YO DIGO SÍ A LA PAZ

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martes, 6 de septiembre de 2016

DUDAS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El contenido del Acuerdo Final al que llegaron las delegaciones de paz del Gobierno y de las Farc demandará ingentes esfuerzos institucionales, enmarcados en una transformación política y cultural que se tiene que dar, si de verdad el Establecimiento está interesado en respetar la palabra empeñada en ese documento.

En una anterior columna hablé de un Reto mayúsculo[1]: consolidar un Estado que por fin tenga los tres esquivos monopolios: Renta, Justicia y Armas. Lo que sigue en materia de implementación de lo acordado tiene ese mismo talante: será todo un reto para la institucionalidad estatal, pero especialmente para la clase dirigente y política.

Al leer y releer los puntos 1 y 2 del Acuerdo Final, encuentro que cumplir con lo firmado en ese documento demandará la creación de instituciones y de institucionalidades[2] modernas que a las élites políticas jamás les interesó crear y mantener para construir Estado, Mercado y Sociedad. Ello implica dejar atrás prácticas clientelistas y corruptas, y disminuir la cooptación mafiosa del Estado en los ámbitos nacional, regional y local; lo anterior, con el claro objetivo de avanzar hacia la generación de una cultura democrática respetuosa de la institucionalidad estatal. En especial, desde aquellos sectores e instancias privadas donde se gesta la corrupción y el debilitamiento del Estado.

Señalemos algunos compromisos que apuntan a la creación de esas nuevas institucionalidades con las que se buscará implementar lo acordado: 1. Creación del Fondo de Tierras. Este tendrá un carácter permanente y se alimentará de tierras sometidas a extinción de dominio y aquellas tierras que se recuperen una vez sean reversados procesos de apropiación indebida, por ejemplo, de baldíos, entre otras fuentes. ¿Será que los baldíos que de forma irregular se apropiaron ingenios, multinacionales y otras empresas nacionales, alimentarán  el Fondo de Tierras? ¿Será esta la mayor preocupación de aquellos latifundistas, ganaderos y palmicultores, entre otros, que a toda costa desean que fracase el plebiscito del 02 de octubre?

En el Acuerdo se lee lo siguiente: “el Gobierno nacional pondrá en marcha una nueva jurisdicción agraria que tenga adecuada  cobertura y capacidad en el territorio, con énfasis  en las zonas priorizadas…[3] ¿Qué características tendrá dicha jurisdicción? Se parecerá a las jurisdicciones especiales garantizadas constitucionalmente para indígenas y afrocolombianos?

Más adelante se lee:El Gobierno creará una instancia de alto nivel que se encargará de la  formulación de lineamientos generales de uso de la tierra… con criterios de sostenibilidad ambiental, prioridad para la producción de alimentos…”[4].

Y quizás el punto más importante para adelantar las transformaciones que el campo necesita sea la actualización de la información catastral. Sobre este ámbito, en el Acuerdo Final se lee que elGobierno pondrá en marcha un SISTEMA GENERAL DE INFORMACIÓN CATASTRAL, INTEGRAL Y MULTIPROPÓSITO que en un máximo de 7 años concrete la formación y actualización del catastro rural… Habrá apoyo técnico, administrativo y financiero a los municipios para actualización de catastro[5]”.

Lo anterior supone ejercicios de concertación política en aras de buscar acuerdos políticos con aquellas fuerzas y actores de poder que históricamente enquistados en instituciones como el Incoder, entre otros entes, decretaron y consolidaron el empobrecimiento de campesinos, afros e indígenas, en el contexto de un proceso de globalización económica que busca a todas luces someter a esas comunidades y grupos étnicos a las lógicas de los Tratados de Libre Comercio.

Y para desvirtuar los falaces argumentos con los que el uribismo y otros sectores de poder vienen deslegitimando el Acuerdo Final, bien vale la pena leer con atención la siguiente cita: que el desarrollo rural integral se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado que demandan una atención especial de la producción agropecuaria nacional y especialmente de la producción campesina, familiar y comunitaria[6]

En el punto sobre Reforma Rural Integral se lee que se busca “Transformar el campo para solucionar causas históricas del conflicto (Propiedad concentrada de la tierra, exclusión del campesinado y atraso multidimensional)”. Sin duda, un reto mayúsculo que implicará no solo el diseño de políticas públicas de Estado que saquen del atraso al campo, sino el compromiso moral y ético de los empresarios del campo, en especial de aquellos que patrocinaron el paramilitarismo, especulan con la tierra y han hecho ingentes esfuerzos para someter los proyectos de vida de indígenas, afrocolombianos y campesinos, a las fuerzas del mercado que tienen como objetivo último aniquilarlos cultural y económicamente.

En cuanto al punto de Participación Política, también se pactó la generación de una institucionalidad que soporte la transformación de la política y que en general, dé un vuelco al régimen democrático que deviene meramente formal y procedimental. Para hacer notar el enorme esfuerzo institucional que se avecina, baste con señalar que en el Acuerdo Final se lee que el “Gobierno Nacional creará un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política[7]”, que no es otra cosa que brindar las garantías suficientes para que los desmovilizados de las Farc no terminen asesinados en plena actividad política y electoral, tal y como sucedió con los miembros de la Unión Patriótica[8] (UP).

En poco tiempo y al notar lo difícil que será implementar lo acordado en La Habana, la negociación política de ese Acuerdo Final nos parecerá poco o un asunto menor, ante el enorme compromiso que asumió Santos como Jefe de Estado.

Así entonces, hay motivos para aplaudir el fin del conflicto y la firma del Acuerdo Final, pero también hay suficientes razones históricas para dudar del talante ético de unas élites sobre las que recae la responsabilidad de haber creado y generado las circunstancias que en los años 60 legitimaron el levantamiento armado. No será fácil transformarnos. De todos depende que lo acordado se implemente, pero hay razones suficientes para pensar que el Establecimiento intentará hacerle conejo a lo firmado en La Habana. Ojalá eso no suceda.


Adenda: dice mucho de nosotros como sociedad democrática que los cambios institucionales acordados en ese documento llamado Acuerdo Final, sean el resultado de la lucha de un actor armado, inmerso en un largo, sangriento y degradado conflicto armado interno.





Imagen tomada de Unperiodico.unal.edu.co

[3] Acuerdo Final. p. 14.
[4] Acuerdo Final, p. 15.
[5] Acuerdo Final, p. 15.
[6] Acuerdo Final, p. 11.
[7] Acuerdo Final, p. 33.

2 comentarios:

natural mente dijo...

El Compromiso resumen un: Grande,Intenso,Inmenso y lento proceso de Implementacion, ademas de costoso en Dineros y Conciencia Ciudadana, sobretodo de las castas que se oponen lo cual solo es posible si el pueblo logra en una Constituyente un sello definitivo

natural mente dijo...

Excelente Documento para Visibilizar en todos los Ámbitos Académicos y de Participación Ciudadana !!