Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Ampliar el fuero militar como premio a los golpes asestados contra las Farc, en especial por la muerte de alias ‘Alfonso Cano’, puede convertirse en un riesgo para la democracia y los derechos humanos, inclusive, para aquellos que promocionan un enfermizo patriotismo, buscando a toda costa convertir en héroes a quienes participan de la guerra.
Las actuaciones de los militares deben ser vigiladas por instituciones civiles que no sólo conozcan los procedimientos y las lógicas castrenses, sino que sepan diferenciar muy bien cuándo estamos ante un acto del servicio y cuándo, simplemente, estamos en presencia de un error militar, del irrespeto de las normas castrenses y de la violación de los derechos humanos.
Los tribunales militares suelen convertirse en escenarios de absolución motivados no sólo en un equivocado espíritu de cuerpo, sino en las jerarquías militares que de todas maneras juegan, a la hora de juzgar a quienes hayan cometido delitos o errores operacionales. En la conformación de los tribunales militares aparecen sentimientos de obediencia, de simpatía y de respeto por el superior que está siendo juzgado, circunstancias que en muchos casos aseguran impunidad y absolución.
La justicia ordinaria, con todo y sus problemas, es la mejor instancia para juzgar a los militares y policías que hayan violado la ley. Permitir que sean los tribunales castrenses los que determinen cuándo una actuación militar está dentro de un acto del servicio, es dar un paso hacia la impunidad de casos como violaciones a menores de edad, que bajo la ampliación del fuero militar, pueden calificarse como ‘pilatunas’, errores humanos explicables y justificables porque se trata de hombres que llevan muchos meses en operaciones en la selva.
No es sano para una débil democracia como la colombiana que los militares estén por encima de la justicia ordinaria y que a la luz de los jueces civiles, sean intocables. No es sano tampoco por las condiciones de degradación de la guerra, que hoy evidencia con más fuerza este largo conflicto armado interno. Hechos como los falsos positivos, el contubernio con los paramilitares, la violación sistemática de los derechos humanos en unidades militares y la penetración del narcotráfico en las fuerzas armadas, entre otras, son circunstancias que el Congreso no está teniendo en cuenta en la poca discusión que en su interior se está dando alrededor del fuero militar.
Aquí el problema no está en que exista inseguridad jurídica para los militares. El asunto está en que las actuaciones de los hombres en armas deben darse ajustadas a la ley y en marcos amplios de respeto a los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario. Si quienes decidieron enlistarse en las fuerzas armadas no están en capacidad de cumplir a cabalidad con las normas legales y de respetar los derechos tanto de los civiles, como de guerrilleros y en general de delincuentes, entonces, las mismas fuerzas armadas, sus comandantes, deben retirarlos del servicio. Por ello, pertenecer a una determinada fuerza debe significar un orgullo social y familiar, y no como hoy, que es una opción inevitable para quienes no encuentran otro camino para sobrevivir.
Ello nos lleva a que quienes ingresen a las filas castrenses tengan los más altos valores morales y éticos, y éstos sean replicados y exigidos no sólo en las escuelas de formación, sino en los campos y en los escenarios en los que resulta inevitable el uso de la fuerza y de la violencia. Claro que el ideal sería superar el conflicto armado y desmontar las estructuras armadas del Estado.
Creo que estamos ante una regresión en materia de defensa y respeto de los derechos humanos, que nos devuelve a los tiempos del gobierno de Julio César Turbay Ayala. Sobre las actuaciones de los hombres en armas debe estar el ojo vigilante de la sociedad civil, de los jueces y por supuesto, de los oficiales que planean las operaciones y autorizan su ejecución.
La debilidad de las instituciones democráticas, la presencia del conflicto armado y la conexión existente entre la derecha, retrógrada y autoritaria, con las jerarquías militares y el ideario militar, así como la historia de violaciones a los derechos humanos por parte de militares y policías, deberían ser suficientes argumentos para detener la ampliación del fuero militar.
Históricamente los militares colombianos desprecian no sólo la condición civil de aquellos a quienes ellos juraron defender, sino a la justicia ordinaria, bajo el débil argumento de que no conocen los riesgos y las presiones que se suscitan en una confrontación armada, por ejemplo, con las guerrillas.
En un país como el nuestro en el que la vida tiene poco valor, resulta peligroso e inconveniente volver intocables a los militares. Elevar al estatus de héroes a quienes de todas formas asesinan seres humanos, en el contexto de una guerra degradada como la que soportamos de tiempo atrás, no es el mejor camino para reconocer un trabajo o una opción de vida, que por difícil y dura que sea, no puede evaluarse, vigilarse y castigarse bajo la categoría de Héroe, que por estos días juega con las emociones de las audiencias que siguen a ciegas el discurso noticioso de los noticieros y de la gran prensa, que se acomodan a los intereses del actual gobierno de Santos.
Ampliar el fuero militar como premio a los golpes asestados contra las Farc, en especial por la muerte de alias ‘Alfonso Cano’, puede convertirse en un riesgo para la democracia y los derechos humanos, inclusive, para aquellos que promocionan un enfermizo patriotismo, buscando a toda costa convertir en héroes a quienes participan de la guerra.
Las actuaciones de los militares deben ser vigiladas por instituciones civiles que no sólo conozcan los procedimientos y las lógicas castrenses, sino que sepan diferenciar muy bien cuándo estamos ante un acto del servicio y cuándo, simplemente, estamos en presencia de un error militar, del irrespeto de las normas castrenses y de la violación de los derechos humanos.
Los tribunales militares suelen convertirse en escenarios de absolución motivados no sólo en un equivocado espíritu de cuerpo, sino en las jerarquías militares que de todas maneras juegan, a la hora de juzgar a quienes hayan cometido delitos o errores operacionales. En la conformación de los tribunales militares aparecen sentimientos de obediencia, de simpatía y de respeto por el superior que está siendo juzgado, circunstancias que en muchos casos aseguran impunidad y absolución.
La justicia ordinaria, con todo y sus problemas, es la mejor instancia para juzgar a los militares y policías que hayan violado la ley. Permitir que sean los tribunales castrenses los que determinen cuándo una actuación militar está dentro de un acto del servicio, es dar un paso hacia la impunidad de casos como violaciones a menores de edad, que bajo la ampliación del fuero militar, pueden calificarse como ‘pilatunas’, errores humanos explicables y justificables porque se trata de hombres que llevan muchos meses en operaciones en la selva.
No es sano para una débil democracia como la colombiana que los militares estén por encima de la justicia ordinaria y que a la luz de los jueces civiles, sean intocables. No es sano tampoco por las condiciones de degradación de la guerra, que hoy evidencia con más fuerza este largo conflicto armado interno. Hechos como los falsos positivos, el contubernio con los paramilitares, la violación sistemática de los derechos humanos en unidades militares y la penetración del narcotráfico en las fuerzas armadas, entre otras, son circunstancias que el Congreso no está teniendo en cuenta en la poca discusión que en su interior se está dando alrededor del fuero militar.
Aquí el problema no está en que exista inseguridad jurídica para los militares. El asunto está en que las actuaciones de los hombres en armas deben darse ajustadas a la ley y en marcos amplios de respeto a los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario. Si quienes decidieron enlistarse en las fuerzas armadas no están en capacidad de cumplir a cabalidad con las normas legales y de respetar los derechos tanto de los civiles, como de guerrilleros y en general de delincuentes, entonces, las mismas fuerzas armadas, sus comandantes, deben retirarlos del servicio. Por ello, pertenecer a una determinada fuerza debe significar un orgullo social y familiar, y no como hoy, que es una opción inevitable para quienes no encuentran otro camino para sobrevivir.
Ello nos lleva a que quienes ingresen a las filas castrenses tengan los más altos valores morales y éticos, y éstos sean replicados y exigidos no sólo en las escuelas de formación, sino en los campos y en los escenarios en los que resulta inevitable el uso de la fuerza y de la violencia. Claro que el ideal sería superar el conflicto armado y desmontar las estructuras armadas del Estado.
Creo que estamos ante una regresión en materia de defensa y respeto de los derechos humanos, que nos devuelve a los tiempos del gobierno de Julio César Turbay Ayala. Sobre las actuaciones de los hombres en armas debe estar el ojo vigilante de la sociedad civil, de los jueces y por supuesto, de los oficiales que planean las operaciones y autorizan su ejecución.
La debilidad de las instituciones democráticas, la presencia del conflicto armado y la conexión existente entre la derecha, retrógrada y autoritaria, con las jerarquías militares y el ideario militar, así como la historia de violaciones a los derechos humanos por parte de militares y policías, deberían ser suficientes argumentos para detener la ampliación del fuero militar.
Históricamente los militares colombianos desprecian no sólo la condición civil de aquellos a quienes ellos juraron defender, sino a la justicia ordinaria, bajo el débil argumento de que no conocen los riesgos y las presiones que se suscitan en una confrontación armada, por ejemplo, con las guerrillas.
En un país como el nuestro en el que la vida tiene poco valor, resulta peligroso e inconveniente volver intocables a los militares. Elevar al estatus de héroes a quienes de todas formas asesinan seres humanos, en el contexto de una guerra degradada como la que soportamos de tiempo atrás, no es el mejor camino para reconocer un trabajo o una opción de vida, que por difícil y dura que sea, no puede evaluarse, vigilarse y castigarse bajo la categoría de Héroe, que por estos días juega con las emociones de las audiencias que siguen a ciegas el discurso noticioso de los noticieros y de la gran prensa, que se acomodan a los intereses del actual gobierno de Santos.
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