Qué sigue ahora si la Corte no obedece las órdenes del Presidente? ¿Cerrará la Corte? ¿Enviará los tanques? Es lo que muchos están deseando, entre ellos empresarios, militares y en general las élites que vienen apoyando el proyecto neoconservador que encarna el Mesías antioqueño.

Tiene razón la Corte Suprema de Justicia al insistir en la inviabilidad de la terna por razones de idoneidad, pero especialmente, por razones de independencia. No es recomendable y menos aceptable elegir un fiscal de bolsillo cuando tendrá que tomar decisiones delicadas en torno a aquellos asuntos que les preocupan al Presidente y al Gobierno.

La situación es delicada. El Presidente suspende la programación televisada y expone al escarnio público a los magistrados. Y la gran prensa, hincada a sus pies, amplifica su discurso desestabilizador, amenazante y conflictivo. Y la Corte no tiene cómo defenderse de la andanada presidencial. El magistrado Ibáñez decide guardar silencio. Creo, por el contrario, que la Corte Suprema de Justicia debe solicitar un espacio televisado y hacer públicas las razones con las cuales sostiene la inviabilidad de la terna enviada por el Presidente. No es recomendable que a la Corte, como actor político y jurídico se le señale públicamente que está actuando en contra de los máximos intereses de la nación, cuando justamente está tratando de recomponer el desequilibrio de poderes que generó la reelección inmediata y enfrentando la evidente cooptación de instancias de control político y otros poderes públicos, por parte del Gobierno.

La Corte, insisto, necesita de un espacio televisado para explicar sus actuaciones, sin la intervención interesada de periodistas y medios afectos a Uribe. Por el contrario, se requiere de una alocución en la cual el magistrado Ibáñez exponga al país los argumentos que le permiten hoy mantener la declaratoria de inviabilidad de una terna para fiscal, hecha a la medida de un gobierno que ya tiene de su lado al Congreso, al parecer a las otras cortes, a los empresarios, a los militares y a la gran prensa nacional.

Desafortunado, por decir lo menos, resulta el papel que está jugando la prensa colombiana en estos momentos. Hoy más que nunca las audiencias tienen la responsabilidad de reconocer cuáles son los medios que han venido apoyando el proyecto político de Uribe. Deben, igualmente, recordar cuáles son los periodistas, editores y columnistas que vienen jugando el rol de amanuenses, de estafetas de un régimen oscuro y corrupto. El escenario es propicio para que por fin desarrollemos la buena memoria, el sentido histórico, y la capacidad de cruzar eventos y hechos, tarea a la que la gran prensa renunció desde 2002. En estas horas aciagas, el papel de las audiencias es clave en la medida en que al asumir posturas inteligentes, soportadas en el cruce de hechos y en la valoración amplia y crítica de las decisiones del Gobierno, terminen dichas audiencias exigiendo respeto a la prensa cooptada.

Hay que generar canales de generación de opinión divergentes y diversos. Debemos trabajar para restarle poder de penetración -de restarle credibilidad- a medios como RCN, Caracol, CM&, EL TIEMPO y la prensa regional. Hay que reunirse para discutir los asuntos públicos, hay que escribir y documentar los hechos ignominiosos de este gobierno (Agro Ingreso Seguro y crímenes de estado, por ejemplo). Aprovechar las redes sociales virtuales, los espacios privados y públicos en los cuales podamos interactuar. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad política de participar de la vida pública del país, reflexionando, pensando y manifestando nuestras ideas y posturas.

La Corte Suprema de Justicia está haciendo su trabajo de actor político en franca oposición a un régimen que está llevando al país, poco a poco, a una crisis institucional de incalculables consecuencias. No esperemos que se termine de desmontar el estado social de derecho para empezar a actuar.

Adenda: bien vale la pena recordar un aforismo de Millor Fernández:

La apertura política es indiscutible.
Ya estamos viendo las tropas y los tanques
al final del túnel

Nota: esta columna fue reproducida en el boletín Número 184, de 04-11-2009, de Aula y Asfalto, espacio de reflexión e información de la facultad de comunicación social de la Universidad Central de Bogotá.

25 AÑOS DE PRISIÓN PARA NOGUERA Y LOS CAMBIOS EN LAS REACCIONES DE URIBE VÉLEZ

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Por la acción de los jueces, en especial por las investigaciones y fallos proferidos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, va quedando claro que en el gobierno de Uribe se violaron los derechos humanos, se dio la penetración paramilitar en instituciones del Estado, en las estructuras locales de poder y en buena parte de la geografía colombiana; además, se produjeron prácticas clientelistas y altos niveles de corrupción en todos los escenarios políticos institucionales, local, departamental y nacional.

Y se suma a lo anterior, el inmenso daño que Uribe Vélez como Presidente le hizo a la democracia y en general a la institucionalidad, en especial al accionar de los organismos de seguridad del Estado, pero sobre todo a las fuerzas armadas, a las que manejó con el talante de un finquero o capataz que tiene a su disposición a un grupo armado que simplemente obedece y cumple con sus órdenes y caprichos. Sin mencionar los daños a la democracia por la puesta en marcha de los Consejos Comunales, con los que socavó los espacios construidos para la participación comunitaria. Toda una fuerza inmensa del poder central para centralizar y dominar a las regiones.

Pero estas valoraciones aún están pendientes de hacerse públicas y de obtener la suficiente legitimidad y aceptación política, popular y académica para alcanzar el consenso suficiente que logre en el corto tiempo convertirse en una verdad histórica incontrastable.

Digamos, entonces, que bajo este marco general hay que mirar y entender lo que ha venido sucediendo con ministros, amigos y colaboradores del gobierno de Uribe Vélez, comprometidos con la comisión de delitos graves.

Recientemente el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, más conocido como Uribito, fue recluido en una guarnición militar por orden de un juez que lo encontró responsable de varias irregularidades cometidas en la ejecución de dineros de la política pública Agro Ingreso Seguro. Igual suerte corrieron Bernardo Moreno, ex secretario privado, por las interceptaciones y seguimientos ilegales, actuaciones conocidas como las ‘chuzadas’ del DAS y la ex directora de ese organismo de inteligencia, María del Pilar Hurtado. Estos dos ex funcionarios de Uribe enfrentan desde ya juicios en la Corte Suprema de Justicia por sus actuaciones dolosas en el caso de las ‘chuzadas’.

Fueron estos golpes los que motivaron fuertes reacciones del ex presidente Uribe en contra de los jueces, de la Fiscalía y en general del aparato de justicia, por considerar el ex mandatario que ella, la justicia, actuaba ideológicamente y con intereses políticos. En sus ya conocidos trinos Uribe señaló con respecto a la decisión judicial contra Arias, que "reitero mi convicción de su transparencia. No robó” (sic).

Creo que los colombianos ya están acostumbrados a las altisonantes reacciones de Uribe, por ejemplo, en sus enfrentamientos con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, contra el Representante a la Cámara, Iván Cepeda, a quien llamó “sicario moral” o contra el propio columnista de la revista Semana y director de la Corporación Nuevo Arco Iris, León Valencia, a quien Uribe Vélez calificó de terrorista; o la burda descalificación que lanzó contra la vice presidenta del Parlamento Europeo, Isabelle Durant, durante su visita a Colombia, de quien dijo que “viene a apoyar calumnias como buena justificadora del terrorismo. Además de cobarde, no debate de frente” (sic).

Estos y otros actos de habla más, hacen parte de una larga lista de enfrentamientos verbales que Uribe ha sostenido con quienes él cree que son enemigos de su gobierno o que buscan enlodar su nombre o el de sus más cercanos colaboradores.

Por ello, por ese talante camorrero puesto en evidencia durante sus ocho años de gobierno, llama la atención la reacción que le mereció la ejemplarizante condena que acaba de proferir la Corte Suprema de Justicia contra el ex director del DAS, Jorge Noguera Cotes, condenado a 25 años de cárcel.

El ex presidente Uribe señaló: “nombré a Jorge Noguera por su hoja de vida y su familia, he confiado en él, si hubiera delinquido me duele y ofrezco disculpas a la ciudadanía” (sic).

¿Acaso estamos ante un cambio radical en el carácter de un vociferante ex mandatario, o se trata simplemente de una estrategia asumida por Uribe, que siente que poco a poco no sólo develan lo que realmente fue su gobierno, sino que los jueces van entregando elementos contextuales para que algún día sectores de la sociedad establezcan responsabilidades políticas e incluso penales, por lo sucedido entre el 2002 y el 2010 en materia de violación de los derechos humanos (chuzadas, falsos positivos y penetración paramilitar)?

¿Acaso tiene que ver la actitud asumida por Uribe por el caso de su amigo Noguera con lo expresado recientemente por León Valencia en la revista Semana, cuando habló de preocupaciones serias del ex mandatario ante la acción de la justicia internacional en su contra? Al respecto, el columnista señaló: “Veo que la atención sobre Colombia está creciendo. Veo que se están acentuando las preocupaciones de influyentes medios o de importantes organismos sobre lo que ha ocurrido en el país en materia de derechos humanos. Quizás está bien fundado el miedo de Uribe a la intervención de tribunales internacionales. Si empiezan a proliferar en el exterior denuncias que involucran a funcionarios del Estado o a personas vinculadas a fuerzas ilegales con delitos que pueden ser investigados y juzgados en la jurisdicción internacional y que en el interior del país no son debidamente atendidos por la justicia, llegará el día en que alguna Corte extranjera decida meterse en Colombia. La internacionalización de la justicia es una corriente imparable en este principio del siglo XXI” (sic).

Probable o no que la Corte Penal Internacional asuma investigaciones sobre ‘chuzadas’, falsos positivos y la penetración paramilitar en el Estado colombiano, lo cierto es que no deja de llamar la atención la tímida reacción de Uribe ante la condena contra Noguera. ¿Acaso le han recomendado que guarde la compostura, que no polarice más y no genere más animadversión, para que al final termine no sólo ofreciendo disculpas o pidiendo perdón al país, como ya lo está haciendo, sino señalando que todo fue a sus espaldas?

Miedo o no ante una eventual intervención en su contra de la justicia internacional, lo cierto es que la justicia colombiana está actuando en la dirección de develar el Estado mafioso y criminal que se montó en la administración Uribe Vélez. Lo que falta es que estos mismos jueces hilen más delgado y se atrevan a señalar responsabilidades, por lo menos indirectas, del mandatario que tuvo bajo su mando al DAS, entidad penetrada por el paramilitarismo y que fungió como policía política del régimen uribista. Pero más allá de ello, lo que se espera es que la sociedad civil, los partidos políticos, las élites regionales, los medios de comunicación y la academia asuman la tarea de rechazar no sólo las actuaciones de los ex funcionarios de Uribe que delinquieron, sino que rechacen el perdón ofrecido y exigir más que simples responsabilidades políticas.

Nota: publicado en el portal Hecho en Cali, www.hechoencali.com, a partir del 15 de septiembre de 2011.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y LA ELECCIÓN DEL FISCAL

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Lo mejor que puede hacer la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el accidentado proceso de elección del Fiscal General de la Nación, es dejar el espinoso asunto al nuevo Presidente de la República. Es decir, que el próximo inquilino de la Casa de Nariño retome el asunto, enviando una terna que no sólo satisfaga a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino que garantice que los procesos de la parapolítica no se van a archivar, para beneficio de quienes desde la sociedad civil y desde la acción política estatal, coadyuvaron al fortalecimiento económico, político y sociocultural del fenómeno llamado paramilitarismo.

A la jugada maestra de Uribe al remplazar a Camilo Ospina con el penalista Jorge Aníbal Gómez, debe la CSJ responder dilatando aún más la elección, dejando al final, en manos del nuevo mandatario de los colombianos el envío de una nueva terna.

Si bien con la inclusión de Gómez se surte la demanda de la CSJ en torno a la formación penal de los ternados, elegir como Fiscal General a Gómez muy seguramente daría al traste con los procesos penales que se llevan en el marco del llamado escándalo de la parapolítica.

No puede caer la CSJ en la trampa que Uribe le acaba de tender, pues el hecho de que el nuevo ternado haya defendido a parapolíticos y sea amigo del Procurador, genera una duda razonable en quienes insistimos en que los procesos penales en contra de parapolíticos deben continuar, hasta llegar a conocer los nombres de los empresarios que apoyaron a los Paramilitares en su empresa criminal.

Si bien desde un punto vista formal el haber defendido a parapolíticos y el haber representado en la parte civil al ex ministro Andrés Felipe Arias (Uribito), en el caso de Agro Ingreso Seguro, no es causal de inhabilidad para ocupar el cargo de Fiscal, sí puede configurar un impedimento de carácter ideológico cuando deba tomar decisiones en asuntos delicados, sobre los cuales el Procurador y el Presidente Uribe tienen intereses, especialmente en el caso del primo del segundo, el ex senador Mario Uribe.

Mantener la calificación de la terna como inviable, a pesar de que ya existe un penalista dentro de los ternados, puede que le dé más elementos al Gobierno de Uribe para señalar que detrás del dilatado proceso de elección del nuevo Fiscal subsiste una acción política de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero ello es mejor que elegir un Fiscal que termine archivando los casos de la parapolítica y evite abrir investigaciones contra empresarios y actores de la sociedad civil colombiana que apoyaron el paramilitarismo.

Ojalá que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia entiendan que lo mejor para el país, y para las víctimas de los paramilitares, es que la elección del nuevo Fiscal General de la Nación se dé después del 7 de agosto de 2010, cuando hayamos elegido el sucesor de Uribe Vélez.

UN FISCAL DE BOLSILLO: EL SUEÑO QUE COMPARTEN URIBE Y SANTOS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo.


Permitir que el Fiscal General de la Nación sea elegido por el Presidente de la República es un despropósito jurídico-político que se explica por el afán del saliente gobierno de buscar a toda costa, cerrar actuales y próximos episodios de la parapolítica, del escándalo de los interceptaciones y seguimientos ilegales del DAS, efectuado contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y claro está, evitar que continúen las indagaciones e investigaciones por los crímenes de lesa humanidad, mal llamados falsos positivos, cometidos por miembros de la fuerza pública.

Hay que reconocer que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han actuado con criterio político en el largo y accidentado proceso de elegir el Fiscal General de la Nación. Pero ello es comprensible en el contexto de la confrontación entre los dos poderes, pero especialmente en los evidentes intereses que tiene Álvaro Uribe en varios procesos de la parapolítica, en los cuales están involucrados congresistas de su bancada que lo acompañaron desde 2002 y, por supuesto, su primo Mario Uribe, procesado también por nexos con grupos paramilitares.

Insisto en que las decisiones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como los de otras altas cortes, tienen un carácter jurídico-político que exhibe tendencias y posturas ideológicas muy difíciles de escindir de los fallos y pronunciamientos pretendidamente ajustados al derecho y a la Constitución Política. Como seres políticos, como ciudadanos políticamente activos, los magistrados no pueden ocultar sus preferencias y sus tendencias en materia de ideología política y menos aún, cuando sienten que uno de los poderes intenta someter su voluntad o cooptarlos.

La rivalidad planteada entre Uribe y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no sólo es una pésima señal para la esperada armonía institucional entre los poderes públicos, sino que explica y confirma el talante arbitrario con el cual actuó el saliente presidente durante su largo periodo de gobierno.

El proyecto de reforma a la justicia que acaba de presentar al Congreso el ministro Valencia Cossio, recoge la propuesta de campaña de Santos lo que de entrada genera un ambiente de prevención y desconfianza entre las altas cortes.

Atienda o no el Congreso dicha propuesta, lo que hay que hacer es exigirle al Presidente Santos que no insista en dicha reforma constitucional, lo que mandaría un mensaje claro en términos de la distancia que debe tomar y demostrar en relación con la forma como Uribe manejó las relaciones entre el ejecutivo y la rama judicial. De lo contrario, Santos estaría cumpliendo órdenes de Uribe o siguiendo sus pasos de manera objetiva.

El Fiscal que finalmente debe escoger la CSJ, bien antes del 7 de agosto o después, tiene la obligación moral, ética y política de continuar con los procesos que han escandalizado al país y que confirman la penetración paramilitar en el Estado, así como el actuar criminal de funcionarios públicos en los casos de las chuzadas del DAS y los falsos positivos.

Nada más dañino para la separación de poderes, para el Estado social de derecho y para la propia democracia, que permitir que el Presidente de la República, quien quiera que sea, tenga la potestad de elegir el Fiscal General de la Nación. En un contexto como el nuestro, en el que la política y los políticos se han asociado con el crimen organizado y con verdaderas mafias, es necesario mantener alejado al Fiscal de las presiones de mandatarios beneficiados directa o indirectamente de ese maridaje que se mantiene de tiempo atrás entre políticos, clase dirigente, empresarios y organizaciones criminales. ¿Será que la perversa propuesta es un sueño que comparten Uribe y Santos? Amanecerá y veremos.

Adenda: El hecho de que el presidente Santos haya reversado su decisión de nombrar a Vargas Lleras como ministro de Defensa, ante la molestia de Uribe Vélez, pone de presente la relación de dependencia que de tiempo atrás existe entre Santos y Uribe. Ante la más mínima molestia de su mentor, Santos corre a reversar sus propias decisiones. ¿Cuánto pesará la sombra de Uribe sobre el gobierno de Santos?

FISCALÍA Y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, A PRODUCIR UNA RUPTURA HISTÓRICA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La parapolítica debería servir para generar una ruptura histórica, en un país como Colombia que validó el actuar criminal de elites empresariales, políticas, militares y económicas que se aliaron con narco paramilitares para cometer delitos de lesa humanidad, perseguir a ciudadanos incómodos (periodistas, políticos de izquierda y magistrados de la CSJ), promover el crimen organizado, urbano y rural, en mano de población joven, lavar dinero y penetrar instituciones del Estado, hasta cooptarlas para garantizar el efectivo desarrollo de sus proyectos.

El fallo condenatorio proferido por la Corte Suprema de Justicia contra el ex director de fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, debe ser el inicio de un proceso de limpieza de las costumbres políticas (y judiciales) que debe ser sostenible en el tiempo, al que debe sumarse la Fiscalía, con el firme propósito de develar los niveles de complicidad de específicos actores de la sociedad civil colombiana, que actuaron en connivencia con criminales con suficiente poder económico para comprar las conciencias de quienes compartiendo la ideología de los paracos, pusieron en marcha un ambicioso proyecto de refundación de la Patria.

Los colombianos (hombres y mujeres) no han dimensionado los alcances del proyecto de refundación de la nación, del Estado y de la patria que idearon políticos en todos los niveles de la democracia colombiana (congresistas, alcaldes y gobernadores), con el concurso, a veces silencioso, de militares, empresarios, un sector de la iglesia católica y medios de comunicación, con el apoyo armado y económico de los narcoparamilitares.

La ubicación en territorios geoestratégicos de los frentes paramilitares y de actores asociados a sus intereses, fue clave no sólo para la expansión armada, sino para el desarrollo de actividades agroindustriales, previo desplazamiento y desaparición de ciudadanos ‘incómodos’, o abiertamente enemigos de la causa paramilitar y del modelo económico y político que le acompaña y del cual se nutrió para constituirse como un proyecto multifactorial.

Las transformaciones en términos de capital social, alcanzadas gracias a las prácticas sociales genocidas, al desplazamiento y a las formas del miedo y la intimidación, facilitaron la entronización de los principios y en general del ideario paramilitar, compartido por empresarios, por funcionarios del Estado y por agentes importantes de la sociedad civil colombiana, que callaron ante las acciones armadas de las autodefensas unidas de Colombia y sus frentes militares.

Instituciones como la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia tienen la obligación moral, política y jurídica de avanzar en los procesos de la parapolítica, la yidispolítica, los falsos positivos y las ‘chuzadas’ del DAS, con el propósito no sólo de encontrar culpables, sino de dilucidar las finas relaciones que se establecieron entre empresarios, políticos y criminales. Esa es la petición de quienes no sólo han sido víctimas directas e indirectas, sino de todos los colombianos que no terminan por asombrarse con los episodios narrados y los que muy seguramente aún faltan por narrarse.

Quizás sea la última oportunidad que nos quede para superar este tenebroso proceso de penetración del fenómeno paramilitar, en instancias representativas del Estado: los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Es posible que tenga sentido decir que estamos en manos de los jueces, para sacar adelante este país. Fiscalía y Corte Suprema de Justicia tienen en sus manos todos los elementos para poder generar una ruptura histórica que nos haga pensar en un nuevo país. Y es así porque la sociedad civil parece no incomodarse por lo sucedido.

Nota: este artículo fue publicado en el portal Aula y Asfalto, edición 216, de febrero 10 de 2011. http://www.aulayasfalto.e-pol.com.ar/, bajo el título A producir una ruptura histórica.

La efectiva paramilitarización de los valores ciudadanos

Por

Germán Ayala Osorio

El enfrentamiento y la persecución que el Gobierno de Uribe viene protagonizando en contra de la Corte Suprema de Justicia, miembros de la llamada Oposición y en contra de algunos medios de comunicación, describen lo que podría ser la consolidación de un régimen de terror edificado y sostenido desde la Casa de Nariño y aupado por grupos de la sociedad civil, adeptos a Uribe.

Lo más difícil del asunto es la evidente y creciente polarización ideológica entre quienes idolatran al mandatario de turno y aquellos que, con valor ciudadano, han expresado sus críticas a un régimen que ha combatido a las guerrillas con especial ferocidad, como es su deber, pero que ha entregado el Estado a las fauces de un paramilitarismo que viene entronizando en la sociedad colombiana valores que ética y políticamente se sostienen en el desprecio por la opinión contraria, por la diferencia y por todo aquello que implique disentir de las posturas oficiales, sostenidas en forzosos consensos mediáticos.

El fenómeno paramilitar caló de tal forma en la población y en la sociedad civil colombiana, que la filosofía y los objetivos criminales de las AUC hoy orientan el actuar civil de un número importante de colombianos, que sin mayor discusión, asumen como perjudicial para la democracia que haya disensos, que haya vigilancia mediática de los asuntos públicos, que haya libertad y condiciones para que la justicia haga su trabajo, especialmente en lo que toca a los asuntos de la parapolítica vigilados de cerca por la Corte Suprema de Justicia.

Es decir, asistimos a la paramilitarización de los valores ciudadanos, lo que conlleva a la intolerancia política, en escenarios privados como la familia y el trabajo. Cada vez más se conoce de conflictos familiares generados porque algún miembro de un núcleo familiar se aventura a criticar el régimen de Uribe, arropado por una excesiva confianza de sectores ciudadanos convencidos de que el camino trazado por él es el correcto y el único que existe.

El complejo escenario resulta de la connivencia de sectores de la sociedad civil, el ejército, los partidos políticos, medios de comunicación y periodistas con el paramilitarismo. Las AUC y sus partidarios animaron y canalizaron el odio que los colombianos han alimentado por más de cuarenta años hacia unas guerrillas que, incapaces de convertirse en una opción de poder, hoy sobreviven del negocio del narcotráfico. Cada día se confirma que la presencia histórica de las guerrillas terminó fortaleciendo a la derecha que sigue viendo con recelo las voces críticas que se levantan en contra de la forma como sus militantes, simpatizantes y patrocinadores, conciben, por ejemplo, el rol del Estado.

Las actividades ideológicas adelantadas por el paramilitarismo y la generación de procesos simbólicos asociados a la ética ciudadana, harán posible y aceptable las medidas de fuerza. Desde allí se justificará la persecución oficial, la desaparición forzosa y el desprecio por toda expresión contraria al unanimismo ideológico que de tiempo atrás campea por territorio colombiano.

Como en anteriores episodios de violencia, física y simbólica, vivir en la diferencia se va alejando como máximo propósito y objetivo humano, con el riesgo de convertirse, en las actuales condiciones políticas, en un vestigio propio de un puñado de colombianos que se resistieron a vivir en medio de una inconveniente homogeneidad en las formas de concebir los asuntos públicos.

El carácter megalómano del Presidente se erige hoy en el hilo conductor de la arraigada intolerancia política de extensos y amplios grupos de la sociedad colombiana, por cuanto Uribe Vélez ha sabido de tiempo atrás asociar, de manera perversa, el ejercicio de valores ciudadanos, con subversión y terrorismo. La expresión quien no está conmigo está contra mí, demuestra el desprecio que el Presidente siente por la crítica y por la oposición civil a sus ideas y forma de gobernar; esa misma expresión hoy es un lema de lucha, un valor sociopolítico que muchos de sus cacósmicos simpatizantes interponen antes de asumir un diálogo, sin que importe si el ámbito de éste se da en lo privado o en lo público.

Nada más inconveniente para la débil democracia colombiana que el Jefe de Estado y de Gobierno agite el odio, el desprecio por la vida, por la diferencia ideológica y por el estado social de derecho, en un país como Colombia que históricamente ha aceptado las vías de hecho y la acción de la justicia privada y las ejecuciones extrajudiciales, como incontrovertibles valores sociales y políticos de convivencia.

Lo que sí queda claro es que la persecución ideológica y política en contra de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros de la Oposición y en contra de un sector de la Prensa, así como la polarización en sectores poblacionales disímiles continuará, así el Presidente abandone la idea de perpetuarse en el poder.

Muy seguramente su obra será recogida por Vargas Lleras, Juan Manuel Santos e inclusive, por el actual ministro de Agricultura, con el beneplácito de las fuerzas militares y amplios sectores de la sociedad civil; eso sí, no podemos olvidar que fue Uribe quien legitimó los imaginarios paraestatales de ejercer la justicia y de garantizar la viabilidad política del régimen; y fue él quien elevó a valores ciudadanos la intolerancia, el desprecio por la vida y el irrespeto a la diferencia; y quien invalidó la política, la discusión dialógica y el estado social de derecho.

CASO USCÁTEGUI: UNA CONDENA EJEMPLARIZANTE QUE NO REPARA EL DOLOR DE LAS VÍCTIMAS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La condena a 40 años de prisión proferida, en segunda instancia, por el Tribunal Superior de Bogotá, al general del ejército en retiro, Jaime Humberto Uscátegui, es un paso importante en el esclarecimiento de las responsabilidades que le caben al Estado colombiano en la comisión de masacres como la de Mapiripán y en la libre circulación, por aire, agua y tierra, de grupos paramilitares.

Aunque ya anunció el ex general que irá a instancia de casación, es decir, ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia[1], el fallo del Tribunal resulta ejemplarizante y aleccionador en tanto los militares deben comprender que en la lucha contra las guerrillas, su comportamiento no puede ser igual a la forma como operan los criminales de las FARC y el ELN.

Las obligaciones constitucionales y legales de los agentes de la fuerza pública no pueden obviarse por el solo hecho de estar librando una lucha a muerte contra las otoñales guerrillas. El comportamiento pérfido de las guerrillas no puede servir de acicate para que los militares colombianos actúen de la misma manera o faciliten o colaboren con el trabajo de limpieza ejercido por los paracos.

Ya es hora de que los generales de este país paguen por haber facilitado las operaciones de los paramilitares en vastas zonas del país, bien a través del retiro de las tropas oficiales para que las AUC cometieran tranquilamente las masacres, o bien, patrullando con los paracos, o colaborando con la entrega de pertrechos y material de intendencia.

Los ya comprobados nexos entre paras y militares deben servir para que en las escuelas de formación militar, las nuevas generaciones de oficiales y suboficiales reconozcan que la alevosía, la traición y en general las acciones pérfidas, son propias de los grupos armados ilegales y que por ninguna razón, deben hacer parte de la conducta de los militares y menos aún, hacer parte de una directriz del alto mando. Y es claro que la orden de autoridad superior para este tipo de crímenes, jamás opera como causal excluyente de responsabilidad.

Son muchos los asuntos que quedan pendientes por esclarecer de aquella masacre (1997) en la que murieron 49 personas. Por ejemplo, determinar quién facilitó el vuelo de dos aeronaves cargadas de paracos, que presumiblemente salieron del Urabá hacia el Guaviare, en primera instancia, y luego hacia Mapiripán, en el Meta.

Uscátegui tiene la responsabilidad de reconocer si las operaciones conjuntas o las omisiones cometidas en el cumplimiento del deber, obedecían a decisiones del alto mando, es decir, a una política del comando general de las fuerzas militares, o si por el contrario, obedecían a decisiones particulares de algunos oficiales que simpatizaban con las AUC.

Uscátegui se suma a una corta lista de altos oficiales vinculados con el paramilitarismo. Huelga recordar al ya fallecido general Farouk Yanine Díaz y el enredado caso legal del que hace parte el general Rito Alejo del Río.

Se espera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia actúe en derecho y confirme la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá. Es hora de que acciones ejemplarizantes de la justicia, expresadas en la sentencia condenatoria a 40 años de prisión, sirvan de referente para los militares activos y en formación, para que entiendan de una vez por todas que la sociedad espera de ellos un comportamiento totalmente distinto al que ya nos tienen habituados los criminales de las FARC y del ELN. Cuando las tropas oficiales actúan igual al enemigo que combaten, adquieren el mismo carácter criminal de quienes actúan al margen de la ley.

Lo cierto es que la condena al general Uscátegui poco servirá para calmar el dolor de los familiares de las 49 víctimas que murieron, porque un funcionario del Estado decidió, en un instante, que sus vidas carecían de valor.

[1] Dentro de las funciones y competencias de la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, está, según el Artículo 235, numeral 4, la de juzgar: “previa acusación del Fiscal General de la Nación, a los miembros del despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales; a los directores de los departamentos administrativos, al Contralor General de la República, a los embajadores y jefes de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales y a los generales y almirantes de la fuerza pública, por los hechos punibles que se les imputen”.

¿POR QUÉ SALIÓ VIVIAN MORALES?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

En la caída de la Fiscal General de la Nación, Vivian Morales, confluyen hechos políticos, jurídicos, mediáticos y de género, en los que claramente se evidencian problemas en la institucionalidad, así como en las prácticas culturales bajo las cuales asumimos y aceptamos el papel de la mujer. Pero también es preciso visibilizar la intención del uribismo de tumbarla, buscando con ello torpedear la acción de la justicia, a juzgar por el papel que venía cumpliendo la Fiscal en contra de varios miembros de esa ‘colectividad’.

La providencia del Consejo de Estado deja entrever, primero, que no existe diálogo entre las altas cortes si tenemos en cuenta que la decisión de la Corte Suprema de Justicia, soportada en un ligero cambio en las reglas internas, bien pudo consultarse en aras de poder evitar este doloroso desenlace.

La autonomía de cada una de las altas corporaciones no se pone en riesgo si se da un diálogo sincero entre ellas, especialmente cuando una de ellas debía tomar decisiones en un contexto turbulento como el que había cuando la Corte Suprema de Justicia votó y eligió a Vivian Morales, de una terna enviada por el Presidente Santos. La interinidad de la Fiscalía ante la dificultad de elegir uno en propiedad, por el agrio enfrentamiento entre Uribe y los magistrados de la CSJ, resultó ser un argumento y un factor contextual de gran peso para modificar el mecanismo de elección y voto y de esta forma darle al país y a la institucionalidad un respiro eligiendo en propiedad a la actual Fiscal General.

No creo que las decisiones de los magistrados se hagan en estricto derecho. No. Hay razones políticas y de contexto que resultan determinantes a la hora de emitir fallos. Sin duda, los magistrados de la CSJ que votaron en la elección de la Fiscal, recogieron el sentir de una opinión pública y de varios sectores de la sociedad civil, que veían con preocupación la larga interinidad en la Fiscalía, originada por los conflictos entre los magistrados y el entonces Presidente Uribe.

Y así como los magistrados de la CSJ pudieron mirar y sentir el contexto político que les demandaba una pronta decisión, los propios del Consejo de Estado bien pudieron revisar el complejo contexto judicial y político en el que estaba actuando con severidad y seriedad la Fiscal, Vivian Morales. Una revisión juiciosa y responsable de ese delicado entorno, muy seguramente no hubiera terminado en la salida abrupta de Viviane Morales de la Fiscalía General de la Nación.

Sin duda, hay hechos políticos de fondo que hacen dudar que el auto del Consejo de Estado se diera en estricto derecho. En primer lugar, aparece la molestia que subsiste en dicha corporación en relación con el gobierno de Santos, por el proyecto de reforma a la justicia. Y en segundo lugar, las presiones de un uribismo que a toda costa quiere evitar que los procesos que directamente llevaba la Fiscal, se engaveten y queden ad portas del vencimiento de términos o en el peor de los casos, en manos de un nuevo fiscal, que ayude a los ex funcionarios de Uribe Vélez, comprometidos en graves hechos punibles que la Fiscal seguía con especial diligencia.

Pero en la caída de la Fiscal no sólo hay elementos políticos y jurídicos, sino de género. Diferencias de género aupadas por columnistas bogotanas que borraron los límites entre las esferas pública y privada, elevando el matrimonio de Vivian Morales con Carlos Alonso Lucio, como un factor moral, ético y político inconveniente para el cumplimiento de sus funciones. Nada más falaz y equívoco. Pero al parecer, les funcionó.

No hay forma de demostrar que la condición de género haya servido de argumento a los magistrados que votaron a favor de la salida del cargo de Vivian Morales. Pero es perfectamente posible que aún persista en la racionalidad masculina esos miedos y resquemores hacia aquellas mujeres que alcanzan poder y que rompen con los roles tradicionales que la cultura machista dominante ha impuesto históricamente a la mujer.

Con el auto del Consejo de Estado, el Presidente de la República tiene la oportunidad de seguir tomando distancia de ese uribismo del que se sirvió para llegar a la Presidencia, poniendo el nombre de Vivian Morales en la terna que debe enviar a la Corte Suprema de Justicia, para que allí se elija la nueva o el nuevo Fiscal General de la Nación.

Y cuando la terna llegue a la CSJ, y si en ella está el nombre de la incómoda Fiscal Morales, los magistrados deben volver a elegirla, ojalá con los procedimientos internos acordados, pues por el momento, no hay circunstancias contextuales que los obliguen a revisarlos y a cambiarlos, pero sí existe la urgencia de evitar una interinidad en la Fiscalía que sólo puede favorecer a los corruptos y a quienes en y desde el gobierno de Uribe Vélez, violaron las leyes y la Constitución.

Nota: publicada en el portal www.nasaacin.org, http://www.nasaacin.org/documentos-nasaacin/3556-ipor-que-salio-vivian-morales

Publicada en Aula & Asfalto, espacio de la Universidad Central de Bogotá. http://www.aulayasfalto.e-pol.com.ar/, edición 251, de 02/03/2012.

Publicada en el portal www.hechoencali.com, http://www.hechoencali.com/por-que-salio-vivian-morales/

FUGAS QUE DEBILITAN LA MORAL ESTATAL

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Cuando altos funcionarios del Estado no responden a los llamados de la justicia, la ciudadanía pierde confianza en el orden social y la institucionalidad estatal se debilita. El daño puede resultar de tal magnitud, que anima a otros a llegar a cargos públicos, con una mediana seguridad de que la ley no les llegará a tiempo o porque simplemente el orden jurídico siempre ofrece fisuras por las cuales huir o esconderse, de tal manera que pueden violar los marcos legales con toda confianza.

Los casos recientes de María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS y del ex comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, representan la debilidad del Estado para someter a aquellos que usando la función pública de manera indebida, lo desacreditaron de tal forma que alimentaron con creces el negativo imaginario colectivo que sobre el Estado tenemos millones de colombianos. Y eso, al parecer, no es valorado por el aparato de justicia y por los operadores judiciales, que apegados a la ley, apenas si alcanzan a emitir órdenes de captura, que terminan siendo saludos a la bandera, en especial en los casos de Hurtado y de Restrepo, ambos, funcionarios del gobierno de Uribe.

El asilo de Hurtado, por ejemplo, se da porque hay un orden internacional que por cuenta de presidentes como el señor Martinelli, de Panamá, termina sometiendo al Estado colombiano, en este caso, a los deseos de Uribe, quien supo hacer buenas relaciones con el hoy Presidente de Panamá, hasta el punto que éste último usó ese orden internacional, a través de la figura del asilo territorial, para burlarse de la justicia de Colombia y por esa vía, debilitar las instituciones estatales ante un sector amplio de la opinión pública que despierta poco a poco del letargo de ocho años de embrujo uribista, y hoy exige que se devele la verdad en torno a los episodios de las interceptaciones ilegales contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y detractores del nefasto régimen uribista.

En lo que respecta al ex comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, estamos ante un hecho reprochable ética, moral y jurídicamente en tanto que el polémico y hoy prófugo de la justicia, fue incapaz de responder por sus actuaciones y de manera cobarde y malintencionada se burla no sólo de la justicia, sino de los ciudadanos colombianos que confiaron no sólo en sus actuaciones, en el caso específico de la desmovilización de un frente de las Farc, sino en que él, como alto funcionario de un gobierno, estaba actuando dentro de los marcos éticos y legales, sobre los cuales se espera que actúen quienes deciden de manera voluntaria ejercer la función pública.

Entonces, el daño que dejan las actuaciones de estos escurridizos, ladinos y taimados funcionarios de Uribe, así como las ejecutorias de Uribe Vélez como Presidente de la República, resulta ser inconmensurable en tanto la confianza ciudadana en el Estado, en la política y en las instituciones, se pierde. Y ello debe ser considerado por los jueces y por la opinión pública como grave.

El asunto no se resuelve únicamente cuando la Fiscalía imputa cargos o la Corte Suprema de Justicia emite fallos condenatorios, cuando a ella le ha correspondido. No. Lo que puso en riesgo es el buen nombre del Estado frente a unos ciudadanos que en muchas ocasiones sienten que éste no les sirve y que por el contrario, en ocasiones los persigue sin justa causa. De igual manera, las actuaciones de Uribe, Hurtado y Restrepo hacen que la política pierda aún sentido en los ciudadanos, que con justa razón se alejan de ella y de la discusión de asuntos públicos, porque reconocen que los caminos jurídicos y políticos para revisar, esculcar y castigar las actuaciones de altos funcionarios públicos no llevan a una pronta justicia.

Estamos ante un daño irreparable y casi imposible de cuantificar. De allí que se requiera de ejercicios de pedagogía política en ciudadanos, especialmente jóvenes, que ven cómo presidentes como Uribe y funcionarios de un gobierno, se burlan de la justicia, del orden social que esos ciudadanos respetan y que consideran como viable.

Insisto en que hay un daño moral en la imagen del Estado que la justicia y la sociedad colombiana jamás podrán cobrarle a sujetos como Uribe, Hurtado y Restrepo. Cuando en un orden social y político como el colombiano, con una evidente debilidad institucional, no se logra fundar una moral estatal y una ética pública, triunfará el crimen, el oportunismo y los intereses individuales. Y justamente, esas son las circunstancias que alimentan la violencia.

Nota: publicada en el portal www.hechoencali.com, http://www.hechoencali.com/fugas-que-debilitan-la-moral-estatal/

PROYECTO DE REFORMA A LA JUSTICIA, LA LUCHA APENAS EMPIEZA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Puede pensarse que lo expresado ayer 20 de julio de 2011 por el nuevo presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, será la postura que él intentará promover en cada uno de los miembros de la Unidad Nacional, cuando se aborde el proyecto de reforma a la justicia.

Dijo el controvertido senador conservador que la Corte Constitucional no estaba autorizada para revisar la ley que le dio vida al referendo reeleccionista, con el que se pretendía autorizar una segunda reelección de Uribe Vélez. Y añadió que sólo por vicios de forma podría manifestarse dicha corporación. Parece olvidar el senador Corzo que efectivamente por haber encontrado vicios de forma, la Corte Constitucional declaró inexequible dicha ley, aunque evidentemente había vicios de fondo que la Corte no tuvo en cuenta en su fallo.

El Espectador.com recogió así lo expresado por Corzo durante la instalación del nuevo periodo legislativo: “Hoy el Legislativo y el Ejecutivo se encuentran en una verdadera dualidad entre las facultades constitucionales cuando claramente la Corte Constitucional bajo la teoría de la sustitución, tesis abordada en la sentencia C-141/2010 se arrogó la función de revisar aspectos sustantivos o de fondo, de esta suerte no le estaba permitido ni le está permitido, ni fue la voluntad del constituyente, y tan sólo se le faculta para que por los mecanismos taxativamente citados le sea viable la revisión de vicios de procedimiento” (Tomado de EL ESPECTADOR.COM, julio 21 de 2011).

Lo cierto es que cae mal lo expresado por el senador liberal en la medida en que genera desde ya un mal ambiente para la discusión del proyecto de reforma a la justicia, con el que se pretende no sólo eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, convertido en un nicho de corrupción, sino revisar a fondo los mecanismos y las instancias de juzgamiento de funcionarios aforados (como los congresistas), entre otros asuntos.

Hay quienes consideran, como el profesor Botero Bernal, que justifica una reforma a la justicia, dada la congestión que se presenta en instancias como el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia e incluso, en la misma Fiscalía. Pero lo más importante, es que los cambios que se hagan al sistema en general beneficien a los jueces y fiscales en cuanto al mejoramiento de condiciones salariales y de seguridad, y se logre, por esa vía y por otras, pronta y efectiva justicia.
Pero más allá de la desafortunada alusión al caso del referendo reeleccionista y el fallo de inexequibilidad dado por la Corte Constitucional, lo que pone de presente el senador liberal es la discusión entre los efectos y la legitimidad de los jueces constitucionales, línea de pensamiento que exalta y promueve la labor de control de los jueces, entre ellos, la Corte Constitucional, al poder del Ejecutivo y del Legislativo.

Se suman a la discusión sobre el poder dado a los jueces como contrapoderes del Ejecutivo y del Legislativo, las condiciones en las que opera y se manifiesta el Pueblo, y por supuesto, el poder del Legislativo, como extensión e intérprete del poder que ese Pueblo le dio al momento de elegir a quienes tienen asiento hoy en el Congreso de la República de Colombia.

Pero dicha discusión debe mirarse a la luz de condiciones contextuales que para el caso de Colombia bien pueden resultar definitivas a la hora de zanjar la lucha por la legitimidad y la pertinencia del actuar tanto del Legislativo, de los jueces constitucionales, y por supuesto, del Pueblo, como ese actor capaz de "ordenar su unidad política a través de la constitución… en donde la constitución no es el origen del poder, sino su consecuencia. Ello implica que la verdadera constitución, como fenómeno político, es el pueblo” (Sanín Restrepo, Ricardo. Teoría Constitucional, rescatando la democracia del liberalismo. p. 72).

Y esas circunstancias contextuales nos dicen que históricamente el Congreso de la República no representa de manera objetiva los intereses del Pueblo, sino, y de manera clara, los de reducidos sectores poderosos que alimentan las prácticas clientelares con las cuales los legisladores logran que una parte del soberano, del constituyente primario, delegue en ellos el poder como Pueblo y el que emana la propia constitución política.

Por otro lado, lo que puede lograrse con el poder de los jueces constitucionales, de acuerdo con el contexto colombiano, es poner freno a las decisiones, que amparadas en valores y en intereses politiqueros, adopta el Legislativo cuya tradicional ilegitimidad y su interesado accionar ponen en riesgo el poder del soberano, su propio bienestar y en un momento dado, el de los jueces.

En lo que toca al Pueblo, huelga decir que en las condiciones de precariedad en la que sobreviven más de 20 millones de colombianos, la unidad de criterios y su capacidad para exigir no sólo condiciones dignas de vida, sino de representación real y de apego a su voluntad, se ven fuertemente golpeadas lo que se traduce en una inoperancia del poder del soberano, en tanto existen factores y actores económicos y políticos (el modelo económico, por ejemplo), que cuestionan su poder y hacen inviables los alcances y los objetivos de la constitución.

Así las cosas, y volviendo a lo dicho por Corzo, es posible que el Congreso de la República, que en un 95% acompaña el proyecto político del actual presidente Juan Manuel Santos Calderón, busque darle un golpe fuerte al poder y al terreno que los jueces constitucionales han venido ganando, gracias en parte no sólo a preceptos constitucionales de la Carta Política de 1991, sino a la crisis de credibilidad de un Legislativo atado de tiempo atrás al crimen organizado y a las prácticas clientelistas.

No vaya a pasar que con el proyecto de reforma a la justicia se busque y se agencie una especie de retaliación contra los jueces, en especial contra la Corte Suprema de Justicia, que ha jugado un papel clave en el procesamiento y juzgamiento de congresistas por la llamada parapolítica.

Es posible que el proyecto que resulte de las discusiones al interior del Congreso termine por someter a las altas cortes y al Pueblo, a los dictámenes del mercado, factor prioritario y central del gobierno de Santos. El pulso entre los poderes Legislativo-Ejecutivo vs Judicial apenas comienza. Corzo se encargó de ambientar, negativamente, la discusión.

LO QUE HAY DETRÁS DEL ASILO DE LA EX DIRECTORA DEL DAS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La culpa de que María del Pilar Hurtado, la ex directora del temible DAS, se haya escapado a Panamá la tienen tanto la Fiscalía como el paquidérmico aparato judicial colombiano. Es inaceptable que ante la gravedad de lo sucedido con los seguimientos ilegales de la entonces policía política de Uribe, a juzgar por lo declarado por subalternos de Hurtado, como lo expresado por el señor Lagos, la justicia colombiana no haya imputado cargos a la ex funcionaria y no la haya puesto a buen recaudo.

En cuanto al asilo otorgado por Panamá a la señora Hurtado, hay que decir que se trata de una jugada política y diplomática que tiene como fondo la amistad de Uribe con Martinelli y la admiración que éste profesa de tiempo atrás por el ex mandatario colombiano. Hay detrás una fina estrategia de ex funcionarios del gobierno de Uribe con la que se busca silenciar a la señora Hurtado, evitándole hasta donde sea posible responder ante la justicia por sus actuaciones al frente del DAS. De igual manera, hay la intención de confundir a la opinión nacional, construyendo una aparente persecución política en contra de la ex funcionaria y de cercanos colaboradores de Uribe, como Bernardo Moreno y José Obdulio Gaviria, entre otros. De igual manera, se manda un claro mensaje a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en general a los críticos y a los detractores del régimen uribista: la confrontación se mantiene a pesar de la existencia de un nuevo gobierno.

Pero más allá de la vergonzosa decisión del gobierno de Panamá de otorgar asilo territorial a la ex directora del DAS, llama la atención la prudencia del gobierno de Santos, en especial la reacción del Presidente. Esa excesiva diplomacia y tacto hacen pensar que al mandatario colombiano poco le interesa develar lo sucedido con el DAS, pues sabe que ello significaría enlodar a su mentor, Álvaro Uribe Vélez. Una prueba más de que Santos representa un gobierno continuista pues no sólo mantuvo al director del DAS, sino que ha sido incapaz de acabar o de reestructurar con celeridad a un estamento desprestigiado y peligroso.

Santos tiene la responsabilidad política de aclarar y develar la compleja red de responsabilidades que se tejieron entre el gobierno de Uribe y la dirección del DAS, que permitieron seguir ilegalmente a la oposición, a periodistas y a la Corte Suprema de Justicia, convirtiendo dicho organismo en la policía política del régimen uribista.

Si de verdad quiere mantener las buenas relaciones con la justicia, en especial con la Corte Suprema de Justicia, y de asegurar por esa vía la estabilidad institucionalidad que se espera para un estado social de derecho, Santos debe tomar distancia real y efectiva de ese grupo de ex funcionarios del anterior gobierno que muy seguramente están detrás de la fuga de Hurtado y del otorgamiento del asilo territorial en Panamá. Es más, lo sucedido con la ex directora del DAS es una prueba de que el enfrentamiento entre Uribe y sus áulicos no ha terminado. Y lo más preocupante es que la lucha se está haciendo en frente de las narices del gobierno de Santos, que guarda un inconveniente (¿sospechoso?) silencio.

LO QUE DIJO SANTOS EN SU ALOCUCIÓN

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

En la reciente alocución[1], el presidente Santos echó pullas al ex presidente Uribe y al abogado De la Espriella y aprovechó, para naturalizar la injerencia del Fondo Monetario Internacional  (FMI).

Aludió al FMI, leyendo apartes del informe que dicho organismo le presentó, en el que se elogian sus políticas de crecimiento económico y aquellas que tienen como objetivo disminuir los índices de pobreza en el país. Santos sacó pecho de su gestión, basado en la evaluación de un organismo supranacional. Lo que no dijo el Presidente, es que dicho organismo le “recomienda” subir el IVA, aumentar la edad de pensión a las mujeres y hacer reformas tributarias que obliguen a más colombianos a pagar impuestos. Ello, claramente, en beneficio de los grandes ricos que no tributan lo que realmente deberían de tributar, en un país profundamente inequitativo.

En otro momento, reconoció a la Corte Constitucional[2], como una institución garante de la tutela y de los derechos de los más desprotegidos y vulnerables[3]. Huelga recordar que esa Corporación declaró, hace ya unos años, el Estado de Cosas Institucional (ECI), para el fenómeno del desplazamiento forzado interno.

Sin decirlo, la alocución presidencial se explica por el escándalo mediático, judicial y político que rodea a Jorge Pretel, cabeza visible de la Corte Constitucional, sobre quien recaen señalamientos por actos de corrupción en el manejo de una tutela, que benefició o beneficiaría a la empresa Fidupetrol. Según lo conocido, el togado exigió y al parecer recibió, una coima de 500 millones de pesos.

Recordemos que el comunicado que emitieron los magistrados de la Corte Constitucional, se produjo en respuesta al desafío de su Presidente, Jorge Pretel, quien afirmó que si el se iba de la Corte, se tendrían que ir todos, en directa alusión a que todos estarían comprometidos en actos de corrupción y cobro de coimas. En dicho comunicado, los ocho restantes Magistrados, pidieron la intervención del Jefe del Estado, para buscar salidas a la encrucijada en la que metió a la justicia, el ladino Jorge Pretel.

Santos defendió las instituciones y la institucionalidad, insistiendo en el valor que estas tienen, no solo por la tradición y la historia, sino por el carácter democrático de estas, en el contexto republicano de un Estado de derecho. Y lo hizo, descartando la convocatoria a una Asamblea Constituyente, para superar lo que algunos han llamado la crisis de la justicia. Sería como dar un salto al vacío, señaló el Presidente. Y como Jefe de Estado, instó a la Fiscalía y a la inoperante Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para que actuaran con sentido de responsabilidad y aceleraran las investigaciones que comprometen política, ética y judicialmente al magistrado Pretel.

Y como Santos cree en las instituciones, en los procedimientos reglados, en la institucionalidad, desde allí echó pullas a Uribe Vélez, al recordar que el país no puede caer en cantos de sirenas que indican que el estadio superior del Estado Social de Derecho, es el Estado de Opinión[4]. Luego, y dirigiéndose al mismo destinatario, Santos señaló que los tiempos de las persecuciones políticas quedaron atrás y que su Gobierno no tiene como política perseguir a sus detractores y críticos. Ello, en clara alusión a las “chuzadas” ordenadas desde el DAS, organismo que el Gobierno de Uribe convirtió en la policía política, con la que persiguió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia[5] de la época, periodistas, intelectuales y políticos.

En su intervención, el Presidente acudió a una vieja “verdad”: Colombia es la democracia más antigua de América Latina. Más que una verdad, la frase es una suerte de estribillo al que apelan quienes aún defienden la democracia procedimental y electoral. Santos cree, erróneamente, que por el hecho de no haber vivido y soportado las dictaduras que sufrieron los países del Cono sur, ello es suficiente para valorar positivamente la democracia colombiana. Confunde tradición con legitimidad  y poca atención le pone a la falta de pluralidad de la democracia colombiana. Parece ser, que Santos poco o nada ha oído hablar de democracia socia, política y social.

Y casi al final de su alocución, de un poco más de veinte minutos, habló de la ética e hizo un llamado a los abogados para que no presionen de manera indebida a los magistrados de las altas cortes. Y en clara alusión al abogado Abelardo de la Espriella[6], insistió en que la ética sí tiene que ver con el ejercicio del derecho. Y por ello quizás, informó al país y a los abogados en particular, que presentará un proyecto de ley para que los profesionales del derecho deban someterse una prueba de Estado, para medir la calidad de su formación.

Al final, con la alocución, Santos le bajó la intensidad política al escándalo, al tiempo que naturalizaba la injerencia del FMI en el manejo de los asuntos del Estado, lo que afecta, de manera directa, la soberanía estatal. Y claramente, profundizó las diferencias con Uribe Vélez, en el sentido en que él si respeta la división de poderes y la institucionalidad. Sin duda, Santos ha intentado actuar dentro de la institucionalidad, en un país que se acostumbró a que durante ocho años, un Presidente actuara por fuera de ella, reduciendo, por ese camino, los asuntos del Estado, a los caprichos e intereses particulares de quien no gobernó, sino  que mandó por un largo y oscuro periodo.  

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[1] El Presidente se dirigió al país, a través de los canales privados y estatales, el martes 24 de marzo de 2015.

[2] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com/2015/03/se-apago-el-faro-etico-de-colombia.html

[3] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com/2012/08/por-german-ayala-osorio-comunicador_780.html

[4] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com/2009/08/sobre-el-estado-de-opinion.html

[5] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com/search?q=corte+suprema+de+justicia+; http://laotratribuna1.blogspot.com/2007/08/las-actuaciones-de-la-csj-un-ajuste-de.html; http://laotratribuna1.blogspot.com/2009/09/la-corte-suprema-justicia-un-valiente.html

[6] Véase: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/la-etica-no-tiene-nada-que-ver-con-el-derecho-abelardo-de-la-espriella/15378415