Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Con la decisión del magistrado del Tribunal Superior, Orlando Fierro, de enviar a la cárcel a Andrés Felipe Arias Leyva, para que privado de la libertad afronte el proceso judicial por las irregularidades y delitos cometidos en el programa AIS, la justicia pone en evidencia que durante las dos administraciones de Uribe no sólo se favorecieron los amigos que apoyaron su primera administración, sino quienes respaldaron su aventura reeleccionista e incluso, la idea de que se perpetuara en el poder.
Arias Leyva, quien quiso convertirse en heredero de las ideas de Uribe y aceptó tempranamente la tarea de remplazar al entonces irremplazable Presidente, sufre hoy las consecuencias de sus actos dolosos e irresponsables y afronta con preocupación no sólo la muerte política decretada por el Ministerio Público, sino una posible condena por los hechos expuestos por la Fiscalía.
Sin duda, con este fallo se abre una inmejorable oportunidad para que ante el clientelismo avasallador de un gobierno como el de Uribe, y las reconocidas prácticas corruptas puestas en marcha durante sus dos administraciones, con el concurso de ministros como Arias Leyva, el látigo de los jueces se eleve a lo más alto y caiga con furia sobre los funcionarios públicos que, acostumbrados a ver cómo se malversan los recursos del Estado, pensaron que era suficiente con declararse uribista, o admirador de Uribe o aceptar el mote de Uribito, para evadir la acción de la justicia.
Y para la actual coyuntura electoral, el mensaje es claro para el electorado que pretenda actuar con responsabilidad política: hay que negar el voto a aquellos candidatos que cuenten con el aval de Uribe Vélez, caudillo al que por cuenta de la justicia, se le están cerrando espacios políticos, a partir de la condena de sus más cercanos colaboradores. Aunque es posible que el cerco tendido no toque su capacidad de hacer política y su propia dignidad como ex presidente, si es claro que le hace un fuerte daño a su aspiración de convertirse en un gran ‘barón’ electoral, con la idea de diseminar sus ideas en concejales, diputados y gobernadores, que en el corto plazo allanen el camino bien para su eventual regreso, o para entregar su bandera ideológica en aquellos que aún le guardan lealtad.
De las decisiones que hoy está tomando la justicia en Colombia, en torno a un pasado reciente en el que la corrupción se legitimó como práctica social y política, hay que hacer pedagogía política alrededor de una cultura política limpia y honesta, con una gran dosis de responsabilidad ciudadana, en escenarios públicos y privados, para que las audiencias y el electorado, pero en especial los jóvenes, comprendan que los máximos intereses del Estado deben ser manejados con pulcritud, con sapiencia y con el propósito claro de garantizar el mayor beneficio para las grandes mayorías.
De igual manera, las actuaciones y fallos de los órganos de control (Contraloría y Procuraduría), así como los de la justicia (Corte Suprema de Justicia y Fiscalía) deben servir para establecer un quiebre histórico, en lo ético y en lo político, entre la actual administración de Santos y el inmediato pasado (los dos gobiernos de Uribe), que permita avanzar en la responsabilidad que tienen los políticos y los gobernantes de manejar con atildado pulso los recursos públicos.
Cerrar y pasar las páginas de un nefasto periodo presidencial, sin la ejemplar actuación de los jueces, nos pudo conducir y nos puede llevar aún por caminos insospechados. Esta es la oportunidad para que actores de la sociedad civil, como empresarios, medios de comunicación y la propia Iglesia Católica, entre otros, ayer obnubilados y cooptados por Uribe y por ese uribismo rabioso y confrontador, reconozcan que se equivocaron en el denodado respaldo que dieron a aquella propuesta política que tanto daño le hizo al país en materia y en asuntos constitucionales, democráticos, políticos, sociales, culturales, éticos y económicos.
Creo que hay que develar muy bien los fallos de los jueces, para de allí colegir que la democracia colombiana necesita establecer mayores controles, sociales y políticos, a los gobiernos, en especial aquellos fundados en el miedo, en la amenaza, en las prácticas corruptas y en las siempre efectivas estrategias clientelistas.
Insisto en que aún falta sacar más y mejores conclusiones frente a lo que pasó entre el 2002 y el 2010 en Colombia. Hay que superar el enfrentamiento ideológico, para avanzar en la construcción de una nueva ética, que nos lleve a un ejercicio pulcro de la política. Exigir decencia debe ser un imperativo político ciudadano. En octubre, el electorado tiene la oportunidad de decirlo NO a los corruptos, en especial a aquellos que acompañaron al gobierno Uribe en sus dos administraciones.
El NO a la corrupción no puede quedarse en una bandera electoral que sólo la agiten aquellos candidatos a cargos de elección popular que quieran deslindarse del hoy golpeado uribismo. Por el contrario, debe ser una bandera que agiten con fuerza los ciudadanos conscientes del daño social, cultural, político y económico que dejan las prácticas corruptas cometidas por funcionarios del gobierno de Uribe.
Adenda: con los escándalos de corrupción destapados se espera un pronunciamiento de los órganos de control, de los veedores ciudadanos y en general de actores de la sociedad civil y los partidos políticos, para empezar a modificar los protocolos y los procedimientos de contratación pública, e incluso, las mismas lógicas con las que funcionan los programas de asistencia y cooperación internacional, que en muchas ocasiones terminan alimentando las prácticas corruptas de altos funcionarios del Estado.
Con la decisión del magistrado del Tribunal Superior, Orlando Fierro, de enviar a la cárcel a Andrés Felipe Arias Leyva, para que privado de la libertad afronte el proceso judicial por las irregularidades y delitos cometidos en el programa AIS, la justicia pone en evidencia que durante las dos administraciones de Uribe no sólo se favorecieron los amigos que apoyaron su primera administración, sino quienes respaldaron su aventura reeleccionista e incluso, la idea de que se perpetuara en el poder.
Arias Leyva, quien quiso convertirse en heredero de las ideas de Uribe y aceptó tempranamente la tarea de remplazar al entonces irremplazable Presidente, sufre hoy las consecuencias de sus actos dolosos e irresponsables y afronta con preocupación no sólo la muerte política decretada por el Ministerio Público, sino una posible condena por los hechos expuestos por la Fiscalía.
Sin duda, con este fallo se abre una inmejorable oportunidad para que ante el clientelismo avasallador de un gobierno como el de Uribe, y las reconocidas prácticas corruptas puestas en marcha durante sus dos administraciones, con el concurso de ministros como Arias Leyva, el látigo de los jueces se eleve a lo más alto y caiga con furia sobre los funcionarios públicos que, acostumbrados a ver cómo se malversan los recursos del Estado, pensaron que era suficiente con declararse uribista, o admirador de Uribe o aceptar el mote de Uribito, para evadir la acción de la justicia.
Y para la actual coyuntura electoral, el mensaje es claro para el electorado que pretenda actuar con responsabilidad política: hay que negar el voto a aquellos candidatos que cuenten con el aval de Uribe Vélez, caudillo al que por cuenta de la justicia, se le están cerrando espacios políticos, a partir de la condena de sus más cercanos colaboradores. Aunque es posible que el cerco tendido no toque su capacidad de hacer política y su propia dignidad como ex presidente, si es claro que le hace un fuerte daño a su aspiración de convertirse en un gran ‘barón’ electoral, con la idea de diseminar sus ideas en concejales, diputados y gobernadores, que en el corto plazo allanen el camino bien para su eventual regreso, o para entregar su bandera ideológica en aquellos que aún le guardan lealtad.
De las decisiones que hoy está tomando la justicia en Colombia, en torno a un pasado reciente en el que la corrupción se legitimó como práctica social y política, hay que hacer pedagogía política alrededor de una cultura política limpia y honesta, con una gran dosis de responsabilidad ciudadana, en escenarios públicos y privados, para que las audiencias y el electorado, pero en especial los jóvenes, comprendan que los máximos intereses del Estado deben ser manejados con pulcritud, con sapiencia y con el propósito claro de garantizar el mayor beneficio para las grandes mayorías.
De igual manera, las actuaciones y fallos de los órganos de control (Contraloría y Procuraduría), así como los de la justicia (Corte Suprema de Justicia y Fiscalía) deben servir para establecer un quiebre histórico, en lo ético y en lo político, entre la actual administración de Santos y el inmediato pasado (los dos gobiernos de Uribe), que permita avanzar en la responsabilidad que tienen los políticos y los gobernantes de manejar con atildado pulso los recursos públicos.
Cerrar y pasar las páginas de un nefasto periodo presidencial, sin la ejemplar actuación de los jueces, nos pudo conducir y nos puede llevar aún por caminos insospechados. Esta es la oportunidad para que actores de la sociedad civil, como empresarios, medios de comunicación y la propia Iglesia Católica, entre otros, ayer obnubilados y cooptados por Uribe y por ese uribismo rabioso y confrontador, reconozcan que se equivocaron en el denodado respaldo que dieron a aquella propuesta política que tanto daño le hizo al país en materia y en asuntos constitucionales, democráticos, políticos, sociales, culturales, éticos y económicos.
Creo que hay que develar muy bien los fallos de los jueces, para de allí colegir que la democracia colombiana necesita establecer mayores controles, sociales y políticos, a los gobiernos, en especial aquellos fundados en el miedo, en la amenaza, en las prácticas corruptas y en las siempre efectivas estrategias clientelistas.
Insisto en que aún falta sacar más y mejores conclusiones frente a lo que pasó entre el 2002 y el 2010 en Colombia. Hay que superar el enfrentamiento ideológico, para avanzar en la construcción de una nueva ética, que nos lleve a un ejercicio pulcro de la política. Exigir decencia debe ser un imperativo político ciudadano. En octubre, el electorado tiene la oportunidad de decirlo NO a los corruptos, en especial a aquellos que acompañaron al gobierno Uribe en sus dos administraciones.
El NO a la corrupción no puede quedarse en una bandera electoral que sólo la agiten aquellos candidatos a cargos de elección popular que quieran deslindarse del hoy golpeado uribismo. Por el contrario, debe ser una bandera que agiten con fuerza los ciudadanos conscientes del daño social, cultural, político y económico que dejan las prácticas corruptas cometidas por funcionarios del gobierno de Uribe.
Adenda: con los escándalos de corrupción destapados se espera un pronunciamiento de los órganos de control, de los veedores ciudadanos y en general de actores de la sociedad civil y los partidos políticos, para empezar a modificar los protocolos y los procedimientos de contratación pública, e incluso, las mismas lógicas con las que funcionan los programas de asistencia y cooperación internacional, que en muchas ocasiones terminan alimentando las prácticas corruptas de altos funcionarios del Estado.
Nota: esta columna fue reproducida en el portal www.hechoencali.com, a partir del 28 de julio de 2011. También fue reproducida en el portal www.nasaacin.org, http://www.nasaacin.org/documentos-nasaacin/2412-colombia-con-la-detencion-de-uribitoa-la-justicia-golpea-a-uribe
3 comentarios:
Germán, vos sos el irresponsable por hacer eco en las equivocadas, matreras y politizadas decisiones de la Rama Judicial decidida a cobrar revancha por el “tatequieto” que en su momento les plantó el Grandioso Álvaro Uribe frente a sus desmanes de los que poco o nada se escribió u opinó.
“Uribito” como lo llamas y lo llaman sus detractores (que no son tantos) no es menos merecedor de la sindicación que muchos miembros de las Altas Cortes, periodistas y politólogos -entre otros vende patrias- bajo sueldo de la verdadera “Mano Negra” de la izquierda recalcitrante que nunca le perdonará al Paladín de Antioquia que hiciera inviable su proyecto de desestabilizar el país para luego venderlo al circo de los Países del ALBA, la mayor vagabundería política que haya visto este subdesarrollado continente entre el siglo XX y lo que va corrido del XXI.
A propósito ¿sabías que tus admirados caudillos socialistas (El Homínido canceroso, Correa el megalómano, Morales el ignorante y Kirchner la vampira de vientre ávido), esos que te generan micciones incontroladas cuando los ves en sus declaraciones patrioteras socialista son hoy por hoy los más flagrantes violadores de la libertad de prensa en Iberoamérica?, investigá sobre sus exabruptos y escribí sobre eso que sí requiere la atención de tú blog y de tú gremio, vagabundo desocupado.
Vincúlate a las FARC, ¿qué estas esperando?
¡Un abrazo vende patria!
MGC
Muy bien compañero con sus artìculos de actualidad y sus excelentes comentarios.El cerco a Uribe es interesante pero en la misma Iglesia hay curas que defienden su mandato.Es es un paìs polarizado entre la pobreza, la corrupciòn y la polìtica con mentalidad neoliberal.Ojo.Un abrazo.
Rodrigo Ramos Sánchez
Arias te dio papaya no??? jejeje
Paula
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