YO DIGO SÍ A LA PAZ

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martes, 18 de noviembre de 2014

SOBRE EL CASO DEL GENERAL ALZATE (II)

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Antes del medio día del 18 de noviembre de 2014, las Farc reconocieron que el General Alzate Mora está en su poder. Así se lee en el comunicado emitido por la agrupación armada: “El día 16 de noviembre, a eso de las 15:00 horas, unidades guerrilleras pertenecientes al Bloque Iván Ríos de las FARC-EP, en ejercicio de sus tareas de seguridad, interceptaron, en uno de los retenes móviles que mantienen a orillas del río Atrato, el bote en que se trasladaba el señor Brigadier General del Ejército Nacional, en servicio activo, Rubén Darío Alzate Mora, comandante de la denominada Fuerza de Tarea Conjunta Titán que opera en esta zona del país. En compañía del general Alzate viajaban el cabo segundo del Ejército Jorge Contreras Rodríguez y la señora Gloria Urrego, abogada al servicio de la mencionada unidad militar.  Una vez identificados plenamente, pese a vestir ropas civiles, los tres fueron capturados por nuestras unidades, en razón a que se trata de personal militar enemigo, que se mueve en ejercicio de sus funciones, en área de operaciones de guerra[1].
A pesar de confirmar la retención del alto oficial, continúan las dudas y las especulaciones sobre la presencia del General Alzate y de sus acompañantes en el caserío Las Mercedes, área rural de Quibdó. El propio alias Pablo Catatumbo, desde La Habana, instaba al ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón a que le explique al país qué hacía Alzate Mora en la zona.
De esta manera, las Farc, al justificar y asumir la responsabilidad de la retención, captura o secuestro, según la perspectiva ideológica desde donde se asuma la lectura del hecho de guerra, devuelven el balón al Gobierno. Ahora, corresponde al Gobierno y a su equipo negociador dar el paso siguiente, que no debería de ser otro que continuar con los diálogos y rápidamente llegar a un cese bilateral del fuego. Será difícil superar la actual coyuntura política y militar, sin duda, la más difícil que en  dos años ha enfrentado el proceso.
Veamos los siguientes elementos de juicio, de cara a comprender qué significa lo que está sucediendo y qué puede pasar con los diálogos de La Habana: en primer lugar, al mantenerse las dudas sobre la presencia de Alzate Mora en una zona en disputa, Santos deberá actuar con total firmeza frente a los generales que hacen parte de la cúpula militar. Es claro que hay información de inteligencia militar que no conocen el Presidente y su ministro de la Defensa. Se especula que el General estaría en actividades tendientes a facilitar la desmovilización[2] de guerrilleros. Si esto es cierto, dichas gestiones se estarían haciendo sin el consentimiento y/o conocimiento del Presidente.
Esa circunstancia pone en riesgo la unidad de mando, que de tiempo atrás deviene fracturada por cuenta de oficiales que extrañan a Uribe como su líder político-militar. Se trata de un  sector importante de las fuerzas armadas y en particular de las fuerzas militares que desconoce la autoridad de Santos y que se mantiene afecta a la figura de Uribe. Las filtraciones de información de inteligencia, como coordenadas de operativos para la extracción de comandantes guerrilleros, que debían viajar a Cuba y los datos que daban cuenta del “secuestro” de Alzate Mora, constituyen hechos claros de que Uribe funge como una especie de comandante en la sombra. Esas filtraciones no responden a un simple ejercicio de simpatía hacia el ex presidente. Por el contrario, se trata de una manera de desafiar la autoridad de Santos como jefe supremo de las fuerzas armadas.
Este asunto, independientemente de si se logra la liberación del General y de sus acompañantes, debería ocupar la atención del Presidente. Si de verdad tiene voluntad de paz, debe sacudir la cúpula militar y limpiarla de todos aquellos oficiales que no aceptan ser subordinados de un presidente que se la jugó por buscar el fin del conflicto. Si Santos no tiene el suficiente carácter para llamar a calificar servicios a quienes no obedezcan sus órdenes y sigan sus orientaciones, el proceso de paz podría continuar, pero bajo la constante presión de esa ala militar. Al final, el proceso de paz se romperá definitivamente.
Otro elemento que hay que tener en cuenta es que la lucha territorial se mantiene. Lejos está la consolidación del Estado en territorios como el Chocó, en donde históricamente la presencia de paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros compite con un Estado que deviene precario y débil o que simplemente no hace presencia simbólica y física (institucional).
A pesar de los duros golpes recibidos durante los 8 años de Uribe y los cuatro primeros de Santos, las Farc mantienen presencia en zonas selváticas y compiten con las fuerzas militares por el dominio territorial y la búsqueda de respaldo de las comunidades asentadas en dichos territorios. En el comunicado, las Farc advierten que “una vez identificados plenamente, pese a vestir ropas civiles, los tres fueron capturados por nuestras unidades, en razón a que se trata de personal militar enemigo, que se mueve en ejercicio de sus funciones, en área de operaciones de guerra[3].
Lo que se puede venir
En estos momentos la vida del General y de sus acompañantes corre peligro. Más de dos mil efectivos militares hacen presencia en la zona rural de Quibdó, para dar con el paradero del oficial, convertido en un trofeo de guerra en disputa por los dos actores armados. Y ya el país conoce el desenlace fatal de operativos militares de rescate. Y así lo confirman en su misiva:”Respetamos la vida e integridad física y moral de nuestros prisioneros y estamos plenamente dispuestos a garantizarlo hasta donde nos sea permitido por la ira estatal”.
El país debe imaginar que sobre el operativo de rescate que ya las fuerzas militares ejecutan en la zona en donde se produjo el plagio o la detención del oficial, el Presidente poca injerencia tiene. Esto es, los militares, en especial la cúpula, sienten que el “secuestro” de un General no sólo pone en entredicho su capacidad y formación operacionales, sino que se convierte en una afrenta que sólo puede ser respondida con el rescate del alto oficial. Sacarán en esta ocasión el coraje que al parecer no han tenido para ir en la búsqueda de los dos soldados profesionales “capturados” por las Farc recientemente en el sur del país.
Si la presión militar termina por “obligar” a los miembros de las Farc a asesinar al General, para evitar su rescate, entonces estaría dada la condición que el mismo Presidente dispuso para terminar definitivamente los diálogos de paz: “si atentan contra una figura importante, se rompen los diálogos” [4](sic).
Urge, entonces, que Santos detenga los operativos de rescate. De igual manera, se requiere que voceros de los países garantes, del CICR y de actores de la sociedad civil afectos al proceso de paz, integren de inmediato una comisión que vaya a La Habana, para acordar con la cúpula fariana la entrega del General, del Cabo Contreras y de la abogada, Gloria Urrego.
Lo cierto es que en estos momentos la continuidad del proceso de paz de La Habana pende de un hilo. Un hilo que ya no maneja Santos o sus negociadores. Ese hilo lo están manipulando a discreción, tanto las Farc como la cúpula de las fuerzas militares.

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