YO DIGO SÍ A LA PAZ

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viernes, 16 de diciembre de 2016

EL PAPA, URIBE Y SANTOS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Resulta vergonzoso, infantil y hasta ridículo llevar y ventilar las “diferencias[1]” y la “enemistad” entre Uribe y Santos al Vaticano. Por supuesto que la “mediación” de 50 minutos del Papa Francisco resultará infructuosa porque la mediatización de la “pelea” entre el Presidente y el hoy senador Uribe Vélez, oculta el trasfondo real de las “rencillas” protagonizadas por estos dos políticos.

El gran error es haber llevado al Vaticano un asunto político que si bien no constituye un asunto de Estado que ameritara la mediación del sumo Pontífice, si expone con claridad las difíciles condiciones en las que se dará la implementación del Acuerdo Final (II), firmado entre las Farc y el Gobierno de Santos. Y está claro que la figura del Papa de poco o nada servirá para detener a quienes desde ya harán todo para oponerse a la implementación de lo acordado y firmado en el teatro Colón.

El asunto nuclear que no exponen los Medios se puede expresar así: Santos, hijo de la rancia burguesía bogotana, optó por negociar el fin del conflicto con las Farc, con el interesado respaldo de la “comunidad internacional”, que sabe que es más seguro invertir en un país en paz. Por ello el interés de las Multinacionales en venir a Colombia, bien a extender sus proyectos extractivos, o para operar unos nuevos, justamente en los territorios que las Farc abandonarán una vez se desmovilicen.

Por supuesto que la negociación política con las Farc implicó ceder en algunos asuntos no estructurales en la operación del Estado y el Mercado, que obviamente alimentan las “diferencias” entre el Presidente y el ex mandatario antioqueño. Hablo en particular de lo que tiene que ver con la Reforma Agraria Integral, el modelo de justicia transicional y la participación política de los miembros de las Farc.

La tozuda postura de Uribe se explica por los miedos[2] que le producen la entrada en vigencia de la Jurisdicción Especial de Paz y el informe que pueda entregar en unos años la Comisión de la Verdad; y también se opone a la revisión del modelo de producción agrario, dado que en su condición de ganadero y latifundista, a toda costa defiende el gran latifundio y la agroindustria. Finalmente, Uribe[3] defiende los intereses de unos sectores de poder que dentro del Establecimiento se oponen a la ampliación de la democracia y a la posibilidad de darles un respiro a las comunidades indígenas, afro y campesinas, sempiternas víctimas de los actores del conflicto y por supuesto, del modelo latifundista, agroindustrial y ganadero que auspicia el senador Uribe.

Lo que parece que no tiene claro el Papa Francisco es que Uribe[4] y Santos son dos neoliberales. Uno, educado y diplomático; y el otro, montaraz y rústico.  Lo único que los podría diferenciar es que el primero, durante ocho años, buscó acabar militarmente con las Farc, al tiempo que consolidaba el modelo económico extractivo, afectando en materia grave el medio ambiente y valiosos y estratégicos ecosistemas naturales. Y el segundo, se hizo elegir Presidente, amparado en la popularidad de Uribe y tomó la decisión de parar la guerra interna, el desplazamiento forzado y la generación de víctimas, sin desatender la receta neoliberal y mucho menos abandonar la reprimarización de la economía.

Insisto en que es un error hablar de las “rencillas” entre Uribe y Santos, sin explicar el trasfondo que bien podría explicarlas y matizarlas, si la Gran Prensa no hubiese convertido estos asuntos en una pelea para el disfrute de la galería. Y resulta bochornoso “internacionalizarlas” con la tierna mediación del Papa Francisco, negando el ya señalado trasfondo y minimizándolo hasta el punto de hacer creíble y posible que en 50 minutos se pueda zanjar lo que está profundamente anclado a la historia de un país desigual, manejado por una élite mezquina y corrupta, que mira con desdén los proyectos de vida de campesinos, afrocolombianos e indígenas y su permanencia en territorios y zonas “aprovechables” económicamente.

Algunos piensan que no habrá paz en el país sin el concurso de Uribe, por ello la insistencia en “acercarlo” nuevamente al Presidente Santos. Con o sin Uribe, una parte del Establecimiento estará presta a oponerse a la construcción de una paz estable y duradera. El problema no es Uribe, sino los que hay detrás de él y lo que este defiende[5]. Lo demás, es comidilla para un periodismo de parroquia que pone sus focos en peleas y discursos altisonantes para ocultar lo que realmente constituye un asunto público: las relaciones entre el Estado, la Sociedad y el Mercado.

Adenda: la cita pactada con el Papa, solo sirvió para que aparecieran risibles “memes” de esa mediática y novelada “relación” entre Santos y Uribe, así como ácidos comentarios en torno al publicitado encuentro.




miércoles, 13 de julio de 2016

URIBE LEYÓ, MEDIO RESPONDIÓ Y OPTÓ


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


La misiva que el Presidente envió al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez tenía como propósito político mostrarle al ganadero y latifundista antioqueño dos únicos caminos: el primero, aceptar la invitación para sellar la reconciliación y de esa forma, ampliar el consenso político en torno a lo negociado en La Habana, de cara a la refrendación popular a través del plebiscito; y el segundo camino, aceptar “graduarse” como detractor del Proceso de Paz y más adelante, ser señalado como el “enemigo”[1] de la implementación de lo acordado entre el Gobierno de Santos y las Farc. Uribe, al responder en la forma como lo hizo, claramente optó por el segundo camino.

El tono conciliador y profundamente diplomático de la carta de Santos, contrasta con el tono rencoroso y de mínima altura diplomática con el que el senador Uribe respondió a quien durante su gobierno fungiera como su Ministro de la Defensa.

En varios apartes de la epístola, Santos alude a espinosos temas que confrontan directamente la postura del hoy senador del Centro Democrático, sus miedos[2] y preocupaciones, así como las decisiones políticas tomadas durante sus dos mandatos (2002- 2006, 2006-2010).

Ejemplo de ello lo constituye el asunto de las víctimas. Santos le dice: “Este proceso de paz es el primero en el mundo en el que la prioridad son las victimas y sus derechos. Esto parte del reconocimiento de más de 7 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado, de las cuales 8 de cada 10 han sido civiles. Las víctimas recibirán justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Los colombianos podremos vivir sin esa macabra y tenebrosa fábrica de víctimas que hemos tenido que soportar en estos últimos 50 años[3].

Si leemos este párrafo en perspectiva histórica, debemos recordar que el proceso[4] adelantado con los paramilitares no solo guarda enorme diferencias jurídico-políticas con el Proceso de La Habana, sino que en términos de resultados en lo que tiene que ver con verdad, justicia, reparación y no repetición, la negociación propiciada por Uribe con las estructuras paramilitares resultó todo un fracaso. Peor aún, cuando extraditó a los máximos jefes de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no solo desconoció a las víctimas y sus derechos, sino que evitó que el país conociera gran parte de la verdad en torno a las disímiles formas en las que operaron los paramilitares, en demostrado contubernio con sectores de las fuerzas armadas y de agentes de la sociedad civil que patrocinaron sus acciones criminales de despojo, desplazamiento y comisión de masacres. Además, lejos de garantizarse la desmovilización, el sometimiento a la justicia y la reintegración social de los paramilitares, lo que se dio fue un proceso de reacomodamiento de esas fuerzas que negociaron con el Gobierno de Uribe, pero que no se desmovilizaron y mucho menos entregaron las armas. Al final, el país jamás supo qué se negoció.

El otro tema al que alude Santos y que claramente preocupa al combativo político antioqueño, tiene que ver con la suerte jurídica de los no combatientes que coadyuvaron de manera directa o indirecta con el escalamiento del conflicto armado, en calidad de auxiliadores y patrocinadores, por ejemplo, de grupos paramilitares.

De igual manera, el presidente Santos confronta la alharaca con la que Uribe viene descalificando lo acordado en Cuba en materia de justicia transicional, señalando que en La Habana habrá impunidad. De esta forma, Uribe confunde a las audiencias que aún creen en los noticieros[5] privados de televisión y radio que le sirven de caja de resonancia. Es tanta la confusión que generan sus constantes arremetidas contra el Proceso de Paz de La Habana, que cientos de miles de colombianos siguen creyendo que por cuenta de la extradición de 14 líderes paramilitares a los Estados Unidos, en el país hubo efectiva justicia, cuando el juzgamiento de los comandantes de las AUC, por cuenta de los jueces estadounidenses, se dio por narcotráfico y no por la violación de los derechos humanos y mucho menos por haber conculcado las reglas del DIH.

Además, que claramente la medida sirvió para callar la verdad de lo acontecido con el fenómeno paramilitar[6]. Se suma a lo anterior una circunstancia clave: no se puede hablar de impunidad cuando en lo acordado en Cuba se establece la creación de una Jurisdicción Especial de Paz y  de unos mecanismos de juzgamiento que aún no han entrado en operación.

Ahora miremos algunos detalles de la respuesta de Uribe. El país parece haberse acostumbrado a que el senador del Centro Democrático no responda de manera directa a señalamientos o a hechos políticos. En el primer párrafo de su misiva no queda claro a qué punto de la carta enviada por Santos se refiere. Leamos: “Ha sido dañino para la democracia que personas con notoriedad pública distraigan a los ciudadanos en el juego entre el insulto y el elogio, entre la acusación temeraria y la declaración magnánima”. Quizás se refiera al calificativo con el que el Presidente se refirió a Uribe cuando lo llamó rufián o a otros episodios en los que Santos se vio forzado a cambiar de tono[7] ante los constantes ataques[8] mediáticos del polémico congresista.

En otro momento de la epístola, Uribe insiste en descalificar a un actor armado con el que su Gobierno mantuvo contactos con miras a establecer una eventual negociación que jamás se dio. En su misiva, Santos se lo recuerda[9]. “Ha sido dañino para la democracia que personas con responsabilidades públicas creen confusión entre la indulgencia al narco terrorismo en nombre de la paz y la represión al reclamo justo en nombre de la autoridad”. Además, consecuente con esa forma de contestar, sin contestar, Uribe habla de represión al reclamo en el Gobierno de Santos, mientras olvida y oculta los episodios de las detenciones masivas y arbitrarias que promovió, especialmente, durante su primer mandato (2002-2006).

Así termina la corta misiva con la que Uribe “respondió” a Santos:

Parecería inútil invitar a un diálogo para notificar lo resuelto. Cuando el crimen es campeón el perdón y la reconciliación corren el riesgo de no ser sinceros y la paz sin justicia corre el riesgo de no ser paz”.

Al final, Uribe leyó, medio contestó y optó por un tenebroso camino que lo va llevando de opositor y detractor del Proceso de negociación de La Habana, a enconado enemigo de la implementación. Será, en todo caso, un enemigo de cuidado.






Imagen tomada de Semana.com


[3] Tomado de la Carta (PDF) que circuló ampliamente en la Red.

[9] En la carta se lee: “Si hoy las FARC están en un proceso de paz que ha avanzado como ningún otro, listas a dejar las armas y reintegrarse a la sociedad, se debe en buena parte a esos reiterados y contundentes éxitos. Y se debe también a que retomé las conversaciones discretas para avanzar en una solución negociada –como en el mundo de hoy debe terminar toda guerra asimétrica- que su gobierno comenzó”.


miércoles, 6 de julio de 2016

LO QUE SE VIENE DESPUÉS DE LA HABANA


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


La terminación del conflicto armado entre el Estado y las Farc, y la consecuente transformación de esa guerrilla en un movimiento político, echarán a andar disímiles procesos de transformación social, política, económica y cultural. Dichos procesos deberán partir de profundos cambios institucionales, pero sobre todo, de la urgente proscripción del ethos mafioso[1] que por largo tiempo ha permeado las relaciones entre el Estado y los particulares, y guiado las diversas actividades y transacciones entre los ciudadanos.

La sociedad colombiana no superará sus enormes problemas y conflictos tan solo poniendo fin al conflicto armado interno con las Farc. Sin duda, es y será un paso importante, pero subsisten unas circunstancias contextuales (históricas) que hay que modificar si queremos de verdad aprovechar este momento histórico, para avanzar en la consolidación del Estado como un orden moralmente superior a sus asociados, así como en la revisión de los semi fallidos procesos civilizatorios, contaminados de ese ethos mafioso que de tiempo atrás acompaña las relaciones Estado-Mercado-Sociedad.

Para empezar, se espera que la clase dirigente, política y económica, abandone las prácticas propias de ese ethos mafioso con el que vienen manejando los asuntos públicos y privados. Las espurias reelecciones  de Uribe Vélez y del Procurador Ordóñez Maldonado, así como la incapacidad de la justicia para procesar al primero por sus señalados vínculos con el paramilitarismo y la insolvencia moral y ética de los magistrados del Consejo de Estado para anular la reelección del segundo, así como la insostenible permanencia de magistrados del talante ético de Rojas Ríos y Pretel Chaljub, son hechos que al estar anclados en ese ethos mafioso, interfieren seriamente en la transformación social, cultural y política que reclama este momento histórico por el que atraviesa el país.

De igual manera, el país avanzará culturalmente si logra proscribir las prácticas discriminatorias y erradicar esa cada vez menos oculta animadversión étnica contra afros, campesinos e indígenas, sobre la que se justificó el proyecto paramilitar y se continúan  autorizando proyectos de desarrollo extractivo que no solo buscan sacar provecho de los recursos del suelo y el subsuelo, sino anular o desaparecer física y simbólicamente a estas comunidades y pueblos.

El escepticismo alrededor de la paz en su sentido maximalista, no debería de estar sostenido en las erróneas interpretaciones e informaciones entregadas por el llamado “uribismo” alrededor de lo acordado hasta el momento en La Habana en materia de justicia transicional, sino en las dificultades que enfrentará la sociedad, el Estado y las fuerzas del mercado, para superar y proscribir ese ethos mafioso con el que venimos conviviendo de tiempo atrás y que logró entronizarse en los marcos mentales de millones de colombianos.

Al no ser un referente ético-político que guíe la práctica de la política, Uribe Vélez se viene consolidando como un fuerte enemigo del proceso de paz, de la terminación del conflicto y de la puesta en marcha de los procesos de transformación social y política que se vendrán una vez se ponga fin al conflicto armado. Más allá de haber liderado una lucha frontal contra las Farc, con la intención de derrotarla en el campo militar, lo que el país debe reconocer en el hoy senador de República es que es el último bastión de ese ethos mafioso que justamente necesitamos superar, si de verdad queremos ser una sociedad moderna, en correspondencia con un Estado igualmente moderno.

En todos estos procesos de transformación que se echarán a andar una vez se firme el fin del conflicto armado con las Farc, la dirigencia fariana tendrá una oportunidad histórica: demostrar, con verdadero sentido revolucionario, que los delitos conexos cometidos durante estos 52 años de guerra interna, no están fundados en ese ethos mafioso sobre el que se vienen desarrollando las relaciones entre la sociedad y el Estado. Este será el reto que tendrá las Farc como partido político: diferenciarse de los partidos políticos tradicionales, que devienen contaminados, poco democráticos, débiles y  cooptados por mafias de todo tipo, que les han arrebatado su sentido de lo público, para darles el carácter de fuertes asociaciones clientelares y nidos en donde se reproduce el ya referido ethos mafioso.

Creo que no hemos valorado lo suficiente lo que se viene con la firma del fin del conflicto armado y lo que ese hecho histórico demandará de la sociedad y del Estado. No veo aún líderes políticos y sociales capaces de aprovechar este momento histórico por el que atraviesa el país, para proponer cambios en el sistema educativo y en la transformación de la sociedad y del Estado. Parece que primará la mirada cortoplacista que ha caracterizado a la clase dirigente, política y económica y muy seguramente ese carácter mezquino con el que han logrado someter el Estado a sus particulares intereses.

Ojalá en unos años el país no lamente el no haber podido transformarse culturalmente, a pesar de haber logrado ponerle fin al conflicto armado interno.


Adenda: tanto el Gobierno de Santos, como los miembros del COCE, deben hacer ingentes esfuerzos para iniciar fase de negociación. Resulta incomprensible, más allá de diferencias de criterio entre las partes, que se firme el fin del conflicto con las Farc, y que el ELN se quede por fuera de esta coyuntura.





Imagen tomada de ELTIEMPO.com


[1] Se define como el conjunto de acciones, decisiones y comportamientos que claramente buscan acomodar las leyes, los códigos y las normas, incluyendo las sociales y consuetudinarias, a los intereses de unos pocos, en especial, aquellos que ostentan algún tipo de poder o que buscan imponer su voluntad en detrimento del Bien Común. Ese ethos mafioso guiaría las actividades y transacciones de todo tipo que los ciudadanos y las instituciones desarrollan y establecen en sus cotidianidades, lo que les daría un carácter subrepticio y acomodaticio a particulares y reducidos intereses. Ese ethos mafioso, al consolidarse, corre el riesgo de volverse norma social, legitimada por la debilidad y la incapacidad del Estado de erigirse como un orden justo, viable y legítimo y por la imposibilidad de la sociedad de auto regularse y de enfrentar ese ilegítimo e inmoral orden establecido, para intentar cambiarlo en perspectiva de alcanzar el Bien Común.  

domingo, 29 de mayo de 2016

EL CASO SALUD HERNÁNDEZ-MORA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La retención o el secuestro de la periodista Salud Hernández-Mora por parte del ELN deja varias reflexiones alrededor de los intereses de las empresas mediáticas, los mismos que llevaron a sus periodistas a cometer errores y por esa vía, afectar aún más la credibilidad del  periodismo; de igual manera, lo sucedido con la columnista deja lecciones para el Gobierno, para el propio grupo guerrillero y por supuesto, para la propia periodista colombo-española. Lo sucedido debería de dejar enseñanzas por los errores en los que incurrieron los periodistas, la dirigencia de esa guerrilla y el propio Presidente en su calidad de Jefe de Estado y máximo responsable del orden público.

Inicio  con los yerros en los que incurrió la Gran Prensa bogotana, en especial los medios y los periodistas de los canales televisivos RCN y Caracol. Es claro  que en la actual coyuntura política, el registro del hecho de la desaparición y retención de la periodista colombo-española tuvo motivaciones más políticas que periodísticas. Me explico: editores y periodistas desconocieron el delicado contexto por el que atraviesa el país. Buscaron afectar, una vez más, el ya de por sí difícil arranque de la fase pública del proceso de negociación  entre el Gobierno de Santos y la guerrilla del ELN.

Al hablar de secuestro, los periodistas olvidaron que en la zona del Catatumbo operan disímiles grupos armados ilegales, entre ellos el ELN, lo que de inmediato hace que la retención de cualquier ciudadano haga “parte del paisaje”, dado que dentro de las tareas y operaciones de  estas agrupaciones ilegales está el saber y reconocer quién entra en sus territorios y con qué intenciones.

De esta manera, la retención, como concepto jurídico, se relativiza en la medida en que para el caso que nos ocupa no lo hizo una autoridad legalmente constituida, pero sí una que  ha conquistado su legitimidad sobre la base de un enorme vacío de poder dejado por la ausencia o debilidad del Estado colombiano y por supuesto, por el ejercicio de la violencia física y simbólica que acompaña a todo grupo armado que desee permanecer dentro de un determinado territorio.

Así entonces, la Gran Prensa bogotana armó un novelón con el secuestro o retención de Salud Hernández-Mora, a sabiendas de que la periodista ingresó a la zona del Catatumbo a realizar un trabajo periodístico a partir de una aparente cita que alguien del ELN le había dado. Sobre este asunto hablaré más adelante. En declaraciones, ya en libertad, a la cadena radial Wradio, la columnista señaló que “no sabía que el ELN le tenía preparada una trampa”.

Al desconocer esa circunstancia, de inmediato los periodistas activaron un particular sentido de la solidaridad de cuerpo, dejando de lado la experiencia, el arrojo y el carácter de la periodista Hernández-Mora. Los colegas de la periodista colombo-española la presentaron al país como una periodista débil y poco experimentada, cuando claramente estamos ante curtida periodista y columnista que, además, goza de prestigio internacional y que dentro del país tiene fuertes contactos con sectores de la Derecha y simpatías ideológicas con la extrema derecha.

En esa línea, no se retuvo a un reportero o periodista del montón o bisoño. No. Se trataba de Salud Hernández-Mora quien, insisto, entró a la zona porque previamente había concertado una cita con alguien del ELN. Ella no fue sacada de su apartamento o apresada al salir de cine o de un supermercado. No se trató, en estricto sentido, de una afrenta contra la libertad de prensa y expresión, como periodistas y políticos aseguraron.  Además, las condiciones mismas en las que estuvo retenida difieren enormemente de las que sufrieron, por ejemplo, otros civiles que el mismo ELN ha secuestrado con fines extorsivos. 

Es claro, entonces, que el tratamiento que la prensa bogotana le dio al suceso tuvo motivaciones políticas, encaminadas a afectar el proceso de paz con el ELN y por ese camino, generar un mal ambiente político y electoral para la eventual refrendación del Acuerdo Final al que se logre llegar en las negociaciones de La Habana. Los medios bogotanos RCN y Caracol no buscaron defender a una colega de la terrible práctica del secuestro. Por el contrario, la Gran Prensa usó a Hernández-Mora para torpedear un ya de por sí difícil proceso de negociación entre el Gobierno y la guerrilla del ELN.

Ahora reflexionemos alrededor de las actuaciones de Salud Hernández-Mora. Su cercanía con el proyecto paramilitar y en particular su simpatía con el entonces comandante de las AUC, Carlos Castaño, la convierte en una ficha de la Derecha colombiana, que se vale de su ejercicio periodístico y de sus privilegiadas tribunas de opinión para atizar el fuego, es decir, para descalificar los procesos de paz que de forma paralela el Gobierno intenta sacar adelante con las Farc y con el ELN. Por lo anterior, la presencia de Hernández-Mora en el Catatumbo no puede mirarse exclusivamente como parte de su trabajo como periodista. Como alfil de la Derecha, las actividades periodísticas de la controvertida  periodista siempre deberán reconocerse dentro del  proyecto político de ese sector militar, social, económico y político interesado en perpetuar la guerra interna.

La columnista del diario  EL TIEMPO debe decirle al país con quién del ELN concertó una cita. Y lo debe hacer, porque esa circunstancia bien podría explicar el porqué fue retenida por guerrilleros o milicianos de esa agrupación armada ilegal. ¿Sabía el COCE de la entrevista? ¿Algún miembro del COCE había concertado con la periodista un encuentro en esa zona del Catatumbo? ¿Por qué Salud Hernández-Mora dijo sentirse “traicionada” por el ELN? ¿Le falló el contacto, fue engañada o dentro de esa organización guerrillera hay miembros que de manera inconsulta aceptan reuniones con periodistas que, como Salud Hernández-Mora, los ha calificado como ratas humanas y que claramente es una detractora del proceso de paz de La Habana y de cualquier negociación política que se adelante bajo los principios de la Justicia Transicional? Son muchas preguntas. Ojalá la avezada periodista las pueda responder pronto.

Ahora revisemos las actuaciones del Gobierno en cabeza de Juan Manuel Santos Calderón. El manejo de la situación fue desacertado porque el Presidente se dejó presionar por la prensa bogotana que desde el primer momento en el que se supo de la “desaparición” de la periodista colombo-española, se dispuso a buscar respuestas del Primer Mandatario. Y ante la situación claramente provocada, el Gobierno mantuvo contacto con el ELN para buscar pronta solución. Solución que demoró casi ocho días, porque se ordenaron operativos militares y acciones de inteligencia para dar con el paradero de la columnista y el de los periodistas de RCN que entraron a la zona tras el rastro de la colega que escribe para EL MUNDO, de España.  De esta manera, terminó el Gobierno  facilitándole las cosas a la gran prensa bogotana que de tiempo atrás no lo acompaña en sus esfuerzos de ponerle fin al conflicto armado interno a través de la negociación política.

En cuanto a la acción misma del ELN, hay que señalar que este grupo le debe al país una explicación más clara del por qué de la retención o secuestro de Salud Hernández-Mora. No basta con señalar que se produjo debido a operativos de rutina que esa guerrilla hace para tener y ejercer control territorial en las zonas en donde opera. Y  de nuevo, esa agrupación subversiva le sirve en bandeja de plata a las empresas mediáticas el inicio de la fase pública, con el claro objetivo de que no se avance. Y lo hace, porque los canales de televisión RCN y Caracol se han encargado de sensibilizar a las audiencias sobre la inaceptable práctica del secuestro, así la situación de la retención de Hernández-Mora se haya dado en las circunstancias contextuales aquí descritas.

Con todo y lo anterior, va quedando claro que hay en el país importantes y poderosas empresas mediáticas e influyentes periodistas de radio, televisión y prensa escrita, en especial los que operan en ciudades capitales, que están alineados con el proyecto político de sectores de la Derecha y la ultraderecha, con el que se busca insistentemente torpedear los procesos de paz con Farc y ELN. Y más adelante, esos mismos sectores de poder económico, militar y político buscarán evitar la efectiva y eficiente implementación de los acuerdos a los que se lleguen con esas dos guerrillas. Llegado ese momento, pasaremos de un conflicto armado interno, a una especie de "guerra político-mediática" contra la consolidación de escenarios de posconflicto.

Adenda 1: lamentable la comparación que hiciera el Presidente cuando señaló que el Catatumbo es una especie de Bronx de alcance nacional. En aquella estratégica y convulsionada zona del país lo que históricamente se ha dado es la ausencia del Estado. Allí sobreviven campesinos y gente trabajadora. 


Adenda 2. En reciente comunicado, el ELN se atribuye la retención de la periodista en cuestión, pero no alude a la entrevista pactada, de la que habla la columnista colombo-española. Insisto en que aún hay cabos sueltos en todo este episodio político-mediático.
Imagen tomada de El Heraldo.co

lunes, 25 de abril de 2016

UN FISCAL CORPORATIVO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Si algo busca el modelo económico neoliberal es controlar la acción estatal para beneficiar a poderosas corporaciones. El Estado[1], entonces, se convierte en un apéndice de los intereses particulares que guían la acción política de los partidos políticos que están al servicio de empresas y poderosas corporaciones y gremios;  y entre tanto, la clase política gobierna y legisla para beneficiar a una élite tradicional mezquina, que aprendió muy bien cómo hacerse con el Estado y aliarse con grandes corporaciones.

Neoliberales como Gaviria, Pastrana, Uribe y Santos, entre otros, lograron de disímiles maneras imponerle al Estado un sentido o un carácter corporativo con el que claramente respondieron positivamente a las imposiciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y por esa vía, suprimir poco a poco el sentido de lo público que acompaña al Estado y a la política misma.

Crear Agencias paralelas es una forma de “privatizar” el Estado, dándole un carácter técnico con el cual se intenta ocultar el verdadero carácter corporativo. Ejemplo de ello lo constituyen la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y quizás la más controvertida por sus recientes decisiones, la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales).

De esta manera, el sentido  de lo público se desvanece ante el incontrastable poder de agentes estatales que operan dentro del Estado para beneficiar a firmas y empresas nacionales y extranjeras. Poco a poco el Estado, como símbolo de unidad territorial y guía moral de la sociedad a la cual disciplina gracias a su poder de coerción, va perdiendo sentido de realidad y su operación cada vez se reduce a favorecer a unos pocos.

El Estado colombiano deviene “privatizado” y la acción política de agentes estatales como ministros, “súper ministros” y directores de Agencias, entre otros, queda sujeta y se encamina a proteger y ampliar los intereses de grandes empresarios y empresas multinacionales.

El aparato de justicia no se queda al margen de esas circunstancias y realidades. Por el contrario, las grandes decisiones devienen de tiempo atrás tomadas por agentes y operadores judiciales cooptados por grandes empresas nacionales y extranjeras. El caso del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel Chaljub, es apenas una muestra de cómo un agente de Estado le torció el sentido lo público a la justicia, y a la ética misma, beneficiando a terceros.

Ahora que el país conoce la terna que envió el Presidente de la República a la Corte Suprema de Justicia para que ese tribunal elija el nuevo Fiscal General de la Nación, la posibilidad de que el carácter corporativo llegue al ente investigador y acusador es enorme, por cuenta del perfil de uno de los abogados ternados: Néstor Humberto Martínez Neira.

Si Néstor Humberto Martínez Neira se convierte en Fiscal General de la Nación, esa entidad, en delante, bien podría exhibir un inconveniente y perverso carácter corporativo con el que se beneficiarán los grandes Cacaos de Colombia, empresarios y multinacionales. En especial, aquellos que resulten llamados por la Jurisdicción Especial de Paz o señalados en los informes que la Comisión de la Verdad logre construir una vez se instale y se dé inicio a sus labores investigativas. Esas instancias judiciales, solo vinculante la primera, creadas en el contexto de los diálogos de paz entre el Gobierno de Santos y las Farc, investigarán a combatientes y no combatientes que hayan incidido, apoyado o coadyuvado, de manera directa o indirecta, al escalamiento del conflicto y por ende, a la comisión de delitos violatorios de los DDHH y del DIH.

De esa forma, el Establecimiento mantiene el apoyo al proceso de paz de La Habana, a la negociación misma y terminaría aceptando los niveles de impunidad que de todas maneras habrá, en relación con los crímenes cometidos por las Farc, cuando se implemente el modelo de justicia transicional acordado entre las Delegaciones que negocian en territorio cubano. Eso sí, a cambio de que se garantice impunidad para los grandes ricos y empresarios que aportaron dinero, por ejemplo, a grupos paramilitares que masacraron civiles, desplazaron campesinos, afros e indígenas, violaron mujeres y despojaron de sus tierras a unos y otros. 

Así entonces, la tarea de Martínez Neira como Fiscal General de la Nación sería la de “amarrarle” las manos al ente investigador y acusador, y asesorar, por debajo de la mesa o de frente al país, a los grandes empresarios y multinacionales que de disímiles formas apoyaron a grupos paramilitares y coadyuvaron al escalamiento del conflicto armado interno. Y lo haría, usando su influyente bufete de abogados y su cercanía con los grandes ricos de Colombia.

Martínez Neira llegaría a la Fiscalía General de la Nación con un doble perfil, dos caras o caretas. Una, como agente de Estado y la segunda, como hábil agente privado que sabe penetrar el Estado para ponerlo al servicio de los intereses  de poderosos actores y agentes privados.

Para muchos, la elección como Fiscal General de Néstor Humberto Martínez es un hecho. Solo resta esperar que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cumplan con la tarea, valorando el sentido de lo público con el cual han actuado los candidatos ternados. Si ese criterio se aplica, muy seguramente Martínez Neira no podrá ser elegido como Fiscal. Al respecto, Caballero señala: “si hubiera que resumir en un solo nombre la carencia absoluta de sentido de lo público, ese nombre sería Néstor Humberto Martínez”[2].


Sin duda, hemos construido Estado, Sociedad y Mercado sobre un ethos mafioso que nos aleja de la posibilidad de vivir con sentido de lo colectivo y de lo público. Tendremos un Fiscal corporativo? Amanecerá y veremos.

viernes, 15 de abril de 2016

CAÑO CRISTALES: ¿EN RIESGO?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La locomotora minero energética del Gobierno de Santos avanza a toda velocidad sin que a su paso, a esa descontrolada “máquina”, se le puedan hacer controles en algunas “estaciones”. La débil institucionalidad ambiental existente en Colombia no puede ni siquiera examinar, mitigar[1] y mucho menos detener los efectos negativos[2] que viene dejando sobre valiosos ecosistemas esa incontrolable locomotora. Tanto así, que las actividades de mitigación quedan prácticamente supeditadas a la “buena voluntad” de las empresas que tienen intereses en la exploración y explotación de recursos del subsuelo.

Como punta de lanza del modelo de desarrollo extractivo, la locomotora minero energética de tiempo atrás viene posando su pesada estructura sobre ecosistemas de páramo, sub páramo y llanuras; y ahora se anuncia su llegada a  territorios, ecosistemas valiosos y estratégicos y a lugares como La Macarena, en donde aún podemos gozar de la rabiosa belleza de Caño Cristales.

Con la aprobación de la licencia ambiental que autoriza la exploración de hidrocarburos (Resolución de ANLA, 0286, del 18 de marzo de 2016) a la empresa HUPECOL OPERATING CO LLC, es claro que sobre el Río de los Siete Colores se ciernen enormes riesgos, a pesar de los 68 kilómetros que separan las plataformas de  exploración[3] de dicho afluente y de sus ecosistemas asociados.

Si bien el Presidente Santos ordenó suspender provisionalmente la licencia ambiental otorgada a la empresa HUPECOL, de origen estadounidense, la decisión técnica, jurídica y política tomada por la ANLA deja entrever la existencia de una política ambiental[4] pensada exclusivamente para garantizar beneficios económicos a empresas nacionales y multinacionales. Una política ambiental[5] que, sostenida en una histórica y débil institucionalidad, prácticamente abocaría al país a soportar desastres ambientales y a la privatización de recursos estratégicos como el agua.

En relación con la proximidad de la firma del fin del conflicto armado, es probable que la ANLA y el Gobierno de Santos estén pensando en aumentar la presencia de proyectos de exploración y explotación minera en aquellos lugares en los que por largo tiempo las guerrillas ejercieron “soberanía”. Es decir, que una vez desmovilizadas y reintegradas las Farc y el ELN a la vida civil, el Gobierno estaría dispuesto a vender al mejor postor los servicios ambientales[6] de zonas cercanas a PNN e incluso, dentro de estos mismos territorios sobre los que el Estado aún ejerce poca presencia institucional y por lo tanto, exiguo control sobre disímiles actividades legales e ilegales que allí se desarrollan.

Así, esos y otros ecosistemas biodiversos pasarían de sobrevivir a la otoñal presencia de las guerrillas y a los daños ambientales generados por las actividades militares (incluye atentados) adelantadas por estos grupos subversivos, a sufrir quizás los mayores daños y efectos por cuenta de las empresas nacionales y extranjeras interesadas en aprovechar que el país “estará en paz[7]”, lo que les facilitaría la exploración y explotación de petróleo, coltán y oro, entre otros.

Sin duda, la reacción  de sectores de opinión que se oponen a la exploración petrolera en ese lugar específico de La Macarena, “obligó” al Presidente a ordenar la suspensión de dicha licencia. Decisión esta que puede estar sostenida en una recomendación de sus asesores en el sentido en que dejar avanzar las actividades de exploración de HUPECOL, afectaría aún más la imagen del Gobierno, de cara a la aprobación del plebiscito, si este sobrevive al examen que le hará la Corte Constitucional.

Adenda: llama la atención el silencio de las Delegaciones de Paz de las Farc y del ELN en torno a la licencia ambiental otorgada a la empresa estadounidense. ¿Acaso Farc están pensando más en la salida de Simón Trinidad, que en oponerse a la exploración de HUPECOL? Es claro que la variable ambiental no es transversal a las Agendas pactadas.




Imagen tomada de cañocristales.com

[3] En la Resolución se lee: “requiriendo para ello la construcción de hasta quince (15) plataformas multipozo y la perforación de hasta diez (10) pozos exploratorios en cada plataforma multipozo…” La actividad de exploración estará ubicada en: “El AIPE Serranía se localiza en una zona de litigio de límites entre los municipios de La Macarena en el departamento del Meta y San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá, tiene una extensión de 34.649 ha y se encuentra bajo la competencia ambiental de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena (CORMACARENA) y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía — CORPOAMAZONIA.

martes, 1 de marzo de 2016

Justicia Transicional y Santiago Uribe Vélez

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Es un enorme error conceptual y político hacer aparecer la captura de Santiago Uribe Vélez como parte de una “persecución política” orquestada desde la Casa de Nariño en contra de lo que se conoce, eufemísticamente, como el “uribismo[1]”. Ni hay persecución política en contra del Centro Democrático y mucho menos, la captura del ganadero se puede interpretar de esa manera.

Que Santiago Uribe sea hermano de quien gobernó o mandó en Colombia entre 2002 y 2010 es un hecho meramente circunstancial que no puede ser usado para invalidar la decisión judicial de la Fiscalía, que lo viene investigando, de tiempo atrás,  por la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y por varios crímenes cometidos por esa organización.

Cuando la prensa titula “Capturado el hermano del senador Uribe[2] o hace referencia al vínculo familiar, anula y desestima el acervo probatorio que la Fiscalía ha recogido en varios años de investigación sobre la conformación de ese grupo paramilitar, liderado por el ganadero antioqueño, de acuerdo con los testimonios de varios comandantes paramilitares y del ex oficial de la Policía Nacional, Juan Carlos Meneses. Huelga recordar las acciones de despojo de tierras, desplazamiento forzado y masacres perpetradas por las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y otros grupos, como el de Los 12 Apóstoles.

Ahora bien, no se puede ocultar que la “polémica” decisión judicial en contra del caballista antioqueño es un golpe muy fuerte para el ex presidente Álvaro Uribe, en su condición de hermano. Es inevitable que así sea, pero ello no se puede interpretar como parte de una estrategia del Gobierno de Santos, que tiene como propósito “doblegar” la voluntad del Senador del Centro Democrático, y de esa forma, hacer que  modifique o morigere su postura frente al Proceso de Paz, en especial en lo que tiene que ver con el modelo de justicia transicional acordado en La Habana.

Es posible si, conectar la acción legal en contra del ciudadano Santiago Uribe con el Proceso de Paz de La Habana y en particular con la implementación a futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, una vez se firme el Acuerdo general y definitivo. Eso sí, con una salvedad: la conexión hay que hacerla desechando su vínculo familiar con el ex Presidente y dándole prioridad a una condición que los medios están ocultando: Santiago Uribe Vélez sería un victimario en el contexto del conflicto armado interno.

En la perspectiva de reconocer a Santiago Uribe Vélez como victimario, su captura y posterior juzgamiento se convierte en una oportunidad para que sectores sociales y políticos entiendan que las condiciones de favorabilidad jurídica (beneficios jurídicos) que recibirán los miembros de la cúpula de las Farc, se podrán aplicar no solo a Santiago Uribe Vélez, sino a generales, coroneles y ojalá, más adelante, a agentes de la sociedad civil que apoyaron, por ejemplo, la conformación de grupos paramilitares. Recordemos que lo acordado en Cuba permite investigar a agentes privados (no combatientes) que de manera directa e indirecta hayan participado de acciones político-militares en el contexto del conflicto armado interno.

Es positivo para el modelo de justicia transicional acordado en Cuba, que el propio Establecimiento tenga y ponga a buen recaudo a figuras políticas, militares y empresarios procesados por la comisión de diversos delitos en razón del conflicto armado. Hacerlo así, podría facilitar la comprensión social y política de los márgenes de impunidad[3] que de todas maneras acompañan a este tipo de acuerdos de paz en donde se da cabida a escenarios transicionales. Estaremos en poco tiempo ante decisiones de una justicia más política que jurídica, en tanto que habrá beneficios para quienes confiesen y reconozcan la responsabilidad y aporten al esclarecimiento de la verdad por los hechos en los que violaron los derechos humanos en su condición de victimarios.

Es decir, los colombianos deberán entender que las penas alternativas de restricción a la libertad que se les impondrán a los dirigentes de las Farc servirán, muy seguramente,  para cesar los procesos judiciales o proponer la condonación de penas a militares de alto rango, políticos, ganaderos y otro tipo de empresarios que de manera directa e indirecta apoyaron actividades criminales y la comisión de delitos.

Bienvenida entonces la captura y procesamiento penal de Santiago Uribe, en el entendido de que este ciudadano haría parte de un largo listado de victimarios que en el contexto del conflicto armado interno, violaron los derechos humanos. Listado que muy seguramente el país conocerá cuando los tribunales del modelo de justicia acordado en La Habana, empiecen a operar.

Espero eso sí, que la Fiscalía acierte en la imputación de cargos y en el acervo probatorio, para que un juez encuentre méritos suficientes para procesar al ganadero Uribe Vélez por los delitos de concierto para delinquir y conformación de grupos paramilitares. No puede la Fiscalía equivocarse en este caso. Cualquier error será capitalizado política y mediáticamente.

Adenda: las posturas asumidas por varios medios masivos, en especial noticieros de televisión y periodísticos radiales, hacen pensar en que los Medios en Colombia cada vez más operan como Actores Políticos. Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2007/05/medios-de-comunicacin-en-colombia-de-la.html



Imagen tomada de Semana.com


[3] Habrá selectividad en el reconocimiento de delitos por parte de los guerrilleros de las Farc, en el contexto de la Jurisdicción Especial de Paz. Se suma a esto, que la Fiscalía hoy en día no ha hecho imputaciones sobre delitos de lesa humanidad contra los miembros de la cúpula fariana. http://www.semana.com/nacion/articulo/fiscal-eduardo-montealegre-ordeno-suspender-imputaciones-contra-cupula-de-las-farc/443618-3 http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/proceso-paz/noticias/fiscalia-suspendio-imputaciones-por-lesa-humanidad-cupula-militar-farc

martes, 19 de enero de 2016

PAZ Y POSCONFLICTO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Los periodistas, a través del lenguaje periodístico-noticioso, y los agentes políticos, a través de lo que podemos llamar el discurso político (o de los políticos), suelen coincidir en el uso de conceptos que poco a poco se van vaciando de sentido por el manoseo cotidiano de los  mismos.

Voy a tomar dos conceptos que los medios de comunicación y el Presidente Santos, como principal agente político, vienen tomando de manera ligera, sin advertir que sobre estos vocablos subsisten acepciones mucho más elaboradas y complejas. Se trata de las nomenclaturas Paz y Posconflicto.

El Presidente en reiteradas ocasiones y circunstancias ha dicho que la “paz está cerca[1]. Es decir, para el Presidente, ponerle fin al conflicto armado interno es sinónimo de paz. Desde la perspectiva del discurso político y desde la dimensión periodística, lo que Santos Calderón pretende es llamar la atención de las audiencias para que crean en que es posible ponerle fin a la guerra. Lo hace así porque el Presidente es un agente político y su discurso claramente está alejado de la dimensión categorial, teórica y conceptual propia del discurso académico. Si su discurso estuviera anclado y sujeto a profundas elaboraciones y disquisiciones teóricas y conceptuales, ello haría menos comprensible lo que viene sucediendo en La Habana en términos de los acuerdos logrados hasta el momento.

Y son muchos los colombianos que siguen esa línea de expresión y hablan de que efectivamente Colombia alcanzará la paz porque el Gobierno firmará el fin del conflicto armado con las Farc. Pero no es exactamente así. Sabemos que la paz, como concepto y variable, está inexorablemente asociada a unas anheladas circunstancias en las cuales transcurre la vida humana, con todo y los riesgos que conlleva vivir juntos en las actuales sociedades. Así, la paz es un “estado de normalidad” (en el que se proscribe la guerra) en el que diversas actividades humanas se pueden realizar, con esperados sobresaltos, sin que ello implique excesivos peligros o la generación de miedo o terror en amplios sectores poblacionales. Es decir, la paz se construye poco a poco, implica un proceso; no se decreta, ni se firma. Si se quiere, la paz será posible cuando se proscriba la guerra, aprendamos a resolver los conflictos y las diferencias de manera pacífica o por lo menos, sin la intención de matar o eliminar a aquellos con los que tenemos diferencias. Se trata de minimizar las incertidumbres sociales fruto de escenarios de fuerte crispación y violencia, que a todas luces impiden y evitan la convivencia en medio de las diferencias. 

Posconflicto es el otro concepto  que usan  a diario periodistas, políticos y el Presidente Santos[2]. Al hablar de posconflicto estos agentes socializadores y políticos hacen referencia a una etapa que aparece una vez la guerra termina. Es decir, que el posconflicto, para medios y el Presidente, es un escenario natural que se da como consecuencia de la firma del fin del conflicto a través de un armisticio. Esto es, la paz y el posconflicto, desde las lógicas e intereses del Presidente y de los medios masivos, son dos vocablos que caminan juntos y el segundo es consecuencia de la superación del conflicto armado.

Pero más allá del uso interesado y cotidiano de estos dos conceptos por parte de los medios, periodistas y el Presidente, lo cierto es que el posconflicto es un escenario en donde la paz y la convivencia se consolidarán como circunstancias contextuales que facilitarán, para el caso de Colombia, la reparación, la no repetición, la reconciliación y en adelante, la interiorización de las normas, el respeto y el reconocimiento del Otro, así como la aceptación y puesta en marcha de mecanismos y dispositivos que permitan la convivencia pacífica y sobre todo, la resolución no armada de los conflictos. Por supuesto que ello pasa por aceptar lo acordado en La Habana, en especial aquellos asuntos polémicos que devienen con la justicia transicional y la participación política de los reinsertados de las Farc.

Además, el Posconflicto[3] exigirá profundas transformaciones institucionales y culturales que harán posible que aprendamos a resolver nuestros conflictos de manera civilizada y se establezcan las garantías jurídico-políticas para el efectivo ejercicio de los derechos en el contexto de una democracia que aún deviene con un carácter formal y procedimental.  Por lo tanto, el Posconflicto obedece a un proceso que demandará disímiles esfuerzos sociales, económicos y políticos, en el contexto de una enorme transformación  cultural.

Podemos esperar que en escenarios de Posconflicto[4] la paz sea posible en el entendido en que las logradas transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales  sirvan para asegurar condiciones óptimas de convivencia y minimización de incertidumbres que permitan que la vida humana transcurra en condiciones de tranquilidad, sosiego, paz y no de guerra.

Debemos aprender los colombianos que el uso cotidiano e interesado de las nomenclaturas Paz y Posconflicto por parte del periodismo y el Presidente, termina ocultando la complejidad que encierran conceptualmente estos dos vocablos. Quizás desde allí deban partir los ejercicios pedagógicos que se requerirán de cara al llamado que recibiremos para votar el plebiscito y más adelante, para aceptar las condiciones generales y particulares de lo que se acuerde finalmente en La Habana.




Imagen tomada de: meta.gov.co; https://www.google.com.co/search?q=paz+y+posconflicto&espv=2&biw=1024&bih=636&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmhL-YhbnKAhWEdh4KHc4LD-AQ_AUIBigB#imgrc=N7XimVbczApO-M%3A


[4] Alejo Vargas habla de “posconflicto armado”, en estos términos: “…lo entendemos como el periodo que va desde el momento en que los procesos  de concertación  y negociación del conflicto armado interno  se tornan en irreversibles, hasta cuando se desarrollan certámenes electorales bajo las nuevas condiciones en la negociación,  se da el reacomodo dentro de la institucionalidad  de los actores armados irregulares y el Gobienro inicia el desarrollo de las políticas públicas que apuntan a la reconciliación de la sociedad”. Tomado de El posconflicto armado en Colombia: la posibilidad de consolidar la democracia, EN: La Construcción del posconflicto en Colombia. Cerec- Fescol. 2003. p. 119-120.