Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Que las Farc acepten someterse al
Estado y a sus instituciones[1],
después de 51 años de desconocerlo(as), combatirlo(as) y atacarlo(as), es un
enorme paso hacia el fin del conflicto armado y una victoria enorme del orden
establecido, del Establecimiento. Lo dijo el Presidente en su reciente
alocución y se colige de la lectura del Comunicado Conjunto Número 69,
documento que en adelante citaremos como el embrión de un nuevo pacto de paz y
quizás, en un escenario imaginado, de la refundación de la República.
Las dudas de los sectores de
poder tradicional saltan por la integración del Acuerdo Especial de Paz al
espíritu constitucional y a lo que se llama el bloque de constitucionalidad y por el riesgo en el que se pondrían
las instituciones, según esos mismos sectores de poder, y la institucionalidad[2]
derivada[3], por
la implementación de lo acordado, ahora recubierto de mandato constitucional.
¿Qué es lo que realmente estaría
en riesgo? Estarían en riesgo las instituciones en sí mismas, o el poder de quienes las han
manejado con criterios de clase y bajo el espíritu de un ethos mafioso que se inoculó en las dinámicas, acciones y en las
formas como esas instituciones operan y actúan dentro de lo público y en esa
relación cada vez más asimétrica con particulares poderosos que buscan
debilitar y capturar el Estado. Cuando lo necesitan fuerte, ese Estado aparece con todo y su aparato represor, especialmente para enfrentar procesos reivindicativos de origen comunitario.
Creo que el temor de los gremios
económicos que le exigieron explicaciones al Presidente una vez se conoció el
contenido de las acciones convenidaspara blindar
lo que se acuerde en La Habana, radica exclusivamente en la posibilidad de que
las instituciones y la institucionalidad derivada de sus operaciones y
actuaciones, pasen “a manos indebidas”, que busquen que dichas instituciones
empiecen, por primera vez, a actuar teleológicamente para dar cuenta de los mandatos
constitucionales que dicen que Colombia es un Estado Social de Derecho.
Ha sido, históricamente, la clase
empresarial, los banqueros y los grandes ricos de Colombia quienes, en
contubernio con la clase política, han evitado que el Estado y sus
instituciones cumplan con lo que les ordena la constitución y la ley. Cuando
los banqueros y las grandes empresas
ponen sus fichas en el Congreso de la República, lo hacen para beneficiarse y
consolidar sus enormes fortunas y por ese camino, evitar la consolidación del
Estado social de derecho que dicen defender. Esas "fichas", por ejemplo, evitan que propuestas para gravar las gaseosas prospere en el Congreso de la República. Y así sucede con muchos otros temas. No es raro encontrar que poderosas empresas financien campañas políticas de aspirantes a ocupar una curul en el Legislativo o de manera directa, empresarios ponen congresistas para que trabajen por sus intereses.
El tal blindaje jurídico de lo
que se acuerde finalmente en La Habana deviene más en una muy bien calculada
jugada política de las Farc, en tanto que al aceptar someterse al juego
institucional estatal, le están entregando la responsabilidad ética y moral de
la implementación del Acuerdo Especial de Paz a la burguesía y a las élites de
poder, que esa agrupación armada ilegal creyó que derrotaría atacando pueblos inermes, asesinando policías y
militares y secuestrando civiles. Al final de 51 años de guerra queda claro que las Farc no pudieron derrotar a esa clase política y económica responsable de la generación de las circunstancias y condiciones que legitimaron el levantamiento armado en los años 60.
Si otro fuera el talante de la
clase dirigente, empresarial y de la vieja y no derrotada burguesía
colombianas, sus preocupaciones por lo acordado en La Habana en materia del
blindaje jurídico, nacional e internacional, deberían ir en el sentido de reconocer
que al Estado al que van a llegar las Farc, deviene profundamente debilitado
por sus intereses de clase y sus mezquinas concepciones de lo público.
Así entonces, los riesgos y los
miedos, en la lógica de quienes han manejado a Colombia históricamente, es
mayúsculo cuando aparecen en el horizonte dos caminos: uno, que la dirigencia de
las Farc o los líderes políticos que logre convocar y aglutinar alrededor del
movimiento político que recoja sus banderas de lucha, lleguen a manejar las
instituciones estatales con tal criterio ético, que se ganen el respaldo
popular, con el que después podrían exigir cambios en la dirección del país, lo que
significaría la derrota social y política de la burguesía y las élites de poder; y
el segundo camino, que los políticos que representen los intereses de las Farc,
convertidas ya en movimiento político, terminen comportándose igual o peor que
la histórica dirigencia, lo que claramente significaría su cooptación y/o su
“eliminación” del escenario político-electoral.
Es muy significativo que las Farc
acepten jugar con las reglas de la restringida
democracia y del precario Estado
colombiano. El reto está en que al llegar a los poderes políticos locales y
regionales, deben demostrar que pueden gobernar con transparencia y darle un manejo
responsable a los recursos públicos y a los bienes de las Nación. Si dentro de
la institucionalidad no logran cambiar el rumbo del país, su lucha armada será
aún más inocua y su actuar político totalmente intrascendente. Amanecerá y veremos.
Imagen tomada de dinero.com
1 comentario:
Que bueno sería que la mayoría de los colombianos pudieran tener esta apreciación sobre el proceso de paz. Uno, para tener más confianza en él y dos, para aportar algo real a sí mismos y con ello esta sociedad que es de todos y para todos.
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