Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El discurso de los derechos viene penetrando con fuerza la vida de los colombianos, a pesar de las enormes dificultades que ofrece el orden social, político y económico vigente para garantizarlos y de los propios aprietos en los que puede caer el propio discurso que los promueve.
Nadie discute el valor político, moral, ético y jurídico que tiene posicionar el discurso de los derechos dentro del ámbito académico, y por supuesto, dentro de la misma agenda de los medios masivos y la que pueda construir la fragmentada sociedad civil colombiana. Sin duda, estamos ante un discurso público que debe irrigarse por todos los rincones de unas sociedades contemporáneas complejas, en aras de que cada uno de los colombianos no sólo exija su respeto y cumplimiento de acuerdo con sus intereses particulares, sino con miras a generar en los demás, bienestar y seguridad.
Al tiempo que se posiciona el discurso de los derechos, poco a poco se develan los alcances perniciosos de un modelo neoliberal que justamente va en contravía de los procesos y de los discursos que exigen y piden que se garanticen los derechos e incluso, que se amplíen, de acuerdo con los nuevos tiempos, motivaciones y las expectativas de una mejor vida para todos.
Y cuando la política y lo político aparecen acompañando, revisando o criticando el discurso de los derechos, entonces brotan los sectores de izquierda y de derecha, para insistir, cada uno de ellos, desde maneras divergentes de entender ese discurso de los derechos, al que muchos le dan un carácter universal.
Por ejemplo, la derecha insiste en reducir el asunto a las actuaciones y posibilidades del Estado de derecho, en tanto este debería de ocuparse, primero y básicamente, en garantizar el imperio de la ley. La perspectiva con la que los sectores de derecha ven y entienden el discurso de los derechos, se sostiene en la tradición, en el poder de ciertas élites que resultarían intocables y en un Establecimiento que debe mantenerse en el tiempo.
Por el contrario, la izquierda suele mirar el neoconstitucionalismo como el camino claro no sólo para garantizar derechos, sino para su ampliación, soportados en la nomenclatura Estado social de derecho, y con una función clara de hacer de los derechos constitucionales el instrumento con el cual los ciudadanos pueden limitar el poder, bien de los particulares o el del propio Estado. Estamos hablando de sectores de una izquierda democrática verdaderamente comprometida con los derechos y el real bienestar de las personas y de los ciudadanos.
En todo este ejercicio de centralización de los derechos en el ámbito de lo público, persiste la idea de que ellos mismos, per se, son garantía de cumplimiento y de mejoramiento de las condiciones de vida de los nacionales de Colombia. Pero lo cierto es que el carácter abstracto de muchos de los postulados apenas si logra imponerse sobre circunstancias contextuales complejas como las colombianas, en las que el aseguramiento de los derechos se vuelve un ejercicio inocuo, a juzgar por la precariedad del Estado, de sus instituciones, a los disímiles problemas que afronta el poder judicial, pero en especial, a las dificultades que exhiben los operadores judiciales, en términos de su formación, que se notan en ejercicios de aplicación, en especial cuando intervienen las altas cortes a través de sus fallos.
Cuando el discurso de los derechos viene sujeto a las posibilidades del Estado-nación moderno, hoy en crisis, tanto su universalidad contextualizada, como su eficiencia a la hora de hacerlos posibles y viables en interés de los ciudadanos, no sólo se hace complejo de asir y de validar, sino que, como pretensiones políticas y jurídicas, los derechos apenas si alcanzan a sostener el valor que se les reconoce.
Con el poder alcanzado por grandes corporaciones multinacionales, por la acción política de sucesivos gobiernos que se ponen al servicio del mercado financiero y por la falta de una comprensión amplia de lo que de verdad son y deberían ser los derechos (en tanto a la noción de libertad, por ejemplo) en amplios sectores societales, el discurso de los derechos puede perder valor político y jurídico porque su eficacia está sujeta al juego de intereses en los que el Estado colombiano, por ejemplo, apenas si logra sobrevivir.
Demogue[1] propone definir los derechos como aquellos intereses que pueden obtener la protección de las autoridades. Los que no pueden obtener esta garantía, los califican como "sombras de los derechos". Aparece, entonces, el asunto de la garantía, que para el caso colombiano, es y sigue siendo precaria por las condiciones y las circunstancias de un contexto en el que sobresalen, de un lado, la debilidad del Estado y el actuar mezquino de grupos de poder y de interés, que de manera clara y frontal actúan para asegurar sus derechos, en detrimento de otros grupos humanos que no tienen cómo exigir su cumplimiento.
Si bien hay que insistir en el discurso de los derechos, de forma paralela hay que buscar modificar las estructuras de poder, el propio Estado y por supuesto, los marcos mentales de todos los que vivimos dentro de este territorio, con el firme propósito de avanzar en la exigibilidad y en las garantías de los derechos, asegurando relaciones simétricas entre sectores sociales y ámbitos de ejercicio de la política y del poder.
[1] Citado por Jaramillo Sierra, Isabel Cristina. En: Brown, Wendy y Williams, Patricia. La crítica de los derechos. Bogotá: Universidad de los Andes. Instituto Pensar. Siglo del Hombre Editores. CEP, Biblioteca Luis Ángel Arango. p.36. 2003.
El discurso de los derechos viene penetrando con fuerza la vida de los colombianos, a pesar de las enormes dificultades que ofrece el orden social, político y económico vigente para garantizarlos y de los propios aprietos en los que puede caer el propio discurso que los promueve.
Nadie discute el valor político, moral, ético y jurídico que tiene posicionar el discurso de los derechos dentro del ámbito académico, y por supuesto, dentro de la misma agenda de los medios masivos y la que pueda construir la fragmentada sociedad civil colombiana. Sin duda, estamos ante un discurso público que debe irrigarse por todos los rincones de unas sociedades contemporáneas complejas, en aras de que cada uno de los colombianos no sólo exija su respeto y cumplimiento de acuerdo con sus intereses particulares, sino con miras a generar en los demás, bienestar y seguridad.
Al tiempo que se posiciona el discurso de los derechos, poco a poco se develan los alcances perniciosos de un modelo neoliberal que justamente va en contravía de los procesos y de los discursos que exigen y piden que se garanticen los derechos e incluso, que se amplíen, de acuerdo con los nuevos tiempos, motivaciones y las expectativas de una mejor vida para todos.
Y cuando la política y lo político aparecen acompañando, revisando o criticando el discurso de los derechos, entonces brotan los sectores de izquierda y de derecha, para insistir, cada uno de ellos, desde maneras divergentes de entender ese discurso de los derechos, al que muchos le dan un carácter universal.
Por ejemplo, la derecha insiste en reducir el asunto a las actuaciones y posibilidades del Estado de derecho, en tanto este debería de ocuparse, primero y básicamente, en garantizar el imperio de la ley. La perspectiva con la que los sectores de derecha ven y entienden el discurso de los derechos, se sostiene en la tradición, en el poder de ciertas élites que resultarían intocables y en un Establecimiento que debe mantenerse en el tiempo.
Por el contrario, la izquierda suele mirar el neoconstitucionalismo como el camino claro no sólo para garantizar derechos, sino para su ampliación, soportados en la nomenclatura Estado social de derecho, y con una función clara de hacer de los derechos constitucionales el instrumento con el cual los ciudadanos pueden limitar el poder, bien de los particulares o el del propio Estado. Estamos hablando de sectores de una izquierda democrática verdaderamente comprometida con los derechos y el real bienestar de las personas y de los ciudadanos.
En todo este ejercicio de centralización de los derechos en el ámbito de lo público, persiste la idea de que ellos mismos, per se, son garantía de cumplimiento y de mejoramiento de las condiciones de vida de los nacionales de Colombia. Pero lo cierto es que el carácter abstracto de muchos de los postulados apenas si logra imponerse sobre circunstancias contextuales complejas como las colombianas, en las que el aseguramiento de los derechos se vuelve un ejercicio inocuo, a juzgar por la precariedad del Estado, de sus instituciones, a los disímiles problemas que afronta el poder judicial, pero en especial, a las dificultades que exhiben los operadores judiciales, en términos de su formación, que se notan en ejercicios de aplicación, en especial cuando intervienen las altas cortes a través de sus fallos.
Cuando el discurso de los derechos viene sujeto a las posibilidades del Estado-nación moderno, hoy en crisis, tanto su universalidad contextualizada, como su eficiencia a la hora de hacerlos posibles y viables en interés de los ciudadanos, no sólo se hace complejo de asir y de validar, sino que, como pretensiones políticas y jurídicas, los derechos apenas si alcanzan a sostener el valor que se les reconoce.
Con el poder alcanzado por grandes corporaciones multinacionales, por la acción política de sucesivos gobiernos que se ponen al servicio del mercado financiero y por la falta de una comprensión amplia de lo que de verdad son y deberían ser los derechos (en tanto a la noción de libertad, por ejemplo) en amplios sectores societales, el discurso de los derechos puede perder valor político y jurídico porque su eficacia está sujeta al juego de intereses en los que el Estado colombiano, por ejemplo, apenas si logra sobrevivir.
Demogue[1] propone definir los derechos como aquellos intereses que pueden obtener la protección de las autoridades. Los que no pueden obtener esta garantía, los califican como "sombras de los derechos". Aparece, entonces, el asunto de la garantía, que para el caso colombiano, es y sigue siendo precaria por las condiciones y las circunstancias de un contexto en el que sobresalen, de un lado, la debilidad del Estado y el actuar mezquino de grupos de poder y de interés, que de manera clara y frontal actúan para asegurar sus derechos, en detrimento de otros grupos humanos que no tienen cómo exigir su cumplimiento.
Si bien hay que insistir en el discurso de los derechos, de forma paralela hay que buscar modificar las estructuras de poder, el propio Estado y por supuesto, los marcos mentales de todos los que vivimos dentro de este territorio, con el firme propósito de avanzar en la exigibilidad y en las garantías de los derechos, asegurando relaciones simétricas entre sectores sociales y ámbitos de ejercicio de la política y del poder.
[1] Citado por Jaramillo Sierra, Isabel Cristina. En: Brown, Wendy y Williams, Patricia. La crítica de los derechos. Bogotá: Universidad de los Andes. Instituto Pensar. Siglo del Hombre Editores. CEP, Biblioteca Luis Ángel Arango. p.36. 2003.
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