Se publica el Comunicado del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífica Colombiana, CIER:
El Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER, de la Universidad Autónoma de Occidente (Cali-Colombia), considera necesario pronunciarse sobre los diversos proyectos mineros que en el marco de las políticas estatales de explotación de los recursos naturales, se vienen ejecutando a lo largo y ancho del territorio nacional. Se trata de proyectos de alta y compleja minería que el Presidente de Colombia, Doctor Juan Manuel Santos Calderón ha privilegiado en su plan de desarrollo, como una de las locomotoras que posibilitarían el desarrollo económico y social del país.
De manera general, la exploración y explotación minera en vastas zonas de la geografía colombiana requieren no sólo de estudios de impacto ambiental y acciones de mitigación, sino de controles sociales y políticos, por cuanto los impactos ambientales en zonas frágiles, cuerpos de agua y zonas biodiversas pueden resultar contrarios a principios ambientales y constitucionales de interés colectivo, así como nocivos para la salud y el bienestar de cientos de miles de colombianos.
Los casos de La Colosa en Cajamarca (Tolima), el páramo de Santurbán (Santander), la desviación del río Ranchería en la Guajira para explotar el carbón asentado en su cauce y las múltiples zonas mineras que aparecen a diario en los departamentos de Cauca y Chocó, entre otros, comprometen ambiental y culturalmente no sólo los entornos naturales, sino la supervivencia de cientos de miles de personas que de manera directa o indirecta se benefician de esa importante oferta ambiental, en la que sobresalen ecosistemas de montaña, de páramo y sub páramo, así como ríos, quebradas y aguas subterráneas.
El Estado colombiano no cuenta hoy con instituciones fuertes que permitan ejercer un diálogo simétrico con empresas nacionales y multinacionales interesadas en explotar oro, carbón y coltán, entre otros, lo que le impide ejercer control efectivo sobre los planes de mitigación propuestos por aquellas para valorar los impactos ambientales con el fin de sopesar los costos ambientales, sociales y culturales y los beneficios económicos que dicha actividad deja para el Estado y la Nación.
Por ello, el CIER llama la atención del Gobierno nacional para que en la actual coyuntura, explique con suficiencia las dudas y las críticas que desde diferentes sectores y voces se levantan en contra de la llamada locomotora minera que avanza sin control alguno y además, adopte medidas concretas en aras de evitar desastres ambientales con claros efectos en la vida de millones de colombianos.
Entre las acciones que debería asumir el Gobierno del Presidente Santos Calderón están la de revisar y actuar de acuerdo con los principios de la Ley 99 de 1993, que señalan, por ejemplo, que la biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”.
Exhortamos a los gobiernos nacional, departamental y local, a que actúen con altos niveles de responsabilidad ambiental, ante lo que consideramos una avanzada desarrollista insostenible. De igual manera, invitamos a otros centros de investigación, agentes y actores de la sociedad civil y de la sociedad en general, para que asumamos acciones políticas tendientes a vigilar y ejercer control ciudadano a los proyectos mineros, con responsabilidad social, académica, técnica y científica, ante los retos ambientales de una locomotora minera que corre sin controles efectivos por parte del Estado.
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