Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
En las guerras, los medios y los periodistas suelen tomar partido y por ese camino, terminan defendiendo los intereses y los proyectos políticos de los bandos enfrentados. En el contexto del conflicto armado interno de Colombia hay empresas mediáticas, en especial las que hacen parte de conglomerados económicos, que defienden a dentelladas a las fuerzas militares y en general al Establecimiento. Desde allí, editorial y políticamente, hay una evidente toma de posición que contamina el periodismo y la información entregada, hasta el punto que no se puede beber, literalmente, de esas fuentes informativas.
El grueso de las audiencias no hace este tipo de disquisiciones, lo que asegura que los millones de ciudadanos que a diario consumen la información de noticieros de radio y televisión y en general, la que entrega la prensa escrita, terminen creyendo y confiando en que lo que dicho y mostrado por estos medios es la verdad. Esas audiencias replican el discurso y las nomenclaturas con las que las fuerzas legales suelen descalificar al enemigo. De esta forma, las audiencias entran casi, inconcientemente, en el juego de quienes combaten, en la perspectiva de que cada uno busca ganar apoyo popular y ciudadano para la causa que dicen defender.
Los noticieros de televisión, RCN y Caracol tomaron partido y desde un ideologizado lenguaje periodístico-noticioso defienden el Establecimiento, la Patria y la institucionalidad, dejando de lado los problemas de legitimidad del orden establecido. A diario, recogen, sin mayor discusión, las opiniones y la ideología de las fuerzas armadas. Son, entonces, estafetas de un bando que tiene intereses y que por el hecho de estar dentro de los marcos legales no significa que su legitimidad esté garantizada. Eso lo olvidan o no lo saben, periodistas y medios, lo que asegura un ejercicio periodístico sesgado y discursivamente comprometido.
Las evidencias son muchas: son los mismos medios los que hablan de policías y militares secuestrados, cuando perfectamente podrían hablar de combatientes o miembros de la fuerza pública privados de la libertad, de rehenes o podrían buscar otras categorías para nombrar un hecho de guerra, que se produce en el contexto de un conflicto armado irregular, degradado, sucio y en donde no hay mayores compromisos de los bandos enfrentados por ‘humanizar’ los enfrentamientos y las acciones militares; y muchos menos, la voluntad de acogerse a normas del derecho internacional.
Desconfiar de las fuentes es un principio periodístico que la prensa colombiana anula cuando informa exclusivamente desde la perspectiva de las fuentes oficiales, específicamente, de la fuente castrense.
De otro lado aparecen los medios y los periodistas cercanos a la ideología de las Farc, a su proyecto político y en general, al de de otros grupos guerrilleros. Y los hay. Aquí también quedan comprometidas la libertad, el respeto por la verdad y el derecho a dudar, valores de un ejercicio periodístico y ciudadano que en la guerra siempre quedan sometidos al poder de aquellos que portan un arma, un uniforme y que dicen defender una patria, un proyecto político o una revolución.
Tomemos el caso del canal de televisión venezolano Telesur, órgano y brazo ideológico del proyecto político que se concentra en lo que Chávez llamó el socialismo del siglo XXI. Huelga recordar el apoyo económico y político y la simpatía ideológica que Chávez Frías brinda de tiempo atrás a los líderes farianos. Un canal que nació como respuesta al proyecto informativo hegemónico que encarna CNN, auspiciado, por supuesto, por los Estados Unidos, en el marco de un sistema capitalista. En cualquier sentido, no son confiables las informaciones que entregan las cadenas CNN y Telesur, puesto que ambas son brazos políticos e ideológicos de fuerzas y actores de dos sistemas políticos y económicos que históricamente evidencian problemas para dignificar la vida humana.
El show de las liberaciones
Liberar prisioneros o secuestrados no es un acto de benevolencia o de buena voluntad. Ante todo, se trata de un acto político, de cálculo político, que difiere en lo profundo de lo que puede considerarse como una acción humanitaria.
Las liberaciones en Colombia, unas en mayor medida que otras, siempre terminan siendo espectáculos mediáticos en donde todos los actores, políticos y armados, sacan provecho. Las Farc aprovechan para presentarse al mundo como una fuerza que ejerce control territorial y que puede poner en jaque al Establecimiento y hasta en la capacidad de capturar en combate o fuera de él, a miembros de las fuerzas legalmente constituidas.
De parte de las Fuerzas Armadas, éstas dejan ver su carácter político con el que no sólo pueden recuperar a sus miembros retenidos o secuestrados, sino con el que exhiben obediencia al Ejecutivo que les ordena, por ejemplo, cesar las hostilidades o despejar zonas, para facilitar la entrega o la devolución de los retenidos.
Ayer 14 de febrero de 2013 se frustró la entrega de dos policías que las Farc retuvieron, apresaron o que privaron de su libertad. En tono airado varios directores y periodistas de medios radiales se quejaron por la presencia de periodistas y cámaras de Telesur en la zona señalada para asegurar la ‘devolución’ de los uniformados. La primicia estaba asegurada para el medio venezolano, a juzgar por las incomprensibles razones que las Farc, voceros del CICR y líderes de Colombianos y Colombianas para la Paz entregaron para explicar la suspensión pasajera del proceso de liberación.
Canales como RCN y Caracol, y medios locales y regionales hicieron presencia en la zona, con el firme propósito de registrar la liberación, lo que al parecer no estaba dentro de los cálculos políticos de las Farc, en el sentido en que periodísticamente el registro del hecho político estaba comprometido al canal Telesur. Si esto es así, estamos ante un hecho periodístico y político que compromete, ideológicamente a Telesur y que demostraría que la información tiene un valor económico y político incalculable para un canal extranjero, sostenido por un Gobierno que guarda afinidades ideológicas con el proyecto que exhiben las Farc.
De fondo no sólo hay una lucha por la primicia, sino un ladino manoseo de todas las partes implicadas, en relación con la vida de los uniformados privados de la libertad. Estos patrulleros de la Policía Nacional fueron usados como fichas, como instrumentos y como mercancías por los medios, los periodistas, las Farc y el Gobierno, por Piedad Córdoba, el CICR y el movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz, para que cada uno justifique y legitime su papel.
¿Periodistas o estafetas?
¿Es posible hacer periodismo sin acercarse a las fuentes castrenses o a la lucha política de las Farc? Creo que sí. Y es posible siempre y cuando la prensa entienda que debe revisar sus criterios de noticiabilidad, en especial, cuando de cubrir este tipo de eventos, presentados hábilmente como gestos humanitarios de uno de los bandos enfrentados.
Al revisar los valores/noticia, la prensa podría tomar distancia de los actores armados, y analizar el hecho mismo de la liberación, dándole el contexto real que tiene y entregando todas las lecturas posibles que ese hecho tiene. Una mirada así, aportaría más a las audiencias, en lugar de transmitir el lastimero discurso que acompaña siempre a estas liberaciones, en donde salen a relucir la compasión, el dolor, el pesar, el miedo, el valor y el patrioterismo, al tiempo que se oculta un hecho fundamental: estamos en guerra.
Cuando la prensa entienda que un conflicto degradado como el nuestro necesita de un ejercicio periodístico desideologizado, es posible pensar en que el abordaje de los hechos de guerra se pueda hacer sin deponer principios y sin someterse a los intereses de los combatientes, legales e ilegales, que siempre estarán dispuestos a justificar sus crímenes y a ocultar la verdad.
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