Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Detrás de la captura y condena,
ordenada y proferida por un juez de la República, contra el líder indígena
Feliciano Valencia, hay un evidente e
histórico choque entre dos modelos de justicia: la indígena y la ordinaria.
Modelos que han convivido en medio de episodios en los que sobresalen elementos
propios de una vieja animadversión étnica que jueces y demás ciudadanos sienten
hacia los pueblos indígenas y sus proyectos de vida. En particular, puede haber
una marcada animosidad hacia el pueblo Nasa, por su lucha por la recuperación
de territorios, hoy en manos de ingenios azucareros, entre otros propietarios.
Así entonces, los hechos por los
cuales hoy es sentenciado Feliciano Valencia a 28 años de cárcel, pueden tener
ese trasfondo social y cultural. Recordemos esos hechos: el suboficial del
Ejército, Jairo Danilo Chaparral, cumpliendo órdenes superiores, se infiltró en
la Minga de 2008, para afectar la movilización indígena, portando material de
guerra que muy seguramente Chaparral usaría en contra de la tropa o
simplemente, con ello quería incriminar a los comuneros que marchaban
pacíficamente.
El suboficial fue sorprendido por
la Guardia Indígena y otros comuneros. En la acción emprendida por el militar y
en quienes le ordenaron “mimetizarse” en la Minga, se debe reconocer un hecho
clave: el origen indígena del militar facilitaría la consecución del objetivo
final que era afectar la Minga, muy seguramente atentando contra miembros de la
Fuerza Pública, en el contexto de un Gobierno como el de Uribe Vélez que en
especial estigmatizó la lucha social y política de los indígenas. Su apariencia
física le facilitó infiltrarse, lo que sin duda hizo parte de una treta muy
bien pensada por quienes le ordenaron a Chaparral “mimetizarse” en la Minga.
Tal y como lo han hecho en otras
ocasiones, los Nasa procedieron a aplicar justicia, de acuerdo con sus usos y
costumbres. Feliciano Valencia, como líder social y político, estuvo al frente
del ritual y de la aplicación de la sanción proferida por la autoridad
indígena, cuya jurisdicción está reconocida y protegida por la Carta Política
de 1991.
La interpretación del juez que en
segunda instancia conoció los hechos es, a todas luces, discutible, por tanto
lo sucedido tuvo lugar dentro de resguardo y sus autoridades actuaron de
acuerdo con sus usos y costumbres. Desconoce el Juez, además, la gravedad de
las actuaciones del militar, quien no solo pretendió engañar al pueblo Nasa que
marchaba, sino que buscaba, deliberadamente, afectar el sentido pacífico de esa
Minga, portando material de guerra.
Juzgar a Feliciano Valencia por
el secuestro del Suboficial del Ejército solo sirve para ahondar las dificultades
para que estos dos modelos de justicia puedan coexistir, en medio de esa vieja
animadversión que muchos “blancos” caucanos sienten contra el organizado y
combativo pueblo Nasa.
Ojalá que detrás de la sentencia del
juez que condenó a Valencia no hayan existido presiones de terratenientes y
hacendados “blancos”, afectados por los procesos de reclamación de tierras que
vienen haciendo los Nasa en el departamento del Cauca. En esa línea escribió
Yezid Arteta: “Desde hace varios años Feliciano
Valencia, líder de la comunidad indígena Nasa y Premio Nacional de Paz en el
2000, es observado desde la torreta del poder. Es un líder incómodo para el
establecimiento. En Colombia no es raro que todo aquel que hable sobre la
propiedad de la tierra tenga problemas. Problemas con el código penal o con las
pistolas 9 milímetros .
Las estadísticas no mienten. Líderes campesinos e indígenas presos, asesinados
o desaparecidos por reclamar el derecho a la tierra. Feliciano es un reclamante
de tierra. Tierra indígena[1].
Poner preso a Feliciano Valencia tiene la clara intención de debilitar al
pueblo Nasa, en especial, los procesos de reclamación y recuperación de
territorios. Son, pues, muchas las circunstancias y los hechos que indican que
la decisión del juez no solo es exagerada, sino que desconoce la legalidad y
legitimidad de la jurisdicción especial indígena. Y además, minimiza la acción
del militar, que debe ser entendida como una decisión del Gobierno de Uribe
Vélez y del Estado colombiano, de atacar el normal desarrollo de una Minga y de
la protesta social que está protegida constitucionalmente.
Ojalá que la Corte Constitucional
entre a revisar el caso de Feliciano, previa solicitud de las autoridades
indígenas. Es más, la sola colisión de las dos jurisdicciones daría para la
intervención de esta u otra corporación, como la Corte Suprema de Justicia, para desenredar este asunto que
compromete al país en el ámbito internacional, en lo que tiene que ver con los
elementos vinculantes que conlleva el reconocimiento del Convenio 169.
Nota: hoy, 22 de septiembre de 2015, el abogado de Feliciano Valencia elevó recurso de casación ante el Tribunal Superior de Popayán, dada el evidente choque entre dos modelos de justicia. Los indígenas se preparan para movilizarse.
Nota: imagen tomada de internet. Propiedad de Radio Santafe.com
[1] http://www.semana.com/opinion/articulo/yezid-arteta-davila-la-justicia-indigena-la-justicia-segun-la-constitucion-en-el-caso-de-feliciano-valencia/442972-3
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