Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El contenido del Acuerdo Final al
que llegaron las delegaciones de paz del Gobierno y de las Farc demandará ingentes
esfuerzos institucionales, enmarcados en una transformación política y cultural
que se tiene que dar, si de verdad el Establecimiento está interesado en
respetar la palabra empeñada en ese documento.
En una anterior columna hablé de
un Reto mayúsculo[1]: consolidar un Estado que
por fin tenga los tres esquivos monopolios: Renta, Justicia y Armas. Lo que
sigue en materia de implementación de lo acordado tiene ese mismo talante: será
todo un reto para la institucionalidad estatal, pero especialmente para la
clase dirigente y política.
Al leer y releer los puntos 1 y 2
del Acuerdo Final, encuentro que cumplir con lo firmado en ese documento
demandará la creación de instituciones y de institucionalidades[2]
modernas que a las élites políticas jamás les interesó crear y mantener para
construir Estado, Mercado y Sociedad. Ello implica dejar atrás prácticas
clientelistas y corruptas, y disminuir la cooptación mafiosa del Estado en los
ámbitos nacional, regional y local; lo anterior, con el claro objetivo de avanzar
hacia la generación de una cultura democrática respetuosa de la institucionalidad
estatal. En especial, desde aquellos sectores e instancias privadas donde se
gesta la corrupción y el debilitamiento del Estado.
Señalemos algunos compromisos que
apuntan a la creación de esas nuevas institucionalidades con las que se buscará
implementar lo acordado: 1. Creación del
Fondo de Tierras. Este tendrá un carácter permanente y se alimentará de
tierras sometidas a extinción de dominio y aquellas tierras que se recuperen
una vez sean reversados procesos de apropiación indebida, por ejemplo, de
baldíos, entre otras fuentes. ¿Será que los baldíos que de forma irregular se
apropiaron ingenios, multinacionales y otras empresas nacionales,
alimentarán el Fondo de Tierras? ¿Será
esta la mayor preocupación de aquellos latifundistas, ganaderos y palmicultores,
entre otros, que a toda costa desean que fracase el plebiscito del 02 de
octubre?
En el Acuerdo se lee lo
siguiente: “el Gobierno nacional
pondrá en marcha una nueva jurisdicción agraria que tenga adecuada cobertura y capacidad en el territorio, con
énfasis en las zonas priorizadas…”[3] ¿Qué características tendrá dicha
jurisdicción? Se parecerá a las jurisdicciones especiales garantizadas
constitucionalmente para indígenas y afrocolombianos?
Más adelante se lee: “El
Gobierno creará una instancia de alto nivel que se encargará de la formulación de lineamientos generales de uso
de la tierra… con criterios de sostenibilidad ambiental, prioridad para la
producción de alimentos…”[4].
Y quizás el punto más importante para adelantar las transformaciones que
el campo necesita sea la actualización de la información catastral. Sobre este
ámbito, en el Acuerdo Final se lee que el “Gobierno pondrá en marcha un SISTEMA GENERAL DE INFORMACIÓN CATASTRAL,
INTEGRAL Y MULTIPROPÓSITO que en un máximo de 7 años concrete la formación y
actualización del catastro rural… Habrá apoyo técnico, administrativo y
financiero a los municipios para actualización de catastro…[5]”.
Lo anterior supone ejercicios de concertación política en aras de buscar
acuerdos políticos con aquellas fuerzas y actores de poder que históricamente
enquistados en instituciones como el Incoder, entre otros entes, decretaron y
consolidaron el empobrecimiento de campesinos, afros e indígenas, en el
contexto de un proceso de globalización económica que busca a todas luces
someter a esas comunidades y grupos étnicos a las lógicas de los Tratados de
Libre Comercio.
Y para desvirtuar los falaces argumentos con los que el uribismo y otros
sectores de poder vienen deslegitimando el Acuerdo Final, bien vale la pena
leer con atención la siguiente cita: “que
el desarrollo rural integral se adelantará en un contexto de globalización y de
políticas de inserción en ella por parte del Estado que demandan una atención
especial de la producción agropecuaria nacional y especialmente de la
producción campesina, familiar y comunitaria[6]”
En el punto sobre Reforma Rural
Integral se lee que se busca “Transformar el campo para solucionar causas
históricas del conflicto (Propiedad concentrada de la tierra, exclusión del campesinado
y atraso multidimensional)”.
Sin duda, un reto mayúsculo que implicará no solo el diseño de
políticas públicas de Estado que saquen del atraso al campo, sino el compromiso
moral y ético de los empresarios del campo, en especial de aquellos que patrocinaron
el paramilitarismo, especulan con la tierra y han hecho ingentes esfuerzos para
someter los proyectos de vida de indígenas, afrocolombianos y campesinos, a las
fuerzas del mercado que tienen como objetivo último aniquilarlos cultural y
económicamente.
En cuanto al punto de
Participación Política, también se pactó la generación de una institucionalidad
que soporte la transformación de la política y que en general, dé un vuelco al
régimen democrático que deviene meramente formal y procedimental. Para hacer
notar el enorme esfuerzo institucional que se avecina, baste con señalar que en
el Acuerdo Final se lee que el “Gobierno
Nacional creará un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la
Política[7]”, que no es otra
cosa que brindar las garantías suficientes para que los desmovilizados de las
Farc no terminen asesinados en plena actividad política y electoral, tal y como
sucedió con los miembros de la Unión Patriótica[8] (UP).
En poco tiempo y al notar lo
difícil que será implementar lo acordado en La Habana, la negociación política
de ese Acuerdo Final nos parecerá poco o un asunto menor, ante el enorme
compromiso que asumió Santos como Jefe de Estado.
Así entonces, hay motivos para
aplaudir el fin del conflicto y la firma del Acuerdo Final, pero también hay
suficientes razones históricas para dudar del talante ético de unas élites
sobre las que recae la responsabilidad de haber creado y generado las
circunstancias que en los años 60 legitimaron el levantamiento armado. No será
fácil transformarnos. De todos depende que lo acordado se implemente, pero hay
razones suficientes para pensar que el Establecimiento intentará hacerle conejo a lo firmado en La
Habana. Ojalá eso no suceda.
Adenda: dice mucho de nosotros como sociedad democrática que los
cambios institucionales acordados en ese documento llamado Acuerdo Final, sean
el resultado de la lucha de un actor armado, inmerso en un largo, sangriento y
degradado conflicto armado interno.
2 comentarios:
El Compromiso resumen un: Grande,Intenso,Inmenso y lento proceso de Implementacion, ademas de costoso en Dineros y Conciencia Ciudadana, sobretodo de las castas que se oponen lo cual solo es posible si el pueblo logra en una Constituyente un sello definitivo
Excelente Documento para Visibilizar en todos los Ámbitos Académicos y de Participación Ciudadana !!
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