Por
Germán Ayala Osorio, comunicador social
y politólogo
El
máximo líder de las Farc tiene todo el derecho a criticar y desconocer la
justicia indígena, que recientemente condenó a varios de sus hombres por el
absurdo asesinato de dos miembros de la
guardia indígena del pueblo Nasa[1].
Y
lo tiene, porque él, además de estar en la ilegalidad, es un “guerrero” que
desprecia la condición civil y ama profundamente la lógica militar y la vida en armas. Al estar por fuera de la
ley, él y su fuerza guerrillera están en contra de cualquier tipo de justicia y
de institucionalidad que intente someter y juzgar a quienes en nombre de las
Farc y del “pueblo colombiano” violan el ordenamiento jurídico y los derechos
tanto de los otros combatientes (miembros de la Fuerza Pública), como de
miembros de la población civil, en el contexto de un degradado conflicto armado
interno. En el fondo, desconoce la justicia civil, es decir, togados o
indígenas[2] que
no alcanzan a entender y dimensionar la lucha armada, que para él, deviene
heroica y propia de verdaderos hombres, de patriotas.
Piensa
el comandante de las Farc que para juzgar a sus hombres y mujeres combatientes,
ni el Estado y ahora menos la justicia indígena Nasa, tienen la suficiente
legitimidad para impartir justicia a quienes se levantaron en armas justamente
por la debilidad de un Estado que aún no se erige como un orden moral y
legítimo que guíe a la sociedad.
Y
por ese camino, "Timochenko" cree que la única justicia válida es la llamada
“justicia revolucionaria”, es decir, la justicia fariana. Así lo registró la
revista Semana: “El único tribunal legítimo para juzgar a los milicianos
implicados en el absurdo episodio provocado por la irracionalidad sospechosa de
unos cuantos indígenas (...) es el contemplado por el reglamento de régimen
disciplinario de las FARC”[3].
Esa misma “justicia revolucionaria” ha ordenado el ajusticiamiento de quienes
han cometido errores o delitos y también, ha garantizado dosis de impunidad
para farianos procesados bajo dicha justicia. Me pregunto: una vez
desmovilizado, ¿aceptará vivir bajo las condiciones de un Estado de derecho
(imperio de la ley) al que él combatió? ¿Cómo deberá ser ese Estado para que
“Timochenko” se someta de verdad a la justicia ordinaria?
En
ese punto, coinciden con los militares que buscan y defienden la ampliación del
fuero militar y el fortalecimiento de la Justicia Penal Militar. Si aceptamos las tesis de militares
y guerrilleros, entonces, estos “guerreros” (alentados, contradictoriamente,
por civiles) solo pueden ser juzgados por sus pares. Por esa vía, quienes
portan uniforme, desde la legalidad o desde la ilegalidad, se erigen como una
suerte de “intocables” y de seres “superiores”, justamente porque la causa que
defienden parece ser que deviene naturalmente
legítima, pero especialmente, porque está sostenida en un también natural y
obvio desprecio de la condición civil.
Si bien los militares no apelan al
ajusticiamiento de sus miembros, en muchos casos los juicios penales militares
terminan en absoluciones y/o en castigos menores a quienes claramente han
violado las propias normas y códigos militares, así como las leyes ordinarias.
No es gratuito que desde las huestes castrenses se insista en que los “falsos positivos”
sean examinados a la luz de la Justicia Penal Militar.
La
molestia de guerrilleros y militares con la justicia ordinaria gravita
alrededor de que jueces civiles (incluyendo ahora a la justicia indígena)
desconocen la lógica, los procedimientos y las circunstancias operativas que
condicionan el proceder de los hombres en armas. En varias ocasiones lo han
dicho militares activos y retirados; y del lado de las Farc, durante los
diálogos de La Habana, sus negociadores han fustigado la legitimidad del Estado
y de su aparato de justicia, para someter y juzgar a los guerrilleros. Lo
hicieron, por ejemplo, con el Marco Jurídico para la Paz.
Volvamos
a lo dicho por “Timochenko”. En esa línea argumentativa, el líder de las Farc parece
olvidar que él, junto a sus pares los miliares, en algún momento de sus vidas
fueron civiles e hicieron parte de la población civil, de la sociedad. Es tal
el amor por las armas de unos y otros, y
el convencimiento de que solo a través de la guerra es posible lograr los cambios
que dicen buscar a través de su lucha “revolucionaria”, que el desdén por la
civilidad y por los civiles, deviene en una suerte de principio orientador de las
particulares doctrinas militar y revolucionaria.
Lamentable
resulta leer a quien hoy está al frente de una organización guerrillera que
conversa con el Gobierno de Santos para buscar ponerle fin al conflicto armado.
Da miedo, desazón y tristeza escuchar las declaraciones de este líder fariano,
porque detrás de su discurso no se advierte cansancio alguno por portar un espurio
uniforme y por mantener una guerra que él sabe mejor que nadie, no va a ganar
en el campo de batalla. Resulta incoherente que las Farc hablen en La Habana de
verdad, justicia, reparación y no repetición, cuando se oponen, desde ya, a que
la “justicia de los civiles” opere tal y como sucedió con el juicio indígena.
¿Qué podemos esperar, entonces, del modelo de justicia transicional[4] que
se vaya a implementar una vez se ponga fin al conflicto armado y se refrenden
los acuerdos?
La
desafortunada postura asumida por el máximo comandante de las Farc ante la
legítima acción judicial de los indígenas Nasa, pone de presente que lo
difícil no está en firmar un armisticio,
o acordar el fin del conflicto, e incluso, lograr la desmovilización de los guerrilleros. La
real dificultad estará en desmontar la estructura mental de quienes están
convencidos de que portar un uniforme y hacer la guerra los hace mejores seres
humanos, frente a quienes desde la condición civil y una proba y coherente
civilidad, creen en que las armas y la guerra deben estar proscritas y ser el
último recurso para avanzar en la solución de los problemas y los conflictos.
Adenda 1. El líder de las Farc habla de milicianos y no de
guerrilleros. Los Nasa hablan de guerrilleros. La diferencia no es semántica.
Adenda 2. La postura de “Timochenko” es abiertamente contraria a la que
asumieron sus negociadores y que dejaron ver a través de un comunicado en el
que lamentaban los hechos.
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