YO DIGO SÍ A LA PAZ

YO DIGO SÍ A LA PAZ

jueves, 19 de mayo de 2016

LAS FARC, SOMETIDAS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Que las Farc acepten someterse al Estado y a sus instituciones[1], después de 51 años de desconocerlo(as), combatirlo(as) y atacarlo(as), es un enorme paso hacia el fin del conflicto armado y una victoria enorme del orden establecido, del Establecimiento. Lo dijo el Presidente en su reciente alocución y se colige de la lectura del Comunicado Conjunto Número 69, documento que en adelante citaremos como el embrión de un nuevo pacto de paz y quizás, en un escenario imaginado, de la refundación de la República.

Las dudas de los sectores de poder tradicional saltan por la integración del Acuerdo Especial de Paz al espíritu constitucional y a lo que se llama el bloque de constitucionalidad y por el riesgo en el que se pondrían las instituciones, según esos mismos sectores de poder,  y la institucionalidad[2] derivada[3], por la implementación de lo acordado, ahora recubierto de mandato constitucional.

¿Qué es lo que realmente estaría en riesgo? Estarían en riesgo las instituciones en sí mismas, o el poder de quienes las han manejado con criterios de clase y bajo el espíritu de un ethos mafioso que se inoculó en las dinámicas, acciones y en las formas como esas instituciones operan y actúan dentro de lo público y en esa relación cada vez más asimétrica con particulares poderosos que buscan debilitar y capturar el Estado. Cuando lo necesitan fuerte, ese Estado aparece con todo y su aparato represor, especialmente para enfrentar procesos reivindicativos de origen comunitario.

Creo que el temor de los gremios económicos que le exigieron explicaciones al Presidente una vez se conoció el contenido de las acciones convenidaspara blindar lo que se acuerde en La Habana, radica exclusivamente en la posibilidad de que las instituciones y la institucionalidad derivada de sus operaciones y actuaciones, pasen “a manos indebidas”, que busquen que dichas instituciones empiecen, por primera vez, a actuar teleológicamente para dar cuenta de los mandatos constitucionales que dicen que Colombia es un Estado Social de Derecho.

Ha sido, históricamente, la clase empresarial, los banqueros y los grandes ricos de Colombia quienes, en contubernio con la clase política, han evitado que el Estado y sus instituciones cumplan con lo que les ordena la constitución y la ley. Cuando los banqueros y  las grandes empresas ponen sus fichas en el Congreso de la República, lo hacen para beneficiarse y consolidar sus enormes fortunas y por ese camino, evitar la consolidación del Estado social de derecho que dicen defender. Esas "fichas", por ejemplo, evitan que propuestas para gravar las gaseosas prospere en el Congreso de la República. Y así sucede con muchos otros temas. No es raro encontrar que poderosas empresas financien campañas políticas de aspirantes a ocupar una curul en el Legislativo o de manera directa, empresarios ponen congresistas para que trabajen por sus intereses. 

El tal blindaje jurídico de lo que se acuerde finalmente en La Habana deviene más en una muy bien calculada jugada política de las Farc, en tanto que al aceptar someterse al juego institucional estatal, le están entregando la responsabilidad ética y moral de la implementación del Acuerdo Especial de Paz a la burguesía y a las élites de poder, que esa agrupación armada ilegal creyó que derrotaría atacando pueblos inermes, asesinando policías y militares y secuestrando civiles. Al final de 51 años de guerra queda claro que las Farc no pudieron derrotar a esa clase política y económica responsable de la generación de las circunstancias y condiciones que legitimaron el levantamiento armado en los años 60.

Si otro fuera el talante de la clase dirigente, empresarial y de la vieja y no derrotada burguesía colombianas, sus preocupaciones por lo acordado en La Habana en materia del blindaje jurídico, nacional e internacional, deberían ir en el sentido de reconocer que al Estado al que van a llegar las Farc, deviene profundamente debilitado por sus intereses de clase y sus mezquinas concepciones de lo público.

Así entonces, los riesgos y los miedos, en la lógica de quienes han manejado a Colombia históricamente, es mayúsculo cuando aparecen en el horizonte dos caminos: uno, que la dirigencia de las Farc o los líderes políticos que logre convocar y aglutinar alrededor del movimiento político que recoja sus banderas de lucha, lleguen a manejar las instituciones estatales con tal criterio ético, que se ganen el respaldo popular, con el que después podrían exigir cambios en la dirección del país, lo que significaría la derrota social y política de la burguesía y las élites de poder; y el segundo camino, que los políticos que representen los intereses de las Farc, convertidas ya en movimiento político, terminen comportándose igual o peor que la histórica dirigencia, lo que claramente significaría su cooptación y/o su “eliminación” del escenario político-electoral.

Es muy significativo que las Farc acepten jugar con las reglas de la restringida  democracia  y del precario Estado colombiano. El reto está en que al llegar a los poderes políticos locales y regionales, deben demostrar que pueden gobernar con transparencia y darle un manejo responsable a los recursos públicos y a los bienes de las Nación. Si dentro de la institucionalidad no logran cambiar el rumbo del país, su lucha armada será aún más inocua y su actuar político totalmente intrascendente.  Amanecerá y veremos.



Imagen tomada de dinero.com


1 comentario:

Nidia dijo...

Que bueno sería que la mayoría de los colombianos pudieran tener esta apreciación sobre el proceso de paz. Uno, para tener más confianza en él y dos, para aportar algo real a sí mismos y con ello esta sociedad que es de todos y para todos.