EL ESTADO COLOMBIANO APOYA LA VIOLENCIA POLÍTICA QUE SE EXHIBE EN LOS TRES CAÍNES

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Varias empresas privadas decidieron dejar de pautar en la serie los Tres Caínes, presionadas por el malestar social de grupos de ciudadanos que vienen expresándose a través de las redes sociales Twitter y Facebook. Entre los anunciantes que decidieron retirar su apoyo a la controvertida serie de televisión, se cuentan a Winny, Auteco, Falabella y Nivea. Productos y empresas, cuyos responsables entendieron que Tres Caínes promueve y legitima el paramilitarismo, el homicidio y en general, el asesinato de todos aquellos que piensan distinto. 

Sin embargo, el Estado aún hace caso omiso de este clamor ciudadano. En el capítulo del 19 de marzo de 2013, de la serie televisiva de los Tres Caínes, se emitieron tres pautas estatales: de los ministerios de Defensa y Educación y de la Fiscalía. Es decir, el Estado pautó y pauta en una serie que claramente hace apología al delito y legitima la violencia política contra los pensadores y militantes de la izquierda democrática.

Más allá de los vacíos históricos, por demás graves, que exhibe la serie de televisión, lo que llama la atención es que el propio Estado, como orden social, político y cultural, apoya productos televisivos que exaltan la vida y las acciones de actores armados que han violado los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Es decir, el Estado termina apoyando y validando los discursos violentos de los actores armados representados en dicha serie de RCN. Valida, entonces, el asesinato de sindicalistas, de militantes de izquierda, de sociólogos  y de profesores y estudiantes de sociología, en especial, si son de Universidades públicas. Vaya contradicción.

Con qué criterio se define que el Estado divulgue y promocione sus servicios y busque que unas audiencias consuman, crean y acepten los mensajes de Ministerios como el de la Defensa y el de Educación y los de la propia Fiscalía. ¿Quién define el asunto? ¿Cuánto le cuesta económicamente al Estado pasar pauta en programas de los que se espera un alto rating? ¿Qué dicen órganos de control como la Procuraduría y la Contraloría? Ahora bien, no se trata exclusivamente de una preocupación por los costos de emitir unas pautas en espacios privados, puesto que el espectro electromagnético es de propiedad del Estado y ello puede terminar jugando a favor del propio Estado. No. El asunto es ético, político y moral. Y desde esas perspectivas, el Estado, como orden social y cultural, queda comprometido puesto que termina promoviendo valores no democráticos, arraigados de tiempo atrás en una sociedad intolerante, machista y violenta.

Resulta contradictorio y escandaloso que el Estado paute en series de no ficción, que abiertamente van en contravía y que desconocen varios artículos de la Carta Política, entre ellos el 11[1], 12[2], 13[3] y el 18[4], entre otros.

Ahora bien, más contradictorio aún, que sea el Gobierno de Santos, el mismo que mantiene un proceso de paz con las Farc, el que autorice pautar en la señalada serie de televisión.

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[1] El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.

[2] Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

[3] Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua religión, opinión política o filosófica.

[4] Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.