Por Germán Ayala Osorio, comunicador
social y politólogo
En
medio de un polarizado ambiente electoral, hay hechos que van pasando sin mayor
notoriedad en espacios públicos y privados. Hechos y circunstancias que se dan,
en un contexto complejo caracterizado por un Estado que aún no logra
consolidarse como un orden político, social y cultural que asegure condiciones
de vida digna para todos, en cumplimiento de claros mandatos constitucionales.
Haré
referencia a hechos políticos y mediáticos, que involucran instituciones del
Estado y a la institucionalidad misma, así como a influyentes empresas
mediáticas y a otros actores de la sociedad civil.
El
proceso de paz de La Habana es un hecho político que hace parte de ese complejo
contexto. Y es así, porque ha logrado polarizar a la opinión pública, en torno
a los alcances de lo acordado hasta el momento y el futuro político de los
líderes de las Farc. El otro hecho es el controvertido fallo del Procurador
General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.
Hay
que señalar que el fallo del Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, con el que
destituye e inhabilita al Alcalde Mayor de Bogotá, está conectado de manera
directa con intereses de sectores políticos de una Derecha que no sólo busca
recuperar política y administrativamente el manejo de los destinos de la ciudad
de Bogotá, sino eliminar a quienes potencialmente puedan disputar la
presidencia en 2018. Sin duda, Petro era una figura presidencial que debía
salir del camino. Y hasta el momento, lo están logrando, a la espera de si la
CIDH le otorga las medidas cautelares solicitadas por el burgomaestre.
No
se trata de un fallo estrictamente en derecho. No. Por el contario, está el
país ante un fallo que guarda finas relaciones con un modelo de Estado y de
sociedad agenciado por sectores neoliberales y retardatarios que jamás se han
sentido cómodos con las posibilidades sociales y políticas que abrió la Carta
Política de 1991.
Y
al hilar más delgado, detrás del fallo del Procurador está el proyecto de país
que impuso Uribe Vélez, en clara connivencia con poderosas familias
conservadoras, que defienden el modelo económico neoliberal[1] y
mantienen claro el interés de imponer un modelo de sociedad clerical, patriarcal,
empobrecida económica y culturalmente, así como un Estado confesional, que debe
estar al servicio de unas élites regionales enquistadas en el Estado, en sus
ámbitos local, regional y nacional.
Y
en la exposición pública de esos hechos, aparecen los medios masivos y el
ejercicio periodístico, como factores decisivos para la (in) comprensión de lo
que realmente sucede en el país en la actual coyuntura política y electoral.
Frente
al ejercicio periodístico, hay que decir que subsiste una fuerte polarización
entre periodistas y empresas mediáticas. Es claro, por ejemplo, que la revista
Semana respalda, desde sus páginas, el proceso de paz y mantiene clara
distancia frente al omnímodo poder del Procurador Ordóñez Maldonado. Se puede
decir que El Espectador apoya los diálogos de paz en La Habana, al tiempo que
exhibe una prudente distancia frente al caso Petro y el sentido del fallo del
jefe del Ministerio Público.
Lo
contrario sucede con otros medios, en especial espacios radiales. Caracol
Radio, liderado por Darío Arizmendi, hace evidente su animadversión contra el
alcalde Petro, lo que ha permitido un tratamiento amañado y sesgado de los
hechos noticiosos (jurídico-políticos) que se han presentado en torno a dicho
caso. En esa misma línea editorial, y frente al mismo caso Petro, se instalan
la W, de Julio Sánchez Cristo y la FM de Vicky Dávila. En cuanto al proceso de
paz, las dos anteriores no lo apoyan de manera decidida.
En
cuanto a los noticieros de televisión, Noticias RCN y Caracol Noticias, hay que
señalar que el primero, de manera evidente, no apoya el proceso de paz y en lo
que corresponde al caso Petro, asumió la postura editorial de apoyar la
decisión administrativa, tomada por Ordóñez Maldonado. En cuanto a Caracol Noticias,
hay que decir que sus tratamientos informativos frente al proceso de paz se
pueden calificar como ‘neutros’. En cuanto al caso Petro, mantiene la línea
editorial de apoyar la decisión del Procurador. En lo que toca al noticiero
CM&, es clara su animadversión contra el alcalde Gustavo Petro, animosidad
que es compartida por el Noticiero Noticias Uno. Frente al proceso de paz, el
noticiero de Yamid Amat exhibe un prudente apoyo, compartido con el noticiero
de la Red Independiente.
Frente
al apoyo de las ideas del Centro Democrático (CD), hay que señalar que espacios
y medios como La FM, La W, Noticias RCN, El Tiempo y CM&, apoyan de manera
decidida la apuesta ideológica que Uribe lleva a cuestas, al liderar esa micro
empresa electoral. Caracol Noticias se muestra más prudente, sin que ello
permita asegurar que descarta de manera directa las ideas de dicho movimiento
político.
En
cuanto a medios estatales, el caso de Canal Capital no deja de sorprender. A través
de su gerente y de varios espacios y periodistas, en dicho canal estatal se la
han jugado no sólo para defender la gestión de Petro, sino el modelo de Estado
que él viene agenciando para la capital del país. De igual manera, hay un
fuerte apoyo al proceso de paz de La Habana.
Con
todo y lo anterior, queda claro que en la actual coyuntura política y
electoral, en la que sobresalen dos hechos políticos complejos y definitivos,
el caso Petro y las conversaciones en La Habana, varios los medios masivos y sus periodistas,
están comprometidos, editorial y periodísticamente, con los intereses
económicos y políticos de sus propietarios, o con la naturaleza pública del
medio (caso, Canal Capital) y/o la orilla ideológica de quien guía el espacio
informativo, desde la que se actúa políticamente.
La
conjugación de estos elementos, informativos, políticos y editoriales, permite
que los ciudadanos adopten ideas políticas alrededor de lo que debe ser o no
el Estado y definen su comportamiento
electoral, de acuerdo con el nivel de penetración de cada medio. Y es claro que
los medios privados llevan en Colombia una gran ventaja, por ejemplo, frente al
solitario esfuerzo que desde Canal Capital se viene haciendo para combatir y
quebrar el unanimismo ideológico y político implantado desde el 2002[2].
[1] La cacareada inversión extranjera
sirvió y sirve aún para despertar la avidez o la codicia de grandes
corporaciones, interesadas en explotar los recursos del subsuelo.
[2] Desde que Uribe Vélez asumió la
Presidencia en 2002. Aunque desde que nacieron los canales privados en 1998, se
viene consolidando ese unanimismo, es claro que con Uribe Vélez se alcanzaron
forzosos consensos en torno a temas y asuntos públicos. De allí que él mismo
pensara en que el Estado de Opinión sería un estadio superior al Estado Social
de Derecho. Estadio éste en el que daba por descontado el apoyo irrestricto de
los noticieros privados de televisión, programas y espacios radiales.
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