Por Germán Ayala Osorio. Comunicador social y politólogo
El monopolio de la fuerza y la renta son dos bastiones con los cuales se logró dar sentido, diseminar y aplicar la nomenclatura Estado-nación moderno en vastos territorios del planeta. Colombia, como Estado, claramente tiene graves problemas para dar cuenta de esas características, por el carácter privatizado con el cual se sostiene históricamente su operación, el sentido patrimonialista que le han dado élites políticas tradicionales y consecuencialmente, por su precariedad y labilidad.
El largo conflicto armado interno se erige como prueba fehaciente de que el Estado colombiano no tiene el monopolio de la fuerza, esto es, que no tiene el control, el monopolio en el uso de las armas, y por lo tanto, tiene problemas para garantizar la vida, la honra y los derechos de sus asociados.
En cuanto a la segunda característica de ese Estado moderno, el monopolio de la renta, también hay evidentes problemas no sólo en la capacidad de imponer gravámenes, sino en el recaudo efectivo de los impuestos, bien por evasión, la elusión o la incapacidad técnica y la falta de decisión política de someter a fuerzas, actores y poderes económicos a un régimen fiscal de claro beneficio colectivo, a través del pago real y efectivo de impuestos de acuerdo con la riqueza acumulada y declarada.
La ciudad de Cali, como Estado local, entregó, por espacio de siete años, a manos privadas, el recaudo de los gravámenes que deberían pagar los caleños. Por decisión del entonces alcalde, Apolinar Salcedo Caicedo, el municipio tercerizó una responsabilidad moderna vital, que apenas hoy, años después, regresa a la instancia estatal que de forma natural debe cumplir con dicha tarea: la Hacienda municipal.
La administración de Rodrigo Guerrero Velasco recientemente acaba de dar por terminado el contrato con la Unión Temporal Sicali, ente del orden privado, contratado para recaudar los impuestos de los caleños.
Más allá de un triunfo económico y jurídico, lo sucedido con este asunto del recaudo de los impuestos de los habitantes de la ciudad de Cali advierte una falencia de carácter político e ideológico en torno al tipo de Estado que los políticos tienen en mente cuando alcanzan el poder político. Pareciera que no bastara con principios constitucionales y marcos legales para impedir el sometimiento del Estado social de derecho a las fuerzas del mercado o a las intenciones patrimonialistas de alcaldes, gobernadores o presidentes que buscan entregar el Estado a quienes patrocinaron sus aventuras electorales.
El carácter del Estado, como orden político, económico, social y cultural no puede afectarse por decisiones político administrativas de claro corte patrimonialista en favor de terceros, tal y como lo fue la entrega de la tarea de recaudo de impuestos a una empresa privada.
Según el diario económico Portafolio, “…Sicali le ha cobrado al municipio cerca de 120.000 millones de pesos, con un margen de utilidad que puede llegar al 50 por ciento, es decir, que el costo de la gestión privada resultó mucho más alto que el de la supuesta ineficiencia del sector público”[1]
Con esos recursos económicos la ciudad bien pudo hacer inversiones en programas de recuperación de cuencas hidrográficas de los afluentes que cruzan su territorio urbano e incluso, invertir en la conservación de zonas del parque Farallones afectadas por prácticas mineras y madereras insostenibles, así como procesos de colonización que requieren una fuerte limitación y vigilancia.
Lo que vivió la ciudad durante siete largos años en materia fiscal y lo que dejó de percibir las arcas del Estado local por cuenta del porcentaje que cobraba Sicali por el recaudo de los impuestos, no puede reducirse a un asunto jurídico alrededor de la legalidad o no de un contrato. Por el contrario, debe ser considerado como un asunto político e ideológico de enorme trascendencia, que vincule a agentes y actores de la sociedad civil y en general, de amplios sectores ciudadanos, puesto que lo que está en juego en el fondo es la legitimidad y la viabilidad del Estado social de derecho. Por ello, antes de votar, como ciudadanos debemos preguntarnos si deseamos vivir en el Estado premoderno en el que parecen sentirse cómodos alcaldes y dirigentes políticos, o si buscamos avanzar hacia un Estado moderno.
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