ES HORA DE PENSAR EN RESPONSABILIDADES POLÍTICAS INDIVIDUALES

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo. Profesor Asociado de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali- Colombia

En política hay responsabilidades que deben asumirse individual y colectivamente. Desde la primera, cada ciudadano debe reconocer que con su voto, con sus posturas y apuestas en ámbitos diversos como los negocios, el ejercicio de un oficio o una profesión, entre otros, valida, niega, aprueba, omite, legitima o no decisiones políticas que más o menos de forma natural, generan impactos, negativos y positivos, en las maneras como concebimos lo público, el devenir del Estado y hasta en el sentido que le damos a las leyes y a la propia constitución.

En cuanto a las responsabilidades políticas que deben asumir ciertas colectividades, como los partidos políticos, la verdad es que hay muy poco que esperar. Baste con decir que necesitamos una clase política distinta, digna y capaz de edificar, con sus actuaciones, una sociedad justa y viable.

En adelante me concentraré en las responsabilidades que deben asumirse desde lo individual.

Hay que esperar y hasta demandar de los ciudadanos colombianos afectos al régimen uribista, específicamente aquellos que apoyan ciegamente la continuidad de Uribe en la Casa de Nariño, la expresión de verdaderos actos palinódicos en aras de asumir responsabilidades políticas, porque con sus votos garantizaron la llegada de Uribe a la Presidencia y coadyuvaron a que el país entrara en una nefasta polarización ideológica y política que se respira en ámbitos privados, y en núcleos familiares y empresariales, en donde se reciben con sospechas y con desagrado aquellas opiniones contrarias al unanimismo mediático y político que expresa que sólo hay un hombre que puede llevar las riendas del país: Álvaro Uribe Vélez.

Las responsabilidades políticas en regímenes aparentemente democráticos como el nuestro, deberían ser exigibles en un diálogo simétrico y respetuoso entre quienes hoy son conscientes del daño institucional y constitucional que significa haber modificado las reglas de juego para beneficiar a una persona, a un proyecto de país soportado en la sed de venganza de un actor político víctima de la ya tradicional violencia política colombiana.

Quizás sea posible dialogar con aquellos que votaron por Uribe en 2002, que se abstuvieron de hacerlo nuevamente en 2006 y que ven hoy con preocupación su carácter autocrático. Creo, por el contrario, que es difícil dialogar con aquellos convencidos de que Uribe debe quedarse todo el tiempo necesario con el fin de completar su proyecto y vengar así la muerte de su padre: acabar con las Farc. Y no porque no sea posible, sino porque cada que se intenta abrir un espacio de diálogo, salen a flote criterios apoyados en pasiones, en la fe ciega puesta en una política de seguridad democrática que no es más que el correlato de una política de guerra conocida como Plan Colombia, sostenida en la vieja política de tierra arrasada. No exhiben argumentos, solo fe, dogmas, certezas, triunfalismo, pero lo más preocupante, exponen poca capacidad de análisis y de dudar de lo que las empresas mediáticas informan.

Creo que el éxito de Uribe se debe a una bien pensada tarea propagandística de unos medios de comunicación amenazados, cooptados, presionados, intimidados, en un contexto de una profunda crisis del periodismo colombiano, en donde sobresalen, entre otros, la fascinación periodística por el discurso guerrerista, por la guerra misma y sus guerreros, pero también, por la mendicante relación que de tiempo atrás se ha establecido entre Fuentes, voceros oficiales y Periodistas. Aparece, también, la estupidez histórica de las Farc, convertida hoy en un cartel criminal sin norte político, como un fuerte endulzante que aviva a quienes están convencidos de que las guerrillas son el único problema de Colombia.

Hay que señalar también al poder corruptor de quien es la máxima autoridad administrativa y generadora de gasto: el Presidente de la República. Es evidente que Uribe apeló, apela y apelará a la compra de conciencias (él mismo ha señalado que no compra conciencias, que las persuade) tanto de empresarios, militares, partidos y movimientos políticos, entre otros sectores, para mantener sus apoyos, a pesar de los inocultables errores cometidos en materia económica, política y constitucional, pero especialmente, en materia de violación de los derechos humanos. A cada uno le ha entregado lo necesario para ganar su apoyo.

En esos actos de arrepentimiento, los uribistas deberían revisar en profundidad cuáles son las ideas que tienen alrededor de la libertad, del orden, del reconocimiento de la diferencia, del valor de la constitución de 1991 y de los avances alcanzados con dicha apuesta constitucional. Sería importante que se preguntaran qué es eso de ser liberal, filosófica y políticamente hablando.

Sería clave que pensaran muy bien en las consecuencias funestas que generaría para el país perpetuar en el poder y concentrarlo en un hombre que gobierna con espíritu vengativo, y con el cual ha logrado polarizar al país, con el riesgo de que dicha polarización se empiece a manifestar en violencia callejera, en enfrentamientos en núcleos familiares, e incluso, exacerbar persecuciones de carácter ideológico y político, aupadas desde la Casa de Nariño, el DAS y las Fuerzas Militares, que pueden terminar en asesinatos selectivos y en despidos masivos de empresas privadas y estatales de aquellos que no simpatizan con la causa uribista.

Insisto en que el ciudadano tiene la palabra y la responsabilidad al momento de elegir presidente, concejales, diputados y congresistas. El asunto de elegir es individual, de ahí lo delicado. Quizás muchos piensen que cambiar o negociar un voto por un plato de lentejas, un puesto y un contrato, entre otros, significa muy poco. Es un error pensar así. Aceptar ponerle precio a un voto es lo mismo que aceptar ponerle precio a la vida constitucional. Y cuando ello sucede, en cualquier momento se puede pasar de beneficiado, a víctima.