Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La condena a Mario Uribe Escobar debe convertirse en un ícono y servir para jalonar con mayor fuerza el proceso de develamiento de las finas redes que tejieron criminales de las AUC, con la clase política y empresarial de este país, para violar los derechos humanos, y reorientar los objetivos del Estado, hasta convertirlo en un aparato represivo al servicio de la mafia paramilitar y de fuerzas retardatarias, aupadas por el gran capital nacional e internacional.
El primo del presidente Uribe deberá pagar siete años de prisión por probados vínculos con paramilitares. Resta que lo investiguen y que lo encuentren también culpable por delitos de lesa humanidad. Hacia allá es que debería enfocar baterías la justicia colombiana (Fiscalía y CSJ).
Poco a poco Colombia va reconociendo a quienes hicieron parte de la mayor empresa criminal puesta en marcha por políticos, empresarios y militares, entre otros, contra campesinos, comunidades negras e indígenas, líderes de oposición, sindicalistas y líderes sociales, etc.
Hay suficientes motivos para aguardar esperanzas en que habrá verdad, justicia y reparación en el contexto de un fenómeno que no sólo legitimó la acción paraestatal, sino que criminalizó la pluralidad y puso la política, los partidos políticos y a altos funcionarios públicos, de rodillas ante una fuerza asesina, brazo armado de actores económicos neoliberales, convencidos de que el capital necesita circular y producir beneficios a cómo dé lugar.
El final de todo este proceso judicial y político de la parapolítica debe llevarnos a demostrar la cercanía, la participación y la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez con el actuar de los paramilitares. De igual manera, debe cerrarse la parapolítica con el señalamiento y posterior castigo a los empresarios que patrocinaron el proyecto conservador de las AUC y a los políticos que los secundaron en su actividad de cooptación política y auparon y validaron la comisión de delitos como el desplazamiento forzoso y las prácticas genocidas.
No puede truncarse el trabajo de la justicia en torno a la parapolítica. Ojalá no suceda lo mismo que pasó con el proceso 8.000. Que los jueces reciban todo el apoyo del Gobierno de Santos, en especial en materia de seguridad y recursos, así como de aquellos sectores societales que jamás compartieron los objetivos de dicha empresa criminal.
Sin duda, un golpe más al uribismo, uno muy fuerte al ex presidente Uribe y a quienes desde la sociedad civil apoyaron la violación de los derechos humanos.
La condena a Mario Uribe Escobar debe convertirse en un ícono y servir para jalonar con mayor fuerza el proceso de develamiento de las finas redes que tejieron criminales de las AUC, con la clase política y empresarial de este país, para violar los derechos humanos, y reorientar los objetivos del Estado, hasta convertirlo en un aparato represivo al servicio de la mafia paramilitar y de fuerzas retardatarias, aupadas por el gran capital nacional e internacional.
El primo del presidente Uribe deberá pagar siete años de prisión por probados vínculos con paramilitares. Resta que lo investiguen y que lo encuentren también culpable por delitos de lesa humanidad. Hacia allá es que debería enfocar baterías la justicia colombiana (Fiscalía y CSJ).
Poco a poco Colombia va reconociendo a quienes hicieron parte de la mayor empresa criminal puesta en marcha por políticos, empresarios y militares, entre otros, contra campesinos, comunidades negras e indígenas, líderes de oposición, sindicalistas y líderes sociales, etc.
Hay suficientes motivos para aguardar esperanzas en que habrá verdad, justicia y reparación en el contexto de un fenómeno que no sólo legitimó la acción paraestatal, sino que criminalizó la pluralidad y puso la política, los partidos políticos y a altos funcionarios públicos, de rodillas ante una fuerza asesina, brazo armado de actores económicos neoliberales, convencidos de que el capital necesita circular y producir beneficios a cómo dé lugar.
El final de todo este proceso judicial y político de la parapolítica debe llevarnos a demostrar la cercanía, la participación y la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez con el actuar de los paramilitares. De igual manera, debe cerrarse la parapolítica con el señalamiento y posterior castigo a los empresarios que patrocinaron el proyecto conservador de las AUC y a los políticos que los secundaron en su actividad de cooptación política y auparon y validaron la comisión de delitos como el desplazamiento forzoso y las prácticas genocidas.
No puede truncarse el trabajo de la justicia en torno a la parapolítica. Ojalá no suceda lo mismo que pasó con el proceso 8.000. Que los jueces reciban todo el apoyo del Gobierno de Santos, en especial en materia de seguridad y recursos, así como de aquellos sectores societales que jamás compartieron los objetivos de dicha empresa criminal.
Sin duda, un golpe más al uribismo, uno muy fuerte al ex presidente Uribe y a quienes desde la sociedad civil apoyaron la violación de los derechos humanos.
3 comentarios:
Apreciado Germán.
Las Altas Cortes están enfermas de odio, con el equilibrio de sus fallos cada vez más ausente y contaminadas hasta el tuétano de una retardataria fiebre izquierdista que en lo personal me genera vergüenza y de la ajena.
“Por fortuna murieron los abuelos” -como exclaman los adultos mayores- porque de lo contrario tendrían que soportar y observar ese “circo pobre y triste” en el que han caído los otrora vigilantes de la justicia proba y equilibrada de la patria.
MARIO G.
Ha caido en manos de la justicia colombiana otro alfil del uribismo: el ex senador Mario Uribe Escobar, primo del expresidente Uribe y del narcotraficante Pablo Escobar. "La justicia cojea...pero llega".
Saludos.
Reynaldo
Uribiño:
La justica tarda pero llega, aunque no llega completa y como esperaríamos.
Luisf.
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