Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Bastante agitado estuvo el fin de
semana que acaba de pasar. Con reinado a bordo, puente festivo, dos alocuciones
presidenciales y el rompimiento de los diálogos de La Habana. Agitado el fin de
semana y confusos los hechos. Con todo y ello, los medios masivos cumplieron
con su tarea informativa- especulativa y de esta manera coadyuvaron a que la
confusión sobre la desaparición y paradero del General Alzate, el cabo Jorge
Rodríguez Contreras[1]
y la abogada, Gloria Urrego, fuera mayor. Dos días seguidos el país sin saber a
ciencia cierta qué había pasado con el general del Ejército. Realmente, la
preocupación giraba en torno al alto oficial. Ni el cabo, ni la abogada
contaban para la prensa y mucho menos para el Gobierno de Santos.
Se trató de un secuestro, perpetrado
por miembros del Frente 34 de las Farc, decían una y otra vez los noticieros de
televisión, a pesar de que ellos mismos y la prensa escrita divulgaban
versiones de algunos miembros de la comunidad de Las Mercedes, que indicaban
que el alto oficial y sus acompañantes llegaron al caserío y se fueron con un
grupo de presuntos guerrilleros. Al parecer no hubo forcejeo. A pesar de estos
indicios, los medios se plegaron a la versión de la fuente castrense que
indicaba que se trataba de un secuestro. De un verdadero atentado contra el
proceso de paz.
Lo sucedido con el general Alzate
llevó al Presidente, a los periodistas y a amplios sectores de la sociedad, a
olvidar que se pactó negociar y dialogar en medio de la guerra, de las
hostilidades. Y si las Farc "capturaron" al General, ello constituye un acto de
guerra, tal y como sucedió días atrás cuando en el sur del país y en medio de
un combate, las Farc retuvieron a dos soldados profesionales. Y está claro que
para las Farc estos hechos constituyen actos de guerra en los que los plagiados
adquieren el carácter de prisioneros de guerra; y para los medios y las huestes
castrenses, se trata de un secuestro. El enfrentamiento también es discursivo.
En las redes sociales, como twitter,
las versiones y comentarios iban y venían. Se señalaba que el General Alzate[2]
desconoció protocolos de seguridad, que dio “papaya” al visitar una zona de
presencia de guerrillas, estando de civil y desarmado. De igual manera, se
habló de que detrás del secuestro estaban las manos de aquellos enemigos del
proceso de paz. Y nuevamente, el ex presidente Uribe estaba allí, con
información privilegiada, la misma que al parecer fuentes castrenses le negaron
al Presidente y a su Ministro de la Defensa.
Al final, y gracias a la presión de la cúpula militar y del hecho mismo
de la desaparición del alto oficial, Santos suspendió los diálogos de paz. Lo
hizo a través de dos alocuciones en las que claramente se notaba que no tenía
toda la información en sus manos. Por el
lado de las Farc, desde La Habana se informó que para el día martes 18 de
noviembre de 2014, se pronunciarían al respecto. Después del largo y agitado
fin de semana, el país amaneció a la espera de lo que puedan confirmar o
desmentir las Farc.
Mientras se aclaran los hechos y la
autoría de la presunta retención del oficial y de sus acompañantes, en esta
columna se expone la tesis con la que se pretende comprender y explicar la decisión
del Presidente Santos.
La tesis es la siguiente:
Al interior de las Fuerzas Armadas,
en especial dentro de las Fuerzas Militares, subsisten dos sectores o bandos.
Uno que aún es afecto a la ideología y al comportamiento administrativo y político-militar del
ex presidente y hoy senador, Álvaro
Uribe Vélez; y el otro bando, mantiene relativo respaldo al hoy comandante
supremo de las Fuerzas Armadas, Juan Manuel Santos Calderón. Respaldo que
deviene protocolario y que estaría condicionado a las presiones de oficiales operativos,
aupados por oficiales en retiro, representados por Acore.
Estas circunstancias explicarían la apresurada
decisión del presidente Santos. No se trataría, entonces, de una decisión autónoma
y/o consensuada, sino que obedecería a presiones internas de una cúpula que
está exigiendo reconocimiento y respeto a su Comandante Supremo y a la sociedad
colombiana, por lo que consideran al interior de dicha cúpula, una grave
afrenta contra el honor militar las ejemplarizantes condenas contra los
generales Arias Cabrales, Rito Alejo del Río y Uscátegui y por supuesto, la
proferida contra el coronel, Alfonso Plazas Vega. Además, por las
investigaciones y condenas contra altos oficiales por las ejecuciones
extrajudiciales (“falsos positivos”). De igual manera, subsiste una clara
molestia en las huestes castrenses frente al proceso de paz y la posibilidad de
que al ponerse fin al conflicto armado con las Farc, el número de efectivos
deba reducirse, la doctrina militar deba cambiar, y se reduzcan privilegios y
el presupuesto militar, sobre el que poco control se hace por parte de la
Contraloría. Así las cosas, el secuestro del
General Alzate se erige como el suceso que esa cúpula y el sector afecto
a Uribe estaban esperando para acorralar al presidente Santos.
Si esta tesis tiene asidero, la
suspensión de los diálogos en La Habana serviría para mandar a las Farc, a los
países garantes y amigos del proceso, a la sociedad colombiana en general y en
particular a los sectores que apoyan la consecución de la paz, un mensaje
claro: existe una burocracia armada, fuerte y decidida a mantener y ampliar
privilegios, de cara a la firma del fin
del conflicto. Y ello “graduaría” a las Fuerzas Armadas, y en particular a las
Fuerzas Militares, como un actor político cuyo poder no se puede despreciar.
En reiteradas ocasiones el presidente Santos se ha visto obligado a explicar a la tropa que los intereses y privilegios de las fuerzas armadas no serán tocados en caso de que se firme el fin del conflicto con las Farc. Esa situación indica claramente que subsiste un malestar en las filas que resulta de una campaña de desinformación que bien puede estar siendo aupada desde Acore y apoyada por el propio senador Uribe Vélez.
Así las cosas, y más allá de que se
supere esta grave y enrarecida coyuntura política, militar y mediática que hoy
enfrenta el proceso de paz de La Habana, el mensaje que las fuerzas militares
están enviando al país, a la Mesa de Diálogos, a los defensores de derechos
humanos y a los países garantes y amigos de la negociación, es claro y será
definitivo para el tipo de escenario de posguerra que las partes que negocian
en La Habana estén imaginando y diseñando. Es decir, la doctrina militar no
cambiará y mucho menos van a permitir
que se toquen privilegios, condiciones salariales y que en adelante se vaya a
vigilar y controlar el gasto militar.
Más allá de las explicaciones que en
pocas horas entreguen las Farc, bien que confirmen o nieguen que el General
Alzate fue capturado o hecho prisionero por milicianos o guerrilleros de las
Farc, lo cierto es que la confianza entre los negociadores está afectada en
materia grave. Y lo está, porque hay un actor político-militar, las Fuerzas
Militares, con el poder suficiente para desconocer la autoridad y el mando al
Presidente Santos, y para insistir en que extrañan a Uribe como Jefe Supremo.
Nota: las Farc reconocieron antes del medio día de hoy martes 18 de noviembre de 2014, que efectivamente tienen en su poder al General Alzate. Lo hicieron prisionero.
[1] El Espectador, por ejemplo, sostiene que a ese nombre responde un
oficial en el grado de capitán.
[2] Versiones indican que el General Alzate estaba cumpliendo
actividades tendientes a lograr la desmovilización de guerrilleros de las Farc.
Al parecer, se trataría de actividades no consultadas con el ministro de la
Defensa, Juan Carlos Pinzón y el Presidente Santos. Si se trata de un secuestro
por parte de las Farc, sin duda el alto oficial fue traicionado. Si no se trata
de un secuestro por parte de miembros de las Farc, sino de otro grupo armado
ilegal, es probable que dentro de las filas oficiales se haya provocado el
secuestro, con el claro propósito de afectar el desarrollo del proceso de paz
de La Habana. De todas formas, el General le debe muchas explicaciones al
país.
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