Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
No es probable que haya cambios sustanciales en la composición del Congreso una vez termine la jornada electoral del 14 de marzo de 2010. Aunque en la política doméstica puede suceder cualquier cosa. Lo cierto es que ha sido una campaña extraña por la incapacitante[1] y tenebrosa encrucijada del alma de Uribe y por la demora de la Corte Constitucional en definir la suerte de la ley que dio vida al referendo reeleccionista.
Es posible que el Uribismo aumente sus fichas en el Congreso, con la presencia de ex militares, ex policías y candidatos afectos o cercanos al proyecto paramilitar[2], que intentan llegar con movimientos como PIN, ADN (sin personería jurídica, pero con las motivaciones intactas) y Alas; igualmente, con aquellos movimientos y partidos como Cambio Radical, el Partido de la U y el propio Conservatismo, en cuyas entrañas convivieron políticos cercanos a los paramilitares y su proyecto de cooptación del Estado.
Con la evidente crisis de los partidos políticos, los candidatos a ocupar curules en Senado y Cámara de Representantes saben que los intereses que representarán, si llegan al Congreso, se reducen a los de sus patrocinadores o a los del patrón electoral que los respalda. No podemos esperar que el nuevo Congreso controle políticamente las actuaciones de quien vaya a ocupar la Presidencia y menos aún, si logra Uribe perpetuarse en la Casa de Nariño. Lo cierto es que el Uribismo mantendrá el poder, lo que significa que de no ir Uribe como candidato oficial, cualquiera que asuma las riendas del poder sabrá que estará al frente de un gobierno de transición y que Uribe, como el gran patrón, estará detrás del trono, junto con su asesor, José Obdulio Gaviria.
Llama la atención el silencio del ex presidente Gaviria quien logró recuperar algo de las cenizas del Partido Liberal, pero que pudo o no quiso proyectarse como un candidato en franca oposición al gobierno de Uribe. El partido Liberal está hoy en manos de Pardo, un tímido candidato incapaz de oponerse abiertamente al proyecto político que gestó Uribe en el 2002 y que cada día toma más fuerza, a pesar de los garrafales errores cometidos en materia de seguridad social en salud.
Estamos ante un escenario electoral en el que el miedo se erige como un factor decisivo. Las incertidumbres electorales van desde no saber si el país dará un rumbo democrático que desmonte los ‘logros’ alcanzados en materia de orden público; o por el contrario, que definitivamente se dé el gran salto hacia una dictadura civil, como parte de un proyecto político, social, cultural y económico, agenciado por fuerzas internas y externas, que responden a su vez a la intención manifiesta de constituir una sociedad civil obediente, unos ciudadanos atemorizados no sólo por el propio Estado, sino por el creciente unanimismo que prohíbe el disenso, la discusión y la crítica.
Si bien el proyecto uribista se sostiene en la figura de AUV, lo cierto es que se vienen dejando las bases de un proyecto civilizatorio que no sólo discipline socialmente, sino que permita legitimar de manera amplia la conversión del ciudadano activo políticamente, en un ciudadano-cliente, sujeto a mínimas condiciones económicas y a las oportunidades de progreso que pueda arañar en eventos electorales, abandonando por supuesto, toda propuesta o idea que vaya en contravía del proyecto neoconservador que agencia Uribe y el sistema financiero nacional e internacional.
Es difícil pensar que el daño que Uribe y sus áulicos le han hecho a la democracia y al Estado mismo se logre reparar o mitigar con una propuesta de país diferente. No hay en estos momentos quién proponga en Colombia una alternativa de país distinta a la que se viene construyendo desde 2002.
[1] Sus fichas y posibles herederos han aceptado con ‘disciplina’ la ‘encrucijada del alma’ de su patrón político. Son ellos, Juan Manuel Santos, Andrés Felipe Arias, Noemí Sanín y hasta el propio Vargas Lleras.
[2] Afinidades ideológicas que se expresan de manera natural a partir del silencio de aquellos candidatos que abiertamente defienden a Uribe, pero que se muestran incapaces de reconocer el daño institucional que dejó la perversa alianza entre políticos y paramilitares.
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