Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Vuelve y juega el tema de la reelección, sólo que ahora los protagonistas de la novela son alcaldes y gobernadores. De esta forma, Santos pone en la agenda mediática y política un asunto que resulta provocador y espinoso, por todas las suspicacias que despierta tanto en la opinión pública, como en los poderes regionales.
La reelección en sí misma no es el problema. Las dificultades aparecen o están cuando observamos que la corrupción es una práctica que el poder político ha naturalizado de tal forma que es, de tiempo atrás, una forma de gobierno, como lo dijeran A. Negri y Hardt en su libro “Imperio”.
En Colombia la corrupción es una institución política sobre la que los partidos políticos y los políticos sostienen su legitimidad, que resulta, por supuesto, proporcional al número de beneficiados. La entrega de dádivas, contratos, dinero en efectivo, de recomendaciones, puestos y becas, entre otras más, hace parte de esa forma legalizada y legitimada con la que se ejerce el poder político en Colombia. El clientelismo viene siendo el correlato de esa forma de gobernar que tantos réditos le entrega a las mafias que se han enquistado en la política colombiana.
Santos retoma el asunto con el que Uribe buscaba atornillarse en el Palacio Presidencial, para ambientar su reelección. Estamos ante una jugada política con la que el actual Presidente de Colombia, busca reelegirse, legalizando y legitimando una forma de gobernar que en las regiones de Colombia ha permitido que proyectos emergentes le disputen el poder político de alcaldías y gobernaciones a élites tradicionales, que igualmente han hecho de la corrupción y del clientelismo el mecanismo por excelencia para acceder al poder y mantenerse en él.
Ya por lo menos las fuerzas regionales que buscan a toda costa reelegirse y perpetuar así la corrupción, cuentan con el compromiso del Ministro Vargas Lleras, quien dijo a EL TIEMPO, que “Me comprometo a citar a la Mesa de la Unidad Nacional, que agrupa a todas las bancadas políticas, para que le den una nueva mirada a esta propuesta de Acto Legislativo, a ver qué nos resulta de ese esfuerzo", dijo el Ministro en el Congreso Nacional de Alcaldes que se realiza en Bogotá” (Tomado de EL TIEMPO.COM)
La concentración del poder que viene con cualquier reelección, se agrava cuando se advierte debilidad en las instituciones democráticas y en los mecanismos de control ciudadano; cuando se reconoce que subsiste en Colombia una empobrecida ciudadanía que no sólo facilita la compra de votos, entre otras prácticas, sino que traslada la discusión de asuntos públicos a las agendas de los políticos, contaminadas siempre por sus mezquinos intereses, o por los de los ‘patrones’ que financian sus campañas para ocupar cargos públicos de elección popular.
Hay asuntos de fondo que bien pueden servir como argumentos para decirle no a la reelección de alcaldes y gobernadores. Son estos, entre otros: la crisis de los partidos políticos, convertidos en estructuras de poder penetradas por el paramilitarismo y por todo tipo de intereses, legales e ilegales; un presidencialismo que disminuye los alcances y los efectos de la descentralización administrativa, y que durante los ocho años de Uribe, socavó el poder de alcaldes y gobernadores e invalidó sus planes de gobierno manejando el presupuesto nacional en ejercicios claros y efectistas de asistencialismo y populismo; la penetración mafiosa, paramilitar y subversiva en instancias de poder de municipios y gobernaciones, a las que el gobierno central poca atención ha dado. Se suma a lo anterior, la dispersión de intereses de actores locales y regionales de la sociedad civil, que de tiempo atrás viven en contubernio con fuerzas legales e ilegales. Y por último, el clientelismo mediático que las empresas periodísticas han construido en esas relaciones perversas con alcaldes y gobernadores, cuando de cambiar pauta oficial por apoyo informativo se trata.
Santos desea y busca a toda costa entronizar en los imaginarios colectivos e individuales de una débil y precaria opinión pública, una forma de gobernar que es ya toda una institución en Colombia.
En lugar de profundizar la democracia y modificar sustancialmente las circunstancias que hoy describen la debilidad de una democracia formal, el Presidente, con su afán reeleccionista, opta por un mecanismo con el cual pretende prepararse para enfrentar a un uribismo que en 2014, buscará regresar al poder. Y mientras Santos busca aceitar las viejas maquinarias de la corrupción, académicos y sectores de izquierda democrática continúan por fuera del debate público, sin propuestas de cambio, sin candidatos.
Vuelve y juega el tema de la reelección, sólo que ahora los protagonistas de la novela son alcaldes y gobernadores. De esta forma, Santos pone en la agenda mediática y política un asunto que resulta provocador y espinoso, por todas las suspicacias que despierta tanto en la opinión pública, como en los poderes regionales.
La reelección en sí misma no es el problema. Las dificultades aparecen o están cuando observamos que la corrupción es una práctica que el poder político ha naturalizado de tal forma que es, de tiempo atrás, una forma de gobierno, como lo dijeran A. Negri y Hardt en su libro “Imperio”.
En Colombia la corrupción es una institución política sobre la que los partidos políticos y los políticos sostienen su legitimidad, que resulta, por supuesto, proporcional al número de beneficiados. La entrega de dádivas, contratos, dinero en efectivo, de recomendaciones, puestos y becas, entre otras más, hace parte de esa forma legalizada y legitimada con la que se ejerce el poder político en Colombia. El clientelismo viene siendo el correlato de esa forma de gobernar que tantos réditos le entrega a las mafias que se han enquistado en la política colombiana.
Santos retoma el asunto con el que Uribe buscaba atornillarse en el Palacio Presidencial, para ambientar su reelección. Estamos ante una jugada política con la que el actual Presidente de Colombia, busca reelegirse, legalizando y legitimando una forma de gobernar que en las regiones de Colombia ha permitido que proyectos emergentes le disputen el poder político de alcaldías y gobernaciones a élites tradicionales, que igualmente han hecho de la corrupción y del clientelismo el mecanismo por excelencia para acceder al poder y mantenerse en él.
Ya por lo menos las fuerzas regionales que buscan a toda costa reelegirse y perpetuar así la corrupción, cuentan con el compromiso del Ministro Vargas Lleras, quien dijo a EL TIEMPO, que “Me comprometo a citar a la Mesa de la Unidad Nacional, que agrupa a todas las bancadas políticas, para que le den una nueva mirada a esta propuesta de Acto Legislativo, a ver qué nos resulta de ese esfuerzo", dijo el Ministro en el Congreso Nacional de Alcaldes que se realiza en Bogotá” (Tomado de EL TIEMPO.COM)
La concentración del poder que viene con cualquier reelección, se agrava cuando se advierte debilidad en las instituciones democráticas y en los mecanismos de control ciudadano; cuando se reconoce que subsiste en Colombia una empobrecida ciudadanía que no sólo facilita la compra de votos, entre otras prácticas, sino que traslada la discusión de asuntos públicos a las agendas de los políticos, contaminadas siempre por sus mezquinos intereses, o por los de los ‘patrones’ que financian sus campañas para ocupar cargos públicos de elección popular.
Hay asuntos de fondo que bien pueden servir como argumentos para decirle no a la reelección de alcaldes y gobernadores. Son estos, entre otros: la crisis de los partidos políticos, convertidos en estructuras de poder penetradas por el paramilitarismo y por todo tipo de intereses, legales e ilegales; un presidencialismo que disminuye los alcances y los efectos de la descentralización administrativa, y que durante los ocho años de Uribe, socavó el poder de alcaldes y gobernadores e invalidó sus planes de gobierno manejando el presupuesto nacional en ejercicios claros y efectistas de asistencialismo y populismo; la penetración mafiosa, paramilitar y subversiva en instancias de poder de municipios y gobernaciones, a las que el gobierno central poca atención ha dado. Se suma a lo anterior, la dispersión de intereses de actores locales y regionales de la sociedad civil, que de tiempo atrás viven en contubernio con fuerzas legales e ilegales. Y por último, el clientelismo mediático que las empresas periodísticas han construido en esas relaciones perversas con alcaldes y gobernadores, cuando de cambiar pauta oficial por apoyo informativo se trata.
Santos desea y busca a toda costa entronizar en los imaginarios colectivos e individuales de una débil y precaria opinión pública, una forma de gobernar que es ya toda una institución en Colombia.
En lugar de profundizar la democracia y modificar sustancialmente las circunstancias que hoy describen la debilidad de una democracia formal, el Presidente, con su afán reeleccionista, opta por un mecanismo con el cual pretende prepararse para enfrentar a un uribismo que en 2014, buscará regresar al poder. Y mientras Santos busca aceitar las viejas maquinarias de la corrupción, académicos y sectores de izquierda democrática continúan por fuera del debate público, sin propuestas de cambio, sin candidatos.
2 comentarios:
Contubernio!
Esa es la palabra!
Jaime
Uribito:
¡Buen día!
En la democracia, cuyo fundamento seminal es la igualdad, cuando se abre una puerta para algunos, debe hacerse lo mismo para los demás. Indudablemente que la reelección de alcaldes y gobernadores es perversa, como lo es la presidencial, pero, el tema democrático es inevitable. Deberíamos propiciar un contrarreforma constitucional para volver prohibir la reelección presidencial.
Un abrazo,
Luis F.
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