Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Tanto en ámbitos gubernamentales
y académicos como en aquellos espacios en donde transcurre la cotidianidad
suelen discutirse algunos problemas del país: poca y deficiente presencia del
Estado, sociedad atomizada, violencia política en el marco del conflicto armado
interno, múltiples violencias urbanas y diversas expresiones de desorden e
indisciplina social. Se quedan por fuera de este corto listado muchos más.
Pero todos esos problemas,
asuntos o temas, a pesar de tener un anclaje histórico, ninguno ha permitido
que el país toque fondo, es decir,
que se propongan y se aseguren cambios sustanciales y estructurales en las
maneras como funciona hasta el momento la relación Estado-Mercado-Sociedad. Y
no hemos tocado fondo porque siempre cambiamos para que todo siga igual: las
mismas élites en el poder, cooptando y capturando el Estado para el beneficio
de unos cuantos, la guerra interna y las múltiples expresiones de violencia
urbana y un generalizado comportamiento ciudadano premoderno.
Y así, con todo y problemas, el
país sigue adelante en medio de muchos asuntos y problemas sin abordarse y sin
solucionarse. Casi podríamos hablar de un Estado
de Cosas Inconstitucional Generalizado, parodiando aquella declaración de
la Corte Constitucional en el contexto del desplazamiento forzado interno.
Pero quizás la variable que nos
va a llevar a tocar fondo como Estado organizado y como sociedad atomizada sea
la ambiental. Si revisamos los daños
ecológicos y ambientales que viene dejando la explotación minera en Colombia,
gracias a la permisividad de los gobiernos de Uribe y Santos, y en un rápido
ejercicio de prospectiva, es posible pensar que vendrán para el país graves
conflictos socio ambientales que muy seguramente no van a ser solucionados por
vías pacíficas, sino a través del uso de la fuerza y de la violencia.
Ya hay elementos contextuales que
hacen posible pensar e imaginar escenarios negativos: de un lado, el desinterés
de los gobiernos de Uribe y Santos por consolidar las autoridades ambientales,
convertidas en nidos clientelares y en meros receptáculos administrativos que
tramitan sin mayor ejercicio analítico todo tipo de licencias ambientales, en
especial para autorizar exploraciones y explotaciones que limpien y faciliten
el camino de una locomotora minero-energética que avanza sin controles
político, social y ambiental. De otro lado, la despreocupación que subsiste en
actores y agentes de la sociedad civil, interesados exclusivamente en producir,
vender y posicionarse en unos mercados en donde cada vez más de habla de
competir y de competitividad, desconociendo el valor y la importancia de la
variable ambiental y subestimando los efectos socio ambientales y ecológicos de
un desarrollo extractivo sin límites de resiliencia y sobre el cual poco se
discute públicamente.
El acceso y el control sobre el
agua es ya un factor de riesgo en la generación de nuevos conflictos socio
ambientales. Baste con señalar que el Gobierno de Santos autorizó la técnica
del “fracking”, para la extracción
petrolera. A lo que se suman los efectos del Cambio Climático y la llegada del
Fenómeno de El Niño.
Quizás, entonces, debamos esperar
a que se presenten agravadas crisis de acceso al agua y los consecuentes
conflictos sociales y de orden público que se vendrían cuando cientos de miles
de colombianos no tengan cómo calmar la sed, preparar los alimentos y asearse,
entre otras actividades en las que el agua resulta clave e irremplazable.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario