Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Resulta inconveniente la propuesta del Partido de La U[1], consistente en
modificar el artículo 219[2] de la Carta Política
que prohíbe ejercer el derecho al sufragio a los miembros de la Fuerza Pública.
La inconveniencia radica en los siguientes puntos:
- Existe un
sector importante de la Fuerza Pública que no acompaña al Presidente
Santos en su idea de ponerle fin al conflicto armado, por la vía de la
negociación política con las guerrillas de las Farc y el ELN. Esta
circunstancia daría la oportunidad para que militares y policías, afectos
al proyecto militarista que Uribe entronizó en las filas durante sus
largos ocho años de mandato, terminen votando por los candidatos de la
Derecha y la ultraderecha que se oponen al proceso de paz de La Habana y
que harán todo para ponerle trabas al proceso de implementación de lo que
se acuerde finalmente entre Farc y Gobierno.
- Una vez
convertidas las Farc en partido político, la doctrina de seguridad
nacional debe modificarse, transformarse o finalmente proscribirse. Esa
nueva circunstancia doctrinal deberá modificar sustancialmente la
formación en las escuelas de instrucción militar y policial, tanto para
oficiales, como para suboficiales. Como se trata de un profundo cambio
misional y cultural, habría que dar un tiempo prudencial de por lo menos
cuatro años para ajustar los programas de formación y para que se dé el cambio ideológico de
los instructores y de la cúpula militar. Si bien esos cambios pueden no
darse, por lo menos ajustar los mecanismos de control necesarios, por
parte de la Procuraduría General de la Nación, entre otras entidades, con
el fin de asegurar una formación militar y policial distinta y acorde con
los nuevos tiempos que el posconflicto brindará.
- Los odios,
resquemores y las actitudes vindicativas de muchos familiares de militares
asesinados o mutilados por las guerrillas, en razón del conflicto armado
interno, bien podrían torpedear o afectar los procesos de reconciliación y
perdón que institucionalmente se emprendan y por supuesto, los que de
manera “natural” se van a dar una vez los ex guerrilleros cumplan con lo
firmado en La Habana y el Establecimiento haga lo propio. El voto, en esas
circunstancias, podría convertirse en una peligrosa oportunidad para
llevar a la Presidencia a quien comulgue con acciones que se puedan emprender en contra de los
ex guerrilleros, en especial contra los comandantes de las Farc
desmovilizados. No podemos olvidar que los ‘Falsos Positivos’ y los
asesinatos selectivos de dirigentes políticos, por ejemplo de la UP y los cerca de 5.000 de sus militantes,
fueron posible gracias a la connivencia de sectores castrenses con la
causa paramilitar.
- El proyecto
paramilitar sigue vigente, solo que se está transformando. Si bien hay un
declive en la representación y visibilidad política, sus principios y
objetivos continúan con anclajes sociales y económicos en actores de la
sociedad civil.
- Es
importante que la paz se consolide en el tiempo y ello se logra con el
fortalecimiento institucional y la proscripción de ese ethos mafioso que ha permeado tanto
a las instituciones castrenses, como a la sociedad civil y en general, a
la sociedad colombiana.
A partir de los señalados puntos, resulta a
todas luces inconveniente la propuesta del Partido de la U. Ojalá la llamada
Unidad Nacional en el Congreso no apruebe la modificación constitucional que se
va a proponer al legislativo.
Insisto: permitir que de manera temprana
militares y policías ejerzan el derecho a decidir a través del voto, bien
podría darle vuelo a proyectos militaristas que, apoyados en políticos afectos
a la guerra y al mundo castrense, terminen llevando al país a una dictadura o a
otro gobierno de Mano Dura como el que ejerció Uribe Vélez entre el 2002 y el
2010. Vargas Lleras debe estar atento al devenir de dicha propuesta, en tanto
que él funge como oficial de la reserva, hecho que pone en evidencia su
simpatía, admiración y quizás, un obcecado respeto hacia la formación militar.
Imagen tomada de Vanguardia.com
[1] Véase: http://www.semana.com/nacion/articulo/miembros-de-fuerzas-armadas-podrian-votar-en-el-2018/483489
[2] Artículo 219. La fuerza pública no
es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni
dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y
la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la
fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni
intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos.
1 comentario:
Cordial saludo Germán.
En la columna señalas algunas de las consecuencias negativas que tiene el conceder en una coyuntura política de corto plazo, el voto a los militares, para aprovechar la influencia de la presidencia en el gobierno y tratar de influenciar a los militares para obtener sus votos desde la presión indirecta del ministro civil de la Defensa. Sin embargo, descuidas un punto importante: el peligro en entregarle más poder en las decisiones políticas a los militares al otorgarles mayor poder deliberativo en la débil democracia demo liberal colombiana. Poder que se les otorgó a ellos sin haberlo solicitado en el proceso del golpe militar del general Gustavo Rojas Pinilla. Desde entonces el apetito político de los militares no ha disminuido. Su intervención en política, en los asuntos civiles que nos los concierne cada vez es mayor. La financiación de políticas públicas como la educación, salud o servicios públicos se deprimen con el objetivo de favorecer el gasto militar; tendencia fundamentalmente justificada en la participación de las FFAA en el conflicto armado. Entonces, el recorte a la democracia a favor de la influencia castrense fortalece las corrientes de derecha en detrimento de la formación de una corriente democrática, participativa, favorable a la construcción de la convivencia postconflitual, deliberativa dirigida a superar la cultura de la imposición y abrirle paso a la cultura dialógica y consensual.
Con aprecio
Ildebrando
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