Por
Germán Ayala Osorio, comunicador social
y politólogo
Las
“dificultades” para investigar, procesar y condenar a Jorge Pretel[1]
Chaljub y lograr, por esa vía, sacarlo de la Corte Constitucional, así como las
que impiden que magistrados del Consejo de Estado[2]
declaren espuria la amañada reelección[3] de
Ordóñez Maldonado, indican, con enorme
claridad, que subsiste en dichas corporaciones una empobrecida
institucionalidad, reproducida por cada uno de sus integrantes, sobre la base
de un oprobioso, pero aceptado, validado y legitimado ethos mafioso.
Más
allá de los evidentes conflictos de intereses que circundan a las instancias
naturales en las que deben juzgarse las actuaciones de Pretel y Ordóñez, llama
la atención el silencio cómplice de los gremios económicos, de los Militares
que deliberan sobre otros temas; o la afonía de la Iglesia Católica, la de los
estudiantes; o el mutismo de las Universidades, de los sindicatos, de los
Congresistas, de los Partidos Políticos y por supuesto, de los Medios masivos
de comunicación, en relación con la ilegal reelección del Procurador General de
la Nación y de las relaciones de Pretel Chaljub con Fidupetrol, que mínimamente
pueden calificarse como maliciosas.
La
presencia de estos dos ladinos personajes no solo ensucia la imagen de las dos
señaladas instituciones, sino que termina consolidando el ethos mafioso que de tiempo atrás guía la función pública en
Colombia.
Resulta
vergonzoso que actores significativos de la sociedad civil no hayan convocado
marchas para exigir a los jueces naturales de Pretel y Ordóñez, prontas
respuestas y soluciones a las indelicadas
e ilegales acciones adoptadas por estos dos personajes públicos. Tardíamente el Presidente Santos conmina a
las instituciones comprometidas para que decidan de una vez por todas, los
casos jurídicos y éticos que comprometen a los dos señalados funcionarios.
Al respecto, la revista Semana señala lo siguiente:
“Según Santos, lo único que ha pedido es que la justicia
cumpla su deber, y por eso le exigió al Senado, que por primera vez se
convierte en juez, pronunciarse sin dilaciones. <<Mí llamado
a los senadores es que asistan y voten, a que no eludan su responsabilidad, y
demuestren al país que las instituciones funcionan. Eso es bueno para la
democracia, para la justicia, para el mismo doctor Pretelt y bueno para el
país>>. Pero más fuerte, si se quiere, fue el ‘jalón de orejas’ al
Consejo de Estado. Recordó que desde hace tres años está en ese tribunal una
demanda sobre la reelección del procurador y calificó de <>>”[4].
No hemos dimensionado el enorme daño que
Ordóñez y Pretel le vienen haciendo al país, a la institucionalidad y a todo lo
que de ella se deriva. Pero quizás haya que advertir que más daño hacen al país
y al Estado, el silencio cómplice de una sociedad civil que parece acostumbrada
a este tipo de prácticas corruptas e ilegales, por cuanto estas hacen parte
sustantiva de las relaciones de corrupción establecidas entre el sector privado
con el sector estatal (público).
Claramente, no tiene el Estado, ni los
miembros de la sociedad civil, ni líderes políticos como Uribe Vélez, amigo y
defensor de Pretel y Ordóñez[5],
la suficiente moral para exigir que
consagrados delincuentes, políticos y comunes, acepten las condiciones de una
institucionalidad cada vez más amarrada a los mezquinos intereses de
funcionarios inescrupulosos.
Por largo tiempo los medios de
comunicación y ciertos caudillos se encargaron de vender la idea de que el
único y principal problema del país era la existencia de las guerrillas. Ahora,
ad portas de que terminen con éxito
las negociaciones de La Habana para desmovilizar a las Farc, personajes como
Pretel y Ordóñez se encargan de develar la histórica falacia, para confirmarnos
que el real problema de Colombia es la rampante corrupción, aupada y protegida
por la propia clase política, empresarial y por la burguesía. Dan asco.
Imagen tomada de Semana.com
[4] Véase: http://www.semana.com/nacion/articulo/caso-pretelt-presidente-de-colombia-exige-decision-al-senado/489911
[5] Estos ladinos personajes hacen parte
de la cofradía que Uribe logró consolidar en sus 8 años de mandato. Y hacen
parte, en especial Ordóñez, del proyecto neoconservador que el político y
latifundista antioqueño puso en marcha entre el 2002 y 2010. Ordóñez quiere
llegar a la Presidencia en 2018, para regresarnos a la Colombia de la Constitución
de 1886 y para torpedear el Acuerdo Final al que lleguen las Farc y el Gobierno
de Santos.
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