Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Cada vez más va quedando claro
que la única fórmula jurídico-política para cerrar con éxito el proceso de paz
de La Habana, será la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente[1], recién
y veladamente presentada por el Presidente bajo la figura de “Congresito[2]”.
Eso sí, el tema no es nuevo. De
tiempo atrás se viene hablando de esa posibilidad[3], dado
que sería la única forma de garantizar que lo acordado entre Farc y el Gobierno
de Santos, sea respetado por sucesivos gobiernos. Desde las propias huestes del
“uribismo[4]” se
ha hablado del espinoso asunto.
Ese camino, posible, viable y
deseable, es fruto de los miedos que tienen las Farc de que un próximo Gobierno
desconozca lo acordado y por vía judicial, los máximos líderes de esa guerrilla
terminen encarcelados por largos años. A estas aprensiones de la cúpula
fariana se suman las que generan la
vigencia del paramilitarismo y la connivencia de agentes del Estado con bandas criminales que en cualquier
momento podrían atentar con quienes, una vez desmovilizados y reintegrados a la
sociedad, serían blanco de grupos de derecha y ultraderecha. El genocidio de la
Unión Patriótica es el sustrato sobre el cual crece la desconfianza de las
Farc, frente al “doble” Estado que de tiempo atrás, la ultraderecha pone a
funcionar, para restringir libertades, perseguir y eliminar a quienes piensan
diferente.
Saben, el Gobierno de Santos y
los líderes de las Farc, que el problema no está en los términos en los que se
firme el fin del conflicto, sino en la implementación de los acuerdos. Por eso,
reconocen, unos y otros, que lo que necesita el país, de cara a las elecciones
de 2018, es un Gobierno de Transición
hacia la Paz.
Para llegar a ese estadio y
garantizar que se respeten los acuerdos de La Habana, hay tres caminos: uno, a
través de la firma de un acuerdo político[5] de
carácter nacional, que incluya a disímiles élites, a la oposición uribista, a
los militares, industriales, banqueros, ganaderos y a los partidos políticos; el
segundo, la convocatoria a una Asamblea
Nacional Constituyente Cerrada, para darle altura constitucional al tratado
de paz y cambiar lo que haya que cambiar en la Carta Política, para garantizar
la implementación de los acuerdos de paz. Una vez convocada e instalada la
Asamblea Nacional Constituyente, de carácter cerrada, quien mejor podría
liderar la transición de un estadio de guerra, a uno de paz, es Humberto de la
Calle Lombana; y un tercer camino, dejar que los colombianos elijan en las
urnas a quien pública y programáticamente señale que respetará lo acordado en La Habana.
Si se miran con juicio analítico
los tres caminos, es claro que el primero es poco probable por la presión
política y las resistencias que vienen ejerciendo y exhibiendo actores de la
sociedad civil y sectores importantes de la sociedad y de las fuerzas armadas
frente al Proceso de Paz, pero especialmente frente a una inexorable justicia
transicional (política) que deberá ofrecer penas alternativas a los máximos
líderes de las Farc que sean procesados por los delitos cometidos en el
contexto y devenir del conflicto armado interno. Si llegara a dar ese gran
pacto político, muy seguramente habría que sacrificar la verdad sobre lo
acontecido en 50 años de guerra interna. Ello significaría sepultar la
posibilidad de conocer y de procesar a quienes desde la sociedad civil auparon
y financiaron a los paramilitares y apoyaron y se beneficiaron del despojo de
tierras y del desplazamiento forzado de millones de campesinos, afrocolombianos
e indígenas.
En cuanto al segundo camino, si
bien tiene sus riesgos y resistencias, es el más expedito para garantizar el
éxito de las negociaciones, porque despejaría en gran medida las vías que el
país deberá construir para avanzar hacia estadios de posacuerdos y de
posconflicto[6].
Y en lo que toca al tercer
camino, este resulta extremadamente riesgoso por los altos niveles de
ignorancia y baja cultura política de cientos de miles de colombianos, por la polarización
política que hoy exhibe el país y porque desde ya se vislumbran posibles
presidenciables que poca confianza generan en lo que toca a su disposición de
respetar los acuerdos de paz que logren firmar las Farc y el Gobierno de
Santos. Por ejemplo, poca confianza generan Germán Vargas Lleras, Oscar Iván
Zuluaga y Sergio Fajardo, nombres que ya suenan como posibles candidatos
presidenciales en 2018.
Los resultados de las elecciones
de octubre de 2015 servirán al Gobierno de Santos para decidir cuál de los tres
caminos expuestos será el mejor para implementar los acuerdos de La Habana. Si
el Centro Democrático alcanza gobernaciones y alcaldías importantes y se hace a
otras en donde las dinámicas del conflicto armado han golpeado la vida de sus
habitantes, el ex presidente Uribe, como líder y propietario de esa micro
empresa electoral, alcanzaría un gran poder político, que bien podría usar, de
acuerdo con sus intereses, para torpedear o apoyar cualquiera de los caminos
que decida Santos recorrer para asegurar la viabilidad de lo acordado con las
Farc.
Nota; horas después de publicada esta nota, el Gobierno anunciaba que no habría un Congresito como tal, sino una Comisión Legislativa Especial, que estaría conformada por los negociadores de las partes que negocian en Cuba. Lo haría a través de un Acto Legislativo que daría vida jurídica y política a esa Comisión. Lo cierto es que la refrendación por vía Referendo asusta al Gobierno de Santos. Recientes encuestas, negativas para el imagen del Presidente y la presión mediática, llenan de dudas al Jefe de Estado sobre este mecanismo. 14/08/2015.
Imagen tomada de la patria.com
Imagen tomada de la patria.com
[2] Véase: http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/congresito-analisis-a-la-propuesta-de-santos/16222415?hootPostID=a98c85b7688482611f5ed108e89c78d3
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