PROPIEDAD DE LOS MEDIOS Y CULTURA POLÍTICA, DOS TEMAS PARA LA AGENDA DE PAZ

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Varios temas quedaron por fuera de la agenda que sostiene y guía los diálogos de paz entre la cúpula de las Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón. Listarlos muy seguramente superaría la lista de cinco puntos de la llamada agenda de paz.

Expongo dos temas estratégicos que los negociadores dejaron por fuera y que pueden resultar definitivos para edificar escenarios de postconflicto. Uno, concreto, inquietante y difícil de discutir. Y el segundo, quizás etéreo, difícil de asir, que implicaría poner en marcha toda una revolución cultural.

Ese primer tema refiere a la concentración corporativa de los medios masivos y el papel político e informativo que viene jugando la gran prensa en relación con los tratamientos noticiosos que hace de los hechos de la guerra y del conflicto. El segundo, la erradicación del ethos mafioso que sectores de la clase dirigente, empresarial y política, así como extensas porciones de la población, usan para sus transacciones cotidianas, el establecimiento de relaciones de poder y en general, en las prácticas políticas con las que lo público es referido y construido.

Los medios de comunicación y el periodismo

El primer asunto que hay que discutir tiene que ver con lo informativo y el papel que juegan los Medios en tanto que cada día más actúan como actores políticos, que como meras empresas comprometidas con entregar datos, información y unos hechos noticiosos. Convertidos los hechos y las noticias en mercancía y en herramientas de control político e ideológico, los medios de comunicación hace rato dejaron de ser simples órganos de información, para convertirse en actores políticos interesados en mantener un régimen político y económico que le conviene a sus propietarios y con el cual los periodistas se alejan de la urgente y esperada tarea de generar una opinión pública democrática y capaz de discutir, con mediana suficiencia, asuntos públicos de gran valor estratégico.  

A dichas circunstancias, se suma la concentración de la propiedad de los medios masivos en pocas manos, lo que sin duda, afecta la pluralidad y la democracia misma, en tanto que las audiencias no cuentan en el espectro electromagnético y en otros escenarios, con opciones divergentes, que ofrezcan tratamientos distintos de los hechos calificados como noticiosos. El unanimismo ideológico reina en Colombia por cuenta de la presencia de verdaderos pulpos mediático-empresariales y de empresas periodísticas idénticas, que para el caso de la televisión,  Noticias RCN y Caracol Noticias, son ejemplos concretos de ese unanimismo y de esa forma semejante de generar estados de opinión. En cuanto al caso de la prensa escrita, la hegemonía bogotana se mantiene en los diarios EL ESPECTADOR y EL TIEMPO y en las regiones, subsiste un periodismo asociado a familias tradicionales que siempre han entendido que el periodismo es una forma de hacer política.

Pareciera que tanto la cúpula de las Farc y  los voceros del Gobierno de Santos ignoran el valor político que tienen hoy los medios masivos. De parte del Gobierno, es comprensible que el tema ni siquiera se haya considerado como agendable  para hablar de paz con la guerrilla de las Farc, pero de parte de una cúpula fariana que a diario es ‘víctima’ del discurso noticioso, sólo puede decirse que se trató de una postura ingenua o una lectura equivocada frente a un poder hegemónico que debe someterse al escrutinio público, en tanto los media son un actor político más, dentro del sistémico y complejo conflicto interno colombiano.

El uso de un lenguaje periodístico ideologizado y comprometido políticamente con el Establecimiento debió ser suficiente preocupación para unos líderes farianos calificados por la acción periodística como terroristas, cuatreros, bandidos, narcotraficantes y enemigos históricos del país y de la paz. Lenguaje y señalamientos que justamente vienen ocultando la presencia y la acción de ‘otros’ enemigos del país como la corrupción, la concentración de la riqueza en pocas manos, la cooptación del Estado por parte de paramilitares y élites que lo vienen usando para mantener o ampliar privilegios de clase de reducidas familias, que hacen presencia a lo largo y ancho del país. 

De cara a la construcción de escenarios de posconflicto, el país debe discutir sobre el lenguaje periodístico de reconciliación que se requerirá para avanzar en esa tarea de pasar las páginas de la guerra. Resulta inaceptable que una vez firmado el cese definitivo del fuego y la dejación de armas por parte de las Farc, los medios masivos colombianos sigan informando de la manera como lo vienen haciendo hasta ahora. Esto es, generando estados de opinión negativos frente al proceso de paz y en relación con lo que debería de ser una paz negociada, en la que necesariamente deben tocarse intereses de sectores de poder, como ya se vislumbra en las discusiones del tema agrario.

Hacia una nueva cultura política y ciudadana

Suele pasar que los asuntos culturales queden por fuera de cualquier discusión, por cuanto se trataría de elementos intangibles o difíciles de asir, para un país y para una nación poco acostumbrada a la autocrítica y a la reflexión sobre sus prácticas culturales. Para el caso colombiano y en especial para la superación del conflicto armado y para la edificación de escenarios de posconflicto, se requerirá de cambios fuertes en las maneras en las que la cultura fluye, se entroniza y coadyuva a la definición de identidades y a la superación de conflictos de esa misma índole, en un país pluriétnico, multicultural y biodiverso.    

Insisto en que los colombianos estamos en capacidad de reconocer la presencia histórica de un ethos mafioso con el que cerramos y abrimos negocios, con el que actuamos frente al Estado, con el que nos desenvolvemos en los ámbitos de lo privado, pero sobre todo, con el que establecemos, reconocemos y legitimamos relaciones de poder. Un ethos mafioso resultante de una ética empresarial, política y ciudadana maleable y ajustable a las necesidades y oportunidades del momento. Es decir, una ética mínima con la que maximizamos privilegios y dividendos, sacrificando el bien común y la construcción de lazos de solidaridad y respeto en las relaciones sociales.

El nacimiento de una cultura política y ciudadana exigirá, sin duda, modificaciones profundas en el modelo educativo, pero sobre todo, se requerirá de ejercicios profundos y serios de autocrítica de los sectores tradicionales que han coadyuvado en buena medida a impedir que el espíritu liberal de la Carta Política guíe la consolidación de un Estado Social de Derecho tal cual como la Corte Constitucional a través de diversos autos, ha venido exigiendo a disímiles gobiernos nacionales, regionales y locales, que cuentan y defienden sus propias ideas de lo que debe ser un orden social, político y económico viable, perenne y legítimo.

Se requerirá, igualmente, que las élites de poder reconozcan sus errores, sus crímenes, sus faltas y las prácticas mafiosas, con el firme propósito de poner punto final al desangre de los recursos públicos, que por acción u omisión, ellas mismas han contribuido a generar y perpetuar.

No hay que esperar que de manera exclusiva las Farc reconozcan la comisión de delitos de lesa humanidad o de cualquier otra índole. Por el contrario, corresponde a empresarios, políticos y otros sectores de poder, dar el paso al frente para reconocer que han aportado en mayor grado a la profundización del conflicto armado interno.