PROCESO DE PAZ Y CAMPAÑA PRESIDENCIAL

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La campaña política por la Presidencia de la República se adelanta en medio de crecientes incertidumbres alrededor de las conversaciones de paz en La Habana, que por estos días avanzan con lentitud, pero también en torno a hechos sociales y políticos de distinto orden, que hacen parte de la agenda pública y mediática.

Entre ellos, la salida de Petro de la alcaldía de Bogotá y el rol que jugará en la elección presidencial, el conato de paro agrario que tuvo su primer aviso ayer lunes 17 de marzo con la marcha por las calles de la capital del país; de igual manera, aportan a ese enrarecido ambiente electoral, las dudas que subsisten en un sector gremial frente a lo que se está negociando en Cuba en materia agraria y de propiedad de la tierra; y no se puede negar que los hechos de violencia y barbarie en Buenaventura aportan a la generación de ese entorno grisáceo que cobija la actual campaña presidencial. Sin duda, habría que sumar otros hechos, pero digamos que estos son suficientes para señalar que esta campaña por la presidencia avanza en medio de dudas y tensiones que van y vienen de La Habana, pasando por los problemas que parecen no tener solución dentro del territorio nacional.

Esta campaña presidencial deviene confusa porque el triunfo del presidente-candidato no se ve claro en primera vuelta, en buena medida porque el Gobierno de Santos exhibe claras contradicciones entre sus políticas agrarias y ambiental, a juzgar por los desastres ambientales y sociales generados por la  locomotora minera que camina sin control y por el malestar social que evidencian indígenas, afros y campesinos, en relación con la equivocada política agraria impulsada por el actual Gobierno. Hay que sumarle a ese ambiente enrarecido de la actual campaña presidencial, la llegada de la ultraderecha al Congreso, representada en el Centro Democrático, fuerza política que hará todo lo que esté a su alcance para evitar la refrendación de los acuerdos que firmen los negociadores de las Farc y del Gobierno, instalados en La Habana.

El camino de la paz

A pesar de lo anterior, ponerle fin al conflicto armado interno, conseguir la paz y consolidarla en escenarios de posconflicto sigue siendo una prioridad para el grueso de la población. Pero alcanzar la paz deviene en preocupación para sectores políticos y económicos responsables, por acción u omisión, de que este conflicto armado esté soportado históricamente en una lucha por la tenencia y explotación de la tierra.

La molestia que expresó días atrás el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Rafael Mejía, debe tomarse en serio.  De igual manera, hay que tomar en cuenta la reciente movilización de la Cumbre Agraria, cuyos miembros reclaman al Gobierno el cumplimiento de los pactos firmados en 2013, con los que se puso fin al Paro Nacional Agrario.

Estos dos hechos políticos, sumados a las dudas que genera la reelección  de Santos, aportan en buena medida para que los negociadores de las Farc hayan decidido bajar  el ritmo de las conversaciones. Las Farc van a esperar atentos el desenlace de estos hechos, en especial, lo que toca a la continuidad o no del Presidente que hoy los tiene en Cuba negociando. Con todo y los problemas que exhibe Santos para manejar complejos asuntos públicos, las Farc y el país no verían con buenos ojos un cambio de Gobierno, bien que le dé continuidad al proceso de paz, o que lo dé por terminado. 

Lo cierto es que el presidente Santos da bandazos en el manejo interno de la cuestión agraria y en general, de muchos asuntos de Estado. Por un lado, es incapaz de convocar públicamente a los agroindustriales para comprometerlos con la superación del conflicto agrario. La apropiación de baldíos es una práctica que requiere de toda la atención y de la firmeza del Gobierno, que se muestra permisivo o complaciente con los casos ya conocidos de  usurpación por parte de ingenios azucareros. De otro lado, Santos insiste en mantener sin control social, ambiental y político su propia locomotora minera con la que arrasa ríos, zonas de parques nacionales y páramos, entre otros frágiles ecosistemas. Y se suma a estas circunstancias, el desinterés por reorientar los tratados de libre comercio que vienen afectando la seguridad alimentaria del país y la vida de cientos de miles de campesinos, indígenas y afrocolombianos.   

Es decir, en lugar de generar las condiciones internas que permitan la superación de las circunstancias objetivas que generaron las luchas agrarias que tuvieron expresión armada con el surgimiento de las guerrillas en los 60, el Gobierno de Santos insiste en una política agraria que no asegura condiciones de vida digna para los campesinos, afrocolombianos e indígenas; y continúa con un modelo de desarrollo extractivo que con el tiempo irá consolidando nuevos tipos de conflictos, esta vez socio ambientales. 

Con todo, ponerle fin al conflicto armado debe ser  prioridad para el Gobierno y  para las Farc. Pero debemos saber que el camino de la refrendación de los acuerdos no será fácil. Hay actores políticos y económicos que internamente se opondrán a los cambios sugeridos en el Informe Conjunto, en materia de desarrollo agrario integral. Es posible, incluso, que el país avance en el silenciamiento de los fusiles, y que no logre siquiera poner en marcha escenarios de posconflicto.

La SAC, ingenios azucareros, ganaderos, latifundistas, banqueros y palmicultores, entre otros, no se ven dispuestos a firmarle a Santos el cheque en blanco de la paz y el posconflicto. Que Santos sea un conciliador no significa que la tendrá fácil para convencer a estos actores, de que es necesario que depongan sus intereses para pacificar el país como debe ser: transformando las precarias condiciones de campesinos, afros e indígenas,  redireccionar la política minera y consolidar el Estado como un orden viable y justo para todos.