Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Sobre la revisión del caso de la masacre de Mapiripán, aceptada en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, no puede construirse una nueva verdad sobre lo sucedido en aquella oportunidad y menos aún, para que la derecha y el mismo Establecimiento terminen diciendo, en contubernio con varios medios de comunicación, que no hubo masacre en aquel punto de la geografía colombiana y que ello sirva para desconocer la comisión de otras masacres, perpetradas, especialmente, por grupos paramilitares, con la anuencia de miembros de la fuerza pública y lo más importante, sirva para invalidar la sanción al Estado.
Si hubo casos de reparación a falsas víctimas, que se castigue a los responsables, pero ello no puede servir, mañana, para decir que el paramilitarismo no existió y que fue una construcción de la izquierda y de un grupo de ONG, para desprestigiar al Estado colombiano, o al gobierno de Uribe.
Al conocer hace unos días sobre posibles falsos desplazamientos, ocurridos en la finca Las Pavas, en Bolívar, creo que se está orquestando, desde el alto gobierno o desde interesadas huestes del uribismo y de la ultraderecha, acciones políticas, mediáticas y jurídicas, que buscan a toda costa deslegitimar no sólo el trabajo de vigilancia y de denuncia de las ONG defensoras de los derechos humanos, así como el trabajo jurídico del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, sino de la misma Corte Constitucional, acuciosa corporación que mediante autos ha exigido, a varios gobiernos, la puesta en marcha de estrategias y de políticas públicas para atender, por ejemplo, a la población desplazada en Colombia, víctima del conflicto armado y en particular, de las arremetidas de los paramilitares en zonas biodiversas, sobre las cuales hay intereses de empresas mineras y madereras, entre otras, de origen nacional y transnacional.
El llamado, entonces, es a que las entidades responsables, comprometidas y denunciantes de masacres y desplazamientos, entre otros delitos de lesa humanidad, sepan dar cuenta de las dudas que sobre estos casos, Mapiripán y Las Pavas, hoy se están ventilando en los medios, puesto que de las explicaciones que se logren dar, depende en buena medida que casos actuales y los que muy seguramente se presentarán más adelante, en especial masacres y desplazamientos forzosos, sean atendidos dentro y fuera del país y con ello se logre señalar, con certeza, a los culpables de violar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Insisto en que hay que estar atentos a lo que suceda con el caso de Mapiripán, y ahora con lo que sucedió en la finca Las Pavas. Y más ahora, cuando es evidente que los medios masivos en Colombia, cada vez con más fuerza, están articulados a los intereses de los poderosos y del propio Establecimiento. Los jueces deben estar atentos a estos tratamientos, así como a las pruebas aportadas por los denunciantes y las recolectadas en los procesos.
En estos momentos resulta inconveniente permitir que pongan inmensas sombras sobre la acción de la justicia, de las cortes, a nivel nacional e internacional. Sería grave deslegitimar su existencia y sus fallos, pues quedaríamos a merced de los violentos y de los azuzadores, que bien saben ubicarse en puestos de poder para salvar de responsabilidades al Estado colombiano, que por largo tiempo, por acción u omisión de servidores públicos, permitió la acción militar de fuerzas de ultraderecha para sacar de sus territorios a campesinos, indígenas y afrocolombianos.
Sobre la revisión del caso de la masacre de Mapiripán, aceptada en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, no puede construirse una nueva verdad sobre lo sucedido en aquella oportunidad y menos aún, para que la derecha y el mismo Establecimiento terminen diciendo, en contubernio con varios medios de comunicación, que no hubo masacre en aquel punto de la geografía colombiana y que ello sirva para desconocer la comisión de otras masacres, perpetradas, especialmente, por grupos paramilitares, con la anuencia de miembros de la fuerza pública y lo más importante, sirva para invalidar la sanción al Estado.
Si hubo casos de reparación a falsas víctimas, que se castigue a los responsables, pero ello no puede servir, mañana, para decir que el paramilitarismo no existió y que fue una construcción de la izquierda y de un grupo de ONG, para desprestigiar al Estado colombiano, o al gobierno de Uribe.
Al conocer hace unos días sobre posibles falsos desplazamientos, ocurridos en la finca Las Pavas, en Bolívar, creo que se está orquestando, desde el alto gobierno o desde interesadas huestes del uribismo y de la ultraderecha, acciones políticas, mediáticas y jurídicas, que buscan a toda costa deslegitimar no sólo el trabajo de vigilancia y de denuncia de las ONG defensoras de los derechos humanos, así como el trabajo jurídico del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, sino de la misma Corte Constitucional, acuciosa corporación que mediante autos ha exigido, a varios gobiernos, la puesta en marcha de estrategias y de políticas públicas para atender, por ejemplo, a la población desplazada en Colombia, víctima del conflicto armado y en particular, de las arremetidas de los paramilitares en zonas biodiversas, sobre las cuales hay intereses de empresas mineras y madereras, entre otras, de origen nacional y transnacional.
El llamado, entonces, es a que las entidades responsables, comprometidas y denunciantes de masacres y desplazamientos, entre otros delitos de lesa humanidad, sepan dar cuenta de las dudas que sobre estos casos, Mapiripán y Las Pavas, hoy se están ventilando en los medios, puesto que de las explicaciones que se logren dar, depende en buena medida que casos actuales y los que muy seguramente se presentarán más adelante, en especial masacres y desplazamientos forzosos, sean atendidos dentro y fuera del país y con ello se logre señalar, con certeza, a los culpables de violar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Insisto en que hay que estar atentos a lo que suceda con el caso de Mapiripán, y ahora con lo que sucedió en la finca Las Pavas. Y más ahora, cuando es evidente que los medios masivos en Colombia, cada vez con más fuerza, están articulados a los intereses de los poderosos y del propio Establecimiento. Los jueces deben estar atentos a estos tratamientos, así como a las pruebas aportadas por los denunciantes y las recolectadas en los procesos.
En estos momentos resulta inconveniente permitir que pongan inmensas sombras sobre la acción de la justicia, de las cortes, a nivel nacional e internacional. Sería grave deslegitimar su existencia y sus fallos, pues quedaríamos a merced de los violentos y de los azuzadores, que bien saben ubicarse en puestos de poder para salvar de responsabilidades al Estado colombiano, que por largo tiempo, por acción u omisión de servidores públicos, permitió la acción militar de fuerzas de ultraderecha para sacar de sus territorios a campesinos, indígenas y afrocolombianos.
Nota: publicada en el portal www.nasaacin.org, http://www.nasaacin.org/attachments/article/3101/DE%20DUDAS%20Y%20REVISIONES.pdf
1 comentario:
Uribito:
¡Buena tarde!
Esos son los riesgos inminentes de configurar una legislación de justicia transicional en medio del conflicto, cuando la normatividad permite "reparar" a las víctimas del desaparecimiento. El desaparecimiento da para que "aparezcan" los desaparecidos y es algo en lo que el gobierno y los organismos internacionales deben ser conscientes y ello, no es óbice para abortar o negar el proceso.
¿No hubo, acaso, denuncias sobre falsas desmovilizaciones propiciadas por el mismo gobierno anterior?
Lo que pasa es nos quieren manejar con la ética del todo vale cuando es para mí pero no no cuando es para el otro.
Luis
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