Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La férrea defensa[1] que
el General (r) Jaime Ruiz Barrera hizo del Ejército, de la institucionalidad
castrense y de la cúpula militar involucrada en el reciente escándalo de
corrupción reseñado por la revista Semana, deja entrever el nivel de animadversión que el ex oficial tiene
contra los periodistas que se atreven a divulgar y develar actos de corrupción
al interior de la fuerza pública, así como su profundo desacuerdo con el
proceso de paz.
Preocupa no sólo el tono que
utilizó en su diálogo con la periodista Vicky Dávila, sino que su discurso sea
compartido por la oficialidad, en especial por coroneles y generales, de cara
al posconflicto. Ruiz Barrera dejó claro que no acompaña el proceso de paz de
La Habana, y que detrás del escándalo desatado a raíz de lo publicado en la
Revista Semana, hay, según él, una campaña de desprestigio. Dijo, entre otras
cosas, que lo divulgado es “…una afrenta contra la institución… hay
periodistas insidiosos, dañinos, con intereses de cualquier índole… hay
indignación en las filas, en las reservas…hay una guerra política, jurídica y
mediática contra la institución…para favorecer a quienes defienden el Castrochavismo…fuerzas
oscuras provienen de ONG con la izquierda y que simpatizan con las Farc…”[2].
Si lo dicho por el ex general
Ruiz es compartido por la actual cúpula militar, por el grueso de la oficialidad
y además, su discurso hace parte
fundamental de la formación de los nuevos oficiales y de altos oficiales que
están en cursos de ascenso, entonces el país asistirá, en breve, a la
consolidación de una fuerte oposición dentro del propio Estado, a la firma de
la paz, así como al diseño y consolidación de escenarios de posconflicto. Es
decir, dentro del Estado, y en particular, desde dentro de la institución
castrense, se podrían fraguar acciones de sabotaje a lo pactado en La Habana. Y
si a esto se le suman los objetivos políticos del Centro Democrático (CD) y de
un sector del insepulto Partido Conservador, que buscan conquistar el Congreso
de la República, posiblemente los colombianos veamos y suframos una profunda
crisis institucional y una fractura en el régimen democrático, con
insospechadas consecuencias. También
queda en evidencia que el proyecto político de Santos no está en línea con el
proyecto de país de los militares. Hecho delicado de cara al mantenimiento de la
institucionalidad y de la Gobernabilidad en su segundo periodo presidencial, en
caso de ser reelegido.
Pero más allá del desafortunado
discurso del ex oficial Ruiz Barrera, lo que debe hacer el Presidente es llamar
a calificar servicios a los altos oficiales que están involucrados en el
escándalo y por esa vía, develar quiénes no están con la firma de la paz dentro
del Ejército y en general, dentro la Fuerza Pública.
Dentro de los canales
institucionales y aferrado a su condición de Jefe supremo de la fuerza pública,
Santos debe tomar las riendas para sacar las ‘manzanas podridas’ del Ejército,
así como alinear y comprometer a los oficiales y suboficiales de esa fuerza con
la defensa del proceso de paz y del posconflicto, escenario en el que deberá
reducirse el número de efectivos de la fuerza pública y reorientar sus propósitos
y objetivos operacionales y misionales.
Y las decisiones que tome el
Presidente no se pueden apoyar exclusivamente en los informes y recomendaciones
de su Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dado que ha demostrado hasta la
saciedad que él tampoco cree y, menos aún acompaña el proceso de paz y cree en la necesidad de allanar los caminos
que nos lleven hacia el posconflicto.
Esta coyuntura deja en claro que
subsiste, dentro y fuera de las fuerzas militares, una fuerte ‘burocracia
armada’ que no está dispuesta a perder los privilegios y el poder social,
económico y político alcanzado durante largos años. Esa misma ‘burocracia
armada’ de la que hacen parte el ex general Ruiz Barrera y otros altos
oficiales y coroneles del Ejército, especialmente, que parecen cómodos con la
prolongación y escalamiento de la guerra interna, en tanto que el Estado
central debe proveer millonarios recursos para sostener un aparato de guerra
con el cual se golpea al enemigo (las guerrillas), pero se garantiza su
supervivencia en el tiempo, para continuar con el desangre presupuestal en una
guerra que, desde la perspectiva militar, no tiene cómo ganarse. Preocupa también, que sobre esos millonarios
recursos los organismos de control ejercen nula vigilancia, de allí que se
gastan, al parecer, sin las necesarias auditorías que eviten su malversación y
desviación.
Puede Colombia, y en particular
el Gobierno de Santos, poner fin al conflicto armado con las Farc, y encontrar,
dentro del propio Estado, actores que no sólo se oponen a la negociación
política, sino a la reorientación política que necesariamente deberá darse en
la forma como el Estado viene operando, especialmente, de espaldas al mandato y
al contenido de la Carta Política de 1991.
Imagen tomada de semana.com
[1] En diálogo con la periodista Vicky Dávila, de
La FM: http://www.lafm.com.co/audios/el-malestar-del-general-r-155460
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