Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo. Profesor Asociado Universidad Autónoma de Occidente
No se sabe qué es peor para el ejercicio periodístico: si la autocensura o la censura. Cuando aparece la primera, se pone en evidencia la decisión editorial y política tanto del reportero, como del editor, o el director general del medio, de callar, dependiendo del hecho noticiable que llama la atención. En esta materia, la gran prensa nacional (escrita) se ha autocensurado en temas delicados que tienen que ver, por ejemplo, con la aprobación y puesta en marcha del Plan Colombia, en una actitud irresponsable política y periodísticamente, por parte de medios como EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, EL COLOMBIANO, EL PAIS y las revistas SEMANA y CAMBIO[1], que jamás explicaron, entre otros asuntos, que hubo cuatro versiones distintas del Plan Colombia y lo más importante, no dieron una discusión seria y fuerte alrededor de lo que significó la aplicación de dicho Plan en términos de la doctrina de seguridad aplicada a un conflicto tan complejo como el que se vive en Colombia. De igual manera, hubo autocensura, y la hay todavía, en relación con la aplicación de la política de defensa y seguridad democrática, especialmente, porque varios de esos medios y de programas de opinión televisivos (Lechuza y La Noche), adoptaron el reducido concepto de seguridad sobre el cual se sostiene dicha política pública,[2] presentando como un avance democrático, lo que sólo es una política de confrontación militar que no permite avanzar en asuntos como seguridad alimentaria, seguridad social y laboral, entre otros.
Pero la autocensura no se da exclusivamente por la acción política- editorial del medio o de quienes se encargan de filtrar y acomodar la información recogida por los reporteros, esto es, editores y directores. Es también, el resultado de la ignorancia, la falta de criterio o la ceguera estructural de los reporteros que no reconocen la dimensión del hecho noticiable que pretenden abordar. Este tipo de autocensura es el peor de los condicionantes con los cuales se ejerce el periodismo en Colombia, puesto que involucra la calidad de la formación de los reporteros, el buen juicio de un ciudadano que funge como periodista y que está obligado constitucionalmente, él y el medio, a informar de manera veraz e imparcial.
También se reconocen actitudes propias de la autocensura cuando el periodista se acerca demasiado a la fuente, generando una relación de amistad y de mutua simpatía, que termina por afectar la capacidad del reportero de decidir, de manera autónoma y ajustada a los hechos, qué informa, o qué detalles deja por fuera, para no afectar la buena relación con la fuente. Y esta es una práctica creciente en los reporteros colombianos. Baste con verlos en las ruedas de prensa, en donde se preocupan más por ganarse la fuente con preguntas que no comprometen al funcionario, que por contextualizar el hecho que se elevará al estatus de noticia. Y en muchos casos, la relación extremadamente respetuosa con la fuente, termina en una recomendación para ocupar el cargo de jefe de prensa en una de las carteras ministeriales.
No se sabe qué es peor para el ejercicio periodístico: si la autocensura o la censura. Cuando aparece la primera, se pone en evidencia la decisión editorial y política tanto del reportero, como del editor, o el director general del medio, de callar, dependiendo del hecho noticiable que llama la atención. En esta materia, la gran prensa nacional (escrita) se ha autocensurado en temas delicados que tienen que ver, por ejemplo, con la aprobación y puesta en marcha del Plan Colombia, en una actitud irresponsable política y periodísticamente, por parte de medios como EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, EL COLOMBIANO, EL PAIS y las revistas SEMANA y CAMBIO[1], que jamás explicaron, entre otros asuntos, que hubo cuatro versiones distintas del Plan Colombia y lo más importante, no dieron una discusión seria y fuerte alrededor de lo que significó la aplicación de dicho Plan en términos de la doctrina de seguridad aplicada a un conflicto tan complejo como el que se vive en Colombia. De igual manera, hubo autocensura, y la hay todavía, en relación con la aplicación de la política de defensa y seguridad democrática, especialmente, porque varios de esos medios y de programas de opinión televisivos (Lechuza y La Noche), adoptaron el reducido concepto de seguridad sobre el cual se sostiene dicha política pública,[2] presentando como un avance democrático, lo que sólo es una política de confrontación militar que no permite avanzar en asuntos como seguridad alimentaria, seguridad social y laboral, entre otros.
Pero la autocensura no se da exclusivamente por la acción política- editorial del medio o de quienes se encargan de filtrar y acomodar la información recogida por los reporteros, esto es, editores y directores. Es también, el resultado de la ignorancia, la falta de criterio o la ceguera estructural de los reporteros que no reconocen la dimensión del hecho noticiable que pretenden abordar. Este tipo de autocensura es el peor de los condicionantes con los cuales se ejerce el periodismo en Colombia, puesto que involucra la calidad de la formación de los reporteros, el buen juicio de un ciudadano que funge como periodista y que está obligado constitucionalmente, él y el medio, a informar de manera veraz e imparcial.
También se reconocen actitudes propias de la autocensura cuando el periodista se acerca demasiado a la fuente, generando una relación de amistad y de mutua simpatía, que termina por afectar la capacidad del reportero de decidir, de manera autónoma y ajustada a los hechos, qué informa, o qué detalles deja por fuera, para no afectar la buena relación con la fuente. Y esta es una práctica creciente en los reporteros colombianos. Baste con verlos en las ruedas de prensa, en donde se preocupan más por ganarse la fuente con preguntas que no comprometen al funcionario, que por contextualizar el hecho que se elevará al estatus de noticia. Y en muchos casos, la relación extremadamente respetuosa con la fuente, termina en una recomendación para ocupar el cargo de jefe de prensa en una de las carteras ministeriales.
Esa perversa relación viene precedida, en muchos casos, de una velada amenaza por parte de las fuentes hacia los periodistas, en el sentido de no volver a tener en cuenta al reportero para recibir información de primera mano (primicias). Normalmente, el veto lo anuncia y lo ejecuta la Oficina de Prensa de la Casa de Nariño o la oficina de información del ministerio comprometido.
En cuanto a la censura, es claro que en Colombia, desde la perspectiva constitucional, no hay censura. Pero una cosa es lo que dice la Constitución y otra, el ejercicio del poder de intimidación de un gobernante que abiertamente ha demostrado que le molesta la acción vigilante y escrutadora de la prensa.
Lo cierto es que no se puede decir con total certeza que en las dos administraciones de Uribe se hayan presentado acciones concretas de censurar a un medio en particular, a través de una política o de una directriz conocida públicamente, pero sí es evidente que aquellos periodistas (columnistas) que han criticado directamente al Gobierno y al propio Uribe por su intención manifiesta de perpetuarse en el poder, han sido víctimas de la censura del medio, que asume como propia la molestia presidencial y decide quitarle el espacio de opinión al ‘incómodo’ columnista.
Baste con recordar el caso de Javier Darío Restrepo para reconocer que efectivamente la censura puede ser asumida por los medios en tanto lo expresado por sus columnistas puede en algún momento, molestar al inquilino de la Casa de Nariño, asunto que pondría en calzas prietas al medio que a toda costa decide conservar una buena relación con el gobierno. Tal parece que así sucedió con EL COLOMBIANO, que prefirió mantener una buena relación con el Mandatario, que el espacio de opinión al periodista.
Lo más preocupante es que no existe dentro de la sociedad civil un organismo académico que exponga los riesgos democráticos que connota la autocensura como práctica periodística. Las Facultades de periodismo están al margen de la discusión alrededor del complejo contexto en el cual sus propios egresados y en general los medios, están informando hoy en Colombia. Y es que el asunto no es menor. No es posible pensar en la consolidación de la democracia si la autocensura, por incapacidad o ignorancia de los periodistas, o por el efectivo control ideológico de editores y directores, se exhibe y se presenta hoy como el mayor obstáculo para que las audiencias reciban información amplia, veraz, contextualizada y no la información a medias y contaminada que están recibiendo.
La situación se torna más compleja aún cuando en regímenes presidencialistas como los de Venezuela, Ecuador y Colombia, los mandatarios manejan dosis fuertes de animadversión contra el ejercicio periodístico, que en los casos de los dos primeros, se expresa en acciones de persecución a las empresas mediáticas que no siguen a pie juntillas el proyecto político que encarnan Chávez y Correa. Si bien Uribe no tiene una relación tan tensa con los medios, como la que sí mantienen sus vecinos, un tercer mandato puede llevar a que la censura oficial aparezca, y a que la autocensura termine asumiéndose como una práctica normal, que se expresaría de la siguiente manera: si para sobrevivir como empresa y para sobrevivir como periodista hay que ocultar información y por lo tanto desinformar, bienvenida la autocensura. El riesgo es latente.
[1] Véase AYALA OSORIO, Germán y AGUILERA GONZÁLEZ, Pedro Pablo. Plan Colombia y medios de comunicación, un año de autocensura. Cali, CUAO, 2001. 717 páginas.
[2] Véase AYALA OSORIO, Germán, DUQUE SANDOVAL, Oscar y HURTADO VERA, Guido. De la democracia radical al unanimismo ideológico, medios y seguridad democrática. Cali: UAO, 2006. 318 p.
1 comentario:
Veterano y vigente es éste tema, asociado al miedo y la continuidad en cualquier contexto laboral. Siempre habrá una delgada línea entre ser dueño de lo que se calla y esclavo de lo que se dice; más aún, si se ve comprometida la integridad física.
La autocensura ha funcionado como mecanismo de protección [1], y aplicará su rigor siempre y cuando sigan existiendo intereses por parte de particulares que busquen mantener la aparente trasparencia en sus gestiones. Esto sin mencionar a los grupos alzados en armas con su sometimiento a la población y los medios de comunicación regionales.
Ante tal agresión a la opinión pública, solo se puede apelar al buen juicio y la doble moral. Retocar sutilmente nuestras mentes e ideas aunque ella prenda fuego a las ilusiones de cambio desde el saber escrito.
Felipe H.
Publicar un comentario