Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Del asesinato de Antonio Tumiñá y
Daniel Coicué, a manos de milicianos de las Farc y del juicio indígena que
impuso las penas y castigos ya conocidos por la opinión pública, se pueden
exponer varios asuntos, en tanto ese hecho violento constituye otra coyuntura
político-mediática más para el proceso de La Habana[1].
Un primer asunto a considerar
tiene que ver con la formación política de los milicianos. A juzgar por las
cortas declaraciones que se conocieron de los responsables del crimen de los
dos miembros de la Guardia Indígena, se trata de jóvenes sin mayor escolaridad
y sin una estructura moral y ética. Estas circunstancias en gran medida
facilitaron el fatal desenlace.
Las propias Farc, en su
comunicado, dejan entrever la realidad de esas circunstancias: “Nuestras primeras averiguaciones indican que
los hechos se originaron cuando milicianos indígenas quienes colocaban pendones
alusivos al tercer aniversario del asesinato del comandante Alfonso Cano,
fueron presionados por un grupo de la comunidad Nasa encabezado por el
gobernador del Cabildo, Esneider Gómez, que no solo se oponía a dicha
actividad, sino que pretendió desarmar a los milicianos, luego de que estos ya
se habían replegado del lugar. Ante el desenlace luctuoso de un hecho que no
merecía tal exacerbación, y que pudo resolverse mediante el diálogo, expresamos
nuestro sentimiento de pesar y preocupación”[2].
¿Están los milicianos de las Farc
e incluso, los propios guerrilleros, en la capacidad de sostener un diálogo y
una discusión sobre la base de un intercambio de ideas? En especial cuando las
actividades que iban a desarrollar en territorio Nasa, claramente afectaban la
armonía y la vida de los indígenas. ¿Quién dio la orden? Sobre qué comandante
fariano recae la responsabilidad del operativo desplegado por los milicianos? O
se trata de una actuación irregular por parte de los jóvenes milicianos? Este
no es un asunto menor. Y en relación con el proceso de paz de La Habana, las
Farc deben explicar en la Mesa de Diálogo y garantizarle al país que existe una
unidad de mando[3] que incluye a sus milicias
urbanas y rurales. De no ser así, fácilmente milicianos como Iván Silva
Yatacué, alias ‘Fercho’, podrán mañana hacer parte de otras estructuras armadas
que bien pueden quedar al servicio de narcotraficantes, ganaderos y/o
latifundistas que se opongan a la implementación de los acuerdos de La
Habana. Y de esta forma, los procesos de
desmovilización y el desmonte de las estructuras criminales serán experiencias fallidas en un escenario
de posacuerdos.
Un segundo asunto guarda relación
con el reclutamiento de jóvenes indígenas por parte de las Farc. Es
incalculable el daño cultural e identitario que producen las Farc en los
pueblos ancestrales, al reclutar o aceptar en sus filas o en sus redes de
cooperación a miembros de pueblos indígenas como el Nasa. Los lazos se rompen
al interior de un pueblo que no sólo debe luchar contra el reclutamiento de sus
jóvenes que hacen los actores armados, sino contra una industria cultural que
hace tambalear sus costumbres y cosmovisiones. El parecer indígena, tener
rasgos indígenas o el haber pertenecido al pueblo Nasa, ha sido una estrategia
que el Ejército ha usado para infiltrar sus hombres en marchas o mingas[4]; en
este caso, las Farc mandaron milicianos indígenas para ubicar pancartas con el
fin de conmemorar tres años de la muerte de alias ‘Alfonso Cano’.
Un tercer asunto tiene que ver
con la forma como opera la justicia indígena. El fallo en su conjunto debe ser
acogido por la justicia ordinaria, en tanto la jurisdicción especial indígena
está garantizada por la Constitución[5] de
Colombia. Y ojalá las autoridades penitenciarias brinden las garantías para que
los victimarios paguen su condena. De parte de las Farc, se espera que no
intenten liberar a sus milicianos de los sitios de reclusión. Se trató de un
juicio sin dilaciones y legítimo, en tanto el pueblo Nasa tiene claro cómo
proceder en estos casos. Se juzgó, de acuerdo con sus usos y costumbres, a
quienes irrumpieron en el territorio[6] y
asesinaron a dos de los miembros de la Guardia Indígena.
Un cuarto y último asunto tiene
que ver con la solidez política del movimiento indígena Nasa. Su Guardia
Indígena es ejemplo de coordinación y valor civil. Respaldada por la dignidad
de un pueblo que hace todo lo posible por mantenerse en pie de lucha contra
todos los actores armados y no armados,
que con sus actividades desarmonizan el territorio y la vida comunitaria, la Guardia
Indígena no solo defiende su territorio y su gente, sino que en ocasiones le ha
arrebatado a las Farc civiles secuestrados
Ojalá las Farc, la Fuerza Pública
y los neoparamilitares, así como empresas multinacionales y nacionales
entiendan que los resguardos son sagrados para los indígenas, en especial para
un pueblo como el Nasa que se convierte para otras comunidades indígenas, como
para todos nosotros, en un referente de dignidad y de lucha por alcanzar y
asegurar condiciones de vida digna.
Nota: posterior a la publicación de esta columna, a través de twitter, @Bunkerglo me informó que en el espacio El primer café, de Canal Capital, el vocero indígena, Juvenal Arrieta, señaló que no eran milicianos, sino guerrilleros. Así las cosas, es posible que las Farc hayan tratado de minimizar el impacto de la captura de sus hombres, señalando que se trataba de milicianos, y no de guerrilleros. Nota del 11 de noviembre de 2014, a las 11:00 am.
[4] Recuérdese el caso
ocurrido durante el gobierno de Uribe Vélez. En aquella oportunidad un
suboficial, con rasgos indígenas, fue retenido y castigado de acuerdo con los
usos y costumbres del pueblo Nasa. El suboficial se infiltró en la minga. Se le
incautó material de guerra. Claramente buscaba desestabilizar la marcha
pacífica y buscar con ello, el señalamiento de las autoridades.
[5] Véase
Artículo 246 de la Carta Política.
[6] No es
la primera vez que sucede este tipo de irrupciones de las Farc en territorio
Nasa. Véase la entrevista a
Gabriel Paví en Semana.com: “Es la tercera vez que afrontamos una
situación como esta en los últimos dos años. Una primera fue en el 2012, cuando varios guerrilleros
empezaron a hostigar el pueblo con tatucos bomba hacia la población civil,
entonces la comunidad los capturó, se les incautaron los fusiles, se fueteó a
los guerrilleros y luego se entregaron a las familias. Y el año pasado se
condenaron dos guerrilleros que asesinaron al consejero mayor Enancio Mestizo,
de Jambaló; ellos fueron sentenciados a 40 años de cárcel y guardados en un
centro penitenciario”.
http://www.semana.com/nacion/articulo/gabriel-pavi-todos-son-indigenas/408574-3
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